La contienda judicial surgió en virtud de un proceso administrativo de destitución y un proceso penal militar en contra de Vicente Aníbal Grijalva Bueno, un miembro de la Fuerza Naval del Ecuador. Destacó la sentencia que, en el ejericicio de su cargo, el señor Grijalva tuvo conocimiento de torturas, detenciones ilegales, desapariciones forzadas y el asesinato de tres personas por parte de miembros activos de la marina.
El proceso de destitución comenzó el año 1992, y se relacionaba con contrabandos, extorsiones y diversas conductas similares que supuestamente ocurrieron bajo la supervisión de Grijalva, quien en ese entonces era capitán de un puerto. En mayo del año 93, Grijalva Bueno fue dado de baja de forma definitiva de la Fuerza Naval ecuatoriana. Ante esto, presentó un recurso de inconstitucionalidad que finalmente fue acojido, ordenándose así su reintegro a las fuerzas armadas.
En paralelo al sumario administrativo, se inició un proceso penal militar por los mismos hechos. Grijalva fue condenado a 200 días de prisión correccional, pena que fue confirmada por un tribunal militar de rango superior. Pese a lo anterior, Grijalva Bueno no cumplió dicha sanción y el año 2007 se declaró prescrita.
Tras desechar las excepciones preliminares, la Corte pasó a examinar argumentos de fondo relacionados con el derecho a interrogar testigos. Afirmó que, dado que la defensa del señor Grijalva no pudo ejercer su derecho de contrainterrogar a los testigos, el Estado violó el artículo 8.2.f) de la CADH.
La Corte IDH sostuvo además que el Estado había cometido una violación a las normas de debido proceso y de las garantías judiciales indispensables. Esto último porque la sentencia condenatoria carecía de debida fundamentación y apreciación de prueba. A juicio de la Corte, del fallo no se desprendían las razones por las cuales el juzgador consideró que los hechos atribuidos al señor Grijalva Bueno se subsumían en las normas penales aplicadas. En cuanto al debido proceso, también se constató una violación por parte del Estado porque algunas declaraciones utilizadas como prueba por el tribunal militar fueron obtenidas mediante coacción y tortura.
Finalmente, la Corte consideró que por la naturaleza de las graves violaciones de derechos humanos que denunció el señor Grijalva Bueno en su desempeño en el cargo naval y como funcionario público, estaba ejerciendo su libertad de expresión. Agregó la Corte que la destitución de Grijalva generaba un efecto intimidador tanto en él como en denuncias futuras de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de las fuerzas armadas. Esto último se consideró censura, y por tanto, una violación al derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
En virtud de las violaciones anteriores, la Corte IDH condenó al Estado, como medidas de reparación a: i) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; y, ii) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de daño material y daño inmaterial.
