Este
reporte fue elaborado por Fidel Gómez.
El
26 de diciembre de 2013, (ver
comunicado de prensa) la Corte
Interamericana de Derechos Humanos notificó la Sentencia
sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso Comunidades afrodescendientes desplazadas de
la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, emitida el
20 de noviembre de 2013. El caso fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos el 25 de
julio de 2011. (ver
informe de fondo de la CIDH)
En su Sentencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado
por la violación de los derechos a la
integridad personal y a no ser desplazados forzadamente, en perjuicio de los
miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río
Cacarica y/o que se encontraban presentes al momento de las incursiones
paramilitares; la violación a los derechos a la
vida y a la integridad personal, en perjuicio del señor Marino López Mena, por
el incumplimiento de sus obligaciones de prevención, protección e
investigación, así como por la violación del derecho a la integridad personal
en perjuicio de sus familiares; incumplido sus obligaciones de garantizar la
asistencia humanitaria y un retorno seguro, en violación del derecho de
circulación y residencia y del derecho a la integridad personal; la violación del derecho a la
integridad personal en
perjuicio de los niños y
niñas desplazados de las comunidades
afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, así como de aquellos que nacieron en situación de
desplazamiento; la
violación del derecho a la propiedad colectiva, y la violación de los derechos
a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de los
familiares de Marino López, de los miembros de las comunidades
afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y del Consejo
Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica.
I.
Hechos
Los
hechos del caso tuvieron lugar durante la segunda mitad de los años 90, en el
Urabá Chocoano y se enmarcan en un contexto en el cual la presencia de los
grupos armados ilegales y la situación de violencia en la región por parte de
“bloques” o “grupos” paramilitares y guerrilleros se había ido extendiendo y
agudizando. La población afrocolombiana de la región tuvo que soportar en su
territorio la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley,
acompañada de amenazas, asesinatos y desapariciones, que originaron su
desplazamiento forzado a gran escala.
En
lo que se refiere a los hechos del caso, los mismos tuvieron lugar en el marco
de una
operación militar llamada “Génesis” que se llevó a cabo entre el 24 y el 27
de febrero de 1997 en el área general del Río Salaquí y Río Truandó para
capturar y/o destruir integrantes del grupo guerrillero FARC. Asimismo, simultáneamente
a la operación “Génesis”, grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de
Córdoba y Urabá (ACCU), en el desarrollo de la llamada “operación Cacarica”,
emprendieron un avance de norte a sur desde el Parque Nacional de los Katios a
lo largo del río Cacarica, pasando por Bijao y otras comunidades ubicadas en la
ribera de ese río, para finalmente llegar a las riberas de los ríos Salaquí y
Truandó, donde desarrollaron operaciones conjuntas con el Ejército. En el marco
de la “Operación Cacarica”, los paramilitares ejecutaron a Marino
López en Bijao y desmembraron su cuerpo. Posteriormente, varios centenares
de pobladores de la cuenca del río Cacarica se vieron forzados a desplazarse a
Turbo, Bocas de Atrato y Panamá, donde permanecieron en diferentes
asentamientos por varios períodos durante los cuatro años posteriores. En Turbo
las condiciones de vida de los desplazados se caracterizaron por falta de
atención por parte del gobierno, hacinamiento, malas condiciones y falta de
privacidad. Posteriormente, muchas de las personas desplazadas retornaron a
otras comunidades de paz en territorios del Cacarica. Con posterioridad a los
hechos de febrero de 1997, los desplazados siguieron siendo objeto de actos de
hostigamiento, amenazas y violencia por parte de grupos paramilitares.
Como
consecuencia de los desplazamientos forzados se produjeron afectaciones tanto a
los bienes individuales como a los bienes colectivos de las comunidades del
Cacarica por las destrucciones y saqueos que se produjeron en el transcurso de
la operación “Cacarica”, así como por los daños que se habrían producido por el
desuso de los mismos, en particular sus territorios comunitarios. Esas mismas
comunidades fueron desposeídas de sus territorios ancestrales, los cuales
fueron objeto de explotación ilegal por parte de empresas
madereras con permiso o tolerancia del Estado.
