Este entrada fue elaborada por Clara Sandoval y Luke Moffett.
Clara Sandoval es Profesora de derechos humanos en la Escuela de Derecho
y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex en el Reino Unido y
Directora de la Red de Justicia Transicional de Essex. Luke Moffett es
Director del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Queen’s en Belfast (Irlanda del Norte). Ambos han publicado
extensivamente sobre justicia transicional y reparaciones.
Donde están los desaparecidos?
Desafiando el pacto de silencio y buscando soluciones
Más de 20 años han pasado desde la firma de
los acuerdos de paz en Guatemala (1996) y más de 15 desde la creación del
Programa Nacional de Resarcimiento (2003). Sin embargo, los cuerpos de las más
de 45,000 personas desaparecidas (entre ellos 5,000 niños), que han sido
recuperados, identificados y entregados a sus familiares sigue siendo mínimo.
Esto a pesar del gran esfuerzo realizado por organizaciones de la sociedad
civil y sus familias por recuperarlos. La falta de respuesta del Estado de
Guatemala y sus diversas instituciones a esta problemática es realmente
preocupante.
Encontrar a los desaparecidos no es tarea fácil
Los perpetradores guardan silencio. En
Guatemala, adicionalmente, existen otros factores que impiden encontrarlos. Por
ejemplo, no existe un registro oficial de personas desaparecidas (pero sí
varios creados por ONGs), no se ha creado una comisión nacional de búsqueda de
personas desaparecidas, no existe un banco oficial genético y han pasado
bastantes años desde que las desapariciones tuvieron lugar. Adicionalmente, no existe voluntad
ni apoyo institucional para llevar a cabo las excavaciones e identificaciones
de los cuerpos. Igualmente, la geografía de los sitios ha cambiado y los
recuerdos de los posibles testigos comienzan a desvanecer.
El caso de Creompaz
en Cobán, Alta Verapaz (Guatemala), nos muestra esta realidad. Las fosas de
este caso se encontraron en la zona militar 21,
donde operó un centro ilegal y de tortura de líderes comunitarios, campesinos e indígenas
de la región y un cementerio clandestino entre 1981 y 1988. El cementerio contiene restos mortales de varios casos y
desapariciones que ocurrieron en diferentes momentos del conflicto en
Guatemala. Al menos desde el 2000 existían importantes indicios de que en CREOMPAZ
habían fosas, sin embargo no se pudo realizar la exhumación sino entre 2012 y
2015, es decir décadas después de ocurridos los hechos. Esto ocurrió gracias
a los testimonios dados en 2012 durante el juicio penal en el caso de la
masacre de Plan de Sánchez en Guatemala.
FAFG, la Fundación de Antropología
Forense de Guatemala, encontró aproximadamente 558 cuerpos en 4 fosas. De estos,
90 cuerpos pertenecen a niños. Este caso finalmente se judicializó y hay
varios militares involucrados en la investigación y varios prófugos de la
justicia. Entre los militares investigados esta Manuel Benedicto Lucas García,
quien fuese condenado recientemente en el caso Molina Theissen. Sin embargo
se han enfrentado grandes desafíos. Por ejemplo, que no se acepten como piezas
de evidencia los planes operativos de Victoria 82 y Firmeza 83 o el Manual de
Guerra Contrasubversiva, esto apelando a la teoría del secreto militar que debe
ser respetado. Esto junto a la negación de los hechos por parte de los
militares no ayuda a identificar a los desaparecidos o a determinar que paso.
Sin embargo, es claro que aquellos que
cometieron las desapariciones saben mejor que cualquier otra persona donde se
pueden encontrar a quienes ellos desaparecieron y conocen los planes que se
organizaron para tal efecto. La aparición del Diario
Militar en 1999 es evidencia de esto.
Los familiares de los desaparecidos son
también cruciales en la búsqueda de sus seres queridos, como lo corroboró en el
caso CREOMPAZ, la ONG FAMDEGUA (Organización de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala). Sin quererlo los familiares se convierten en
grandes investigadores de las desapariciones de sus seres queridos.
Por que debería romperse el pacto de
silencio?
Aunque la impunidad en Guatemala ha sido
rampante a pesar de las atrocidades que fueron cometidas durante el conflicto
armado, en años recientes hemos visto que la justicia, entendiendo por esta la
investigación, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales de
dichas atrocidades, se demora pero llega. Si los perpetradores de tantas
atrocidades creyeron que nunca habría justicia, ahora tienen motivos para
sentir que llegó el momento de rendir cuentas pendientes. El juicio a Efraín Ríos
Montt, exjefe de Estado, por el genocidio Ixil, en el que fuese condenado en
2013 muestra que hasta alguien de su poder puede ser llevado ante la justicia a
pesar de que la sentencia allá sido anulada unos días después. Igualmente la
sentencia condenatoria contra cuatro de los acusados en el caso Molina Theissen
en mayo de 2018 es también una muestra de que la justicia llega inclusive para
personas como Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército. Otros casos
se unen a estos como el de Zepur Zarco, Plan de Sánchez y las Dos Erres. Otros
casos siguen bajo investigación o juicio.
Igualmente, aunque varias décadas han pasado
desde que las desapariciones tuvieron lugar, los perpetradores están
envejeciendo y muriendo al igual que los familiares de las víctimas pero hay
una nueva generación tanto de familiares de desaparecidos como de familiares de los
perpetradores, queriendo entender que pasó en Guatemala y donde esta la
verdad de lo sucedido. Darle a la nueva generación guatemalteca una lección de
verdad y de arrepentimiento sería una garantía de no repetición muy
valiosa por parte de quienes cometieron dichas atrocidades. Que sean ellos
quienes hablen ayudaría no solo en la búsqueda de los desaparecidos
sino a sus propias familias que han tenido que dar una pelea que no fue la suya
sin tener claridad de que paso. Igualmente, ayudaría a la construcción de un Estado fuerte donde se acepta la
imperatividad de la ley y de la justicia y se protegen los derechos humanos de
todos sin distinción alguna.
Recuperar los cuerpos de las víctimas desaparecidas es una forma esencial
de reparar a sus familiares. Esto fue específicamente contemplado como una de
las medidas de reparación incluidas en el Plan Nacional de Resarcimiento en
Guatemala. El PNR afronta grandes retos debido a su incapacidad para reparar a
las víctimas. Aunque todas las medidas de reparación son de
suma importancia y deben ser dadas a sus beneficiarios, es claro que el PNR podría
jugar un papel protagónico, junto a otras instituciones tanto del Estado como
de la sociedad civil, en la coordinación de una agenda nacional de búsqueda e identificación
de restos de personas desaparecidas con el fin de resarcir a sus victimas.
Qué se puede hacer para que el pacto de
silencio se rompa?
Diversas herramientas han sido útiles a nivel
internacional para encontrar a personas desaparecidas. En Colombia, por
ejemplo, durante la implementación de la Ley de
Justicia y Paz a través de la cual se desmovilizaron especialmente
grupos paramilitares, se lograron encontrar muchos cuerpos de desaparecidos.
Esto fue posible, entre otras razones, gracias a los beneficios que la Ley de
Justicia y Paz concedió a los desmovilizados. A ellos se les privó de la
libertad entre 5 y 8 años, siempre que confesaran toda la verdad en versiones
libres y dieran los bienes obtenidos de manera ilegal para dar reparación a las
víctimas. Esto constituyó un incentivo importante para que los perpetradores
hablaran sobre los desaparecidos. De hecho, la Fiscalía
en Colombia indica que de los 9,000 cuerpos localizados y exhumados gracias a
la información dada en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, 4,296 han sido
identificados.
La búsqueda de desaparecidos en
Colombia, sin embargo, continua. El
acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno alcanzado en 2016 incluyó la
creación de una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con el mandato
claro de buscar y encontrar a los desaparecidos, no solo de colaborar a las
autoridades competentes en su búsqueda, como lo hizo por varios años la Comisión
de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en el 2000. El Acuerdo también
contiene incentivos importantes para que se rompa el silencio y se diga la
verdad, incluida la relacionada a los desaparecidos.
La creación de la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas es de suma importancia y constituye una avance en la dirección correcta
en Colombia. En cambio, en Guatemala, a pesar de los miles de desaparecidos no
existe una institución con este mandato legal. Inclusive, desde el 2007 se presentó en el Congreso un proyecto de Ley (el 3590)
para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de
Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición producto de importantes
discusiones de la Sociedad Civil. Este proyecto de ley continua sin ser
aprobado después de más de una década. El mismo contempla, entre otras cosas, la creación de
un registro único de victimas a cargo de la Comisión y la creación de un banco
de datos genético. La importancia de tomar medidas para la búsqueda de los
desaparecidos en Guatemala, no puede verse simplemente como un gesto de buena
voluntad. Por el contrario, es el resultado de obligaciones derivadas de varios
tratados internacionales que obligan a Guatemala y de varias sentencias
internacionales, como la de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en el
caso Molina
Theissen.
En el caso de Irlanda del Norte existe también
una experiencia interesante para lograr que los perpetradores rompieran el
silencio. Allí se optó por la creación de la Comisión Independiente de
Localización de Cuerpos - The Independent
Commission of the Location of Victim’s Remains - (ICLVR), la cual
fue creada después del Acuerdo de Viernes Santo en 1998 para encontrar a los
desaparecidos. Básicamente, tanto el público como los perpetradores pueden
aportar información confidencial a la Comisión, la cual no puede ser usada en
investigaciones penales. Los responsables de las desapariciones, como el IRA,
tienen a un portavoz que está en comunicación con la Comisión para aportar
información y mapas sobre los sitios donde están los desaparecidos. Esto
minimiza el riesgo existente para los perpetradores. Gracias al trabajo de la
Comisión, 13 de los 16 cuerpos de los desaparecidos han sido encontrados.
Conclusiones:
Existen otras experiencias importantes en el
mundo creadas con el fin de encontrar a los desaparecidos y de promover la
verdad y que los perpetradores hablen. Guatemala y los guatemaltecos tienen una
deuda inmensa con los desaparecidos, con sus familiares y con la nueva generación
de guatemaltecos. Solucionar este problema no da espera. Hay que cerrar el
capitulo sangriento del conflicto armado y de la transición encontrando la
verdad y los cuerpos de los desaparecidos. Hay que pensar en incentivos de
materia penal y de otro tipo que promuevan esto. La justicia debe hacer su
curso, pero la idea de dar ciertos beneficios en materia penal, como en el caso
de Colombia, puede ayudar mucho a que haya la justicia. Estos incentivos deben estar
condicionados a aportes reales y claros a la verdad y a la localización de
cuerpos.
La aprobación de la Ley 3590 creando la Comisión
de Búsqueda de Personas Desaparecidas es de crucial importancia. Igualmente lo
es la creación de un Registro Único de Victimas que se construya sobre el
trabajo de la Comisión de la Verdad (tanto el de la Comisión REHMI como el de
la CEH), y los registros hechos por diversas ONGs en Guatemala. El Banco genético
o un sistema de información genético también son claves. Finalmente, no debe
perderse de vista que el PNR puede y debe jugar un papel coordinador muy
importante en esta temática en Guatemala, dando apoyo a las victimas y sus
organizaciones (como FANDEGUA) y ayudando, en la medida de lo posible a que instituciones
claves como FAFG, CAFCA, el INACIF y el
CICR puedan continuar con su desafiante labor de localización e identificación
de cuerpos con el fin de reparar a las víctimas.
