Este reportaje fue elaborado por
Francisco J. Rivera Juaristi.
Mediante resolución de 31 de mayo de 2012, el Presidente de la Corte IDH convocó a
las partes en el caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana a una audiencia pública que se realizará el día 21 de junio de 2012, a partir de las 15:00 horas, y el día 22 de junio de
2012, a partir de las 9:00 horas, y decidió recibir como prueba ciertas
declaraciones.
El caso se relaciona con los hechos sucedidos en la
frontera de República Dominicana con Haití el 18 de junio de 2000, cuando
miembros del ejército dominicano dispararon contra un vehículo que transportaba
a un grupo de haitianos. Perdieron la
vida siete personas y resultaron heridas varias más. Los hechos fueron juzgados por la justicia militar,
aunque los familiares de los ejecutados solicitaron que el caso fuera sometido
a la jurisdicción ordinaria. Tras varios
años de proceso, la justicia militar absolvió a los militares involucrados. Asimismo, se alega que algunas de las víctimas
sobrevivientes sufrieron violación a su libertad personal y violaciones a las
garantías judiciales y protección judicial, puesto que fueron expulsadas de
República Dominicana, sin recibir las garantías debidas en su carácter de
migrantes. Finalmente, el caso se
enmarca en un contexto de discriminación estructural en contra de haitianos o
personas de origen haitiano por parte de agentes dominicanos.
Para este caso la Comisión ofreció como prueba tres
dictámenes periciales y solicitó el traslado del peritaje rendido por el
antropólogo Samuel Martínez en el Caso
Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Los representantes de las presuntas víctimas
ofrecieron seis declaraciones y un dictamen
pericial. No hubo objeción al
ofrecimiento de esta prueba. Por su
parte, el Estado presentó fuera de plazo su escrito de contestación al
sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos, por lo cual la
Corte (mediante nota de Secretaría de 9 de mayo de 2012) determinó que no
procedía “admitir y dar trámite” a la lista de declarantes propuestos por el
Estado.
Al valorar la pertinencia de la prueba
ofrecida por la Comisión, la Presidencia consideró que no era necesario
requerir uno de los peritajes que versaría sobre “los estándares
respecto del fuero militar, así como la no idoneidad del mismo para conocer de
violaciones de derechos humanos alegadamente perpetradas por agentes estatales”. Como fundamento para ello, la Presidencia se
basó en la “vasta jurisprudencia del Tribunal sobre el tema”. En cuanto a los otros dos peritajes ofrecidos
por la Comisión, la Presidencia consideró “la prueba propuesta
puede contribuir a fortalecer las capacidades de protección del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos en materia de discriminación racial y de
derechos de los migrantes que sean sometidos a cualquier proceso estatal, cuya
situación y establecimiento de su estatus migratorio involucre la posibilidad
de una sanción por parte del Estado, lo que trasciende la esfera de los intereses
específicos de las partes en un proceso determinado y genera una afectación
relevante en el espectro del orden público interamericano de los derechos
humanos.” Por ello, la Presidencia estimó pertinente
recibir estos dos peritajes.
Según la resolución, las siguientes cuatro
personas deberán presentar a la Corte sus declaraciones rendidas ante fedatario
público a más tardar el 20 de junio de 2012: Joseph
Pierre,
presunta víctima, quien declarará sobre “las
presuntas persecución, masacre, detención y expulsión”; Sonide Nora y Joseph
Desravine, presuntas víctimas, quienes declararán sobre “las presuntas persecución
y masacre”, y Pedro Ureña, periodista, quien declarará sobre la
escena de la presunta masacre, la investigación y el proceso judicial.
En la audiencia pública, la Corte IDH recibirá los alegatos
finales orales y observaciones finales orales de las partes, respectivamente,
sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas. Adicionalmente, recibirá las declaraciones de
las presuntas víctimas Noclair
Florvilien y Josue Maxime,
quienes declararán sobre “las presuntas persecución y masacre”. Por último, la Corte recibirá los peritajes de
Doudou Diène, ex-Relator Especial de
Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, quien rendirá un dictamen
sobre “la discriminación racial, estructural e institucional de personas
migrantes, el uso excesivo de la fuerza y las respuestas adecuadas por parte de
los agentes estatales y el poder judicial frente a situaciones como la del
presente caso”, y de Gay McDougall, Experta Independiente de Naciones
Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, quien rendirá un dictamen sobre
“las garantías mínimas que de acuerdo a los estándares internacionales en
materia de derechos humanos deben regir en todo proceso penal o de otra índole
que involucre la determinación del estatus migratorio de una persona o que
pueda resultar en una sanción como consecuencia de dicho estatus”.
En razón de que la Presidencia había resuelto permitir que los representantes de las presuntas víctimas se acogieran al
Fondo de Asistencia de la Corte, en la presente resolución precisó el monto,
destino y objeto específicos de dicha asistencia.
Además, en cuanto a la solicitud de
incorporación del peritaje que rindió el señor Samuel Martínez en el Caso Yean y Bosico Vs. República Dominicana,
el Estado y los representantes no presentaron
observaciones al respecto y la Presidencia dispuso su incorporación al presente
caso, ya que consideró que el mismo “puede brindar a la
Corte mayores elementos en relación con el contexto de las personas de origen
haitiano en la República Dominicana”.
Por último, el Presidente informó que las
partes que cuentan con un plazo hasta el 23 de julio de 2012 para presentar sus
alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en
relación con el fondo y eventuales reparaciones y costas.
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