jueves, 26 de diciembre de 2019

Artículo sobre el juicio por jurados y el deber de motivación

Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

En el primer número de la Revista Derecho Constitucional de la Universidad Blas Pascal (Vol. 1, 2019) se publicó un artículo de Carlos Martin Villanueva titulado “El diseño clásico o anglosajón de juicio por jurados y la violación del deber de motivar: Un análisis a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Este es el resumen del artículo: 

“Se encuentra en marcha un fuerte movimiento de reforma procesal penal en la Argentina incorporando la participación ciudadana en la administración de justicia por medio de la institución de juicios por jurados. Numerosas provincias entre las que se cuentan Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Chaco, San Juan, Rio Negro, entre otras han incorporado ya el diseño de juicio por jurado clásico o anglosajón. El presente trabajo analiza este movimiento de la reforma y los cuestionamientos a la constitucionalidad de la instauración del juicio por jurado clásico por implicar la introducción del veredicto inmotivado a través del análisis crítico de los recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analizaron este problema constitucional y poniendo de manifiesto [...] los argumentos por las cuales estas decisiones son contradictorias con la práctica interpretativa de ambos tribunales que han consagrado un derecho autónomo a la motivación y a un sistema de revisión amplio de las sentencias, como garantías del debido proceso”.

sábado, 7 de diciembre de 2019

Lluvia de casos ante la Corte

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Durante noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido nueve comunicados de prensa mediante los cuales informó la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 280/19 (01.11.19), Caso N° 12.993, Jorge Luis Cuya Lavy y otros, respecto de Perú. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 6 de agosto de 2019.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se relaciona con una serie de violaciones en el marco del proceso de evaluación y ratificación de las víctimas del caso, fiscales y jueces, por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entre 2001 y 2002”.

2.  Comunicado 282/19 (01.11.19), Caso N° 12.263 - Marcia Barbosa de Souza y familiares, respecto de Brasil. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 11 de julio de 2019.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se relaciona con la responsabilidad estatal por los hechos relacionados con la muerte de Márcia Barbosa de Souza en junio de 1998 de manos de un ex diputado estatal, el Sr. Aércio Pereira de Lima, así como por la situación de impunidad en que se encuentra el hecho. La Comisión concluyó que la inmunidad parlamentaria provocó un retraso en el proceso penal de Aércio Pereira de Lima de carácter discriminatorio y constituyó una violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de igualdad y no discriminación y protección judicial en relación con el derecho a la vida, en perjuicio de la madre y el padre de Márcia Barbosa de Souza.”  La Comisión también concluyó que se produjeron otras violaciones.

3.  Comunicado 283/19 (01.11.19), Caso N° 12.786, ‘Luis Eduardo Guachalá Chimbó y familia’ respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 11 de julio de 2019.  El comunicado señala que “El caso se relaciona con se relaciona con la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbó, persona con discapacidad mental, en enero de 2004, mientras se encontraba en un centro público de salud mental en la ciudad de Quito, Ecuador. En su Informe de Fondo la CIDH consideró que el Estado vulneró el derecho a la capacidad jurídica del señor Guachalá al institucionalizarlo en un centro de salud mental sin su consentimiento informado. Asimismo, la Comisión consideró que, por tales razones, el internamiento del señor Guachalá constituyó una privación de libertad arbitraria y una forma de discriminación por su condición de discapacidad.” La Comisión también concluyó que se produjeron otras violaciones.

4.  Comunicado 299/19 (19.11.19), Caso N° (no indica), ‘Olimpiades González y otros’ respecto de Venezuela.

Este asunto fue enviado a la Corte el 8 de agosto de 2019.  Según el comunicado: “El caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria de Olimpiades González y sus familiares María Angélica González, Belkis Mirelis González, Fernando González, Wilmer Antonio Barliza y Luis Guillermo González en noviembre de 1998 y enero de 1999, por parte de agentes estatales. Asimismo, la CIDH observó que dichas personas fueron sometidas a una detención preventiva en el marco de un proceso penal por el delito de homicidio, la cual resultó arbitraria.”

5.  Comunicado 300/19 (19.11.19), Caso N° 12.319 - Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios- FEMAPOR, respecto del Estado de Perú.

Este asunto fue enviado a la Corte el 26 de julio de 2019.  Según el comunicado:  “El caso se relaciona con la falta de cumplimiento de una sentencia de amparo de la Corte Suprema de la República del Perú, emitida el 12 de febrero de 1992, que estableció la manera correcta de calcular el Incremento Adicional de la Remuneración (IAR) a favor de 4,106 ex trabajadores marítimos, portuarios y fluviales. Dentro del proceso de ejecución de sentencia, 2,317 de los beneficiarios de la sentencia original, continuaron reclamando judicialmente, a partir del año 2010, por considerar que el cálculo de los pagos de los beneficios sociales era inexacto.”

6.  Comunicado 302/19 (20.11.19), Caso N° (no indica), ‘Vicente Aníbal Grijalva Bueno’ respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 25 de julio de 2019.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se relaciona con la destitución arbitraria de Vicente Aníbal Grijalva Bueno como Capitán de Puerto de la Fuerza Naval ecuatoriana en 1993, así como la falta de garantías judiciales en el proceso sancionatorio de destitución y el proceso penal militar por delitos contra la fe militar que se le siguió en su contra. En su Informe de Fondo la CIDH consideró que en el proceso sancionatorio de destitución del señor Grijalva se violó su derecho de contar con una autoridad imparcial. La Comisión también determinó que el señor Grijalva no tuvo la posibilidad de conocer, participar y defenderse en dicho procedimiento.”

7.  Comunicado 303/19 (21.11.19), Caso N° 12.950, Rufino Jorge Almeida, respecto de Argentina.

Este asunto fue enviado a la Corte el 7 de agosto de 2019.  Según el comunicado:  “El caso se relaciona con la falta de indemnización del señor Rufino Jorge Almeida por el tiempo que permaneció bajo un régimen similar al de libertad vigilada (“libertad vigilada de facto”) durante la dictadura cívico-militar. El señor Almeida fue secuestrado el 5 de junio de 1978 por integrantes de las Fuerzas Armadas y detenido ilegalmente por 54 días en el centro clandestino de detención “El Banco”, donde fue torturado. Luego de su liberación fue sometido a una libertad vigilada de facto hasta el 30 de abril de 1983.”

8.  Comunicado 308/19 (22.11.19), Caso N° 12.805, Jimmy Guerrero, Ramón Molina y familiares respecto de Venezuela.

Este asunto fue enviado a la Corte el 24 de mayo de 2019.  Según el comunicado, el caso está “relacionado con las ejecuciones extrajudiciales de Jimmy Guerrero y de, su tío, Ramón Molina, por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón, en Venezuela, ocurridas el 29 de marzo de 2003.”

9.  Comunicado 309/19 (22.11.19), Caso N° 12.991, Masacre de la Aldea Los Josefinos, respecto de Guatemala.

Este asunto fue enviado a la Corte el 10 de julio de 2019.  Según el comunicado:  “El caso se relaciona con los hechos ocurridos el 29 y 30 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos, Guatemala, en el contexto del conflicto armado interno en el que existía una política de Estado destinada a llevar a cabo un ataque generalizado y sistemático, con violaciones masivas a los derechos humanos de la población civil, por medio de masacres, operaciones de tierra arrasada y desapariciones forzadas, destinadas a propagar terror e infligir castigo a aquellos percibidos como cercanos a la guerrilla, inhibiendo el apoyo a la insurgencia.”



lunes, 2 de diciembre de 2019

“Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos: Comparación de Modelos y Experiencias”

Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

La editorial Tirant lo Blanch publicó el libro “Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos: Comparación de Modelos y Experiencias” (2019), editado por Roberto Romboli y Antonio Ruggeri. A continuación la presentación de la obra y su índice:

“El volumen Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos: comparación de modelos y experiencias recoge las contribuciones y ponencias de la XI Jornadas de Derecho Constitucional italo-españolas-brasileñas celebradas en Mesina el 10 y 11 de septiembre de 2018, durante las cuales se reflexionó y se debatió sobre la relevancia que tiene la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para los operadores jurídicos nacionales y, específicamente, para los jueces, y en qué medida la jurisprudencia de origen externo condiciona o ha condicionado la jurisprudencia interna. Participaron en las jornadas, a través de un debate profundo y dinámico a la vez, académicos, juristas y abogados de reconocido prestigio de los tres países, apareciendo en este volumen sus comunicaciones y ponencias en su lengua original. En las distintas contribuciones se comparan los distintos modos de acceso a las Cortes, así como la dinámica procesal, se examinan las técnicas de decisión y los efectos de las decisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito interno y finalmente, y con especial interés, se plantean tanto reflexiones teóricas como propuestas correctoras para la praxis jurídica”. 

ÍNDICE

Presentazione
Antonio Ruggeri 

CAPITOLO I: CORTE EDU: DINAMICHE PROCESSUALI E POLITICA
Diletta Tega

CAPÍTULO II: LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y FACULTADES INHERENTES AL DERECHO AL JUICIO JUSTO EN EL PROCESO ANTE EL TEDH
Ana Maria Ovejero Puente

CAPÍTULO III: MODO DE ACESSO E DINÂMICA PROCESSUAL PERANTE A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Marcelo Labanca Corrêa de Araújo 

CAPITOLO IV: LA “MANIPOLAZIONE” DELL’EFFICACIA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EDU: MISURE RIPARATORIE GENERALI E SENTENZE PILOTA PER ANDARE OLTRE LA “GIUSTIZIA DEL CASO SINGOLO
Luisa Cassetti

CAPÍTULO V: LA RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN EN ESPAÑA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH: PERFILES NORMATIVOS Y PRÁCTICOS
Rafael Bustos Gisbert

CAPÍTULO VI: O IMPACTO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E A EMERGÊNCIA DE UM NOVO PARADIGMA JURÍDICO
Flávia Piovesan

CAPITOLO VII: PROVE DI CROSS-TALK TRA GIURISPRUDENZA CONVENZIONALE, EUROUNITARIA, INTERAMERICANA ED ITALIANA IN TEMA DI DIRITTO ALLA VITA CHE COMINCIA (PRIME NOTAZIONI)
Stefano Agosta

CAPÍTULO VIII: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS DECLARACIONES Y JURISDICCIONES EUROPEAS
Pablo Pérez Tremps

CAPÍTULO IX: PROBLEMAS DA RECEPÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE IDH NO BRASIL
Antonio Moreira Maués & Breno Baía Magalhães

CAPITOLO X: CONSIDERAZIONI DI SINTESI
Paolo Caretti

CAPITOLO XI: AUTONOMIA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI E RICHIAMI ALLA CEDU NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. PRIME NOTE 
Antonio Ignazio Arena

CAPÍTULO XII: ANÁLISE DO DISTANCIAMENTO ENTRE JUÍZOS INTERNACIONAIS E DECISÕES NACIONAIS
Luiz Alberto David Araujo & Cintia Rejane Moller De Araujo

CAPITOLO XIII: IL DIRITTO ALLA VERITÀ, FRA AMNISTIA, PRESCRIZIONE E GIURISPRUDENZA NAZIONALE DELLA CORTE EDU E DELLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI
Roberto Giovanni Conti

CAPÍTULO XIV: O CONCEITO DE EFICIÊNCIA ECONÔMICA E O QUE DEVE SER COMPREENDIDO DELE À SUA APLICAÇÃO JURÍDICA
Alfredo Copetti Neto

CAPITOLO XV: CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ ED AMERICANIZZAZIONE DEL DIRITTO DI CIVIL LAW
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho

CAPÍTULO XVI: DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE RECURSOS INTERNOS COMO CONDIÇÃO DE ACESSO À CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: FLEXIBILIZAÇÃO E PROTEÇÃO
Maria Francisca de Miranda Coutinho

CAPÍTULO XVII: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O CASO FAZENDA BRASIL VERDE VS. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: POR UM CONCEITO CONTEMPORÂNEO DE ESCRAVIDÃO
Aldacy Rachid Coutinho

CAPITOLO XVIII: DAL REFAH PARTISI AL CASO YATAMA: CEDU E CONVENZIONE AMERICANA A CONFRONTO SUI PARTITI POLITICI
Giuseppe Donato

CAPITOLO XIX: IL DIRITTO DI CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI COME CASO EMBLEMATICO DELL’INTERLOCUZIONE TRA CORTI SOVRANAZIONALI E CORTI NAZIONALI … CON IL LEGISLATORE STATALE COME CONVITATO DI PIETRA
Maria L. Quattrocchi

CAPITOLO XX: IN TEMA DI VINCOLATIVITÀ, PER IL GIUDICE COMUNE, DELLE SENTENZE DELLA CORTE EDU, ALLA LUCE DELLA SVOLTA RAPPRESENTATA DALLA SENT. N. 43 DEL 2018
Alberto Randazzo

CAPÍTULO XXI: INTRODUCCIÓN A LA TERCERA SESIÓN
Miguel Revenga Sánchez

CAPÍTULO XXII: A REFORMA TRABALHISTA E A INFLUÊNCIA DA CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS E DA JURISDIÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NA REGULAÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL
Francisco Sérgio Silva Rocha & Maria de Nazaré Medeiros Rocha

CAPITOLO XXIII: L’ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO XVI ALLA CEDU, L’ORDINE DI INTERVENTO DEGLI ATTORI DEL DIALOGO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE EDU
Roberto Romboli

CAPITOLO XXIV: DIALOGO TRA CORTI E DIRITTI LGBT (A MARGINE DELLA “OPINIÓN CONSULTIVA” DELLA CORTE IDU “OC-24 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017”)
Lara Trucco

domingo, 1 de diciembre de 2019

“Please, Hear My Cry: Judicial Interpretation of Children’s Human Rights under the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights”


The latest volume of the journal Hastings International and Comparative Law Review (Vol. 43, No. 1, 2020, pp. 35-104) includes an article written by Áquila Mazzinghy entitled “Please, Hear My Cry: Judicial Interpretation of Children’s Human Rights under the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights”. This is the article’s abstract: 

“This research analyzed human rights violations against the children of the American continent over the past four decades, with a focus on the Latin American states. The research concentrated on the following crimes committed against children: extra-judicial killing, torture, sexual molestation, rape and forced disappearance. It analyzed, compared and organized over 60 judicial cases from the Inter-American Court of Human Rights. The overall research objective was to scrutinize the Court’s judicial interpretation of children’s human rights through direct consideration of the sentences’ text. To perform this objective, this research identified patterns of conduct in state violations of children’s human rights, through direct acts or tolerance. It vertically compared singular Court decisions and state conduct”.

domingo, 24 de noviembre de 2019

Human Rights and Terrorism in the Inter-American System

Posted by Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

The book "International Human Rights and Counter-Terrorism" (E. Shor & S. Hoadley, eds, Springer 2019) contains the following two chapters on the Inter-American Human Rights System: 

Christina M. Cerna 

Abstract: "The Organization of American States (OAS) comprises all 35 independent countries in the Western Hemisphere from Canada to Chile, including the independent islands of the Caribbean. The Inter-American Commission and Court of Human Rights are the two OAS organs created to deal with human rights in the region and in the discussion of international human rights law; the Commission is often overlooked in favor of an examination and analysis of the Inter-American Court’s jurisprudence. The Commission, however, has the overarching responsibility for the monitoring of human rights in the hemisphere and consequently has a wider mandate than the Court, the principal function of which is the application and interpretation of the American Convention on Human Rights.

In discussing the work of the OAS as regards counter-terrorism, it is also important to look at the work of specific bodies created to deal specifically with the issue of counter-terrorism such as the Inter-American Committee Against Terrorism, although this body has little contact with the Inter-American Commission on Human Rights. The Commission, for its part, has a long history in conducting on-site visits to countries that were engaged in internal armed conflicts, often against military dictatorships, where terrorism was employed to undermine the State and where the State engaged in acts of counter-terrorism. This chapter will consider examples of the Commission’s on-site visits and country reports to illustrate the changing nature of terrorism and counter-terrorism in the region."


Amaya Ubeda de Torres 

Abstract: "How have Inter-American human rights bodies dealt with terrorism and how has it shaped their case law? The Inter-American system of human rights has been a pioneer in this field, paving the way toward assessing and establishing the limits of States’ behavior in the fight against terrorism. The American continent is not foreign to terrorism, even before the attacks on the Twin Towers and the 11 September events gave it global resonance. This chapter will assess the approach adopted by the Inter-American bodies and the complexities in developing such a response. The reactions of both the Inter-American Commission and the Court to counterterrorist measures and human rights abuses have generated a rich and well-developed body of case law. As with many other topics, the Inter-American Court has played a leading role and, over time, has transformed the American Convention through interpretation, making it a well-adapted mechanism in the fight against human rights abuses. States are confronted with a complex dilemma, as they have to decide whether to declare a state of emergency and exception or deal with terrorism in the context of the normal working of the institutions of the democratic State. In the first case, if the State recognizes a threat that may endanger the life of the nation, the state of emergency allows it to adopt measures restricting human rights in the fight against terrorism under international supervision. In the second case, the State does not specify that there is an extraordinarily grave danger, and counterterrorist measures will therefore have to satisfy the tests of proportionality and necessity when limiting individual human rights. Dealing with “gray areas,” which are situations in between exception and normality and which call for adopting restrictive measures which affect everyday life, has triggered a wide range of case law. Most cases happen in a context in which there is not an open conflict but, rather, concern a situation of internal strife. Instances of State terrorism are also at the basis of some of the most powerful rulings issues."

viernes, 18 de octubre de 2019

Nuevos casos contra El Salvador y Nicaragua


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la presentación de dos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 255/19 (10.10.19), Caso 13.069, Manuela y familia, respecto de El Salvador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 29 de julio de 2019.  Según el comunicado, el caso “se refiere a una serie de violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena por el delito de homicidio agravado a la víctima del caso, en el marco del contexto conocido en El Salvador sobre criminalización del aborto. La Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal por la detención ilegal de la víctima, tomando en cuenta que fue detenida el 28 de febrero de 2008 bajo la figura de flagrancia sin que se llenaran los requisitos para ello, pues en el momento de la detención se encontraba recibiendo asistencia médica en el Hospital Nacional de San Francisco de Gotera.

“Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a no ser privado de libertad arbitrariamente, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la protección judicial ya que la decisión de prisión preventiva se impuso tomando en cuenta la gravedad del delito, aplicando una disposición legal que establecía que no procedía la sustitución de la detención provisional por otra medida cautelar en el delito de homicidio agravado.”

La CIDH también declaró la violación de derechos procesales de la presunta víctima.

“Igualmente, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la vida privada y el derecho a la salud, tomando en cuenta que la regulación del secreto profesional no cumplía con el requisito de legalidad de una restricción, pues no establecía con claridad en que supuestos se configuraban excepciones y en qué casos existía la obligación de denuncia por parte del médico tratante. Además, cierta información proporcionada a las autoridades, como los antecedentes sexuales de la víctima, no guardaba relación con los fines que persigue el deber de denuncia.

“La CIDH también concluyó que el Estado violó el derecho a la vida, el derecho a la salud, las garantías judiciales y protección judicial, tomando en cuenta que la víctima no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, el cual hubiera permitido prolongar la vida de Manuela, quien falleció luego de padecer de una enfermedad cuyos indicios se manifestaron desde 2007. La muerte de la víctima, bajo custodia del Estado, no fue esclarecida mediante una investigación adecuada.

“Finalmente, la Comisión estableció la responsabilidad internacional del Estado por la violación del deber de motivación, presunción de inocencia y el principio de igualdad y no discriminación tomando en cuenta la aplicación de una serie de estereotipos a lo largo del proceso penal, que tuvieron el impacto de cerrar ciertas líneas de investigación e impedir el análisis exhaustivo de la prueba. Algunos estereotipos de género también se encuentran presentes en la sentencia condenatoria, los cuales generaron que el tribunal de conocimiento omitiera valorar con exhaustividad cierta prueba, y tuvieron un impacto en la determinación de la responsabilidad penal.”

2.  Comunicado 257/19 (11.10.19), Caso ‘Opario Lemoth Morris y Otros (Buzos Miskito)’ respecto de Honduras.

Este asunto fue enviado a la Corte el 24 de mayo de 2019.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la afectación de múltiples derechos en perjuicio de un grupo de personas pertenecientes al pueblo indígena Miskito que habitan en el departamento de Gracias a Dios, Honduras. En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de 34 buzos miskito que sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaban y que les generaron el síndrome de descompresión.  Asimismo, la CIDH consideró que el Estado violó el derecho a la vida de los doce buzos miskito que fallecieron momentos después de dichos accidentes. Ello en tanto la omisión e indiferencia del Estado frente a la problemática de explotación laboral por parte de empresas pesqueras y la realización del buceo en condiciones peligrosas que dio lugar a dichos accidentes se vio materializada en la falta de fiscalización adecuada.

“Adicionalmente, la CIDH consideró que el Estado hondureño, a pesar de tener conocimiento de la situación de los buzos y la situación perversa de las relaciones laborales en las que se encontraban, no adoptó medidas deliberadas, concretas y orientadas a la realización del derecho al trabajo, a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del mismo, así como a la salud y a la seguridad social.  Además, tomando en cuenta los múltiples factores de vulnerabilidad de las víctimas vinculados a su pertenencia a un pueblo indígena históricamente excluido, en situación de pobreza extrema y siendo muchas víctimas personas con discapacidad, la Comisión consideró que el Estado también es responsable por la violación del principio de igualdad y no discriminación.”


miércoles, 18 de septiembre de 2019

Nuevos casos contra Ecuador y Perú


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la presentación de dos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 223/19 (12.09.19), Caso 11.587, César Gustavo Garzón Guzmán, respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 26 de julio de 2019.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán a partir del 9 de noviembre de 1990 en Quito, Ecuador por parte de miembros de la Policía Nacional. El hecho se dio en un contexto general de desapariciones forzadas por parte de agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas, en particular de los grupos ‘Alfaro Vive Carajo’ y ‘Montoneras Patria Libre’. El caso fue documentado por el informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador como una desaparición forzada cometida por la Policía Nacional. La CIDH determinó que existen elementos suficientes para concluir que César Gustavo Garzón Guzmán fue privado de libertad por agentes estatales. Asimismo, concluyó que la negativa de las autoridades a reconocer la detención, en el contexto de la época y tomando en cuenta la prueba obrante en el expediente, constituyó un encubrimiento de los hechos.

“Por otra parte, la Comisión estimó que la hipótesis manejada por el Estado en el marco de la investigación, según la cual la víctima fue sustraída por miembros del grupo subversivo al que pertenecía o que huyó a otro país, coincide con el modus operandi para casos de desapariciones forzadas en el momento de los hechos.

“En particular, respecto de la investigación judicial, la CIDH refirió que todas las investigaciones se reducen a tres partes policiales sin que conste que el Estado haya iniciado e impulsado formalmente una investigación penal transcurridos más de 26 años desde los hechos, por lo que concluyó que el Estado ecuatoriano no ha investigado los hechos del presente caso con la debida diligencia ni en un plazo razonable.

“En el Informe de Fondo, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en la Convención Americana, así como los artículos I a) y b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.”

2.  Comunicado 229/19 (16.09.19), Caso 12.975, Julio Casa Nina, respecto de Perú. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 6 de agosto de 2019.  Según el comunicado, el caso “”se refiere a una serie de violaciones en el marco del proceso disciplinario que culminó con la separación de Julio Casa Nina de su cargo de Fiscal Adjunto Provisional de la Segunda Fiscalía Penal de la Provincia de Huamanga Ayacucho, Perú. La Comisión consideró que el Estado violó el derecho a ser oído, el derecho de defensa y el principio de legalidad, tomando en cuenta que el nombramiento de la víctima sin ningún plazo o condición, limitada a una invocación genérica de las necesidades de servicio resultó incompatible con las garantías de estabilidad reforzada que deben proteger a fiscales para ser separados de sus cargos únicamente por incurrir en graves causales disciplinarias o por cumplirse el plazo o condición establecido en su designación. Por otra parte, por la forma en que fue cesada de su cargo, la víctima no contó con un procedimiento que cumpliera con las garantías mínimas que se desprenden del derecho de defensa.

“Adicionalmente, la Comisión consideró que el Estado violó el derecho a contar con decisiones debidamente motivadas y el principio de presunción de inocencia. Al respecto, la Comisión destacó que la decisión que cesó a la víctima de su cargo carece de motivación, y no permite comprender las razones que dieron lugar al cese. Además, en dicha decisión se indica que la misma es “sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen ser pertinentes por la queja y la denuncia que se encuentran en trámite”. Tal referencia también fue invocada en la decisión que declaró sin lugar el recurso de reconsideración planteado por la víctima, lo cual afectó el principio de presunción de inocencia.

“La CIDH también concluyó que el Estado violó el derecho a la protección judicial, tomando en cuenta que la víctima hizo uso de un recurso de reconsideración en la vía administrativa, el cual se declaró sin lugar el 14 de febrero de 2003 por la Fiscal de la Nación, indicando que el nombramiento de la víctima era de carácter provisional, asimismo, planteó un amparo ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, y una apelación contra la decisión que denegó su amparo, sin embargo ninguna de las vías intentadas por la víctima fueron efectivas para impugnar la decisión que lo cesó en su cargo. Finalmente, la Comisión determinó que el Estado violó los derechos políticos de la víctima, los cuales protegen el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, tomando en cuenta que la víctima fue separada de su cargo en un procedimiento en el cual no se cumplieron las garantías mínimas requeridas.”


miércoles, 21 de agosto de 2019

Guest Blogger: Recognition of Intersectionality in Femicide and Rape Cases Decided by the IACmHR and the IACtHR

Recognition of Intersectionality in Femicide and Rape Cases Decided by the Inter-American Commission and the Inter-American Court of Human Rights

by Darija Zeljko 


                     I.  Introductory Remarks: Intersectionality and Violence against Women
In this post I will focus on how the Inter-American Commission on Human Rights (hereafter: the Commission) and the Inter-American Court (further: the Court or the IACtHR) approach the issue of intersectionality in their decisions which deal with gender-based violence, particularly in femicide and rape cases.
Intersectionality is a concept which was invented by Kimberlé Crenshaw in 1989 when she coined the term in an influential paper ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics.’ In 1991 she was again a pioneer among US scholars in noticing how experiences of black women are often neglected by competent institutions and identity politics (feminism, racism) when it comes to the issue of violence against women. Recently, international and regional human rights bodies are starting to accept intersectionality and develop it within their own frameworks. There exists consensus among academia and international adjudicative bodies that ‘Multiple- or intersectional- inequality describes discrimination that occurs as a result of how these different identities or situations or factors interact.’ (p. 92) In paragraph 18 of its General Recommendation No. 28, the UN’s Committee on the Elimination of Discrimination against Women (further: the CEDAW Committee) recognized that:
The discrimination of women based on sex and gender is inextricably linked with other factors that affect women, such as race, ethnicity, religion or belief, health, status, age, class, caste and sexual orientation and gender identity. Discrimination on the basis of sex or gender may affect women belonging to such groups to a different degree or in different ways to men. States parties must legally recognize such intersecting forms of discrimination and their compounded negative impact on the women concerned and prohibit them. (Emphasis added)
The most dangerous form of discrimination against women is violence against women, as recognized by the CEDAW Committee in its influential General Recommendation No. 19 (1992). Countless examples worldwide show how violence against women may have fatal consequences on women’s life and/or bodily integrity. It follows from the cited CEDAW Committee’s Recommendation that violence against women (as a form of discrimination) is also often inseparable with women’s other identities, such as their age, race, socio-economic status, sexual orientation, etc.
The sad reality for women is that there is no country or continent which we can say is ‘free’ from gender-based violence. Reports clearly show, however, that some forms of violence against women are more prevalent in certain contexts. For example, infamous data confirms that femicide is a widespread problem in the Latin American and Caribbean countries, inasmuch 14 out of 25 countries with the highest rates of femicide are settled there. I mention this because ‘just’ being a woman clearly constitutes a potentially life-threatening risk in Latin America (as in other parts of the world) which is exacerbated if we add further ‘dangerous’ factors such as being poor, young, or of a ‘wrong’ background. When it comes to descent, in Latin America indigenous women are in a specific vulnerable position. Their vulnerability to certain forms of gender-based violence exists even in the most developed of the OAS countries, such as Canada. Therefore, the Commission with a reason warned about gross indigenous women’s rights violations in a report named ‘Missing and murdered indigenous women in British Colombia, Canada.’ Also, (already) in 1994 in the Article 9 of the Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (more known under the acronym Convention of Belem do Pará) special vulnerability of certain women is linked with their:
 …race or ethnic background or their status as migrants, refugees or displaced persons. Similar consideration shall be given to women subjected to violence while pregnant or who are disabled, of minor age, elderly, socioeconomically disadvantaged, affected by armed conflict or deprived of their freedom.
The landmark case in which the IACtHR elaborated on intersectionality was Gonzales Lluy et al. v. Ecuador (2015, para. 290):
In Talía’s case, numerous factors of vulnerability and risk of discrimination intersected that were associated with her condition as a minor, a female, a person living in poverty, and a person living with HIV. The discrimination experienced by Talía was caused not only by numerous factors, but also arose from a specific form of discrimination that resulted from the intersection of those factors; in other words, if one of those factors had not existed, the discrimination would have been different. (Emphasis added)
Although the aforementioned case was not dealing with femicide or ‘…sexual violence (it concerns the rights to life, physical integrity and education), [and] it is relevant because it defines and officializes intersectionality as a judicial approach to discrimination in the IAS, and in consistency with the UN committees.’ (p. 88)
In the following paragraphs I will discuss how intersectionality enters into the femicide line of cases and then switch my analysis to rape cases of the Commission and Court.
II.                ‘Double Vulnerability’ in Femicide Cases: the IACtHR
The first traces of the recognition of intersectionality in the context of femicides may be found in the Court’s landmark judgment Gonzáles et at. (‘Cotton Field’) v. Mexico (2009). Among other notable contributions to women’s rights adjudication, in ‘Cotton Field’ the Court pointed to the interconnection of structural ‘culture of discrimination that influenced the murders of women.' (para. 399) In this particular judgment, the IACtHR did not use the term ‘intersectionality’ per se, however, it recognized that some women were ‘double’ vulnerable, meaning that the victims suffered 'a double discrimination' because they were of the 'humble origin.' (para. 391) Moreover, it can be concluded ‘between the lines’ that the Court, besides the already mentioned fact that victims were of a ‘humble origin’, also took into account victims' sensitive ages (while ordering reparations, since two out of three victims in case were aged 15 and 17). In the Court’s words: ‘The State must pay special attention to the needs and rights of the alleged victims owing to their condition as girls who, as women, belong to a vulnerable group.’ (para. 408)
However, critics noted the Court’s insufficient reflection on the problem of intersectionality in the judgment since it was well established in numerous independent reports that most murdered and forcefully disappeared women in the infamous city of Ciudad Juárez were of a lower socio-economic class. It should also be noted, however, that the IACtHR recognized among the relevant facts that the victims of unprecedented widespread femicides in this border city were in most cases ‘young, working class, employed in the maquila sector, underprivileged, students or migrants’, but without further elaboration. (para. 122) In 2017, the Commission decided to grant admissibility to six cases of femicides (Silvia Elena Rivera Morales y otras v. Mexico) in which the victims were between the ages of 6 and 20, again committed in the city of Ciudad Juárez in the period between 1995-2003. It will be interesting to see in this somewhat ‘follow-up’ case if the Commission will pay more attention to such a justified criticism and decide to dedicate more space in its reasoning to the previously partially neglected issue of intersectionality.
Similarly to the Cotton Field judgment, in Veliz Franco et al. vs Guatemala (2014) the Court merely superficially concluded that femicide ‘victims generally lived in poor neighborhoods and engaged in low-income activities or were students.’ (para. 78) The case dealt with the Guatemalan failure to investigate the femicide of a 15-year-old girl. Again, the Court took a simpler approach and focused its analysis on the fact that girls are “particularly vulnerable to violence” (para. 134) instead of elaborating on an additional category of vulnerability: victim’s socio-economic class. In the comprehensive book Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women: At the Centre or the Margins? (Cambridge University Press, 2017), Lorena Susa rightly criticized the IACtHR’s approach in both cases because it ‘emphasized the disproportionate number of murders of ‘women’ without really engaging in an analysis of whether particular ‘groups of women’ are over-represented.’ (p. 153) Recognition that murders were motivated by the victim’s gender is a praiseworthy element of the judgments, however, it seems that the Court perceived female victims as a homogenous group (except in specially assessing their age when ordering reparations). More focus on victims’ socio-economic status’ would be of added value because it is clear from the States’ inappropriate practice that authorities are conducting investigations sloppily (or even not conducting it at all!) where victims of femicides, forced disappearances and sexual violence are poor, migrant, uneducated, maquilas workers and/or prostitutes. Deeply rooted gender-based prejudices and stereotypes against those mentioned, in the eyes of authority, evidently second categories of female victims. This leads to de facto and de iure impunity or minimal punishment for many committed crimes. Moreover, such impunity further perpetuates gender-based violence against marginalized women.
To conclude, the IACtHR probably omitted discussing the interconnection between class and gender due to, as Sally Merry Engle noted in the influential book Gender violence: A Cultural Perspective (Wiley-Blackwell, 2009), ‘…difficulties of statistically measuring the impact of poverty, race and migration status on gender violence.’ (p. 123) However, such widespread and systematic violence against women should be assessed in the context of all other interrelated forms of oppressions, such as racism, homophobia and/or xenophobia (depending on the circumstances of the case).

III.             Rape Cases:
As seen in the Cotton Field and Veliz Franco judgments, I would argue that the Court and the Commission are particularly sensitive and attentive when it comes to the violation of girl’s rights since both institutions clearly recognize their special vulnerability due to age and gender. Likewise in the case V.R.P and V.P.C. v. Nicaragua, a 9-year-old girl was the victim of a gruesome sexual assault committed by her own father. The Commission inter alia noted how thesituation is exacerbated by the nature of the offence, as well as the situation of double vulnerability of V.P.R as a woman and a child.’ Since Nicaragua did not comply with the Commission’s recommendations, the case was referred to the IACtHR in 2016 and therefore it will be interesting to see if the IACtHR will focus its analysis in more depth on the issue of intersectionality. Lorena Sosa is of the opinion that: ‘The focus on the girl-child, encouraged by Article 19 of the American Convention, is the most relevant element for incorporating diversity in these cases…’ (p. 166)
While discussing numerous violations in the Fernández Ortega et alt. v. Mexico (2010) judgment, the Court recognized thespecial vulnerability of indigenous woman’ (para. 230) who was a victim of brutal rape. However, the Commission went one step further than the Court in Fernández Ortega (2009) because it highlighted that indigenous women ‘suffer from a combination of various forms of discrimination: as women, because of their ethnic or racial origin, and/or by virtue of their socio-economic status.’ (para. 179) Instead of focusing their analysis on the special vulnerability/multiple discrimination of indigenous women, in my view the more accurate terminology would be to use intersectionality since it, as Lorena Sosa pointed out, ‘…emphasizes long-term social and structural constructions of inequality’ (p. 165) which indigenous women unquestionably face. However, according to the article written by Mariana Prandini Assis Violence against Women as a Translocal Category in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (Direito&Práxis revista, 2017), a notable contribution of the Court is that it: ‘went further to link the difficulties faced by the indigenous peoples to access justice, to the historical process of marginalization, deprivation and non-recognition within the Mexican nation state.’ (p. 1533) Likewise when assessing the victim’s consistency during testimonies, the Court was clearly well aware of the victim’s difficult personal situation from which it is easy to detect many (intersectional/structural) difficulties which Inés Fernández Ortega faced as: ‘…an indigenous woman, who lived in an isolated mountainous area, who had to walk many hours for denouncing her rape to health and legal authorities who did not speak her language...’ (para. 107)
In Rosendo Cantú (2010), the rape victim was an indigenous girl and the Court reinforced its view according to which she was at a particular risk of violence both as a minor as well as an indigenous descendant. Moreover, while ordering extensive reparations, in Rosendo Cantú and Fernández Ortega et al. v the IACtHR evidently took into account indigenous and gender perspectives which will hopefully have positive impacts on pro futuro victims of sexual violence.

IV. Conclusion:
It is clear that intersectionality in the discussed gender-based violence cases decided by the IACtHR was firstly referred to under the notion of women’s (special) vulnerability, similar to the approach taken by the Council of Europe’s (further: the CoE) Committee of Ministers which noted in the Recommendation Rec (2002)5 on the protection of women against violence that ‘women are often subjected to multiple discrimination based on their gender.’ As in Article 8 of the Convention do Belem do Pará, the CoE’s Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (more known under the acronym Istanbul Convention) also does not explicitly use the term intersectionality. It does, however, recognize the greater risk – special vulnerability- faced by certain groups of women (e.g. migrant women, women with disabilities). Some aspects of the European Court on Human Rights’ (further: the ECtHR) case-law on violence against women are slowly developing towards recognition of intersectionality (e.g. when it comes to forced sterilization of Roma women, like in N.B. v Slovakia, Application No. 29518/10, 12 June 2012, para. 96), however, the ECtHR is still reluctant to apply an intersectional lense (and consequently to use the term) even in cases where intersectionality is obviously an issue. Instead, the ECtHR refers to certain categories of victims as ‘a particularly vulnerable group’, Roma women being the most prominent example. Therefore, even when it comes to the variety of forms of violence against women where intersectionality was recognized, it can be concluded that both the Court and the Commission have much more developed case-law than their European counterpart, and furthermore, that their jurisprudence is in accordance with CEDAW Committee’s recommended standards.
Nevertheless, there is still space for further improvements with the Court’s and the Commission’s approach in this area, especially since there exists an inconsistency with the (mis)usage of terms ‘special vulnerability’ and ‘intersectionality.’ Experts like Lorena Sosa in her article Inter-American case law on femicide: Obscuring intersections? (Netherlands Quarterly of Human Rights, 2017, Vol. 35(2)) noticed how ‘the Commission has shown more inclination than the Court towards the adoption of an intersectional approach, particularly in recent reports.’ (p. 102) Additionally, it is evident that there is prioritization when it comes to dealing with certain categories of intersectionality in gender-based violence cases. Some mentioned critics warned that the Court omitted an analysis of the clear interconnection between class and gender in femicide cases (Cotton Field judgment being the most prominent example). A contrario, the Court pays much more attention to the special vulnerability of girls in the context of gender-violence (including both femicide and rape cases). Certainly, the most praiseworthy aspect of the Court’s current approach to intersectionality is, as  Lorena Sosa concluded in her book: ‘Recognition of the importance of intersecting grounds…  in relation to rape of indigenous women, in which gender, indigenousness, language and, more notably, child status were addressed by the Court.’ (p. 166)
Finally, the need for firmer analysis by the Court and Commission on intersectionality in their decisions is important in order to emphasize the structural discrimination which certain groups of women are confronted with. Elaboration on intersectional causes of discrimination that marginalized women often face may have positive impacts on victims, OAS Member States and also, according to Rosa Celorio’s article The rights of women in the Inter-American System of Human Rights: Current opportunities and challenges in standard-setting (University of Miami Law Review, Vol. 65, 2011), ‘to the organs of the system to develop important concepts related to the social exclusion faced by these groups and to report on the specific barriers they face in their pursuit to justice.’ (p. 860)


References

Books:
Aldao, Martín, Clérico, Laura, Ronconi, Liliana: A Multidimensional Approach to Equality in the Inter-American Context: Redistribution, Recognition and Participatory Parity in Armin von Bogdandy et alt. (editors): Transformative Constitutionalism in Latin America: The Emergence of a New Ius Commune, Oxford University Press, 2017
Engle, Sally Merry: Gender violence: A Cultural Perspective, Wiley-Blackwell, 2009
Sosa, Lorena: Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women: At the Centre or the Margins?, Cambridge University Press, 2017

Articles:
Celorio, Rosa: The rights of women in the Inter-American System of Human Rights: Current opportunities and challenges in standard-setting, University of. Miami Law Review, Vol. 65, 2011
Sosa, Lorena: Inter-American case law on femicide: Obscuring intersections?, Netherlands Quarterly of Human Rights, 2017, Vol. 35(2)
Prandini Assis, Mariana: Violence against Women as a Translocal Category in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, Direito&Práxis revista, 2017
Martin Beringola, Ana: Intersectionality: A Tool for the Gender Analysis of Sexual Violence at the ICC, Amsterdam Law Forum, Vol. 9, No. 2, 2017

Treaties and General Recommendations:
CoE, Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, 2009
OAS, Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women ("Convention of Belem do Para"), 9 June 1994
CEDAW/C/GC/28, General recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 16 December 2010
Committee of Ministers, Recommendation Rec (2002)5 on the protection of women against violence
The Commission, Missing and Murdered Indigenous Women in British Columbia, Canada, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 30/14
Cases:
The IACtHR
Gonzales Lluy et al. v. Ecuador, 1 September 2015
Gonzales et al. v. Mexico (Cottonfields case), 16 November 2009
Veliz Franco et al. v. Guatemala, 19 May 2014
Fernández Ortega et al. v. Mexico, 30 August 2010
The Commission
V.R.P and V.P.C. v. Nicaragua, Parts of English translation available on: http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2016/138.asp, accessed on 3/6/2019
Application to the IACtHR in the case of Inés Fernández Ortega, May 7, 2009 (Case 12.580)
The ECtHR
N.B. v Slovakia, Application No. 29518/10, 12 June 2012
Web pages:
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/take-five-adriana-quinones-femicide-in-latin-america, accessed on 3/7/2019
https://rfkhumanrights.org/news/iachr-femicide-admissibility, accessed on 3/6/2019

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