martes, 21 de octubre de 2014

Reincorporación y dichos del juez García Sayán

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Según se informó recientemente, el juez Diego García Sayán se excusó de participar de las actividades de la Corte IDH por mientras durara su candidatura a la Secretaría General de la OEA.  Este hecho, junto con la “constancia de disentimiento” elaborada por los jueces Vio Grossi y Ventura Robles, fue informado previamente en este blog.  


La suspensión en las funciones de García Sayán habría llegado a su fin, pues dicho juez depuso su candidatura, motivado por el escaso apoyo que recibió del Gobierno del Perú.  Esta reincorporación fue notificada en un comunicado de prensa emitido por la Corte Interamericana el día 15 de este mes.

Esta reincorporación, sin embargo, no estuvo exenta de polémicas, ya que García Sayán criticó frente a la prensa peruana a sus colegas Vio Grossi y Ventura Robles.  Él afirmó que estos jueces formaban “una minoría recalcitrante en éste y todos los demás aspectos sustantivos de la Corte”, y se quejó de que su disentimiento fuera hecho público.  Ello motivó que estos dos jueces emitieran una nueva declaración, fechada el 6 de octubre de 2014, en la que presentan sus descargos.



Los jueces Vio Grossi y Ventura Robles afirmaron que no es efectivo que ellos se opongan a todos los aspectos sustantivos de la Corte, pues ellos suelen coincidir con la mayoría en casi todos los asuntos que la Corte decide.  Por otra parte, las críticas que habían levantado estos jueces, si bien podrían ser discutibles, no carecían de fundamento.  En efecto, no es irrazonable plantear que la actividad política en la OEA sea incompatible con la de juez de la Corte (de hecho, el antiguo juez Carlos Roberto Reina renunció a su cargo por considerarlo incompatible con su candidatura a la Secretaría Ejecutiva de la OEA).  Además, Vio y Ventura recordaron que tenían un sustento jurídico para afirmar que esta posible causal de incompatibilidad debiera haber sido resuelta por la Corte en su conjunto, y no solo por su presidente (Art. 18.2 del Estatuto de la Corte). 

Las declaraciones de García Sayán ante la prensa fueron inadecuadas.  Por una parte, es paradójico sostener que los documentos referidos a opiniones sobre cuestiones procesales de la Corte deban ser secretos.  Ello, por cuanto la Corte exige estándares muy altos de transparencia a los Estados, por lo que sería razonable que ella actúe sobre la base de los mismos principios que ella exige.  Por otra parte, es muy inadecuado hacer críticas personales a los jueces que, de buena fe, manifiestan no estar de acuerdo con el modo como se hace algo en la Corte IDH.  Ello desconoce que la realidad es compleja, y que pueden existir distintos puntos de vista legítimos sobre el modo como debe procederse.  La actitud de García Sayán llama especialmente la atención, por cuanto la Corte IDH suele hacer referencia a la importancia de la diversidad social y al respeto a las minorías.  Actitudes como las de García Sayán podrían sembrar dudas sobre la autoridad de algunos jueces de la Corte para exigir transparencia y tolerancia. 

Afortunadamente, tanto las nuevas declaraciones de los jueces Vio Grossi y Ventura, así como el comunicado de prensa emitido por la Corte, dan por finalizada esta controversia, haciendo un llamado a continuar con las labores propias de la Corte.  En este sentido, el comunicado de la Corte afirma que "[l]os jueces de la Corte Interamericana de manera unida, solidaria y entusiasta continuarán con todo su empeño contribuyendo a la buena marcha de la justicia interamericana y reiteran su compromiso inquebrantable con la tarea de proteger los derechos humanos, fundamental misión encomendada a este Tribunal por la Convención Americana de Derechos Humanos."

Nuevo caso sobre detenido desaparecido

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 17 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 123/14, mediante el cual informó que el 1 de septiembre presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.745, Rigoberto Tenorio Roca vs. Perú.

La CIDH sostiene en su comunicado lo siguiente:  “El caso se relaciona con la detención, traslado, tortura y posterior desaparición forzada de Rigoberto Tenorio Roca desde el 7 de julio de 1984 por parte de infantes de la Marina de Guerra en la Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho. Estos hechos tuvieron lugar en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno en Perú, en una zona y periodo en el cual el uso de la desaparición forzada contra personas percibidas como terroristas o colaboradoras del terrorismo, era sistemática y generalizada. Al día de hoy no se ha determinado el destino o paradero de Rigoberto Tenorio Roca y su desaparición forzada se encuentra en situación de impunidad.”

El comunicado de prensa también expone que la CIDH envió el caso a la Corte porque el Estado involucrado no habría cumplido con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo. 


Aborto, objeción de conciencia y salud: un debate global

Este anuncio fue elaborado por Carolina Dueñas Orozco.

El 27 de octubre, momento para el cual se estarán desarrollando las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se lanza en Washington D.C. una publicación en la que académicos expertos y activistas de diferentes partes del mundo discuten los estándares que sentó la Corte Constitucional Colombiana en una sentencia sobre objeción de conciencia frente al aborto. Con motivo del lanzamiento se realizará un panel con Tracy Robinson, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien hablará sobre el impacto de este debate para la región y para el Sistema Interamericano en temas como los derechos reproductivos y los derechos de la población LGBTI.

¿Qué pasa cuando un prestador de servicios de salud se niega a proveer servicios de salud sexual y reproductiva por motivos religiosos?, ¿qué límites deberían establecerse para aquellas personas que por razones morales se rehúsan a cumplir con las leyes que buscan proteger el derecho a la salud de las mujeres y su dignidad?

Estas cuestiones están en el centro del debate sobre objeción de conciencia que actualmente tiene lugar en diferentes países alrededor del mundo, como en Estados Unidos en donde el debate cobró vigencia a raíz de la decisión de la Corte Suprema en el caso Burwell v. Hobby Lobby; o en Uruguay en donde esta semana el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó suspender la aplicación de 11 artículos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hecho que permite a los médicos abstenerse de participar en cualquier actividad que contribuya a la terminación del embarazo, incluida, por ejemplo, la preparación del instrumental.

jueves, 16 de octubre de 2014

Dos nuevos casos contra Perú y uno contra Guatemala

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió tres comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:


Este asunto fue enviado a la Corte el 5 de agosto de 2014.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la afectación a la integridad personal de Valdemir Quispialaya Vilcapoma, como consecuencia de un golpe recibido el 23 de enero de 2001 por un Suboficial, en respuesta a los errores que habría cometido en el ejercicio de la práctica de tiro, mientras prestaba el servicio militar. El golpe fue propinado con la culata de un arma de fuego en la frente y ojo de la víctima, lo cual derivó en la pérdida de capacidad visual del ojo derecho. La Comisión concluyó en su informe de fondo que estos hechos responden al patrón de torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes que ocurrían al interior de las dependencias militares, identificado por la Defensoría del Pueblo del Perú, el cual tendría su origen en una arraigada y errónea interpretación de la disciplina militar. La Comisión también concluyó que el Estado no proveyó de recursos efectivos a la víctima y sus familiares, pues no se inició una investigación de oficio por las autoridades competentes; no se adoptaron las medidas pertinentes para salvaguardar el objeto y fin del proceso penal a pesar de que Valdemir Quispialaya Vilcapoma denunció reiteradamente la existencia de amenazas en su contra y en contra de otros testigos de los hechos; el proceso fue conocido por la jurisdicción militar durante casi 7 años; y el proceso ha tenido una duración irrazonable. En suma, la Comisión concluyó que los hechos se encuentran en situación de impunidad.”

martes, 14 de octubre de 2014

Presidencia de la Corte IDH mantiene medidas provisionales a favor de los internos de la UNIS en Brasil


Este reporte fue elaborado por Erick Acuña Pereda.

El 26 de septiembre de 2014 el Presidente de la Corte Interamericana emitió una resolución en el marco de las medidas provisionales en el asunto Unidad de Internación Socieducativa (UNIS) respecto de Brasil, las cuales fueron otorgadas el 25 de febrero de 2011.

La Presidencia consideró que no se desprendía la erradicación completa de la situación de riesgo de los beneficiarios de las medidas provisionales en virtud de la continuación de reportes sobre situaciones de agresión entre internos, de funcionarios en contra de internos, y del uso “abusivo” de esposas, agresiones, amenazas y encierros como forma de castigo a los socioeducandos. Asimismo, observó que el reporte remitido por el Estado, una vez contrastado con la información aportada por los representantes y la Comisión, no fue suficientemente convincente para demostrar que las medidas adoptadas hasta el momento hayan adquirido el carácter de permanentes y que hayan logrado eliminar la situación de riesgo contra los internos y las personas presentes en la Unidad (cons. 7).

En vista de ello, la Presidencia consideró necesario mantener las medidas provisionales, por lo que el Estado debe continuar realizando las gestiones pertinentes para que éstas se planifiquen e implementen con la participación de los representantes de los beneficiarios. La Presidencia destacó que resulta imprescindible garantizar el acceso de los representantes a la UNIS y la colaboración entre Estado y aquellos en la implementación de las presentes medidas provisionales, a fin de que éstas, por tratarse de niños y adolescentes en conflicto con la ley, se ajusten a la normativa internacional. Asimismo, en especial y ante la gravedad de los casos identificados y reportados por la Defensoría Pública de Espírito Santo, la Presidencia indicó que el Estado deberá presentar información detallada sobre todas las denuncias presentadas en el referido informe ocurridas en la UNIS, incluyendo las medidas adoptadas para investigar a los funcionarios personalmente identificados en el referido informe y para proteger los internos que los denunciaron (cons. 8).

Finalmente, la Presidencia resolvió:

-       Que el Estado continúe adoptando de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para erradicar las situaciones de riesgo y proteger la vida y la integridad personal, psíquica y moral de los niños y adolescentes privados de libertad en la Unidade de Internação Socioeducativa, así como de cualquier persona que se encuentre en dicho establecimiento. Se indicó que las presentes medidas provisionales tendrán vigencia hasta el 1º de julio de 2015.
-       Que el Estado realice las gestiones pertinentes para que las medidas de protección a la vida y a la integridad personal, incluyendo la atención médica y psicológica de los socioeducandos, se planifiquen e implementen con la participación de los representantes de los beneficiarios y que los mantenga informados sobre el avance en su ejecución.
-       Que el Estado continúe presentando información completa y pormenorizada sobre las actuaciones en su conjunto realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales decretadas, sobre la situación de riesgo de los beneficiarios, y las medidas de carácter permanente para garantizar la protección de los beneficiarios en dicha Unidad, cada tres meses, contados de la notificación de la presente Resolución.

Fuente de la fotografía.

lunes, 6 de octubre de 2014

Call for Papers, Fifty Years of International Law Scholarship, The Texas International Law Journal


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La revista Texas International Law Journal (“TILJ”) de la Universidad de Texas está por celebrar sus 50 años. Como parte de la celebración, ha decidido emitir un volumen especial de la revista. Los interesados pueden someter sus artículos académicos hasta el 1 de enero de 2015. La publicación está prevista para el otoño de 2015. Este es el call for papers:

The Texas International Law Journal will be celebrating its 50th year in 2015. As a part of this celebration, the Journal will be publishing a special 50th Anniversary Issue as part of Volume 50. This special issue will bridge the Journal’s storied history with its bright future. In addition to republishing a few seminal articles from its past, the Journal is seeking authors who are leaders in their respective fields of international law to comment on the most significant developments in international law over the past fifty years while also offering their perspective about the most significant developments or issues arising in the near future. Papers may address any topic in international or comparative law, but ideally we would receive a submission in each of the following areas to provide the broadest perspective: .Treaty Law .International Commercial Law .International Human Rights Law .International Criminal Law .Private International Law, Jurisdiction .Law of the Sea .International Legal Theory .Law of Armed Conflict

Special topics to consider:
Decolonization Fifty Years Later—The effects of colonization and its unwinding still reverberate around the world today, radically shaping legal institutions and defining nations’ and states’ views of the law in an international context. This topic would incorporate recent world events in the discussion.

International Justice and National Sovereignty—The international legal system imposes more regulations and guidelines than ever before. This topic examines the challenges confronted by constitutional governments, democracies, et al. with the increasing obligations imposed by international legal structures (e.g., the International Criminal Court, WTO, independent commercial arbitration agreements or treaties, etc.). If there is an article (8,000--20,000 words), or even a brief comment (4.000--7.000 words), that you would like to publish in our special 50thAnniversary issue, we invite you to send it to submissions@tilj.org for consideration. It will be an honor to publish one of your articles in our upcoming volume. All submissions must be original, unpublished works. TILJ accepts submissions electronically via ExpressO and by e-mail at submissions@tilj.org. For more information on TILJ submission and editorial policies please see www.tilj.org/submissions.
 
 
ABOUT THE TEXAS INTERNATIONAL LAW JOURNAL (TILJ)
Founded in 1965, the Texas International Law Journal is a student edited and managed legal journal comprised of students of the University of Texas at Austin School of Law. The Journal seeks to advance the study, practice, and awareness of international and comparative law. TILJ (ISSN: 0163-7479) is a 501 (c)(3) organization that publishes three issues of high quality secondary source material annually and hosts scholarly symposia as well as activities and online engagement committed to promoting international legal understanding and debate.