jueves, 14 de agosto de 2014

Corte IDH da la razón a Venezuela y archiva el caso Brewer Carías

Este reporte fue elaborado por Erick Acuña Pereda.

El 30 de junio de 2014 la Corte Interamericana hizo pública la Sentencia de Excepciones Preliminares del Caso Brewer Carías vs. Venezuela. Dicho caso fue presentado por la CIDH, la cual declaró la violación del derecho a las garantías judiciales en el proceso seguido al abogado constitucionalista Allan Brewer Carias por el delito de “conspiración para cambiar violentamente la Constitución”, en el contexto de los hechos ocurridos entre el 11 y el 13 de abril de 2002 en Venezuela.

En dicha sentencia la Corte -por mayoría de cuatro votos- acogió la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos presentada por el Estado y decidió archivar el caso. Los jueces Manuel Ventura Robles y Eduardo Ferrer Mac-Gregor emitieron un voto conjunto disidente en el cual discreparon con la decisión de la Corte de acoger la excepción preliminar.

I. Excepción Preliminar: Falta de agotamiento de recursos internos

La Corte consideró que el Estado presentó la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos en el momento procesal oportuno en el proceso ante la Comisión, basándose en el argumento de que la falta de agotamiento de recursos se constituía debido al hecho de que i) el proceso penal contra el señor Brewer Carías todavía no había terminado; y ii) que existían etapas en las que se podían discutir sobre las irregularidades alegadas y se disponía de recursos específicos  que podían ser presentados en el marco del proceso penal (párr. 81). 

lunes, 11 de agosto de 2014

Revista Estudios Constitucionales (Vol. 12(1), 2014)


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El último volumen de la revista Estudios Constitucionales (Vol. 12(1), 2014), del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, contiene los siguientes artículos relativos a la Corte IDH:

Laura Clérico y Celeste Novelli

El trabajo identifica y analiza los estándares que surgen de las producciones de la CIDH y de la Corte IDH respecto de: la definición de violencia contra las mujeres/de género; la calificación de los actos u omisiones que implican violaciones a los derechos humanos y como expresión de la desigualdad de poder; las obligaciones estatales y medidas reparatorias para erradicar la violencia de género. El análisis identifica avances en la incorporación de la perspectiva de género en las producciones del SIDH; sin embargo, asimismo devela que aun es restringida la concepción de violencia contra las mujeres aplicada por la Corte IDH al estar aun muy centrada en la violencia sexual y no ampliarse a otros aspectos; también alerta que el énfasis puesto en la medida reparatoria de acceso a la justicia opaca pensar en otras acciones adecuadas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Alfonso Ruiz Miguel y Alejandra Zuñiga Fujuri

Con la convicción de que las interpretaciones judiciales valen sobre todo por la fuerza de su autoridad más que por la autoridad de su fuerza –es decir, por la autoridad de sus argumentos y no solo por su mera fuerza jurídico-formal–, este artículo se adentra en la discusión sustantiva de las razones argumentadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Artavia Murillo para constatar que las mejores razones están, en todos los puntos disputados importantes, de parte de la sentencia. Ello permite concluir que el legislador chileno esta obligado a reformar tanto la ley de 1989 que prohíbe de manera absoluta cualquier forma de aborto, como la penalización indiscriminada de toda forma de aborto consentido por la mujer. Además, el Tribunal Constitucional debería considerar inconstitucional dicha ley garantizando, como pide la Corte Interamericana, los derechos fundamentales de las mujeres chilenas.

sábado, 2 de agosto de 2014

Revista del CLADH (Vol. 4, 2014)

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos publicó el último volumen de su Revista Internacional de Derechos Humanos (Vol. 4, 2014), que contiene los siguientes artículos relativos al Sistema Interamericano:
  
Treinta años de democracia argentina. La respuesta estatal frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar
Diego Jorge Lavado

Aspectos a considerar para un eficaz acceso a instancias internacionales de protección de derechos humanos
Marcelo Trucco

Importación, exportación y consentimiento regional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Gerald L. Neuman

Análisis ético jurídico del caso Fornerón e hija vs. Argentina, a la luz del derecho a la identidad biológica y al vínculo paterno filial y familiar adoptivo pleno
María Milagros Berti García y Fernando J. Nasazzi Ruano

El texto completo de la revista puede encontrarse aquí.

viernes, 1 de agosto de 2014

Libro Ius Constitutionale Commune en América Latina. Rasgos, Potencialidades y Desafíos

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó el libro Ius Constitutionale Commune en América Latina. Rasgos, Potencialidades y Desafíos (Armin von Bogdandy, Héctor Fix-Fierro, Mariela Morales Antoniazzi (eds.), México, 2014), cuya tabla de contenidos es la siguiente (cada capítulo tiene su propio link de acceso):



Nohlen, Dieter

CONSTRUCCIÓN DEL IUS CONSTITUTIONALE COMMUNE

Bogdandy, Armin von

Arango, Rodolfo

Salazar Ugarte, Pedro

Piovesan, Flávia

Libro sobre corrupción y derechos humanos

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CDH) publicó el libro “Corrupción y Derechos Humanos: una Mirada desde la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Esta es la presentación del libro elaborada por el propio CDH:

“Este libro tiene como fin colaborar en la formación de un acervo de herramientas que sirva para luchar contra la corrupción desde el enfoque de los derechos humanos. Tal objetivo se realiza a través de un estudio que expone y sistematiza los estándares desarrollados por la jurisprudencia de la Corte IDH sobre los vínculos entre derechos humanos y corrupción.

El libro se estructura en 5 capítulos. El primero está dedicado a establecer el marco conceptual de la investigación, centrándose en tres aspectos: la corrupción y los derechos humanos, cada uno por separado, y los vínculos entre ambos. El segundo capítulo desarrolla los estándares que pueden extraerse de la jurisprudencia de la Corte acerca de la corrupción como acto que vulnera derechos humanos. El tercero está enfocado en aclarar cuál es la relación entre corrupción estructural, discriminación estructural y derechos humanos, a través de la jurisprudencia de la Corte. El Cuarto pretende mostrar cómo las distintas modalidades de reparación que ha dictado la Corte pueden servir como medidas para luchar contra la corrupción. Finalmente, el quinto capítulo presenta una minuta que tiene como fin establecer los pasos necesarios para analizar un caso práctico en el que un acto de corrupción vulnera derechos humanos.

Esta publicación se inscribe en el marco de un progresivo esfuerzo a nivel mundial por visibilizar los vínculos entre corrupción y derechos humanos. En este contexto, este libro pretende ser un aporte en tal dirección dando cuenta de lo que ha avanzado la Corte en este sentido y lo que le queda por recorrer."

La obra completa está disponible aquí.

Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.


El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó un Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional (Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fabiola Martínez Ramírez y Giovanni A. Figueroa Mejía (eds.), México, 2014). 

Según la presentación de la obra, elaborada por Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de México, el diccionario representa el trabajo de 200 autores de 18 países latinoamericanos y europeos”. 

Esta obra colectiva está completamente disponible en línea. El tomo I se encuentra aquí y el tomo II aquí.

miércoles, 18 de junio de 2014

Sentencia en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Corte IDH dio a conocer su Sentencia de 30 de enero de 20014, dictada en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. El Tribunal declaró que el Estado era internacionalmente responsable por la violación del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, así como del derecho de circulación y residencia, respecto del impedimento de salida del país, en perjuicio del señor Alibux, ex Ministro de Finanzas y Recursos Naturales de Suriname. La Corte no encontró al Estado responsable de las violaciones al principio de legalidad y de retroactividad ni del derecho a la protección judicial. Este es el resumen oficial de la sentencia:

I. Hechos

El Tribunal constató que el señor Alibux ejerció los cargos de Ministro de Finanzas y Ministro de Recursos Naturales entre septiembre de 1996 y agosto de 2000. Fue procesado con motivo de la compra de un inmueble realizada entre junio y julio de 2000. El 18 de octubre de 2001 se adoptó la Ley sobre Acusación de Funcionarios con Cargos Políticos (en adelante “LAFCP”), con el propósito de regular el artículo 140 de la Constitución de Suriname, a fin de “establecer las reglas para procesar a quienes hayan ejercido cargos en la administración pública, incluso con posterioridad a su retiro, por actos delictivos que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones”. Si bien existieron investigaciones preliminares a cargo de la Policía, entre abril y septiembre de 2001, fue hasta el 28 de enero de 2002 que el Procurador inició el proceso penal de manera formal contra el señor Alibux, una vez que la LAFCP se encontraba vigente. El señor Alibux fue sometido a un procedimiento ante la Asamblea Nacional y una investigación preliminar. Posteriormente, el señor Alibux fue juzgado en única instancia por tres jueces de la Alta Corte de Justicia y sentenciado el 5 de noviembre de 2003 por el delito de falsificación de acuerdo con el artículo 278, en relación con los artículos 46, 47 y 72 del Código Penal, y condenado a un año de detención y tres años de inhabilitación para ejercer el cargo de Ministro. A la fecha de la condena, el régimen jurídico no proveía ningún recurso impugnatorio contra la sentencia condenatoria. El 27 de agosto de 2007 fue establecido el denominado “recurso de apelación”, mediante una reforma a la LAFCP, a fin de que las personas acusadas con base en el artículo 140 de la Constitución fueran juzgadas en primera instancia por tres jueces de la Alta Corte de Justicia, y en el supuesto que interpusieran el recurso de apelación, fueran juzgadas por entre cinco y nueve jueces del mismo órgano. Asimismo, dicha reforma estableció un plazo de 3 meses para que todas las personas que habían sido condenadas con anterioridad a la misma, pudieran apelar sus sentencias. No obstante, el señor Alibux no utilizó dicho recurso. Por otra parte, el artículo 144 de la Constitución dispone la creación de una Corte Constitucional. Sin embargo, la misma no había sido establecida hasta la fecha del presente fallo. Adicionalmente, el 3 de enero de 2003, mientras se llevaba a cabo el proceso penal contra el señor Alibux, se le impidió la salida del país en el aeropuerto de Paramaribo, cuando pretendía viajar por cuestiones personales.

miércoles, 11 de junio de 2014

Manual sobre derechos humanos y políticas públicas


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Red de Derechos Humanos y Educación Superior (DHES) publicó un manual titulado “Derechos Humanos y Políticas Públicas” (Laurence Burgorgue-Larsen, Antonio Maués, Beatriz Eugenia Sánchez Mojica (eds.), 2014), cuyo índice es el siguiente:

Prólogo
Antonio Maués y Beatriz Eugenia Sánchez

El gobierno de los derechos humanos en la era neoliberal
Jean-François Y. Deluchey

El enfoque basado en derechos. ¿Qué es y cómo se aplica a las políticas públicas?
Carlos Alza Barco

Indicadores de derechos humanos: Contexto y desafíos en América Latina
René Urueña

Midiendo lo difuso: Indicadores cuantitativos del cumplimiento de las obligaciones positivas derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Nicolás Montoya Céspedes

La vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Esbozo de una tipología
Rosmerlin Estupiñan-Silva

Las migraciones como objeto de interés de las políticas públicas: Un enfoque de derechos humanos
Itziar Fernández Gómez

Fragmentación en el Derecho Internacional


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La revista Nordic Journal of Human Rights (Vol. 32, No. 2, 2014) publicó un número especial dedicado al tema de la fragmentación del derecho internacional, el cual contiene los siguientes artículos de interés:

Lucas Lixinski

This article compares the application of the right to private and family life across different human rights jurisdictions. It chooses instances of “convergence” (that is, situations that fall under the purview of this right for all jurisdictions) and of “divergence” (situations that fall under the right for some jurisdictions, but under a different right in others). Through this exercise, the article demonstrates how the similarity in the language of the relevant treaties influences treaty application for the “easy” cases, but how, when faced with a “hard” case, a human rights jurisdiction is more likely to follow its own path, which is often more attuned to the legal sensitivities around the implementing body. Therefore, while at the same time institutional fragmentation is avoided in the instances of convergence, the hegemonic tendencies of international human rights law as a European project are also skirted, as seen in the “divergence” cases.

Marjan Ajevski

In its report on the fragmentation in international law, the ILC decided not to deal with the issue of institutional fragmentation – the fragmentation of international law brought on by the existence of different institutions dealing with norms that are “normatively equivalent”. This is a study of institutional fragmentation within human rights law; specifically it is an attempt to gauge the extent of fragmentation through the case-law of three courts, the Inter-American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee, focusing on freedom of speech as related to journalists. It compares the texts, scope, tests and justifications of the three human rights conventions and concludes that, at least in this narrow field, the fear of fragmentation is unwarranted, with a large caveat which pertains to the doctrine of the margin of appreciation as practiced by the ECtHR and its “slipperiness”.

La responsabilidad internacional de los Estados derivada de la conducta de particulares


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

Santiago J. Vázquez Camacho, jurista mexicano y antiguo colaborador de este blog, publicó un texto titulado “La responsabilidad internacional de los Estados derivada de la conducta de particulares o non-state actors conforme al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos” (México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2013). El texto completo se encuentra aquí. A continuación un extracto de la introducción de la obra:

“El presente trabajo tiene el objetivo de hacer un repaso muy general sobre algunos casos resueltos dentro del Sistema Interamericano en los que los Estados fueron responsabilizados internacionalmente por violaciones a derechos humanos causadas, en última instancia, por non-State actors. Asimismo, este trabajo hace un breve recorrido sobre el debate actual acerca de la posibilidad de responsabilizar internacionalmente a una clase de non-State actors por violaciones a derechos humanos: las empresas”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México también ha publicado otros textos sobre diversos temas relativos al Sistema Interamericano. Acá la lista de publicaciones.

martes, 10 de junio de 2014

Corte otorga medidas provisionales al defensor de derechos humanos Danilo Rueda


Danilo Rueda
Este reporte fue elaborado por Fidel Gómez

El 2 de mayo de 2014, el Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Resolución de medidas provisionales urgentes de conformidad con los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 27 y 31.2 del Reglamento del Tribunal, con el fin de proteger la vida e integridad personal del defensor de derechos humanos Danilo Rueda. Las medidas provisionales urgentes fueron ratificadas por la Corte mediante Resolución de 28 de mayo de 2014.

Solicitud de las medidas provisionales urgentes

El 23 de abril de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una solicitud de medidas provisionales urgentes con el propósito de que se requiera a Colombia “proteger la vida e integridad personal del defensor de derechos humanos Danilo Rueda”, integrante y Director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en razón de diversos sucesos que habrían acontecido.

Antecedentes de la situación de riesgo de Danilo Rueda

El señor Danilo Rueda “es defensor de derechos humanos, miembro fundador de la CIJP [Comisión Intereclesial de Justicia y Paz], y hace parte del ‘Movimiento de colombianos y colombianas por la Paz’ […]. Desde el año 2002 la Comisión ha recibido información “sobre una serie de agresiones y hostigamientos en contra de los miembros de la CIJP[,] los cuales se han prolongado hasta la actualidad”. En vista de esta situación, el 8 de septiembre de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los integrantes de dicha organización. De los diversos informes presentados en el marco de la medida cautelar vigente “resulta[ría] claramente una situación de riesgo continuo y permanente en perjuicio de la CIJP, con la especial individualización del señor Danilo Rueda”, quien dado su rol en la organización “ha tenido especial visibilidad tanto en foros nacionales como internacionales” (cons. 2.a y b).

Situación de riesgo actual

Danilo Rueda habría sufrido nuevas amenazas y seguimientos con base en los cuales la CIJP solicitó a la Comisión Interamericana que elevara una solicitud de medidas provisionales a su favor. Dentro de esta información se encuentra la continuidad de hostigamientos contra diversos miembros de la CIJP, con especial incidencia e incremento de las amenazas sobre Danilo Rueda (cons. 2.d).

Corte rechaza medida provisional en caso Artavia

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Corte hizo pública su decisión de 31 de marzo de 2014, sobre medidas provisionales solicitadas en el caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica, ya resuelto En su momento este blog informó acerca de la sentencia del referido caso.  En la actualidad este caso se encuentra en estado de supervisión de cumplimiento de sentencia.

La presente resolución responde a un escrito presentado el 19 de marzo por Huberth May Cantillano, representante de algunas de las víctimas, quien alegó el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares “en fase de ejecución de sentencia”.  También solicitó que se convocara a una audiencia de las partes para analizar el estado de incumplimiento de la sentencia y las causas de dicho estado.  Las medida cautelar solicitada sería una “orden directa dirigida al Ministerio de Salud” para que permita a las clínicas particulares “brindar, bajo su supervisión, el servicio de la FIV”, y que se ordene a la Caja Costarricense del Seguro Social que, según determinados criterios, otorgue el servicio en un plazo improrrogable de seis meses.  El referido representante habría realizado esta solicitud porque, no obstante lo dispuesto en la sentencia del caso Artavia, la prohibición de la FIV se encontraría vigente.

La Corte notó que la solicitud de medidas provisionales busca beneficiar a un conjunto indeterminado de personas que no son víctimas del caso, pero que estarían siendo afectadas por la falta de implementación del fallo del caso Artavia.  La Corte también observó que las medidas solicitadas por el representante están estrechamente vinculadas con las “garantías de no repetición” ordenadas en la sentencia del caso Artavia (“dejar sin efecto la prohibición de la FIV, regular su implementación, establecer sistemas de inspección y poner el tratamiento gradualmente a disposición a través del sistema de salud público”).  La Corte también recordó que ella ha desestimado solicitudes de medidas provisionales “que implicaban la valoración de información relacionada con el cumplimiento de medidas de reparación ordenadas en la Sentencia y consideró que esa información debía ser evaluada en el marco de la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.”  Después de hacerlo, consideró que la solicitud presentada por May Cantillano se refiere a cuestiones que deben ser analizadas dentro de la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, por lo que consideró improcedente la adopción de las medidas solicitadas en este caso.  Sin perjuicio de ello, recordó al Estado las obligaciones generales de cumplimiento de buena fe de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

lunes, 9 de junio de 2014

Corte adopta medidas provisionales a fin de proteger a las personas del centro penitenciario “Complejo de Curado” en Brasil


Este reporte fue elaborado por Erick Acuña Pereda.

El 22 de mayo de 2014 la Corte Interamericana emitió una resolución en la cual adoptó medidas provisionales a favor de las personas privadas de libertad del centro penitenciario “Complejo de Curado”, así como de agentes penitenciarios, funcionarios y visitantes que se encuentren en dicho centro. El complejo era objeto de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana desde el 4 de agosto de 2011.

La Corte observó que desde el 2011 hasta los primeros meses de 2014 se habrían producido en el centro penitenciario diversos hechos de violencia, tales como motines, agresiones entre internos y de parte de funcionarios en contra de internos, amenazas de muerte, asesinatos, incluso reconocidos por el Estado, presuntos actos de tortura y malos tratos, y enfermedades contagiosas sin atención adecuada de salud. Agregó que persistiría la situación de hacinamiento en dicho centro (cons. 10).

La Corte consideró que las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha no parecían ser suficientes para proteger la vida e integridad física de los internos en el Complejo de Curado (cons. 14).

Respecto de la recurrente violencia intra-carcelaria y la presencia de armas dentro del establecimiento, la Corte sostuvo que el Estado debe asegurarse que las medidas de seguridad adoptadas en los centros penales incluyan el entrenamiento adecuado del personal penitenciario que presta la seguridad en el penal y la efectividad de dichos mecanismos para prevenir la violencia intra-carcelaria, tales como la posibilidad de reaccionar ante hechos de violencia o de emergencia al interior de los pabellones (cons. 16).

martes, 27 de mayo de 2014

Anuario Colombiano de Derecho Internacional 2014

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En el Anuario Colombiano de Derecho Internacional (2014) se publicaron los siguientes artículos de interés:
  
Límites a la exoneración de responsabilidad en el derecho internacional: la selección y priorización de casos en la jurisdicción nacional
Sebastián Machado Ramírez

Resumen: Mucho se ha discutido sobre las herramientas jurídicas con las cuales cuenta un Estado para asumir un proceso de justicia transicional. Tradicionalmente, la literatura ha estado discutiendo el contenido de los estándares de verdad, justicia y reparación. No obstante, se le ha dedicado muy poca atención a las fuentes normativas que pueden limitar o permitir la exoneración parcial de responsabilidad en los procesos de justicia transicional. Esta exoneración puede ser parte de una política de selección y priorización de casos, lo cual puede estar vinculado a la concesión de amnistías o indultos parciales. El objetivo de este artículo es estudiar tres marcos regulatorios del derecho internacional: 1) el derecho internacional de los derechos humanos; 2) el derecho internacional humanitario; y 3) el derecho penal internacional. Un estudio cuidadoso demuestra que ningún instrumento internacional requiere que un Estado investigue o juzgue la totalidad de los casos relacionados con el conflicto. A grandes rasgos, el derecho internacional impide que se promulguen amnistías absolutas, pero permite que el Estado seleccione y priorice casos, sin castigar la exoneración parcial de responsabilidad de un grupo de involucrados. 

sábado, 24 de mayo de 2014

Libro: El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En los “Cuadernos Deusto de Derechos Humanos” (No. 76) se publicó el texto El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Derecho Internacional (Bilbao: Universidad de Deusto, 2014), escrito por mi colega del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Gante, Amelia Alva Arévalo. Esta es la reseña de la obra y su tabla de contenidos:
Este estudio tiene por objeto presentar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas bajo un análisis crítico de su desarrollo en el derecho internacional, poniendo énfasis en los procesos consultivos en actividades extractivas. Para lograr este objetivo, el estudio se ha dividido en cinco partes, en las cuales se analiza el fundamento del derecho a la consulta, su marco jurídico internacional, sus aspectos más elementales (como su aplicación personal, temporal o material); su relación con el derecho al consentimiento, así como los pronunciamientos de los sistemas regionales de derechos humanos (americano y africano) relacionados a este derecho.

    Introducción
  1. Fundamentacion del derecho a la consulta previa
     1.1. Reconocimiento de la naturaleza colectiva de los Derechos Humanos
      1.2. El Reconocimiento de la capacidad jurídica a los pueblos indígenas y la conformación de una ciudadanía multicultural
1.3. Los pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación
2. Marco jurídico internacional del derecho a la consulta previa
2.1. Los Convenios de la OIT (Nos. 107 y 169)
2.2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración)
2.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
2.4. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD)
2.5. Normas sobre derechos humanos aplicables a la región americana
2.6. La consulta previa en el Sistema Africano de Derechos Humanos
3. Aspectos fundamentales sobre el derecho a la consulta previa
3.1. Aplicación personal
3.2. Alcance material
3.2.1. Sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente
3.2.2. Realización de actividades extractivas
3.2.3. Traslado de territorios indígenas
3.2.4. Militarización de territorios indígenas
3.3. Forma de aplicación
3.3.1. Carácter previo de la consulta
3.3.2. Información como parte de la consulta
3.3.3. Actuación de buena fe entre las partes
3.3.4. Implementación de procedimientos apropiados
3.3.5. Participación de las instituciones representativas indígenas
3.3.6. Su finalidad debe ser lograr un acuerdo o el consentimiento de los pueblos indígenas
3.3.7. La consulta previa como un proceso de diálogo fomenta el cumplimiento de los acuerdos
3.4. Obligatoriedad de la consulta previa
3.4.1. El deber de consultar dimana de la obligación de los Estados de cumplir con los tratados
3.5. Entidades relacionadas al proceso de consulta previa
3.5.1. El rol de las empresas en la celebración de consultas
3.5.2. El rol de los organismos financieros sobre la celebración de consultas
4. Consulta o consentimiento: ¿existe un tránsito de la consulta al consentimiento?
5. El derecho a la consulta previa en los sistemas regionales de derechos humanos
5.1. La consulta previa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
5.1.1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
5.1.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
5.2. La consulta previa en el Sistema Africano de Derechos Humanos

Apreciaciones finales