martes, 24 de marzo de 2015

Algo más que una cuestión técnica: sobre la declaración de nulidad de normas internas por la Corte Interamericana


Este post fue elaborado por nuestro bloguero invitado Asier Garrido Muñoz, Letrado de la Corte Internacional de Justicia.


El extenso e intenso debate sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de leyes de amnistía adquirió, después de la sentencia Gelmán c. Uruguay, un cariz específico al condenarse al Estado demandado por una ley de caducidad apoyada mediante refrendo popular. Son muchos los ríos de tinta que han corrido en relación con la autoridad de un Tribunal Internacional para cuestionar una norma que, si bien impide la persecución y sanción de crímenes tan graves como los habidos durante la dictadura uruguaya, ha recibido el respaldo de la voluntad de un pueblo que se ha expresado de manera democrática. Por ejemplo, este fue uno de los grandes puntos de debate durante unas recientes jornadas celebradas los días 2, 3 y 4 de febrero en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, en conmemoración del 35 aniversario de la Corte (por cierto, enormemente interesantes y magníficamente organizadas).

Ahora bien, dentro del contexto concreto de este debate sobre la autoridad de la Corte para adoptar decisiones semejantes, hay un detalle que a mi conocimiento ha recibido una atención menor, quizás debido a su apariencia aparentemente técnico-jurídica, pero que revista una importancia primordial para la correcta calibración de sus implicaciones democráticas. Me refiero en concreto al hecho de que la jurisprudencia de la Corte declara sistemáticamente nulas las leyes de amnistía en cuanto que “carecen de efectos jurídicos”. Se trata, otra vez a mi conocimiento, de una conclusión inédita en la jurisprudencia de cualquier tribunal internacional (al menos si dejamos al margen de la jurisprudencia Simmenthal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, posteriormente abandonada en el asunto IN.CO.GE) que asume una relación claramente jerarquizada y radicalmente monista entre el sistema interamericano y los ordenamientos de los Estados del sistema, y que no se corresponde con la actitud mucho más dialogante y pluralista de la Corte en otros ámbitos de su competencia.

Sobra explicar aquí la teoría kelseniana sobre la grundnorm como fuente de validez de las normas del sistema. Válganos sugerir que la audaz jurisprudencia de la Corte en la materia parece optar por esta vía “clásica” de concepción de relaciones entre ordenamientos internos y el ordenamiento internacional. Pero lo que realmente me interesa resaltar en este post es que, al declarar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848) carece de efectos jurídicos (par. 232), la controvertida sentencia Gelmán pretende privar al ordenamiento jurídico uruguayo de la posibilidad de determinar las condiciones en las que se relaciona con el sistema interamericano en esta materia. En otras palabras, la citada decisión asume que, al adherirse al Pacto de San José, Uruguay ha atribuido a la Corte la competencia (irrevocable hasta que no se retire del mismo) para determinar cuándo una norma jurídica interna despliega efectos jurídicos. Y el criterio que se sigue para ello es de la gravedad de la violación originada por una norma que priva al individuo de derechos esenciales para la protección de la dignidad del individuo.

Las implicaciones de esta afirmación se entienden mejor si imaginamos por un momento que la Corte se hubiera limitado a declarar la ilegalidad de la ley uruguaya a la luz de la Convención Americana. Con una tal conclusión la Corte, siendo fiel a su jurisprudencia previa, no habría sin embargo borrado la delgada línea que separa el Derecho internacional del derecho interno, pues habría permanecido dentro de los márgenes conocidos de los límites a la competencia de los tribunales internacionales en tanto que órganos de Derecho internacional (y ello lo afirmamos sin querer adentrarnos en la discusión sobre la naturaleza internacional o constitucional de la Corte y otros tribunales análogos).

Desde una perspectiva pluralista de las relaciones entre ordenamientos -que es la que suscribe este autor- esta conclusión de la Corte menoscaba la autoridad de su jurisprudencia en materia de amnistías al atribuirse un nivel de legitimación del que carece. La autoridad de la Corte no procede únicamente de los fines que persigue el sistema en el que opera, ni tampoco, en una visión formalista, del acto inicial de atribución de competencias por parte de los Estados parte. Por el contrario, una concepción más sustancial de la legitimidad implica la necesidad de articular unas relaciones dialécticas con otros tribunales nacionales e internacionales, en un contexto en el que además el control democrático del nombramiento de los jueces de la Corte es más bien escaso (véase Von Bogdandy y Venzke, aquí).

Es decir, que ninguno de los actores judiciales relevantes puede disponer de la última palabra en dicho proceso pluralista-deliberativo. Al contrario, en cada uno de los niveles el órgano judicial superior debe disponer de la facultad de proteger los valores esenciales del sistema democrático al que pertenece, como tantos tribunales constitucionales nacionales han declarado respecto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, es esta facultad la que se vio menoscabada muy seriamente por la sentencia Gelmán, que ataca al núcleo duro de la interconexión entre ordenamientos jurídicos (la norma de recepción) para subordinarlos al sistema interamericano.

Artículo sobre la revisión inicial de peticiones ante la Comisión IDH

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga

En el último volumen de la Revista de Derecho (PUCV) (Vol. 43, 2014, pp. 609-639) se publicó el artículo llamado “La Revisión Inicial de Peticiones ante la Comisión Interamericana y la Subsidiariedad del Sistema de Derechos Humanos”, escrito por Álvaro Paúl, colaborador de este blog.  Éste es el resumen del artículo:

“Este trabajo analiza la revisión inicial de peticiones ante la Comisión Interamericana de DD.HH., y plantea la necesidad de que se otorgue una mayor consideración al principio de subsidiariedad en dicho procedimiento. Ello, porque hacerlo podría disminuir el gran atraso procesal que padece la Comisión en su revisión inicial de peticiones. Atendido que no existe literatura que describa en detalle este procedimiento, el trabajo comienza por hacerlo. Luego, lo compara con el trámite análogo que se sigue ante el Tribunal Europeo de DD.HH. Por último, aconseja reevaluar el modo como se aplican dos concreciones del principio de subsidiariedad: el rechazo de las peticiones que busquen usar a la Comisión como “cuarta instancia”, y el de aquellas que no den señas de haber agotado los recursos internos.”.

Artículo sobre el control de convencionalidad


Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En la última edición de la revista Texas International Law Journal (Vol. 50, No. 1, 2015, pp. 45-93), Ariel E. Dulitzky publicó el artículo “An Inter-American Constitutional Court? The Invention of the Conventionality Control by the Inter-American Court of Human Rights”. A continuación, un extracto de la introducción del artículo:

“First this Article will discuss how the theory of conventionality control partly modifies the theoretical paradigm on which the inter-American system of human rights rests. Traditionally, the inter-American human rights system was conceived of as being subsidiary and complementary to the national legal order. The conventionality control, however, does not act in a complementary or subsidiary manner, but places the American Convention and its inter-American judicial interpreter, the Court, at the top of the legal order. The Convention is no longer a subsidiary treaty but an integral, fundamental, and hierarchically superior norm of the national domestic legal system. In this way, the Court is developing a new principle, which I will refer to as the integration principle. This principle comes to complement, not to replace the traditional principle of subsidiarity. This transformation occurred, this Article argues, despite the lack of clear textual support in the Convention.

Then, this Article delves into some of the consequences of this new approach. It explains that the conventionality control, by demanding that national judges apply the American Convention over domestic legislation as interpreted by the Court, positions the Inter-American Court as a kind of inter-American constitutional court. The conventionality control also changes the role of domestic judges by requiring them to be the guardians of the supremacy of the Convention as interpreted by the Court. Additionally, the Court may be requiring Latin American tribunals to exercise a judicial review that they are prevented from doing under their own Constitutions. Rather than having a single Inter-American Court as the treaty’s interpreter, this Article speculates about the consequences of having thousands of Latin American courts and tribunals, as required by the conventionality control, each interpreting the American Convention. This Article then presents some questions on the proper balance between national and inter-American judges. In sum, I argue that the conventionality control is one of the tools the Court uses to define its own identity and role in the hemisphere and to continue the move to a more judicialized approach to human rights protection. Nevertheless, this Article argues that the Court’s approach to conventionality control is unidirectional as it does not properly embraces domestic judges in this enterprise.”

lunes, 23 de marzo de 2015

Tres nuevos casos ante la Corte IDH

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió tres comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana. Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 016/15 (24.02.15), Caso N°. 12.693 María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón con respecto a Bolivia. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 8 de enero de 2015.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el marco de tres de los seis procesos penales seguidos contra Lupe Andrade. Estos tuvieron lugar por presuntos malos manejos de recursos económicos públicos durante el tiempo que ejerció los cargos de Consejala, Presidenta del Consejo Municipal y Alcaldesa Municipal de La Paz. Específicamente, por su detención ilegal y arbitraria en el contexto de dos de esos procesos, la Comisión consideró que se violó el derecho de Lupe Andrade a acceder a un recurso sencillo y eficaz a fin de cuestionar una de las medidas de prisión preventiva en su contra. La CIDH llegó a esta conclusión en virtud de que el hábeas corpus presentado por ella se ejecutó cinco meses después de ser resuelto y tras un proceso sumamente complejo. Asimismo, la CIDH analizó las resoluciones sobre las medidas cautelares que fijaron las fianzas y estimó que las autoridades judiciales no decidieron de manera individualizada los montos asignados, ni tomaron en cuenta los medios económicos de Lupe Andrade. En ese sentido, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad personal y el derecho a la propiedad privada.

“Adicionalmente, la Comisión consideró que la medida de arraigo impuesta a Lupe Andrade, que la mantiene impedida de salir del país desde hace más de diez años, no cumplió con los estándares interamericanos sobre las restricciones en el ejercicio de los derechos. En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado violó su derecho a la libre circulación. Finalmente, la Comisión consideró que tres procesos penales no tuvieron una duración razonable debido a que las autoridades judiciales actuaron deficientemente y no realizaron actos procesales significativos para determinar la situación jurídica de Lupe Andrade.”


2.  Comunicado 018/14 (26.02.15), Caso N°. 11.442 Luis Jorge Valencia Hinojosa con respecto a Ecuador. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 19 de enero de 2015.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la muerte del policía Luis Valencia, quien falleció cuando estaba siendo perseguido por agentes policiales en el marco de un operativo. La Comisión Interamericana concluyó que la investigación penal incumplió con las obligaciones estatales en materia de esclarecimiento y justicia. Básicamente, la investigación no [habría sido] realizada en un plazo razonable y el uso de la justicia penal policial [habría constituido] un desconocimiento al derecho a un juez independiente a imparcial. Asimismo, la investigación no [habría sido] llevada a cabo con la debida diligencia, a pesar de los indicios que indicaban que los responsables de la muerte habían sido los agentes policiales que condujeron el operativo. En particular, la Comisión consideró que el Estado no tomó las medidas suficientes para esclarecer si se trató de un suicidio o de una ejecución extrajudicial.”

La Comisión “determinó que la muerte de Luis Valencia era atribuible al Estado tras entender que la investigación llevada a cabo era incompatible con la Convención Americana y que no hubo una respuesta estatal que explicara lo sucedido. Particularmente, la Comisión consideró que por la falta de regulación, planificación y control, existía un ambiente propicio para que se haga uso indebido y excesivo de la fuerza. Además, la Comisión concluyó que los agentes ejercieron la fuerza letal de forma innecesaria y desproporcionada por no contar con un marco normativo sobre el uso de la fuerza en operativos policiales.

“La Comisión Interamericana indicó que los elementos de prueba disponibles analizados constituyeron indicios para considerar que el resultado mortal del operativo pudo deberse a un disparo efectuado por uno de los funcionarios policiales. Por otro lado, la CIDH encontró que, aún en la hipótesis de suicidio, el uso deliberado de la fuerza letal para ‘amedrentar’ a Luis Valencia, pudo ocasionarle temor y miedo, determinantes para tomar la eventual decisión de terminar con su vida. En consecuencia, la Comisión determinó que, en cualquiera de los dos supuestos, la actuación de los agentes estatales fue incompatible con las obligaciones derivadas del derecho a la vida.

“En el Informe de Admisibilidad y Fondo sobre el caso, la CIDH concluyó que había sido violado el derecho a la vida de Luis Valencia y los derechos a las garantías y protección judicial y a la integridad personal de Patricia Alexandra Trujillo Esparza.”


3.  Comunicado 020/15 (02.03.15), Caso N°. 12.617 Luis Williams Pollo Rivera con respecto a Perú.

Este asunto fue enviado a la Corte el 8 de febrero de 2015.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con una serie de violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Luis Pollo durante el tiempo que estuvo bajo custodia del Estado, desde el 4 de noviembre de 1992, por el delito de terrorismo. Específicamente, la Comisión concluyó que la detención fue ilegal y arbitraria, por no cumplir con la obligación de informar el detalle de los motivos de la misma y realizarla sin control judicial. Asimismo, la CIDH encontró que las detenciones preventivas dispuestas también fueron arbitrarias por no estar basadas en fines procesales, a la vez que consideró que se perpetró una injerencia arbitraria en el domicilio, dado que los hechos tuvieron lugar en el marco de un allanamiento. Además, la Comisión consideró que, en el marco normativo aplicable, Luis Pollo estuvo impedido de presentar recurso de habeas corpus. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana calificó como actos de tortura las agresiones sufridas al momento de la detención y las recibidas en las instalaciones de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE). Asimismo, las condiciones de detención fueron violatorias del derecho a la integridad personal. Actualmente la totalidad de estos hechos permanecen en situación de impunidad.

“Por otra parte, la Comisión concluyó que el proceso penal llevado a cabo por el delito de traición a la patria y los dos procesos por el delito de terrorismo, fueron violatorios de múltiples garantías al debido proceso. Básicamente, no [habrían sido] garantizados el derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho de defensa, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la publicidad del proceso. Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado violó el principio de legalidad al haber procesado y condenado a Luis Pollo por prestar asistencia médica. Por último, la CIDH encontró que el Estado violó el derecho a ser oído en un plazo razonable tras el pedido de indulto humanitario efectuado por Luis Pollo.

“En su Informe de Fondo sobre el caso, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Perú es responsable por la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, garantías judiciales, legalidad y no retroactividad, protección a la honra y dignidad y a la vida privada y familiar, y protección judicial de Luis Pollo. Asimismo, la Comisión indicó que el Estado es responsable por la violación de las obligaciones de Prevenir y Sancionar la Tortura. Finalmente, la Comisión consideró al Estado responsable por la violación al derecho a la integridad personal de los familiares de la víctima.”

viernes, 20 de marzo de 2015

Libro: "The Human Right to Water"



Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

Jimena Murillo Chavarro, investigadora de la Universidad de Gante (Bélgica), publicó el libro “The Human Right to Water. A Legal Comparative Perspective at the International, Regional and Domestic Level” (Intersentia, 2015, 382 p.), en el que, entre otros temas, analiza los estándares del Sistema Interamericano. Esta es la presentación de la obra:

“This book summarises the history of the human right to water and examines its main content and the obligations that derive from this right. The main purpose of the recognition of the human right to water is to guarantee to everyone access to sufficient, safe and affordable drinking water to satisfy personal and domestic uses. This book discusses whether the human right to water is recognised as a derivative right or as an independent right at three levels – at universal, regional and domestic – where human rights are recognised and enforced. At the domestic level a case study approach has been used with focus on Argentina, Bolivia, Chile and Colombia. Freshwater resources are not static; they are constantly flowing and crossing international boundaries. This situation and the relative scarcity of water resources have a direct impact on a state’s capacity to realise the human right to water. The human right to water is examined in a transboundary water context, where the use and management of an international watercourse in one riparian state can directly or indirectly affect the human right to water in another riparian state. For this reason, this book analyses whether the core principles of international water law can be used to contribute to the realisation of the extraterritorial application of the right to water.”
 
La tabla de contenidos del libro se la puede obtener aquí.