viernes, 4 de abril de 2014

Corte emite resolución sobre medidas provisionales de la Unidad de Internación Socieducativa en Brasil

Este reporte fue elaborado por Erick Acuña Pereda.

El 29 de enero de 2014 la Corte Interamericana emitió una resolución en el marco de las medidas provisionales en el asunto Unidad de Internación Socieducativa (UNIS) vs. Brasil, las cuales fueron otorgadas el 25 de febrero de 2011.

La Corte consideró que, de la información actualizada presentada por el Estado y los representantes, no se evidenció la erradicación de la situación de riesgo de los beneficiarios de las medidas provisionales en virtud de la continuación de reportes sobre situaciones de agresión entre internos, de funcionarios en contra de internos, y del uso “abusivo” de esposas como forma de castigo a los socioeducandos, entre otros (cons. 2).

Indicó que el reporte remitido por el Estado, una vez contrastado con la información aportada por los representantes, no fue suficientemente convincente para demostrar que las medidas adoptadas hasta el momento hayan adquirido el carácter de permanentes y que hayan logrado eliminar la situación de riesgo contra los internos (cons. 2).

En ese sentido, la Corte consideró necesario mantener las presentes medidas provisionales, por lo que indicó que el Estado debe continuar realizando las gestiones pertinentes para que éstas se planifiquen e implementen con la participación de los representantes de los beneficiarios. Asimismo, la Corte destacó que resulta imprescindible garantizar el acceso de los representantes a la UNIS y la colaboración entre Estado y aquellos en la implementación de las presentes medidas provisionales (cons. 3).

Finalmente, la Corte resolvió:

-          Que el Estado continúe adoptando de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para erradicar las situaciones de riesgo y proteger la vida y la integridad personal, psíquica y moral de los niños y adolescentes privados de libertad en la UNIS, así como de cualquier persona que se encuentre en dicho establecimiento. La Corte indicó que las presentes medidas provisionales tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de 2014.

-          Que el Estado realice las gestiones pertinentes para que las medidas de protección a la vida y a la integridad personal, incluyendo la atención médica y psicológica de los socioeducandos, se planifiquen e implementen con la participación de los representantes de los beneficiarios y que los mantenga informados sobre el avance en su ejecución.


viernes, 21 de marzo de 2014

Revista Interamericana y Europea de Derechos Humanos (Vol. 6, 2013)

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El último volumen de la Revista Interamericana y Europea de Derechos Humanos – Inter-American and European Human Rights Journal (Vol. 6, 2013) ya se encuentra disponible. Esta es la tabla de contenidos:

F. Mendez Powell

Abstract: The auction system is the one preferred for the assignment of spectrum access rights by those who prioritize economic efficiency. However, commentators who are primarily concerned with freedom of expression or human rights in general tend to be mor

E. Webster

Abstract: This article critically reviews the jurisprudence of the European Court of Human Rights (‘the Court’) in cases of expulsion of non-nationals receiving medical care for a serious health condition, based upon Article 3 of the European Convention on H

miércoles, 19 de marzo de 2014

Supervisión de cumplimiento de la sentencia en el caso Castillo Páez vs. Perú

Este reporte fue elaborado por Claudia Josi.

Mediante su resolución de 26 de noviembre de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el estado de cumplimiento de la sentencia de fondo dictada por la Corte IDH el 3 de noviembre de 1997 y la sentencia de reparaciones y costas dictada el 27 de noviembre de 1998 en el caso Castillo Páez vs. Perú.

El caso se refiere a la detención y posterior desaparición forzada del señor Ernesto Rafael Castillo Páez efectuadas por miembros de su Policía Nacional; la ineficacia del recurso de hábeas corpus; y la falta de determinación del destino de la víctima y, en su caso, del paradero de sus restos. El Estado del Perú fue declarado responsable por la violación de los artículos 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Ernesto Rafael Castillo Páez, y del artículo 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de sus familiares.

Previamente, la Corte emitió resoluciones de supervisión de cumplimiento el 1 de junio de 2001, 27 de noviembre de 2002, 27 de noviembre de 2003, 17 de noviembre de 2004, 3 de abril de 2009 y 19 de mayo de 2011. En esta última, la Corte declaró que “el Estado no se [encontraba] observando su obligación de informar a esta Corte sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en las Sentencias de fondo y reparaciones” y que mantendría abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento “en cuanto al deber de adoptar las medidas disponibles para determinar el paradero de Ernesto Rafael Castillo Páez”, que aún se encontraba pendiente de acatamiento. 

miércoles, 12 de marzo de 2014

Corte IDH Blog cumple 3 años de existencia

El 9 de marzo Corte IDH Blog cumplió tres años de vida. El Blog desde su creación ha tenido tres propósitos. Primero, colaborar con la difusión de las sentencias, resoluciones y demás providencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite. Segundo, presentar los trabajos académicos que se publican en español e inglés relativos a la Corte. Finalmente, sistematizar por tema los documentos oficiales de la Corte y la producción académica sobre ésta (ver columna de “etiquetas” a la derecha).

En un inicio el Blog fue una empresa solitaria, pero poco a poco nuevas personas se fueron sumando a esta iniciativa. No puedo dejar pasar esta oportunidad sin expresar mi agradecimiento a todos quienes han apoyado de una u otra manera con este blog, en especial a Álvaro Paúl Díaz, Francisco J. Rivera Juaristi, Claudia Josi, María Luisa Romero, Fidel Ernesto Gómez y Erick Acuña Pereda por su desinteresada colaboración.  A todos los colaboradores y a quien escribe estas líneas únicamente nos mueve el compromiso de facilitar a ustedes, nuestros lectores, la información que conseguimos sobre la Corte IDH.

Hasta el día de hoy hemos publicado 416 entradas. Las diez entradas más populares aparecen en la columna derecha de esta página. El blog cuenta con más de 190 mil visitas en su tres años de vida, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 5.300 visitas por mes. Los diez países de los que provienen el mayor número de visitantes son:

Colombia                             30.497 visitas
Estados Unidos                  30.381 visitas
México                                  24.001 visitas
Argentina                             16.391visitas
Perú                                      10.250 visitas
Ecuador                                 6.920 visitas
Costa Rica                             4.872 visitas
España                                   3.578 visitas
Chile                                       2.454 visitas
Venezuela                             1.705 visitas

Adicionalmente, 1.170 personas siguen al Blog por Twitter y 912 personas nos siguen por Facebook.


A todos y cada uno de los lectores y lectoras les extiendo mi agradecimiento, y creo hablar por todos los que formamos parte de este equipo cuando afirmo que sin lectores no habría blog. En este nuevo año de vida nuestro compromiso seguirá siendo intentar mantenerlos informados sobre la Corte IDH y de lo que la academia escriba sobre ella.

miércoles, 5 de marzo de 2014

Rights, Resources, and Rhetoric: Indigenous Peoples and the Inter-American Court

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En la revista University of Pennsylvania Journal of International Law (Vol. 35, No. 1, 2014) se publicó el artículo titulado “Rights, Resources, and Rhetoric: Indigenous Peoples and the Inter-American Courtde Thomas M. Antkowiak.  Este es el resumen de la publicación: 

In 2012, the Inter-American Court of Human Rights handed down Sarayaku v. Ecuador, a crucial decision on indigenous rights. This Article considers how the Sarayaku judgment impacts the Court’s case law on indigenous lands and resources, and evaluates that jurisprudence as a whole. Examining the cases, it becomes evident that the Tribunal now connects a number of key indigenous rights to the right to property, Article 21 of the American Convention on Human Rights. When traditional lands are involved, the right to property has become the Court’s structural basis for indigenous rights.

For significant reasons, however, the right to property cannot serve as the conceptual stronghold for indigenous peoples’ survival and development. First, the Court’s approach limits the autonomy of indigenous peoples and their capacity for change. Second, the right to property inherently has difficulty providing even basic protection for ancestral lands because domestic and international law grants states wide latitude to interfere with property. Though the Court has attempted to create special ‘safeguards’ for indigenous lands and resources, they have proven inadequate.

In response, I urge a distinct way for the Court to conceptualize indigenous rights. The right to property must be subsumed by, and anchored to, a stronger configurative principle to defend indigenous peoples’ livelihood. Other human rights regimes offer the right to self-determination or specific minority protections that can safeguard indigenous rights. The relevant Inter-American legal instruments fail to establish such principles. As a result, I propose that a broad right-to-life concept, known as vida digna in the Court’s case law, serve as the new structural basis for an array of essential indigenous norms — including cultural integrity, nondiscrimination, lands and resources, social development, and self-government.”

CIDH somete a la Corte IDH un nuevo caso contra Perú

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 25 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 19/14, mediante el cual informó que el 19 de enero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 11.568, Luis Antonio Galindo Cárdenas y familiares vs. Perú.

Según el comunicado, el caso se relaciona con “la detención ilegal y arbitraria del entonces Vocal Provisional de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Luis Antonio Galindo Cárdenas, el 16 de octubre de 1994 tras presentarse voluntariamente a la Base Militar de Yanac, a solicitud del Jefe de Comando Político Militar quien ejercía las acciones de gobierno en la zona conforme a la legislación de emergencia vigente.”  Allí, el señor Galindo habría permanecido “privado de libertad durante 31 días sin que se le informar[a] a la Corte Superior de Justicia de Huánuco y sin que su detención fuera sometida a ningún otro tipo de control judicial”, y habría sido “inicialmente incomunicado y posteriormente se le impusieron serias limitaciones en la comunicación.”

“La Comisión encontró que el señor Galindo no fue informado de las razones de su detención ni de los cargos que se le imputaban. Tampoco contó con posibilidades de ejercer adecuadamente su defensa. Las circunstancias de su detención impidieron que el señor Galindo Cárdenas solicitara una revisión judicial efectiva de la privación de libertad. Dichas circunstancias llevaron a la Comisión a encontrar la violación de las garantías procesales y sustantivas ya mencionadas, y a declarar que las condiciones de detención en su conjunto, constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes en perjuicio de la víctima.”

En el informe de fondo, la CIDH “también concluyó que el Estado peruano incurrió en responsabilidad bajo el principio de legalidad y la prohibición de irretroactividad por haber criminalizado el ejercicio de la abogacía, en particular, de la defensa técnica mediante la aplicación arbitraria del artículo 4 del Decreto Ley 25475 relacionado con actos de colaboración con el terrorismo. La Comisión concluyó que las violaciones anteriormente descritas se encuentran en situación de impunidad pues el Estado no inició una investigación sobre los hechos del caso cuando las autoridades tuvieron conocimiento de los mismos.”


jueves, 20 de febrero de 2014

Nuevo caso contra Surinam

Río Marowijne
Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 4 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 9/14, mediante el cual informó que el 26 de enero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 12.639, Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam.

Según el comunicado, el caso se relaciona “con una serie de violaciones de los derechos de los miembros de ocho comunidades de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono del Río Bajo Marowijne, en Surinam. Específicamente, por la continuidad de la vigencia de un marco normativo que impide el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, situación que continúa impidiendo al día de hoy que los pueblos Kaliña y Lokono reciban dicho reconocimiento con el fin de proteger su derecho a la propiedad colectiva.” La CIDH también señaló: “el Estado se ha abstenido de establecer las bases normativas que permitan un reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono. Esta falta de reconocimiento ha sido acompañada de la emisión de títulos de propiedad individuales a favor de personas no indígenas; el otorgamiento de concesiones y licencias para la realización de operaciones mineras en parte de sus territorios ancestrales; y el establecimiento y continuidad de tres reservas naturales en parte de sus territorios ancestrales.”  Según la CIDH, las “violaciones del derecho a la propiedad colectiva derivadas de esta situación continúan hasta la fecha. Además, ni el otorgamiento de concesiones y licencias mineras y su continuidad; ni el establecimiento y permanencia hasta el día de hoy de reservas naturales, han sido sometidos a procedimiento alguno de consulta dirigido a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos Kaliña y Lokono. Todos estos hechos han tenido lugar en un contexto de desprotección e indefensión judicial, debido a que en Surinam no existen recursos efectivos para que los pueblos indígenas puedan exigir sus derechos.”

La CIDH consideró que el caso “refleja una problemática estructural de falta de reconocimiento en la legislación interna de la personalidad jurídica y del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas en Surinam. Otro componente de esta problemática es la ausencia de recursos judiciales efectivos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por otra parte, el presente caso plantea la manera en que los Estados deben hacer compatibles sus iniciativas y políticas en materia de protección ambiental, en particular, el establecimiento de reservas naturales, con los derechos de los pueblos indígenas.”

Corte emite sentencia en el Caso J. Vs. Perú

Este reporte fue elaborado por Erick Acuña Pereda.

La Corte Interamericana hizo pública la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del caso J. vs. Perú. En dicha sentencia, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Corte rechazó la excepción preliminar presentada por Perú y declaró la responsabilidad del Estado en perjuicio de la señora J. (cuya identidad fue reservada) por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial establecidos en la Convención Americana, así como de los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El caso se refiere a la detención de la señora J., al ser acusada de estar vinculada al grupo armado Sendero Luminoso, y los registros domiciliarios realizados el 13 de abril de 1992 por parte de agentes estatales. En aquella ocasión la señora J. fue vendada, golpeada y “manoseada” sexualmente por parte de agentes policiales. Estos hechos fueron seguidos del traslado de la señora J. a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) y su privación de libertad en dicho lugar sin control judicial durante 17 días. Asimismo, el caso se relaciona con una serie de afectaciones al debido proceso, en el marco del proceso penal seguido contra la víctima por supuestos delitos de terrorismo bajo la vigencia del Decreto Ley 25475. La señora J. fue absuelta en el mes de junio de 1993, tras lo cual salió de Perú. El 27 de diciembre de 1993 la Corte Suprema de Justicia, con jueces “sin rostro”, declaró nula la absolución disponiendo un nuevo juicio. Actualmente persiste en Perú un proceso abierto contra la señora J. con una orden de captura internacional.

miércoles, 22 de enero de 2014

Conference in Copenhagen, International courts and national courts, politics and society – 11-12 September 2014

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El centro iCourts de la Danish National Research Foundation emitió un convocatoria para recibir propuestas académicas con motive de la conferencia “International Courts and National Courts, Politics and Society” que se llevará a cabo en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, los días 11 y 12 de septiembre de 2014. Esta es la convocatoria:

Since the establishment of the first permanent international court in 1922, states have created more than 25 international judicial bodies. The trend toward international judicialization has accelerated after the end of the Cold War. States have established a cascade of international courts and tribunals, the mandates of which go well beyond peace and arbitration to cover issues as diverse as human rights, international criminal law, trade and investment. And new courts are being called for in issue-areas where they do not yet exist, such as the regulation of climate change or transnational corporate wrongdoing. Moreover, in some areas, courts have arguably managed to expand their authority beyond their original mandates, and engage not only in adjudicating, interpreting and monitoring international treaty compliance, but increasingly contribute to the making of international law. 

martes, 21 de enero de 2014

Libro “Diálogo jurisprudencial en derechos humanos”


Este reporte fue elabotado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

Eduardo Ferrer Mac Gregor y Alonso Herrera García (eds.) publicaron el libro “Diálogo jurisprudencial en derechos humanos” (Tirant lo Blanch, 2013), cuyo índice es el siguiente:

A manera de prólogo. Jorge Carpizo, incansable generador de diálogos
Diego Valadés

Estudio introductorio. Trasplantes, injertos, diálogos. Jurisprudencia y doctrina frente a los retos del Derecho comparado
Lucio Pegoraro

PARTE I EL DIÁLOGO ENTRE LAS CORTES INTERNACIONALES Y LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN EUROPA

¿En nombre de quién? Un estudio sobre la autoridad pública de los tribunales internacionales y su justificación democrática
Armin von Bogdandy & Ingo Venzke

La formación de un derecho constitucional europeo a través del diálogo judicial
Laurence Burgorgue-Larsen

XV proposiciones generales para una teoría de los diálogos judiciales
Rafael Bustos Gisbert

El diálogo entre el Tribunal de Derechos Humanos, los Tribunales Constitucionales y otros órganos jurisdiccionales en el espacio convencional europeo
Javier García Roca

El diálogo del Tribunal Constitucional Español con la doctrina de otros Tribunales
Eugeni Gay Montalvo

EL TCF ante la integración europea. Últimas aportaciones
Maribel González Pascual

domingo, 19 de enero de 2014

Revista Pensamiento Propio (Vol. 38, 2013)

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El último volumen de la revista Pensamiento Propio (Vol. 38, 2013) está dedicado al proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano y contiene los siguientes artículos:


El proceso de reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2011-2013): Crónica reciente y desafíos futuros
Alejandro Anaya Muñoz y Natalia Saltalamacchia Ziccardi

O Brasil e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos: Elementos para compreender a crise “Belo Monte”
Rossana Rocha Reis

México y la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Alejandro Anaya Muñoz y Natalia Saltalamacchia Ziccardi

Estados Unidos y los mecanismos regionales de protección de los Derechos Humanos: Denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (1971-2010)
Débora Alves Maciel, Marrielle Maia y Andrei Koerner

A Special Relationship Gone Normal? Argentina and the Inter-American Human Rights System, 1979-2013
Par Engstrom

La administración Santos y el proceso de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: De la negación y las concesiones tácticas al estatus prescriptivo
Sandra Borda Guzmán y Nelson Camilo Sánchez

La postura del Ecuador frente al proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La disputa por los conceptos y sus consecuencias
Sandra Serrano y Luis Daniel Vázquez

La política exterior de la República Bolivariana de Venezuela y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como obstáculo
Andrés Serbin y Andrei Serbin Pont

Los cuatro pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los debates sobre su fortalecimiento
Santiago A. Cantón

Los desafíos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Las OSC internacionales y el SIDH
Alejandra Nuño

Revista de Direito Internacional (Vol. 10, No. 2, 2013)

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En el ultimo volumen de la Revista de Direito Internacional (Brazilian Journal of International Law) (Vol. 10, No.  2, 2013) se publicaron los siguientes artículos sobre el Sistema Interamericano:

A Executividade das Sentenças da la Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil
Augusto Resende

RESUMO

O Brasil é Estado parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e, de acordo com o artigo 62 da Convenção Americana, reconheceu a competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, motivo pelo qual deve cumprir as sentenças do aludido Tribunal espontânea, imediata e integralmente, sob pena de ajuizamento de ação judicial executiva com o objetivo precípuo de garantir o cumprimento total da decisão. No entanto, o art. 68.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos atribui eficácia executiva somente à parte pecuniária das sentenças proferidas pela referida Corte, não fazendo menção a eventual condenação de natureza extrapatrimonial. Sendo assim, o presente trabalho científico tem como objetivo principal apresentar, a partir de uma pesquisa dedutiva, doutrinária e legislativa, argumentos favoráveis à concepção de que as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, independentemente da natureza da obrigação imposta à República Federativa do Brasil, são títulos executivos judiciais. Para concluir, ao final, que as condenações extrapecuniárias da Corte Interamericana de Direitos Humanos podem ser executadas perante o Poder Judiciário brasileiro. 

Corte emite sentencia contra Bolivia relacionada a expulsión de migrantes y de solicitantes del estatuto de refugiados

Este reporte fue elaborado por Erick Acuña Pereda.

El 23 de diciembre de 2013 la Corte Interamericana hizo pública la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia. En dicha sentencia, de fecha 25 de noviembre de 2013, la Corte declaró la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, circulación y residencia, integridad personal y derechos del niño, en perjuicio de la familia Pacheco Tineo.

I. Hechos

La familia Pacheco Tineo está compuesta por Rumaldo Juan Pacheco Osco, su esposa Fredesvinda Tineo Godos y los hijos de ambos Juana Guadalupe, Frida Edith y Juan Ricardo Pacheco Tineo, quienes eran menores de edad al momento de los hechos del presente caso. La familia Pacheco Tineo ingresó desde Perú a Bolivia el 19 de febrero de 2001, sin pasar por el control migratorio de entrada de dicho país.

El 20 de febrero de 2001 el señor Rumaldo Pacheco y la señora Fredesvinda Tineo se presentaron en la oficina del Servicio Nacional de Migración (SENAMIG) y manifestaron que la finalidad de tal apersonamiento era regularizar sus documentos, informar sobre su intención de cruzar el territorio boliviano para llegar a Chile (Estado en el cual residían y habían obtenido la condición de refugiados) y solicitar apoyo para su traslado.

Frente a esta solicitud, los pasaportes de ambas personas fueron retenidos y la señora Fredesvinda Tineo Godos fue detenida. En vista de esta situación solicitaron el reconocimiento del estatuto de refugiados. El 21 de febrero de 2001 la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) determinó sumariamente que no consideraría su solicitud, sin concederles una audiencia o darles la oportunidad de expresar las razones de su solicitud. Asimismo, dicha decisión no les fue notificada. El 22 de febrero de 2001 se declaró procedente un recurso de hábeas corpus presentado a favor de la señora Tineo Godos, la cual salió en libertad.

El 23 de febrero de 2001 el Fiscal de Materia de la Fiscalía del Distrito de La Paz emitió un requerimiento fiscal dirigido al Director del SENAMIG, solicitando la expulsión de la familia Pacheco Tineo. En la mañana del 24 de febrero fue ejecutada la orden de expulsión de la familia Pacheco Tineo, quienes fueron conducidos hasta la frontera con Perú. 

Corte emite sentencia en el caso Operación Génesis vs. Colombia

Este reporte fue elaborado por Fidel Gómez.

El 26 de diciembre de 2013, (ver comunicado de prensa) la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia, emitida el 20 de noviembre de 2013. El caso fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de julio de 2011. (ver informe de fondo de la CIDH) En su Sentencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal y a no ser desplazados forzadamente, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y/o que se encontraban presentes al momento de las incursiones paramilitares; la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal, en perjuicio del señor Marino López Mena, por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención, protección e investigación, así como por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de sus familiares; incumplido sus obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y un retorno seguro, en violación del derecho de circulación y residencia y del derecho a la integridad personal; la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los niños y niñas desplazados de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, así como de aquellos que nacieron en situación de desplazamiento; la violación del derecho a la propiedad colectiva, y la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de los familiares de Marino López, de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica.

I.              Hechos
Los hechos del caso tuvieron lugar durante la segunda mitad de los años 90, en el Urabá Chocoano y se enmarcan en un contexto en el cual la presencia de los grupos armados ilegales y la situación de violencia en la región por parte de “bloques” o “grupos” paramilitares y guerrilleros se había ido extendiendo y agudizando. La población afrocolombiana de la región tuvo que soportar en su territorio la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley, acompañada de amenazas, asesinatos y desapariciones, que originaron su desplazamiento forzado a gran escala.

En lo que se refiere a los hechos del caso, los mismos tuvieron lugar en el marco de una operación militar llamada “Génesis” que se llevó a cabo entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en el área general del Río Salaquí y Río Truandó para capturar y/o destruir integrantes del grupo guerrillero FARC. Asimismo, simultáneamente a la operación “Génesis”, grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), en el desarrollo de la llamada “operación Cacarica”, emprendieron un avance de norte a sur desde el Parque Nacional de los Katios a lo largo del río Cacarica, pasando por Bijao y otras comunidades ubicadas en la ribera de ese río, para finalmente llegar a las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, donde desarrollaron operaciones conjuntas con el Ejército. En el marco de la “Operación Cacarica”, los paramilitares ejecutaron a Marino López en Bijao y desmembraron su cuerpo. Posteriormente, varios centenares de pobladores de la cuenca del río Cacarica se vieron forzados a desplazarse a Turbo, Bocas de Atrato y Panamá, donde permanecieron en diferentes asentamientos por varios períodos durante los cuatro años posteriores. En Turbo las condiciones de vida de los desplazados se caracterizaron por falta de atención por parte del gobierno, hacinamiento, malas condiciones y falta de privacidad. Posteriormente, muchas de las personas desplazadas retornaron a otras comunidades de paz en territorios del Cacarica. Con posterioridad a los hechos de febrero de 1997, los desplazados siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de grupos paramilitares.

Como consecuencia de los desplazamientos forzados se produjeron afectaciones tanto a los bienes individuales como a los bienes colectivos de las comunidades del Cacarica por las destrucciones y saqueos que se produjeron en el transcurso de la operación “Cacarica”, así como por los daños que se habrían producido por el desuso de los mismos, en particular sus territorios comunitarios. Esas mismas comunidades fueron desposeídas de sus territorios ancestrales, los cuales fueron objeto de explotación ilegal por parte de empresas madereras con permiso o tolerancia del Estado.

Avanza cumplimiento de la Sentencia en el caso Cesti Hurtado Vs. Perú

Este reporte fue elaborado por Fidel Gómez.

A. Hechos del caso

El caso se refiere al juzgamiento en un proceso ante el fuero militar del señor Gustavo Adolfo Cesti Hurtado, quien tenía el carácter de militar en retiro, y en cuyo marco fue arrestado, privado de libertad y sentenciado. Lo anterior, no obstante la existencia de una resolución definitiva emitida en un proceso de hábeas corpus, en el cual se había ordenado que se apartara a la víctima del proceso ante el fuero militar y que no se atentara contra su libertad personal. La Corte en su Sentencia de fondo de 29 de septiembre de 1999 declaró la violación de los artículos 7.6 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación al recurso de hábeas corpus; 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención, en relación a la privación de la libertad, y 8.1 de la Convención Americana por haber sido juzgado ante un tribunal que carecía de competencia, todo ello en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.

B. Etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia


Al respecto, la Corte ha emitido las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de 17 de noviembre de 2004, 22 de septiembre de 2006, 4 de agosto de 2008, 7 de diciembre de 2009, 4 de febrero de 2010 y 26 de noviembre de 2013. En esta última, la Corte se pronunció sobre las siguientes obligaciones: