viernes, 16 de noviembre de 2018

¿Dónde están los desaparecidos?


Este entrada fue elaborada por Clara Sandoval y Luke Moffett.

Clara Sandoval es Profesora de derechos humanos en la Escuela de Derecho y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex en el Reino Unido y Directora de la Red de Justicia Transicional de Essex. Luke Moffett es Director del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Queen’s en Belfast (Irlanda del Norte). Ambos han publicado extensivamente sobre justicia transicional y reparaciones.

Donde están los desaparecidos?
Desafiando el pacto de silencio y buscando soluciones

Más de 20 años han pasado desde la firma de los acuerdos de paz en Guatemala (1996) y más de 15 desde la creación del Programa Nacional de Resarcimiento (2003). Sin embargo, los cuerpos de las más de 45,000 personas desaparecidas (entre ellos 5,000 niños), que han sido recuperados, identificados y entregados a sus familiares sigue siendo mínimo. Esto a pesar del gran esfuerzo realizado por organizaciones de la sociedad civil y su familia por recuperarlos. La falta de respuesta del Estado de Guatemala y sus diversas instituciones a esta problemática es realmente preocupante.

Después de realizar trabajo de campo en Guatemala entre el 2016 y el 2018, como parte de los proyectos de investigación financiados por el AHRC en el Reino Unido sobre ‘Reparación, responsabilidad y Victimas en Sociedades en Transición’, y el ESRC sobre ‘Implementación del Derecho de los Derechos Humanos,’ nos pareció muy importante poner el tema sobre la mesa y explorar posibles soluciones para encontrar a los desaparecidos.

Encontrar a los desaparecidos no es tarea fácil

Los perpetradores guardan silencio. En Guatemala, adicionalmente, existen otros factores que impiden encontrarlos. Por ejemplo, no existe un registro oficial de personas desaparecidas (pero sí varios creados por ONGs), no se ha creado una comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas, no existe un banco oficial genético y han pasado bastantes años desde que las desapariciones tuvieron lugar. Adicionalmente, no existe voluntad ni apoyo institucional para llevar a cabo las excavaciones e identificaciones de los cuerpos. Igualmente, la geografía de los sitios ha cambiado y los recuerdos de los posibles testigos comienzan a desvanecer.

El caso de Creompaz en Cobán, Alta Verapaz (Guatemala), nos muestra esta realidad. Las fosas de este caso se encontraron en la zona militar 21, donde operó un centro ilegal y de tortura de líderes comunitarios, campesinos e indígenas de la región y un cementerio clandestino entre 1981 y 1988. El cementerio  contiene restos mortales de varios casos y desapariciones que ocurrieron en diferentes momentos del conflicto en Guatemala. Al menos desde el 2000 existían importantes indicios de que en CREOMPAZ habían fosas, sin embargo no se pudo realizar la exhumación sino entre 2012 y 2015, es decir décadas después de ocurridos los hechos. Esto ocurrió gracias a los testimonios dados en 2012 durante el juicio penal en el caso de la masacre de Plan de Sánchez en Guatemala.
  
FAFG, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, encontró aproximadamente 558 cuerpos en 4 fosas. De estos, 90 cuerpos pertenecen a niños. Este caso finalmente se judicializó y hay varios militares involucrados en la investigación y varios prófugos de la justicia. Entre los militares investigados esta Manuel Benedicto Lucas García, quien fuese condenado recientemente en el caso Molina Theissen. Sin embargo se han enfrentado grandes desafíos. Por ejemplo, que no se acepten como piezas de evidencia los planes operativos de Victoria 82 y Firmeza 83 o el Manual de Guerra Contrasubversiva, esto apelando a la teoría del secreto militar que debe ser respetado. Esto junto a la negación de los hechos por parte de los militares no ayuda a identificar a los desaparecidos o a determinar que paso.

Sin embargo, es claro que aquellos que cometieron las desapariciones saben mejor que cualquier otra persona donde se pueden encontrar a quienes ellos desaparecieron y conocen los planes que se organizaron para tal efecto. La aparición del Diario Militar en 1999 es evidencia de esto.

Los familiares de los desaparecidos son también cruciales en la búsqueda de sus seres queridos, como lo corroboró en el caso CREOMPAZ, la ONG FAMDEGUA (Organización de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala). Sin quererlo los familiares se convierten en grandes investigadores de las desapariciones de sus seres queridos.

Por que debería romperse el pacto de silencio?

Aunque la impunidad en Guatemala ha sido rampante a pesar de las atrocidades que fueron cometidas durante el conflicto armado, en años recientes hemos visto que la justicia, entendiendo por esta la investigación, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales de dichas atrocidades, se demora pero llega. Si los perpetradores de tantas atrocidades creyeron que nunca habría justicia, ahora tienen motivos para sentir que llegó el momento de rendir cuentas pendientes. El juicio a Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado, por el genocidio Ixil, en el que fuese condenado en 2013 muestra que hasta alguien de su poder puede ser llevado ante la justicia a pesar de que la sentencia allá sido anulada unos días después. Igualmente la sentencia condenatoria contra cuatro de los acusados en el caso Molina Theissen en mayo de 2018 es también una muestra de que la justicia llega inclusive para personas como Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército. Otros casos se unen a estos como el de Zepur Zarco, Plan de Sánchez y las Dos Erres. Otros casos siguen bajo investigación o juicio.

Igualmente, aunque varias décadas han pasado desde que las desapariciones tuvieron lugar, los perpetradores están envejeciendo y muriendo al igual que los familiares de las víctimas pero hay una nueva generación tanto de familiares de desaparecidos como de familiares de los perpetradores, queriendo entender que pasó en Guatemala y donde esta la verdad de lo sucedido. Darle a la nueva generación guatemalteca una lección de verdad y de arrepentimiento sería una garantía de no repetición muy valiosa por parte de quienes cometieron dichas atrocidades. Que sean ellos quienes hablen ayudaría no solo en la búsqueda de los desaparecidos sino a sus propias familias que han tenido que dar una pelea que no fue la suya sin tener claridad de que paso. Igualmente, ayudaría a la construcción de un Estado fuerte donde se acepta la imperatividad de la ley y de la justicia y se protegen los derechos humanos de todos sin distinción alguna.  

Recuperar los cuerpos de las víctimas desaparecidas es una forma esencial de reparar a sus familiares. Esto fue específicamente contemplado como una de las medidas de reparación incluidas en el Plan Nacional de Resarcimiento en Guatemala. El PNR afronta grandes retos debido a su incapacidad para reparar a las víctimas.  Aunque todas las medidas de reparación son de suma importancia y deben ser dadas a sus beneficiarios, es claro que el PNR podría jugar un papel protagónico, junto a otras instituciones tanto del Estado como de la sociedad civil, en la coordinación de una agenda nacional de búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas con el fin de resarcir a sus victimas.

Qué se puede hacer para que el pacto de silencio se rompa?

Diversas herramientas han sido útiles a nivel internacional para encontrar a personas desaparecidas. En Colombia, por ejemplo, durante la implementación de la Ley de Justicia y Paz a través de la cual se desmovilizaron especialmente grupos paramilitares, se lograron encontrar muchos cuerpos de desaparecidos. Esto fue posible, entre otras razones, gracias a los beneficios que la Ley de Justicia y Paz concedió a los desmovilizados. A ellos se les privó de la libertad entre 5 y 8 años, siempre que confesaran toda la verdad en versiones libres y dieran los bienes obtenidos de manera ilegal para dar reparación a las víctimas. Esto constituyó un incentivo importante para que los perpetradores hablaran sobre los desaparecidos. De hecho, la Fiscalía en Colombia indica que de los 9,000 cuerpos localizados y exhumados gracias a la información dada en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, 4,296 han sido identificados.

La búsqueda de desaparecidos en Colombia, sin embargo, continua. El acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno alcanzado en 2016 incluyó la creación de una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con el mandato claro de buscar y encontrar a los desaparecidos, no solo de colaborar a las autoridades competentes en su búsqueda, como lo hizo por varios años la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en el 2000. El Acuerdo también contiene incentivos importantes para que se rompa el silencio y se diga la verdad, incluida la relacionada a los desaparecidos.

La creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es de suma importancia y constituye una avance en la dirección correcta en Colombia. En cambio, en Guatemala, a pesar de los miles de desaparecidos no existe una institución con este mandato legal. Inclusive, desde el 2007 se presentó en el Congreso un proyecto de Ley (el 3590) para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición producto de importantes discusiones de la Sociedad Civil. Este proyecto de ley continua sin ser aprobado después de más de una década. El mismo contempla, entre otras cosas, la creación de un registro único de victimas a cargo de la Comisión y la creación de un banco de datos genético. La importancia de tomar medidas para la búsqueda de los desaparecidos en Guatemala, no puede verse simplemente como un gesto de buena voluntad. Por el contrario, es el resultado de obligaciones derivadas de varios tratados internacionales que obligan a Guatemala y de varias sentencias internacionales, como la de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en el caso Molina Theissen.

En el caso de Irlanda del Norte existe también una experiencia interesante para lograr que los perpetradores rompieran el silencio. Allí se optó por la creación de la Comisión Independiente de Localización de Cuerpos - The Independent Commission of the Location of Victim’s Remains - (ICLVR), la cual fue creada después del Acuerdo de Viernes Santo en 1998 para encontrar a los desaparecidos. Básicamente, tanto el público como los perpetradores pueden aportar información confidencial a la Comisión, la cual no puede ser usada en investigaciones penales. Los responsables de las desapariciones, como el IRA, tienen a un portavoz que está en comunicación con la Comisión para aportar información y mapas sobre los sitios donde están los desaparecidos. Esto minimiza el riesgo existente para los perpetradores. Gracias al trabajo de la Comisión, 13 de los 16 cuerpos de los desaparecidos han sido encontrados.

Conclusiones:

Existen otras experiencias importantes en el mundo creadas con el fin de encontrar a los desaparecidos y de promover la verdad y que los perpetradores hablen. Guatemala y los guatemaltecos tienen una deuda inmensa con los desaparecidos, con sus familiares y con la nueva generación de guatemaltecos. Solucionar este problema no da espera. Hay que cerrar el capitulo sangriento del conflicto armado y de la transición encontrando la verdad y los cuerpos de los desaparecidos. Hay que pensar en incentivos de materia penal y de otro tipo que promuevan esto. La justicia debe hacer su curso, pero la idea de dar ciertos beneficios en materia penal, como en el caso de Colombia, puede ayudar mucho a que la justicia. Estos incentivos deben estar condicionados a aportes reales y claros a la verdad y a la localización de cuerpos.

La aprobación de la Ley 3590 creando la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas es de crucial importancia. Igualmente lo es la creación de un Registro Único de Victimas que se construya sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad (tanto el de la Comisión REHMI como el de la CEH), y los registros hechos por diversas ONGs en Guatemala. El Banco genético o un sistema de información genético también son claves. Finalmente, no debe perderse de vista que el PNR puede y debe jugar un papel coordinador muy importante en esta temática en Guatemala, dando apoyo a las victimas y sus organizaciones (como FANDEGUA) y ayudando, en la medida de lo posible a que instituciones claves como FAFG, CAFCA, el INACIF y el CICR puedan continuar con su desafiante labor de localización e identificación de cuerpos con el fin de reparar a las víctimas.

sábado, 3 de noviembre de 2018

Nuevo caso contra Bolivia


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 23 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 224/18, mediante el cual informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.709 Juan Carlos Flores Bedregal respecto de Bolivia.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, y la impunidad en la que se encuentran estos hechos. Su desaparición tuvo inicio de ejecución en el marco del golpe de Estado de julio de 1980 por fuerzas militares. La Comisión determinó que aunque se adelantaron procesos que culminaron con sentencias condenatorias, hasta la fecha no ha existido un esclarecimiento completo de lo sucedido a la víctima, incluyendo el paradero de sus restos mortales, situación que ha obedecido a la activación de múltiples mecanismos de encubrimiento.

“La CIDH señaló que la existencia de indicios sobre la muerte de Juan Carlos Flores Bedregal no modifica la calificación jurídica de desaparición forzada, ya que después de 38 años de su desaparición, los familiares no cuentan con información ni acceso a los restos mortales para tener certeza de cuál fue su destino. Además, la CIDH determinó que ni el juicio de responsabilidades realizado en 1993, ni la sentencia condenatoria dictada en 2007, han sido recursos efectivos para lograr el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido con la víctima.”


miércoles, 10 de octubre de 2018

Caso por incendio en fábrica


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 4 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 218/18, mediante el cual informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.428, empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares, respecto de Brasil.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con una explosión ocurrida el 11 de diciembre de 1998 en una fábrica de fuegos artificiales, en la que murieron 64 personas y 6 resultaron heridas, todas ellas empleadas de la fábrica. De esas personas, 22 eran niños, niñas y adolescentes, de entre 11 y 17 años de edad. La CIDH determinó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal por su falta de fiscalización a la fábrica en la que sabía que se realizaban actividades industriales peligrosas y porque debía conocer que existía una de las peores formas de trabajo infantil y se cometían graves irregularidades.

“De igual manera, estableció que se violó el derecho al trabajo y el principio de igualdad y no discriminación, toda vez que la fabricación de fuegos artificiales era la única opción laboral para los habitantes del municipio, dada su situación de pobreza. Finalmente, la CIDH determinó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, pues por medio de los procesos civiles, penales y laborales el Estado no garantizó el acceso a la justicia, la determinación de la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables, ni la reparación de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar.”


viernes, 5 de octubre de 2018

Artículo: “Primera opinión interamericana sobre medio ambiente: ¿derecho exigible o decisión ultra vires?”

Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga

En el último volumen de la revista “Criterio Jurídico Garantista” (Vol. 11, 2018, pp. 61-80), se publicó un artículo de Rosmerlin Estupiñán Silva titulado “Primera opinión interamericana sobre medio ambiente: ¿derecho exigible o decisión ultra vires?”. Este es el resumn del artículo: 

“La adopción de las opiniones consultivas en el sistema interamericano es un producto de la persuasión y seducción por las ideas. Este análisis de la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre daños medioambientales (I) aborda problemas procedimentales de jurisdicción (A) para centrarse en el nudo gordiano de la conceptualización del medio ambiente sano como derecho justiciable en el marco del artículo 26 de la Convención Americana (B); y (II) estudia el alcance de esta decisión interamericana, el valor jurídico de las opiniones consultivas (A) y otras cuestiones de calidad y autoridad de la tesis mayoritaria (B) para concluir sobre el futuro probable y deseable del litigio ambiental en el seno del sistema interamericano de derechos humanos”.

Artículo “Tribunales internacionales y estados latinoamericanos: últimos avances en la protección del medio ambiente”

Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En el último volumen de la revista “Actualidad Jurídica Ambiental” (Vol. 82, 2018), se publicó un artículo de Ana Gascón Marcén, titulado “Tribunales internacionales y estados latinoamericanos: últimos avances en la protección del medio ambiente”. Este es el resumen del artículo: 

“Este trabajo examina dos decisiones recientes de tribunales internacionales que tienen que ver con la protección del medio ambiente, por un lado, la sentencia [del] Tribunal Internacional de Justicia en el Caso relativo a la compensación por ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en el área fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua) y, por otro lado, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medio ambiente y derechos humanos. Los países latinoamericanos están propiciando decisiones cruciales para la protección del medio ambiente a través del Derecho internacional con la primera sentencia del Tribunal Internacional de Justicia donde se fija una compensación económica por daños al medio ambiente y, en el segundo caso, dando un salto cualitativo en la interpretación del sistema interamericano de derechos humanos y las obligaciones que de él dimanan respecto a la protección del medio ambiente y su nuevo concepto de jurisdicción. Sin embargo, más allá de su relevancia histórica también se analizarán algunos de sus problemas y las críticas recibidas por las mismas”.

martes, 2 de octubre de 2018

Nuevo caso sobre artículos 8 y 25


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 27 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 211/18, mediante el cual informó que el 4 de septiembre presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.924 Julio César Ramón Del Valle Ambrosio y Carlos Eduardo Domínguez Linares respecto de Argentina.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con la violación de los derechos a recurrir el fallo y a la protección judicial  de acuerdo a lo que marca el artículo 8  y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Julio César Ramón del Valle Ambrosio  y Carlos Eduardo Domínguez Linares, pues en diciembre de 1997 la Cámara Novena del Crimen de Córdoba los declaró cómplices del delito de defraudación y les impuso a cada uno la pena de tres años y seis meses de prisión. Sus abogados defensores interpusieron recursos de casación los cuales fueron declarados inadmisibles, sin que se hiciera un análisis de fondo.

“Adicionalmente, la Comisión consideró que la decisión de los recursos se enmarcó en una práctica judicial de interpretación restrictiva y que, tomando en cuenta que se trataba del único recurso contra la condena de primera instancia, Julio César Ramón Del Valle Ambrosio y Carlos Eduardo Domínguez Linares no contaron con una revisión integral ante autoridad jerárquica, incluyendo las cuestiones de hecho y de valoración probatoria alegadas por la defensa.”

viernes, 31 de agosto de 2018

Caso sobre violencia por orientación sexual


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 27 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 189/18, mediante el cual informó que el 22 de agosto presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.982, Azul Rojas Marín y otra, respecto de Perú.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con la privación de libertad ilegal, arbitraria y discriminatoria de Azul Rojas Marín, a partir del 25 de febrero de 2008, supuestamente con fines de identificación. La Comisión determinó que aunque la posibilidad de retención con fines de identificación, se encontraba prevista en la legislación peruana en ciertas circunstancias, esta norma imponía una serie de requisitos tanto formales como sustantivos que no fueron cumplidos en el caso. Además, la CIDH señaló que no existen en el caso elementos que permitieran justificar la detención en la posible prevención de un delito sino que, por el contrario, la privación de libertad se basó en apreciaciones subjetivas que no guardan relación con tal finalidad. Asimismo, la CIDH consideró que desde el momento en que Azul Rojas Marín fue interceptada por los funcionarios estatales, éstos no sólo ejercieron violencia física en su contra sino que además la agredieron verbalmente con reiteradas referencias a su orientación sexual mediante expresiones denigrantes.
      
“La Comisión también consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y violación sexual en contra de Azul Rojas Marín. La Comisión encontró que existen elementos suficientes para considerar que por la naturaleza y forma en que dicha violencia fue ejercida, existió un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul Rojas Marín, para ese momento, como un hombre gay. La Comisión consideró que lo sucedido a la víctima debe ser entendido como violencia por prejuicio y además que se encuentran presentes los elementos constitutivos de la tortura.
      
“Finalmente, la Comisión concluyó que los hechos del caso se encuentran en la impunidad por una serie de factores que incluyen el incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia desde las etapas iniciales de la investigación. Además, la CIDH determinó que a lo largo de la investigación la víctima fue descalificada y su credibilidad puesta en duda de manera revictimizante tanto por autoridades que practicaron prueba, como en el marco de las decisiones que dieron lugar al sobreseimiento de la causa. La Comisión consideró que el Estado contravino las obligaciones de atención y protección de una víctima que denuncia violencia sexual, con el factor agravado del prejuicio existente respecto de las personas LGBT. La Comisión también determinó afectaciones a la madre de Azul Rojas Marín.”




lunes, 13 de agosto de 2018

Cómo se ve la implementación de sentencias –¿o no?–: el caso de la familia Molina Theissen en Guatemala

Por Paola Limón (el presente posteo académico fue publicado el 2 de julio de 2018, en su versión original en inglés, en EJIL: Talk!)

El 27 de septiembre de 1981, Emma Molina Theissen, integrante de la Juventud Patriótica del Trabajo, fue detenida por las fuerzas armadas y llevada al Cuartel Militar “Manuel Lisandro Barillas” (CM-MLB), donde fue sometida a torturas psicológicas y físicas, incluyendo violencia sexual. Fue privada de comida y agua, perdiendo tanto peso que, después de nueve días, el 5 de octubre, pudo soltarse las esposas y escapar. Intentando recapturarla, el 6 de octubre, miembros del Ejército fueron a la residencia familiar, registraron la casa y, al no encontrarla, se llevaron a su hermano Marco Antonio, de 14 años. Su madre, Doña Emma Theissen Álvarez de Molina, fue testigo de todo. Marco Antonio permanece desaparecido desde esa fecha. Si bien la familia fue forzada al exilio, nunca han dejado de buscarlo y nunca han cesado en sus esfuerzos por obtener verdad, justicia y reparación.

Esta publicación, producto del Proyecto de Implementación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos -HRLIP- (financiado por el Consejo de Investigación Económica y Social en el Reino Unido -ESRC-), explora la interacción nacional-internacional respecto de la implementación de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Molina Theissen vs. Guatemala; más específicamente, en relación con el histórico juicio de principios de 2018.

Ámbito internacional

Con un sistema judicial comprometido, la familia Molina Theissen recurrió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). En 2000, el entonces Presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, reconoció la “responsabilidad institucional” del Estado en este y otros casos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); posteriormente reiterado ante la Corte IDH (párrs. 7, 34-39). En 2004, la Corte IDH se pronunció sobre el Fondo y las Reparaciones y Costas. Las órdenes y su implementación se presentan a continuación:

(Resolutivos 2-14; párrs. 56-98)
Estado
Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y desagravio.
Cumplido
Nombrar escuela aludiendo a niños desaparecidos durante el conflicto y colocar una placa en memoria de Marco Antonio.
Daños materiales e inmateriales, gastos y costas.
Publicar secciones de las sentencias de la Corte IDH en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional.
Procedimiento expedito para obtener declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada.
Pendiente
Sistema de información genética para la determinación de filiación e identificación de niños desaparecidos.
Localizar los restos de Marco Antonio y entregarlos a su familia.
Investigar los hechos, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio.

Este panorama es similar en otros casos relacionados al conflicto armado interno de Guatemala, donde “si bien es frecuente observar al menos el cumplimiento parcial en cuanto al pago de reparaciones de carácter económico, las medidas de satisfacción de las víctimas y de reconocimiento de responsabilidad estatal, no ocurre lo mismo con las reparaciones vinculadas a la justicia” (CEJIL, pág. 28; págs. 71-72) u otras de naturaleza estructural, fundamentales para las víctimas y el Estado de Derecho (CEJIL, págs. 20, 28).

Para la hermana de Marco Antonio, Lucrecia, “la justicia es el eje articulador de las demás reparaciones y, aunque son distintas en su naturaleza la indemnización, las medidas simbólicas, los cambios legislativos o estructurales, todas en esencia contribuyen a la realización de la justicia.” (pág. 53). Para esta familia, la justicia se acercó más que nunca en 2018, después de 37 años, con la judicatura guatemalteca cumpliendo en alguna medida con una orden bajo su jurisdicción: la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio.

Ámbito nacional

El 23 de mayo de 2018, luego de 23 días de audiencias –extendidas durante 84 días–, el Tribunal de Mayor Riesgo “C” condenó por unanimidad a cuatro oficiales militares de alto rango retirados “alguna vez considerados intocables”. En su sentencia de 1075 páginas, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas (Oficial, Segunda Sección de Inteligencia S-2, Estado Mayor del CM-MLB), Francisco Luis Gordillo Martínez (Comandante, CM-MLB), Manuel Antonio Callejas y Callejas (Jefe, Sección de Inteligencia Segunda G-2, Estado Mayor del Ejército) y Manuel Benedicto Lucas García (Jefe del Estado Mayor del Ejército) fueron condenados cada uno a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y 8 años de prisión por violación agravada contra Emma. Zaldaña Rojas, Callejas y Callejas y Lucas García también fueron condenados cada uno a 25 años de prisión por la desaparición forzada de Marco Antonio. Edilberto Letona Linares (Segundo Comandante, CM-MLB) fue absuelto. Al determinar la clasificación legal de los hechos que se les atribuyen y su responsabilidad penal, el Tribunal –admirablemente– realizó un control de constitucionalidad, convencionalidad y complementariedad, citando la “soberanía relativa” de Guatemala como parte de la comunidad internacional (págs. 1014-1025).

Posteriormente, se convocó la “audiencia de reparación digna” (artículo 124 del Código Procesal Penal -CPC-, pág. 103). El derecho a la reparación digna se introdujo en 2011 buscando “eliminar las injusticias que, permanente y recurrentemente, soportan las víctimas de delitos en la búsqueda de la tutela judicial efectiva” (exposición de motivos en Pérez Samayoa, pág. 14); y “asegur[ar] la participación activa del sujeto pasivo del delito y que incluya la posibilidad de brindar una efectiva y adecuada reparación” (pág. 6). Al ejercer este derecho, como habían dicho anteriormente, la familia no solicitó compensación, la cual recibieron con base en la sentencia de la Corte IDH. En cambio, solicitaron que los condenados reembolsaran al Estado por dicha compensación; lo que el Tribunal rechazó, señalando que es un derecho del Estado y distinguiendo la naturaleza de las reparaciones en las jurisdicciones nacional e internacional. Finalmente, el Tribunal determinó “la condena al [E]stado de Guatemala, para que (…) dé estricto cumplimiento [a una serie de] medidas reparadoras integrales y transformadoras”; ordenando a autoridades específicas adoptar ocho medidas de protección, satisfacción y no repetición. Tres órdenes adicionales ameritan mayor discusión: 1) que el Congreso apruebe, a la brevedad posible, la Iniciativa de Ley 3590 que crea una Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas; 2) que el Congreso legisle, en un plazo razonable, la creación de un Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada; y, 3) que el Estado de Guatemala cumpla, en un plazo razonable, las reparaciones ordenadas por la Corte IDH que estén pendientes de cumplimiento (págs. 1063-1075).

En cuanto a las órdenes atribuidas al Congreso, cabe señalar que la Iniciativa de Ley 3590, presentada en 2006, fue resultado de esfuerzos de sociedad civil nacional e internacional; por tanto, su exposición de motivos enfatiza las obligaciones internacionales de derechos humanos de Guatemala y su reconocimiento en el caso de Molina Theissen (págs. 2-3). Sin embargo, en 2012, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación de que aún no se hubieran establecido la comisión y el registro, y tomó nota del compromiso público del Estado de incluir la adopción del proyecto en la agenda legislativa (párr. 21). Por su parte, la Corte IDH ordenó a Guatemala promover la aprobación del proyecto de ley –notando el compromiso del Ejecutivo al respecto– (García y Familiares, Resolutivo 10, párrs. 220-221) y le instó a asegurar la creación de la comisión (Gudiel Álvarez y otros, “Diario Militar”, párr. 335). En 2016, la CIDH observó la “imperiosa necesidad” de aprobar esta ley (párrs. 127-128). Pese a estos reiterados llamamientos de la comunidad internacional, el Congreso ha demorado más de 11 años, incumpliendo con su parte de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Guatemala. Ahora, el Tribunal de Mayor Riesgo “C” le ha ordenado directamente que apruebe el proyecto de ley a la brevedad posible y que legisle la creación del registro nacional. Al respecto, cabe señalar que esto último podría ser una consecuencia del cumplimiento de lo primero, en tanto la Iniciativa de Ley 3590 (artículos 14 (b), 25) contempla el diseño y manejo de un registro de esa naturaleza por parte de la comisión nacional. En consecuencia, con la adopción de la ley, el Congreso no solo estaría cumpliendo ambas órdenes del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, sino que también estaría cumpliendo con la orden de la Corte IDH en García y Familiares, así como ayudando en el eventual cumplimiento de algunas de las reparaciones de la Corte IDH en el caso Molina Theissen.

En cuanto a la orden dirigida al Estado de Guatemala, surgen varias cuestiones. Primero, en un interesante ejercicio de refuerzo nacional de la jurisprudencia internacional, el Tribunal de Mayor Riesgo “C” ordenó al Estado “cumplir en el plazo razonable con las restituciones en reparación digna, integral y transformadora decididas por la [Corte IDH] que estén pendientes de cumplimiento” (págs. 1069-1070). En este sentido, debe señalarse que las sentencias de la Corte IDH son vinculantes y autoejecutables en Guatemala (Barrientos, págs. 2-3). De manera que las cuatro obligaciones pendientes (supra) están vigentes actualmente, como lo han estado desde 2004; por tanto, el deber de Guatemala de cumplirlas no está necesariamente vinculado a la ejecución de la sentencia nacional. No obstante, cuando la sentencia nacional adquiera firmeza (artículo 493 CPC, pág. 154), se remitirá al juez de ejecución (pág. 1068) que es responsable de “la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione” (artículo 51 CPC, pág. 94). Si bien las cuatro medidas pendientes no están necesariamente bajo la competencia del Poder Judicial para su implementación directa, lo cierto es que, a través de esta orden, las autoridades judiciales estarán perfectamente posicionadas para monitorear y promover el proceso de implementación nacional de las órdenes internacionales, participando activamente en un rol tradicionalmente dejado al Poder Ejecutivo (infra).

Segundo, al ordenar el cumplimiento de las reparaciones de la Corte IDH, el Tribunal de Mayor Riesgo “C” nombró específicamente a la Procuraduría General de la Nación (PGN), “como representante del Estado de Guatemala, a diligenciar y promover en las instancias correspondientes su efectivo cumplimiento”; recordando su deber de asesorar a las autoridades estatales sobre su rol en relación con ciertas decisiones, así como la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo (págs. 1069-1070). Si bien es cierto que los representantes nacionales e internacionales del Estado son, respectivamente, la PGN y el Ministerio de Relaciones Exteriores, cabe señalar que, en la práctica, suele ser la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) –por delegación del Presidente o la PGN– la que acude ante los foros internacionales de derechos humanos en procesos contenciosos y no contenciosos (págs. 27-40); coordinando tanto la preparación de sus intervenciones como la implementación de los resultados.

Independientemente de la distribución de funciones, las instituciones del Estado pueden y deben coordinar, a través de sus respectivos mandatos, las acciones necesarias para, ya sea directamente implementar, o bien promover la implementación por las entidades correspondientes; colocando a Guatemala en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Pero el paisaje institucional es preocupante en cuanto a la voluntad política requerida para esto.

Por ejemplo, en el proceso interno del caso Molina Theissen, la PGN, demandada como tercero civilmente responsable, obvió el reconocimiento de responsabilidad del Estado y actuó más como un sexto abogado defensor, afirmando, entre otros, que el proceso tenía motivaciones financieras y políticas, que el Ejército había defendido la soberanía nacional y que el Ministerio Público debía proteger los intereses del Estado. Además, al menos dos veces, refirió que se había cumplido la sentencia de la Corte IDH (Julio de 2017, Marzo de 2018); mientras que en sus conclusiones, indicó que las reparaciones pendientes estaban fuera de su competencia (Boletín 20). Claramente, en lugar de promover implementación, la estaba desafiando.

Por su parte, COPREDEH es un péndulo. A partir de 2000, reconoció la responsabilidad internacional e implementó ciertas reparaciones (págs. 3-4). Entre 2012-2015, cuestionó la competencia de la Corte IDH en casos con sentencias firmes; llevando a Guatemala a ser declarada en “evidente desacato”. Luego, su posición cambió, cuando retomó su deber de informar sobre el cumplimiento de estos casos (párrs. 25-29), fue sede de las sesiones de la Corte IDH y recibió la visita in loco de la CIDH. Aunque la posición actual no es clara, el Presidente más reciente de COPREDEH declaró –de forma ambivalente– ante la Comisión Legislativa de Relaciones Exteriores, que los compromisos deben seguir cumpliéndose, que la responsabilidad del Estado no puede comprometerse fácilmente, que a COPREDEH no le corresponde representar al Estado, y que ha sido nefasto para el Estado que presidentes anteriores de COPREDEH hayan indicado que Guatemala es un “[E]stado genocida y violador de los derechos humanos” (págs. 1-4).

En cuanto a otros actores que deberían promover e/o implementar decisiones de esta naturaleza, el panorama no inspira mucha confianza. El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional -FCN Nación- (fundado por ex militares y hoy hogar para diputados del extinto Partido Patriota del ex Presidente Pérez Molina; The Economist), insiste en expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y sus partidarios, a pesar de –o en virtud de– sus extraordinarios logros contra la corrupción (Lakhani, The Guardian). En el Congreso, el proceso de la Iniciativa de Ley 5377, que busca otorgar una amnistía total por los crímenes cometidos durante el conflicto armado (anulando así todas las sentencias y los procedimientos en curso), avanza. En cuanto a medios de comunicación, “estrechamente vinculados con intereses políticos y comerciales”, éstos a veces se prestan a estrategias encaminadas a deslegitimar la adjudicación de alto riesgo, particularmente en casos de graves violaciones de derechos humanos (CIJ, pág. 136).

Con este panorama, es pertinente recordar la declaración de Lucrecia Molina Theissen:

“En nuestras manos, la sentencia de la Corte IDH es un instrumento fundamental para alcanzar la justicia interna y superar los obstáculos estructurales que la limitan y debilitan. Nos proporciona un piso firme para luchar contra la falta de voluntad política del Estado, cuya institucionalidad sigue bajo la perniciosa influencia de los perpetradores.” (pág. 49)

Ahora, la familia también puede contar con la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, en particular, ya que éste advirtió que sus órdenes deben ser estrictamente ejecutadas “bajo los apercibimientos legales correspondientes” (pág. 1068); es decir, que pueden surgir consecuencias legales para las autoridades identificadas que las desconozcan. Si estas consecuencias podrían extenderse al incumplimiento de órdenes autónomas de la Corte IDH es un asunto a analizar en mayor profundidad.

Comentarios concluyentes

Desde 1998, la Corte IDH ha decidido 25 casos contra Guatemala (solo superado por Perú con 41, desde 1995), de los cuales solo uno está totalmente cumplido (Maldonado Ordoñez). Ciertamente, la velocidad de implementación de las sentencias de la Corte IDH está influenciada por el número de órdenes, su naturaleza y complejidad (pág. 65). Pero incluso aceptando esta premisa, no se puede decir que el récord de implementación de Guatemala sea particularmente notable.

Esto es especialmente cierto con respecto a su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. De los 14 casos monitoreados conjuntamente por la Corte IDH en este sentido, solo dos están “parcialmente cumplidos”: Mack Chang, donde la Corte IDH se mostró parcialmente satisfecha con dos condenas individuales (uno fugitivo), pese a la participación de otros (CEJIL, págs. 71-72); y García y Familiares, donde la Corte IDH valoró positivamente sentencias firmes contra varios agentes de alto rango, pero permanece pendiente con respecto a otros perpetradores (párrs. 6-12).

En este contexto de impunidad, la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo “C” es histórica en sí misma; más aún, considerando el rango de los condenados. Adicionalmente, es significativa en cuanto a la recepción nacional del derecho internacional –aún poco común en el Poder Judicial guatemalteco (CIJ, págs. 159-161)–, tanto sustantivamente (llevando a cabo un control de constitucionalidad, convencionalidad y complementariedad) como instrumentalmente (ordenando al Estado cumplir con reparaciones internacionales pendientes). Pese a esto, la Corte IDH no debe delegar el seguimiento de sus órdenes a las autoridades nacionales; particularmente, considerando el contexto de coordinación inter-institucional y voluntad política –o falta de– en Guatemala. Además, específicamente respecto de este caso, debe tener precaución y no adoptar una postura prematura sobre el estado de cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco Antonio. Primero, porque, de conformidad con esta orden, el Tribunal ordenó al Ministerio Público continuar las investigaciones sobre otros autores (pág. 1068); segundo, porque la sentencia está sujeta a apelación y el Poder Judicial guatemalteco ha demostrado anteriormente su capacidad de retroceder respecto de casos de graves violaciones de derechos humanos.

Al igual que otros casos, el caso Molina Theissen evidencia que una serie de factores influyen en la implementación nacional de decisiones internacionales, incluida la supervisión internacional, la voluntad política, la movilización de la sociedad civil y, fundamentalmente, la perseverancia de las víctimas. Pero a diferencia de otros casos, el caso Molina Theissen demuestra que el papel de los poderes judiciales nacionales no se limita a cumplir con su deber de investigar, juzgar y sancionar; más bien, pueden convertirse en catalizadores para el cumplimiento nacional efectivo de órdenes internacionales pendientes.


Antecedentes y declaración de la autora:

El Caso Molina Theissen vs. Guatemala (Corte IDH) fue uno de los casos seleccionados para estudio detallado por parte del ESRC-HRLIP. Como parte del proyecto, la autora estuvo presente en las primeras tres audiencias del debate oral y público del juicio nacional.

El presente blog fue traducido al español por la autora del mismo.

La autora ha trabajado anteriormente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de las víctimas ante el SIDH. Participó como observadora en la audiencia privada ante la Corte IDH del 16/May/2014, pero no ha tenido un rol en el proceso o resultado de este caso.


Sobre la autora:

Paola Limón es Oficial Sénior de Investigación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Essex (Inglaterra), donde colabora como Investigadora para el Equipo de las Américas del Proyecto de Implementación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos -HRLIP- (financiado por el Consejo de Investigación Económica y Social en el Reino Unido -ESRC-). Ha trabajado anteriormente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cuenta con una Maestría en Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex (Inglaterra) y una Licenciatura en Derecho por la Universidad de Monterrey (México).