miércoles, 1 de octubre de 2014

Opinión Consultiva sobre derechos de niños migrantes


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Corte IDH hizo pública su más reciente Opinión Consultiva relativa a la niñez migrante. Según el comunicado de prensa divulgado por la Corte, la Opinión Consultiva fue emitida el 19 de agosto de 2014 y responde a una solicitud presentada el 7 de julio de 2011 por los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La Corte Interamericana realizó una interpretación de diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Determinó que los Estados deben considerar estas obligaciones estatales al diseñar, adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias, incluyendo en ellas, según corresponda, tanto la adopción o aplicación de las correspondientes normas de derecho interno como la suscripción o aplicación de los pertinentes tratados y/u otros instrumentos internacionales. De manera particular, precisó las siguientes obligaciones estatales:

- Teniendo presente, a estos efectos, que es niña o niño toda persona menor de 18 años de edad, los Estados deben priorizar el enfoque de los derechos humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta en forma transversal los derechos de niñas y niños, su protección y desarrollo integral, los cuales deben primar por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos.

- Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros que requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario acorde a su condición de niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la misma; determinar si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado, así como su nacionalidad o, en su caso, su condición de apátrida; obtener información sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional; y adoptar, en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior de la niña o del niño, medidas de protección especial.

lunes, 22 de septiembre de 2014

CIDH presenta caso sobre masacres en Guatemala

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 17 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 100/14, mediante el cual informó que el 5 de agosto presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.788, Miembros de la Aldea de Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala.

La CIDH sostiene en su comunicado de prensa lo siguiente:  el caso se relaciona con “masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones sexuales en contra de los miembros de la Aldea de Chichupac y Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal, en el marco de los operativos por parte del Ejército y colaboradores durante el conflicto armado interno en Guatemala. Las víctimas de este caso son 32 personas torturadas y masacradas el 8 de enero de 1982, y otras 39 personas torturadas y ejecutadas extrajudicialmente en diversos operativos ejecutados en Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal entre 1981 y 1986. En todos los casos se trataba de civiles que se encontraban en estado de indefensión al momento de su detención, tortura y ejecución. Adicionalmente, ocho personas fueron desaparecidas entre 1981 y 1984; todas fueron vistas por última vez bajo custodia de agentes estatales y hasta la fecha no se conoce su paradero. Además, el 8 de enero de 1982 y el 22 de noviembre de 1982, dos mujeres fueron víctimas de violación sexual, y entre octubre de 1982 y junio de 1985, otra mujer fue víctima de múltiples violaciones sexuales. Esta última persona también fue víctima de trabajo forzado en la ‘aldea modelo Chichupac’ bajo órdenes de miembros del Ejército Nacional. La Comisión también encontró que los sobrevivientes de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas fueron víctimas de desplazamiento forzado. De manera conexa con este cúmulo de violaciones, la Comisión encontró que en el caso se perpetraron violaciones del derecho a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a la propiedad y a los derechos políticos.”

La CIDH también afirmó que tales hechos “formaron parte de una estrategia estatal destinada a destruir a un grupo étnico a través de operativos militares, que significaron la masacre de miles de miembros del pueblo indígena maya, la huida de los sobrevivientes, la destrucción de sus economías de subsistencia y, finalmente, el sometimiento intencional de miles de indígenas mayas a condiciones de existencia que implicaban la dependencia de la estructura militar. Los hechos del caso constituyeron parte del genocidio contra el pueblo indígena maya en Guatemala. Pasadas más de tres décadas de ocurridos los hechos y más de dos décadas de la primera denuncia, los hechos se encuentran en la más absoluta impunidad.”

Este comunicado de prensa también expone que el caso fue enviado a la Corte porque el Estado no habría cumplido con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo.  Por último, se refiere implícitamente a los motivos por los cuales este caso afectaría el orden público interamericano.

jueves, 18 de septiembre de 2014

Corte rechaza solicitud de ampliación de medidas provisionales en caso Wong Ho Wing vs. Perú

Este reporte fue elaborado por Claudia Josi.

Mediante resolución de 31 de marzo de 2014, la Corte desestimó la solicitud de ampliación de medidas provisionales, manteniendo las medidas provisionales adoptadas hasta la fecha en el caso Wong Ho Wing vs. Perú, relacionado a la extradición del señor Wong Ho Wing a la República Popular China.

En este caso, el Presidente en ejercicio de la Corte y el pleno del Tribunal han emitido una serie de resoluciones requiriendo a la República del Perú que se abstenga de extraditar al señor Wong Ho Wing a la República Popular China, por el riesgo de que en este país se le imponga la pena de muerte (ver resoluciones de 24 de marzo, 28 de mayo y 26 de noviembre de 2010, de 4 de marzo, de 1 de julio y de 10 de octubre de 2011, de 27 de abril, de 26 de junio y de 6 de diciembre de 2012, y de 13 de febrero, de 22 de mayo, y de 22 de agosto de 2013, así como los reportes de 25 de julio y de 27 de octubre de 2011, y de 16 de mayo, de 8 de agosto y de 27 de diciembre de 2012, y de 20 de marzo, de 26 de junio, y de 21 de septiembre de 2013 en este blog, ver todos aquí).

El 22 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había comunicado que el 30 de octubre había presentado el Caso 12.794 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver también el reporte en este blog).

En la resolución que ahora se reporta, la Corte IDH desestimó la solicitud de ampliación de medidas provisionales presentada por el representante del señor Wong Ho Wing, manteniendo las medidas adoptadas hasta la fecha y reiterando al Estado que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 29 de enero de 2014, debe abstenerse de extraditar al señor Wong Ho Wing hasta que la Corte resuelva el presente caso de manera definitiva en el marco de su jurisdicción contenciosa. 

martes, 16 de septiembre de 2014

Corte IDH desestimó la solicitud de medidas provisionales a favor de Luis Antonio Galindo Cárdenas


Este reporte fue realizado por Claudia Josi.

Mediante resolución del 28 de mayo de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la solicitud de medidas provisionales a favor de Luis Antonio Galindo Cárdenas por estimar que no existía una “situación de extrema gravedad y urgencia” prima facie.

La solicitud de otorgamiento de medidas provisionales a favor del señor Galindo Cárdenas se basaba en que el señor Galindo, en el marco de un proceso penal en que es parte agraviada “viene siendo víctima de atropellos, agravios y hechos denigrantes” y que, en el marco del mismo proceso penal, el señor Galindo habría sufrido “actos de limitación de su ejercicio profesional por una Jueza”. Sin embargo, según la resolución, la solicitud mencionaba únicamente “que la persona procesada en el proceso penal expresó que el señor Galindo Cárdenas ‘ha sido sentenciado por terrorismo’”(Vistos 1 y 2).

En la resolución la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que en base a los hechos y circunstancias que fundamentaron la solicitud “no resulta[ba] posible […] apreciar prima facie que el señor Galindo Cárdenas se encuentre, en los términos exigidos por el artículo 63.2 de la Convención Americana, en una situación de ‘extrema gravedad y urgencia’ relacionada a la posibilidad de ‘daños irreparables’.” La Corte indicó que no se habían explicado las razones por las cuales los hechos en que se sustentaban el pedido de medidas provisionales tenían relación suficiente con aquellos sobre los que trata el caso contencioso sometido al conocimiento del Tribunal (cons 7).

Sin embrago, la Corte recordó que “el artículo 1.1 de la Convención Americana establece las obligaciones generales que tienen los Estados Parte de respetar los derechos y libertades en ella consagrados y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, las cuales se imponen no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares”. En este sentido, recalcó que el Estado se encontraba obligado a garantizar el derecho del señor Galindo a través de los mecanismos internos existentes para ello (cons. 8).

Por lo tanto, la Corte Interamericana decidió no otorgar medidas provisionales a favor de Luis Antonio Galindo Cárdenas.

El texto completo de la Resolución puede encontrarse aquí. Información relacionada con el caso presentado ante la Corte IDH puede encontrarse aquí.

martes, 9 de septiembre de 2014

Excusa del juez García Sayán de participar en actividades de la Corte y las objeciones que suscitó

Juez García Sayán
Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

En un reciente comunicado de prensa se informó que el juez Diego García Sayán se excusó de participar de todas las actividades de la Corte mientras sea candidato a la Secretaría General de la OEA.  Estas escusas fueron aceptadas por el Presidente de la Corte, el juez Humberto Sierra Porto, quien valoró la iniciativa de García Sayán. 

Una posición distinta tuvieron los jueces Vio Grossi y Ventura Robles, quienes presentaron un documento (cuya descripción puede observarse en el siguiente link) que afirma que dicha acción sería improcedente:  sostienen que debiera haberse discutido la incompatibilidad entre el cargo de juez y la candidatura a Secretario General de la OEA. 

Estos jueces afirman lo anterior en virtud del artículo 71 de la Convención Americana, que dispone que son incompatibles los cargos de juez de la Corte y otras actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad.  Los jueces Vio Grossi y Ventura Robles alegaron que, al aceptar la excusa de García Sayán, el Presidente habría coartado la potestad del Tribunal de referirse a la eventual incompatibilidad de esta candidatura con el cargo de juez de la Corte. 

Por otra parte, Vio Grossi y Ventura Robles notaron que la excusa de García Sayán limitaría sólo la participación de García Sayán “en la deliberación de las sentencias u otras decisiones relativas a casos contenciosos, supervisión de cumplimiento de sentencias o medidas provisionales”, pero permitiría otras actuaciones, tales como la eventual participación en opiniones consultivas y actos protocolares.  Además, García Sayán mantendría todas las “prerrogativas, inmunidades y privilegios inherentes al cargo”, así como su capacidad para usar oficinas y otros recursos de la Corte.  Por esto, tales jueces consideraron que la actitud más apropiada que debiera haber adoptado García Sayán habría sido “la renuncia al cargo de juez de la Corte en virtud de la candidatura a la Secretaría General de la OEA”.

Por último, señalaron que esta acción constituía un mal precedente, pues podría pensarse que es posible que los jueces, “por intereses ajenos a los de la Corte, dejen de ejercer temporalmente sus funciones para posteriormente reintegrarse a ella”, cuestión que acarrearía una percepción de fragilidad institucional.
 

miércoles, 3 de septiembre de 2014

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario.


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) publicó el primer Comentario en español a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta obra se estudian todos los artículos de la Convención, conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH y la opinión de la doctrina. Este es un encomiable esfuerzo de la Fundación, que además pone a nuestra disposición la totalidad del texto en formato digital (abajo el enlace).  La tabla de contenidos es la siguiente:


PRÓLOGO. (Ruddy José Flores Monterrey)

PREFACIO. (Diego García Sayán)

PRESENTACIÓN. (Dean Spielmann)

INTRODUCCIÓN GENERAL. (Christian Steiner & Patricia Uribe)

Preámbulo de la Convención. (Eduardo Ferrer Mac-Gregor & Carlos Pelayo Möller)

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. (Eduardo Ferrer MacGregor & Carlos Pelayo Möller)

Artículo 2. Deber a Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. (Eduardo Ferrer MacGregor & Carlos Pelayo Möller)

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica (Federico Andreu)

Artículo 4. Derecho a la Vida. (Carlos Ayala Corao & María Daniela Rivero)

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. (Claudio Nash)

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre. (Federico Andreu)

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. (Jesús María Casal)

Artículo 8. Garantías Judiciales. (Juana María Ibáñez Rivas)

Artículo sobre amicus curiae ante la Corte IDH


Esta nota fue elaborada por Francisco J. Rivera Juaristi.

Estimadas/os lectores de CorteIDH Blog,

Los invito a que lean “The Amicus Curiae in the Inter-American Court of Human Rights (1982-2013)”. Se trata de un trabajo de investigación que he realizado en los últimos meses sobre el rol de la figura del amicus curiae ante la Corte IDH desde el año 1982 hasta el 2013.

Con el propósito de contribuir a la memoria histórica de la Corte IDH, esta versión del artículo incluye en dos tablas (al final del documento) la lista completa de personas, organizaciones, gobiernos, empresas e instituciones que han presentado los más de 500 escritos en calidad de amicus curiae ante la Corte IDH. Entre los datos interesantes que logré identificar, se destacan los siguientes:

- Entre los años 1988 y 2013, la Corte IDH recibió al menos 412 escritos en calidad de amicus curiae dentro de su competencia contenciosa, y en la competencia consultiva recibió 113 amicus entre los años 1982 y 2009. 

- La mayoría de los amicus fueron presentados en los últimos 10 años. Tan sólo en los cuatro años entre 2010-2013, la Corte IDH recibió aproximadamente 42% del total de amicus recibidos desde el 1987 en su competencia contenciosa. Esto equivale aproximadamente la misma cantidad de amicus presentados ante la Corte IDH en los 21 años entre 1987-2008.

martes, 2 de septiembre de 2014

Sentencia en caso de mapuches

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.


Hace algunas semanas la Corte IDH hizo pública su sentencia de fondo, reparaciones y costas de 29 de mayo de 2014, dictada en el caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile.  Este blog había reportado ya la presentación de este caso, así como su convocatoria a audiencia.  A continuación se presenta una reseña de la sentencia definitiva, basada en gran medida en el resumen oficial elaborado por la Corte. Las frases entre comillas son citas textuales del referido resumen.

I.  Hechos

Los demandantes del caso son ocho personas.  A la época de los hechos, tres de ellos eran autoridades tradicionales del pueblo indígena mapuche, y otros cuatro eran miembros de dicho pueblo.  La única mujer involucrada habría sido una activista por la reivindicación de los derechos del pueblo mapuche, aunque ella no pertenecía a dicho grupo étnico.  Estas ocho personas fueron objeto de distintos procesos penales por hechos ocurridos en los años 2001 y 2002, y fueron condenadas por la llamada “Ley Antiterrorista”.  “En ninguno de los hechos por los cuales fueron juzgados (relativos a incendio de predio forestal, amenaza de incendio y quema de un camión de una empresa privada) resultó afectada la integridad física ni la vida de alguna persona.”  A la época de las condenas habría existido “una situación social de numerosos reclamos, manifestaciones y protestas sociales”, motivadas principalmente por sus reivindicaciones de tierras ancestrales.  En el contexto de tal situación se habrían cometido algunas acciones mapuches violentas y graves.  Las ocho víctimas del caso fueron condenadas por alguno de los siguientes delitos: amenaza de incendio terrorista, delito de incendio terrorista y la quema de un camión.  Ellas habrían sido condenadas a penas que iban desde los cinco años y un día, a diez años y un día, además de algunas penas accesorias que inhabilitaban para acceder a otros derechos.

jueves, 14 de agosto de 2014

Corte IDH da la razón a Venezuela y archiva el caso Brewer Carías

Este reporte fue elaborado por Erick Acuña Pereda.

El 30 de junio de 2014 la Corte Interamericana hizo pública la Sentencia de Excepciones Preliminares del Caso Brewer Carías vs. Venezuela. Dicho caso fue presentado por la CIDH, la cual declaró la violación del derecho a las garantías judiciales en el proceso seguido al abogado constitucionalista Allan Brewer Carias por el delito de “conspiración para cambiar violentamente la Constitución”, en el contexto de los hechos ocurridos entre el 11 y el 13 de abril de 2002 en Venezuela.

En dicha sentencia la Corte -por mayoría de cuatro votos- acogió la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos presentada por el Estado y decidió archivar el caso. Los jueces Manuel Ventura Robles y Eduardo Ferrer Mac-Gregor emitieron un voto conjunto disidente en el cual discreparon con la decisión de la Corte de acoger la excepción preliminar.

I. Excepción Preliminar: Falta de agotamiento de recursos internos

La Corte consideró que el Estado presentó la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos en el momento procesal oportuno en el proceso ante la Comisión, basándose en el argumento de que la falta de agotamiento de recursos se constituía debido al hecho de que i) el proceso penal contra el señor Brewer Carías todavía no había terminado; y ii) que existían etapas en las que se podían discutir sobre las irregularidades alegadas y se disponía de recursos específicos  que podían ser presentados en el marco del proceso penal (párr. 81). 

lunes, 11 de agosto de 2014

Revista Estudios Constitucionales (Vol. 12(1), 2014)


Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El último volumen de la revista Estudios Constitucionales (Vol. 12(1), 2014), del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, contiene los siguientes artículos relativos a la Corte IDH:

Laura Clérico y Celeste Novelli

El trabajo identifica y analiza los estándares que surgen de las producciones de la CIDH y de la Corte IDH respecto de: la definición de violencia contra las mujeres/de género; la calificación de los actos u omisiones que implican violaciones a los derechos humanos y como expresión de la desigualdad de poder; las obligaciones estatales y medidas reparatorias para erradicar la violencia de género. El análisis identifica avances en la incorporación de la perspectiva de género en las producciones del SIDH; sin embargo, asimismo devela que aun es restringida la concepción de violencia contra las mujeres aplicada por la Corte IDH al estar aun muy centrada en la violencia sexual y no ampliarse a otros aspectos; también alerta que el énfasis puesto en la medida reparatoria de acceso a la justicia opaca pensar en otras acciones adecuadas para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Alfonso Ruiz Miguel y Alejandra Zuñiga Fujuri

Con la convicción de que las interpretaciones judiciales valen sobre todo por la fuerza de su autoridad más que por la autoridad de su fuerza –es decir, por la autoridad de sus argumentos y no solo por su mera fuerza jurídico-formal–, este artículo se adentra en la discusión sustantiva de las razones argumentadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Artavia Murillo para constatar que las mejores razones están, en todos los puntos disputados importantes, de parte de la sentencia. Ello permite concluir que el legislador chileno esta obligado a reformar tanto la ley de 1989 que prohíbe de manera absoluta cualquier forma de aborto, como la penalización indiscriminada de toda forma de aborto consentido por la mujer. Además, el Tribunal Constitucional debería considerar inconstitucional dicha ley garantizando, como pide la Corte Interamericana, los derechos fundamentales de las mujeres chilenas.

sábado, 2 de agosto de 2014

Revista del CLADH (Vol. 4, 2014)

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El Centro Latinoamericano de Derechos Humanos publicó el último volumen de su Revista Internacional de Derechos Humanos (Vol. 4, 2014), que contiene los siguientes artículos relativos al Sistema Interamericano:
  
Treinta años de democracia argentina. La respuesta estatal frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar
Diego Jorge Lavado

Aspectos a considerar para un eficaz acceso a instancias internacionales de protección de derechos humanos
Marcelo Trucco

Importación, exportación y consentimiento regional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Gerald L. Neuman

Análisis ético jurídico del caso Fornerón e hija vs. Argentina, a la luz del derecho a la identidad biológica y al vínculo paterno filial y familiar adoptivo pleno
María Milagros Berti García y Fernando J. Nasazzi Ruano

El texto completo de la revista puede encontrarse aquí.

viernes, 1 de agosto de 2014