lunes, 2 de mayo de 2016

Libro: “Los derechos humanos de las personas jurídicas"



Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La editorial Porrúa y el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional publicaron hace poco el libro “Los derechos humanos de las personas jurídicas. Titularidad de derechos y legitimación en el Sistema Interamericano”, escrito por C. Ignacio de Casas y Fernando M. Toller. Este es el resumen de la obra:

La presente obra estudia una cuestión relevante pero poco explorada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la negación a personas jurídicas de la titularidad de derechos y de la legitimación para buscar tutela internacional, junto con la desprotección de las personas humanas que integran entes morales. A partir de la identificación de la falta de defensa ante lesiones directas o por conexidad a derechos colectivos o ejercidos de manera asociada, se realiza un análisis inductivo de más de cien decisiones de la Comisión y de la Corte y una interpretación integral de los tratados relevantes. El estudio se ve enriquecido con el aporte de otros sistemas internacionales y de la Teoría general de los derechos humanos.”

sábado, 9 de abril de 2016

Levantamiento de medidas provisionales en caso García Prieto

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Corte hizo pública su decisión de 20 de noviembre de 2015, sobre levantamiento de medidas provisionales ordenadas a El Salvador en el caso García Prieto y Otro

En el caso García Prieto, la Corte IDH había concedido medidas provisionales para proteger a determinadas persona.  Éstas durarían hasta el 21 de noviembre, después de lo cual la Corte evaluaría si convenía o no mantenerlas.  Después de analizar los argumentos del Estado, los Representantes y la Comisión IDH, la Corte IDH resaltó la labor de las autoridades estatales para dar cumplimiento a las medidas provisionales (párr. 17). 

En relación con el “mantenimiento o no de las presentes medidas provisionales, [la Corte consideró] oportuno reiterar que las medidas provisionales tienen un carácter excepcional, son dictadas en función de las necesidades de protección y, una vez ordenadas, deben mantenerse siempre y cuando la Corte considere que subsisten los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia, y de la necesidad de las medidas para evitar daños irreparables a los derechos de las personas protegidas por ellas” (párr. 22).  Por ello, después de notar que las medidas provisionales han sido mantenidas por unos nueve años, y que en un período superior a los últimos tres años, la Corte no ha recibido información sobre nuevos hechos de amenazas, agresiones u hostigamientos.  La Corte reconoció que la falta de amenazas no necesariamente implica que no haya riesgo para la persona, pero no consideró que de los antecedentes presentados por las partes se desprendiera que existía una situación que cumpliera los requisitos de ser grave, urgente y extrema (párrs. 25-26). También manifestó, frente a alegaciones de las partes, que el incumplimiento del deber estatal de investigar no es per se un motivo suficiente para mantener las medidas provisionales, por lo que tales alegaciones no serán tomadas en cuenta para determinar si era o no necesario mantener las medidas provisionales (párrs. 19-21). Por ello, consideró razonable “presumir” que la situación ya no se enmarca en los presupuestos del artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que levantó las medidas provisionales previamente establecidas en favor de Gloria Giralt de García Prieto y de José Mauricio García Prieto Hirlermann (párr. 28).

La Corte informará a la OEA sobre ocho incumplimientos venezolanos



Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz

La Corte IDH hizo públicas dos resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias, ambas de fecha 20 de noviembre de 2015.  La primera supervisó el cumplimiento de sus sentencias de fondo de los casos Ríos y Otros Vs. Venezuela, Perozo y Otros Venezuela, y Reverón Trujillo Vs. Venezuela.  La segunda supervisó el cumplimiento de sus sentencias de fondo de los casos El Amparo Vs. Venezuela, Blanco Romero y Otros Vs. Venezuela, Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, Barreto Leiva Vs. Venezuela, y Usón Ramírez Vs. Venezuela.  Las resoluciones que ahora se reportan son bastante similares, por lo que las reseñamos conjuntamente.  Cuando anotamos entre paréntesis el número de considerando, estamos haciendo referencia a la primera resolución (pero que cuenta con un párrafo análogo en algún considerando de la segunda).

La Corte notó que, a pesar de las reiteradas ocasiones en que solicitó información a Venezuela sobre el estado de cumplimiento de las sentencias, el Estado no presentó información.  En algunos casos, la negativa del Estado a presentar información duró por más de cinco años.  También observó, sobre la base de lo informado por los representantes de las víctimas y la Comisión, que en estos casos “quedan pendientes de cumplimiento medidas de restitución, satisfacción, y garantías de no repetición  ordenadas en las respectivas Sentencias” (considerando 1).  También se encontrarían pendientes de cumplimiento las obligaciones de investigar los hechos que generaron responsabilidad estatal en la gran mayoría de estos casos.  También se encuentran pendientes el pago de montos dispuestos en las sentencias por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales en un caso, y por el reintegro de costas y gastos.  Asimismo, la Corte afirmó que “[l]os incumplimientos constatados por este Tribunal del deber de informar y de la obligación de ejecutar las medidas pendientes dispuestas por la Corte, resultan particularmente graves tomando en consideración no solo el prolongado tiempo transcurrido desde la emisión de las respectivas Sentencias, sino que ello pareciera ser una posición generalizada de Venezuela con respecto a estos casos en etapa de supervisión de cumplimiento ante la Corte, fundamentalmente a partir del 2010” (considerando 10).

En razón de lo anterior, la Corte consideró “necesario dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana  y 30 de su Estatuto, de manera que en el Informe Anual de labores del 2015, que someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, incorporará la presente Resolución, indicando el prolongado incumplimiento de Venezuela del deber de informar y del deber de implementar las reparaciones ordenadas en las Sentencias de estos cinco casos”.  También instó a los demás Estados a “realizar todos los esfuerzos para que no haya un evidente abandono por parte de los Estados de su obligación de cumplir y acatar las Sentencias de la Corte” (considerando 12).

La Corte dispuso que, una vez hecho lo anterior, ella “continuará incluyendo dicho incumplimiento cada año, al presentar su informe Anual, a menos que el Estado acredite que está adoptando las medidas necesarias para cumplir con las reparaciones ordenadas en la Sentencia, o que los representantes de las víctimas o la Comisión acompañen información sobre la implementación y cumplimiento de los puntos de la Sentencia que requiera ser valorada por este Tribunal” (considerando 14).

miércoles, 30 de marzo de 2016

Supervisión de cumplimiento del caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica



Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Recientemente la Corte IDH hizo pública su resolución de 26 de febrero de 2016, mediante la cual supervisó el cumplimiento de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de 28 de noviembre de 2012 en el caso Artavia Murillo y Otros (Fecundación in Vitro) vs. Costa Rica.  Tal sentencia fue informada ya en este blog.  En dicha sentencia de fondo la Corte ordenó al Estado realizar las siguientes medidas de reparación:

a)  “[A]doptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV” de manera que quienes quieran hacer uso de la técnica no encuentren impedimentos.
b)  Regular los aspectos necesarios para la implementación de la FIV.
c)  Incluir la disponibilidad de la FIV dentro de los programas y tratamientos de infertilidad en la atención en salud estatal.
d)  Brindar atención psicológica a las víctimas.
e)  Realizar las publicaciones de la Sentencia.
f)  Implementar cursos y programas de educación y capacitación para funcionarios judiciales.
g)  Indemnizar por daño material e inmaterial y reintegro de costas y gastos.

La resolución de supervisión de cumplimento resolvió:

En relación al punto a):  Que, “[a]l ser incompatible con la Convención Americana”, la prohibición de realizar la fecundación in vitro debía dejarse sin efecto. Al hacerlo, destacó que la ley costarricense N°. 6889 de 1983 dispone en su artículo 27 que ““[l]as resoluciones de la Corte [Interamericana] y, en su caso, de su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República [de Costa Rica], tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses”. Ello fue también destacado por la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, quien tuvo una participación activa en la discusión de esta resolución (actuó en forma independiente al Estado de Costa Rica). 

La Corte sostuvo que Costa Rica podría haber dado cumplimiento a esta reparación de diversos modos (considerando 9). No obstante, notó que en Costa Rica se intentó cumplir esta medida por la vía legislativa. Sin embargo, ninguno de los proyectos de ley sobre el punto fue aprobado. Además, diversas personas habrían interpuesto recursos de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema para que se dejara sin efecto la FIV, pero tales recursos habrían sido rechazados, pues no le correspondería ordenar la ejecución de las sentencias de la Corte IDH. Frente a esto, la Corte IDH consideró que la Corte Suprema debiera haber asumido “el importante rol que tiene en el cumplimiento o implementación de la Sentencia de la Corte Interamericana” (considerando 12).  Más aún, consideró que “dicho órgano judicial tenía que hacer prevalecer lo resuelto en la Sentencia condenatoria del presente caso” (considerando 13).

La Corte IDH también se refirió a que en 2015 el Presidente de Costa Rica, frente a la tardanza en aprobar una ley que autorizara el uso de la FIV, pasó por sobre la competencia legislativa y dictó el Decreto Ejecutivo N° 39210-MP-S, que autorizaba la realización de la FIV.  Al poco tiempo, este decreto fue impugnado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema mediante una acción de inconstitucionalidad. Ésta concedió dicha acción, anulando el Decreto en virtud del principio de reserva legal, pues todo acto jurídico que regule derechos fundamentales en Costa Rica debe ser realizado mediante una ley emanada del legislativo.  La misma sala de la Corte Suprema reconoció “el esfuerzo que ha realizado el Poder Ejecutivo por dar cabal cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana [… pero afirmó que] no es posible que el fin justifique el medio cuando este quebranta, de forma abierta y manifiesta, valores, principios y normas nucleares del sistema republicano, como es el principio de reserva de ley”.

La Corte IDH señaló que en su sentencia ella ordenó regular los aspectos necesarios para la implementación de la FIV, pero que también ordenó, en forma independiente, adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV.  Por ello, consideró que, al mantener la prohibición de practicar la FIV en Costa Rica, el Estado habría incumplido sus obligaciones internacionales, violando los derechos de quienes fueron declarados víctimas en la sentencia. Más aún, ella afirmó que “[e]n consecuencia, a la luz de la Convención Americana y la reparación ordenada en la Sentencia, debe entenderse que la FIV está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata”. Además, dispuso que “[n]o puede imponerse sanción por el solo hecho de practicar la FIV”, y que “resulta necesario que el Estado cumpla con esta disposición e informe a la Corte al respecto” (considerando 26). 

En relación al punto b):  El Estado consideró que no era necesario que la regulación de la FIV en Costa Rica se hiciera mediante una ley. También señaló que, atendido que el Estado fue declarado responsable en la sentencia, todas las autoridades públicas estaban llamadas a desplegar las acciones para establecer el uso de la FIV.  Por su parte, la Corte IDH dispuso que, al ordenar esta reparación, ella no indicó específicamente qué tipo de norma debía regularla. Por eso, valoró “positivamente que, ante la falta de actuación del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo haya buscado dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia a través la emisión de la referida norma” (considerando 35).  Luego, atendido que el Decreto Ejecutivo N° 39210-MP-S es la única medida adoptada por el Estado para cumplir con la reparación ordenada en la sentencia, la Corte IDH dispuso que éste “se mantenga vigente en aras de evitar que sea ilusorio el ejercicio del derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de la técnica de la FIV. Ello, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia” (considerando 36).  Para evaluar el cumplimiento de esta medida, la Corte IDH requirió al Estado que informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la sección relevante de la resolución de cumplimiento de sentencia.

En relación al punto c):  La Corte IDH instó “al Estado a adoptar las medidas pertinentes para que, en el menor tiempo posible, ponga a disposición la FIV en los programas y tratamientos de infertilidad de la seguridad social de Costa Rica, y la garantice gradualmente a quienes la requieran”. También reiteró “que conforme a los términos de la Sentencia, el Estado deberá continuar informando cada seis meses sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento” (considerando 48).

En relación al punto d):  La Corte IDH valoró que el Estado haya ofrecido de manera inmediata a todas las víctimas la posibilidad de recibir atención psicológica gratuita, y que le haya prestado esta atención en forma estable a las víctimas que así lo solicitaron.  Considerando que esta medida debe brindarse hasta por cuatro años, el Tribunal estimó necesario, antes de dar por cumplida esta medida, que los beneficiarios indiquen si desean o no continuar con este tratamiento.

En relación al punto e):  La Corte IDH notó que el Estado dio cumplimiento total a esta medida.

En relación al punto f):  La Corte IDH observó que el Estado ha dado cumplimiento a esta medida, realizando cursos a operadores de justicia (en distintos niveles, incluyendo jueces, defensores públicos y otros), con contenidos que ella consideró adecuados.  Estos cursos tienen carácter “permanente”, y se han entregado en tres ocasiones.  La Corte IDH también afirmó que “[s]ería beneficioso para el impacto de esta medida de reparación que el Estado procure que estas capacitaciones no sean de carácter optativo, sino que sean un requerimiento con el fin de que esta medida abarque la mayor cantidad posible de funcionarios de la rama judicial” (considerando 62).  Sin embargo, esta última afirmación sería sólo una opinión, puesto que la Corte IDH consideró que Costa Rica ha dado cumplimiento total a esta reparación.

En relación al punto g):  La Corte IDH contó con comprobantes sobre el pago de las sumas ordenadas respecto de la mayoría de las víctimas.  No obstante ello, faltaron los comprobantes sobre el pago a un par de víctimas, pero el tribunal notó que ellas son representadas por un abogado que ha afirmado que “le consta que el Estado ha cancelado los daños materiales e inmateriales a las víctimas”, por lo que consideró que el Estado ha dado cumplimiento cabal al pago de indemnizaciones.

Por ello, la Corte mantuvo abierta la supervisión de cumplimiento en cuanto a los puntos a), b), c) y d), requiriendo al Estado que adoptara las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, y que presentara a la Corte IDH informes de cumplimiento.  Por último, solicitó a los representantes y la Comisión que, en caso de considerarlo necesario, presenten observaciones a tales informes dentro de un plazo determinado.

Estas decisiones fueron tomadas en algunos casos por unanimidad de los jueces autorizados a resolver (se excluyó al juez Ventura por ser costarricense), y en otros con el voto disidente del juez Vio Grossi.

Voto disidente del juez Eduardo Vio Grossi

Este disidente comienza afirmando que la Corte IDH debe tener especial cuidado de fallar con apego al Derecho, para no perder su carácter de institución judicial.  También recordó que la Corte IDH, en virtud del principio de derecho público, sólo puede actuar dentro de los límites que establece la normativa aplicable, dictando “las resoluciones que inequívocamente se desprenden de las facultades que taxativamente le han sido conferidas relativas a su cumplimiento” (párrs. 1 y 7). 

En materia de cumplimiento de sentencias, recordó que, según el artículo 68.1, son los Estados quienes se comprometen a cumplir con la sentencia de la Corte, por lo que éstas no se aplican directamente a los habitantes del Estado. Para que una sentencia de la Corte sea aplicable en un Estado, es necesario un acto jurídico de ese mismo Estado (párr. 8).  El incumplimiento del deber estatal de aplicar las sentencias de la Corte conlleva responsabilidad internacional, por tratarse de un acto ilícito del Estado, sea que este incumplimiento se verifique por cualquier órgano del Estado.  Sin embargo, ello no significa que ese órgano del Estado (aunque haya comprometido la responsabilidad del Estado), sea el responsable internacionalmente por dicho acto, pues sólo el Estado es el sujeto de derecho responsable en la esfera internacional.  Esto sería concordante con lo dispuesto en los artículos 68.1, 1.1 y 33 de la Convención Americana (párrs. 8-12). 

También recordó que la supervisión de cumplimiento de las sentencias no puede transformarse en un nuevo juicio, y las resoluciones que emanen de ella no pueden constituir una nueva sentencia (párr. 17).  Tampoco pueden ellas transformarse en una forma de intervenir en el modo como el Estado está dando cumplimiento a la sentencia, pues esto último es facultad exclusiva del Estado. Esto no implica desconocer que la supervisión de cumplimiento por parte de la Corte IDH puede tener un efecto indirecto que impulse o incentive el cumplimiento más pronto, efectivo y total de las sentencias (párr. 18).

El juez Vio Grossi considera que la resolución de supervisión de cumplimiento modifica la sentencia de 2012, estableciendo dos nuevas obligaciones de resultado. Además, esta resolución realizaría dos actos procesales improcedentes en el procedimiento de supervisión de cumplimiento (párr. 26). 

Para entender el sentido en el que la Corte modificaría la sentencia, debe tenerse presente que la sentencia supervisada en esta resolución le ordenó al Estado adoptar “las medidas apropiadas” para dejar sin efecto la prohibición de practicar la FIV, pero no señaló cuáles son estas medidas.  Es por ello que el Estado es quien debe determinarlas.  La sentencia tampoco señaló qué órgano estatal debe ejecutarlas.  Por ello, impone una obligación de resultados, no de comportamiento (párr. 21).  Asimismo, la medida que exige regular los aspectos necesarios para implementar la FIV tampoco señala cuáles son estos aspectos, por lo que la Corte también impuso una obligación de resultados y no de comportamiento (párr. 23).  De este modo, la sentencia de 2012 dejó todos estos asuntos dentro de la jurisdicción interna o exclusiva del Estado.  Es éste quien soberanamente puede regular esta materia y no se encuentra obligado en particular a adoptar mecanismos específicos para conseguir el resultado ordenado en la sentencia (párr. 25). 

La primera obligación de resultados creada en esta resolución sería la de autorizar inmediatamente la FIV y permitir su empleo.  Esta disposición es contraria a la obligación original, la que ordenó al Estado “adoptar medidas” para que la prohibición quede sin efecto (tal orden subentiende que la FIV está prohibida).  En este punto, Vio Grossi hizo una breve referencia a la ley N° 6889, de Costa Rica, que dispone la incorporación de las decisiones de la Corte IDH como directamente ejecutables.  Dicha norma permite que las decisiones de la Corte IDH sean ejecutadas, pero “tal cual ellas fueron emitidas”.  En otras palabras, ella debe entenderse en el sentido de que Costa Rica debe “adoptar medidas”, no de “permitir (de forma inmediata) el ejercicio de dicho derecho tanto a nivel privado como público” (párrs. 30 y 31).  Una segunda obligación de resultado que, según Vio Grossi, sería creada por la presente resolución sería la de mantener la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S de septiembre de 2015.  También llama la atención del juez el que dicho Decreto fue anulado por la Corte Suprema de Costa Rica, por lo que no podría “mantenerse vigente” (párrs. 32-36).

El voto disidente también afirma que la resolución alteró el objeto de la supervisión de cumplimiento de la sentencia, pues la Corte IDH habría ordenado mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto a que la prohibición de la FIV no produzca efectos jurídicos en Costa Rica, a pesar de que la sentencia original no lo ordenó (párrs. 37-40).  Además, Vio Grossi afirma que la resolución interpretó la sentencia respectiva, al afirmar que “a la luz de la Convención Americana y la reparación ordenada en la Sentencia, debe entenderse que la FIV está autorizada en Costa Rica”.  Esto sería improcedente, pues la interpretación no está permitida en el procedimiento de supervisión de sentencias.  Para ello existe el recurso de interpretación, el que no ha sido presentado por las partes.  Además, esta interpretación se habría efectuado después del plazo de 90 días establecido para solicitar el recurso de interpretación (párrs. 41-42).

Por último, Vio Grossi señala que la resolución de supervisión se pronuncia sobre una controversia interna entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo de Costa Rica, acerca de la forma en que debe cumplirse la sentencia.  Entre otras cosas, la Corte IDH habría hecho juicios de valor positivos y negativos, frente al actuar del Ejecutivo y del Judicial, respectivamente.  Este proceder resultaría en “que la Corte se inmiscuya en la controversia interna o nacional de un asunto”. Por lo demás, el voto disidente afirma que a nivel internacional es sólo el Estado en su conjunto el que puede ser responsabilizado por el hecho ilícito internacional de no cumplir la sentencia (párrs. 43-52).

Breve comentario

Esta sentencia tiene varios aspectos dignos de ser comentados. Sin embargo, sólo haremos referencia a un punto que parece particularmente relevante. El juez Vio Grossi muestra tener una concepción del control de convencionalidad distinta de la planteada por algunas resoluciones la Corte IDH (la opinión de la Corte ha sido que todos los órganos al interior del Estado deben aplicar directamente la Convención Americana, tal cual es interpretada por la Corte IDH, con independencia de si ella va en contra de lo que disponga el ordenamiento interno, incluida la Constitución).  En efecto, Vio Grossi afirma que, para que una sentencia de la Corte IDH sea aplicable en un Estado, es necesario un acto jurídico de ese mismo Estado (párr. 8). En otras palabras, no bastaría con la sentencia de la Corte IDH para que los órganos internos del Estado estén obligados a cumplirla directamente.  Ellos deben ceñirse a lo que disponga su ordenamiento jurídico interno, el que puede o no darle valor ejecutivo a las sentencias de la Corte.  Es cierto que el incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH conlleva responsabilidad internacional, sea que este incumplimiento se verifique por cualquier órgano del Estado (párrs. 8-12).  Sin embargo, ello no hace que los órganos del Estado deban ir en contra de lo que dispone su ordenamiento jurídico interno.  Esta lectura del juez Vio Grossi es concordante con los principios del Derecho internacional y del Estado de Derecho, según los cuales la incorporación del Derecho internacional al nacional se rige por lo dispuesto en las constituciones de los Estados, con independencia de que la falta de incorporación pueda generar responsabilidad internacional en algunos casos. 

Nuevo caso sobre derechos políticos

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 15 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 35/16, mediante el cual informó que el 8 de marzo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.923, Rocío San Miguel Sosa y otras, con respecto de Venezuela.

La CIDH sostiene en su Comunicado de prensa:  “El caso se relaciona con el despido arbitrario de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña de sus respectivos cargos públicos en el Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004 tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces Presidente, Hugo Chávez Frías.

“Este proceso político tuvo lugar en un contexto de significativa polarización en el que el entonces Presidente de la República y otros altos funcionarios estatales efectuaron declaraciones contemporáneas o bien en el momento de las firmas, o bien en el momento de la presentación de las mismas al Consejo Nacional Electoral, cuyos contenidos reflejan claramente que se trató de formas de presión para no firmar, de amenazas de represalias e incluso de la acusación infundada de terroristas a quienes firmaron. Parte del contexto de las firmas y el despido tuvo que ver con la creación y publicación de la denominada ‘lista Tascón’ que incluía a las personas que firmaron la convocatoria a referendo revocatorio. Dicha lista fue encargada por el propio Presidente de la República a un diputado con la finalidad de ‘que salgan los rostros’ de lo que se denominó como un supuesto ‘megafraude’. Asimismo, se convocó a un proceso de ‘reparos’ de firmas que no se limitó a corregir posibles usos fraudulentos de firmas e identidades, sino que incluyó un llamado general a que las personas que firmaron válidamente se retractaran.

“El expediente del caso incluye la transcripción de una conversación de Rocío San Miguel Sosa con el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Fronteras y con la consultora jurídica de la Vicepresidencia, quienes indican explícitamente que la razón del despido fue la firma de la convocatoria a referendo revocatorio. De los 23 empleados del Consejo Nacional de Fronteras, las únicas cuatro personas despedidas fueron las que firmaron la solicitud de referendo revocatorio, y de estas cuatro personas la única que conservó su empleo fue quien objetó su firma en el referendo. El caso de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña no fue un caso aislado sino que se documentaron múltiples denuncias sobre despidos en el sector público como represalia por haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio.

“La Comisión consideró que todos los elementos descritos son consistentes entre sí y permiten llegar a la convicción de que la terminación de los contratos de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña, constituyó un acto de desviación de poder en el cual se utilizó la existencia de una facultad discrecional en los contratos como un velo de legalidad respecto de la verdadera motivación de sancionar a las víctimas por la expresión de su opinión política mediante la firma de la convocatoria al referendo revocatorio. La Comisión determinó que esta sanción implícita constituyó una violación a los derechos políticos, una discriminación por opinión política y una restricción indirecta a la libertad de expresión.

“Finalmente, la Comisión concluyó que ni el recurso de amparo ni la investigación penal, incluido el recurso de apelación contra el sobreseimiento, constituyeron recursos eficaces para examinar un supuesto de desviación de poder materializado en una discriminación encubierta.  Asimismo, la Comisión determinó que el recurso de amparo no fue resuelto en un plazo razonable.”

Este comunicado de prensa también expone que el caso fue enviado a la Corte porque el Estado involucrado no habría cumplido con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo.  Por último, se refiere implícitamente a los motivos por los cuales este caso afectaría el orden público interamericano.

domingo, 20 de marzo de 2016

Tres nuevos casos ante la Corte

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Desde diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido tres comunicados de prensa mediante los cuales ha informado sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 145/15 (08.12.15), Caso N° 12.795, Alfredo Lagos del Campo, con respecto de Perú. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 28 de noviembre de 2015.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se relaciona con el despido de Alfredo Lagos del Campo el 26 de junio de 1989, como consecuencia de ciertas manifestaciones realizadas siendo presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli. La Comunidad Industrial era una asociación de trabajadores destinada a promover su participación en el patrimonio y gestión de la empresa. Las declaraciones de Alfredo Lagos del Campo denunciaban actos de injerencia indebida de los empleadores en la vida de las organizaciones representativas de los trabajadores en la empresa y en la realización de elecciones internas de la Comunidad Industrial. La decisión de despido fue posteriormente confirmada por los tribunales nacionales del Perú.

“La Comisión determinó que el despido de Alfredo Lagos del Campo constituyó una injerencia arbitraria en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Convención Americana en lo relativo a responsabilidades ulteriores. En cuanto al requisito de estricta legalidad, la Comisión consideró que la normativa sobre la que se basó el despido fue vaga e imprecisa en sus términos, particularmente porque no delimitó el ámbito de aplicación con el fin de proteger los discursos referidos a asuntos de interés público ni aquellas expresiones emitidas por representantes de trabajadores actuando en esa calidad. Asimismo, la CIDH concluyó que no resulta probado que la sanción hubiera sido verdaderamente necesaria en una sociedad democrática para alcanzar los fines propuestos, pues las expresiones de Alfredo Lagos del Campo tuvieron un claro interés público. Si bien algunas de sus afirmaciones podían llegar a afectar la reputación de los empleadores, las mismas constituyeron una crítica admisible en el contexto en que se dieron. La Comisión también determinó que existían otros medios menos lesivos mediante los cuales la empresa pudo haber defendido el honor de quienes se sintieron afectados. Finalmente, la Comisión determinó que se aplicó el castigo más severo previsto en la legislación con consecuencias notables en la libertad de expresión de la víctima en tanto dirigente de trabajadores y en el derecho del colectivo de trabajadores de recibir información sobre asuntos que le conciernen.

“Tomando en cuenta que la sanción fue impuesta por un actor no estatal, la Comisión analizó el caso desde el punto de vista del deber de garantía. Los tribunales nacionales tienen un papel fundamental como garantes del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, frente a una queja ante los órganos jurisdiccionales sobre la posible violación a la libertad de expresión por parte de actores particulares, las autoridades judiciales tienen la obligación de resolver el conflicto presentado atendiendo a las obligaciones de derechos humanos contraídas por el Estado en la materia. La Comisión determinó que en este caso, las autoridades judiciales internas no analizaron si la restricción al derecho a la libertad de expresión mediante la sanción de despido fue conforme a los estándares aplicables. En ese sentido, la Comisión concluyó que el Estado, mediante sus autoridades judiciales, incumplió el deber de garantía al validar una sanción incompatible con la Convención Americana.”

2.  Comunicado 13/16 (16.02.16), Caso N°. 12.798, Gómez Murillo y otros (FIV), con respecto de Costa Rica. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 18 de enero de 2016.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se relaciona con la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida privada y familiar, a fundar una familia y a la igualdad y no discriminación, en perjuicio de Daniel Gerardo Gómez Murillo, Aída Marcela Garita Sánchez, Roberto Pérez Gutiérrez, Silvia María Sosa Ulate, Luis Miguel Cruz Comparaz, Raquel Sanvicente Rojas, Randall Alberto Torres Quirós, Geanina Isela Marín Rankin, Carlos Edgardo López Vega, Albania Elizondo Rodríguez, Miguel Acuña Cartín y Patricia Núñez Marín. Estas violaciones ocurrieron como consecuencia de la prohibición general de practicar la técnica de reproducción asistida de la Fecundación in Vitro (FIV), prohibición que ha estado vigente en Costa Rica desde el año 2000 tras una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de dicho país.

“En virtud del principio de economía procesal y tratándose de una problemática de alcance general ya resuelta por ambos órganos del sistema interamericano, la Comisión determinó la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica con referencia al análisis de derecho y artículos aplicados tanto en su Informe de Fondo 85/10, respecto del caso 12.361 - Artavia Murillo y otros, como en la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas emitida por la Corte Interamericana en el mismo caso.”

3.  Comunicado 17/16 (22.02.16), caso 12.896, Hermanos Ramírez y familia, con respecto de Guatemala.

Este asunto fue enviado a la Corte el 12 de febrero de 2016.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo: “El caso se relaciona con una serie de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tuvieron lugar en el proceso de adopción internacional mediante trámite notarial de los niños Osmín Ricardo Tobar Ramírez y Jeffrey Rainiery Arias Ramírez, quienes en el mes de junio de 1998 tenían siete y dos años de edad respectivamente. El proceso de adopción internacional tuvo lugar tras la institucionalización de los dos hermanos desde el 9 de enero de 1997 y la posterior declaratoria de un supuesto estado de abandono.

“La Comisión declaró que tanto la decisión inicial de institucionalización como la declaratoria judicial del estado de abandono no cumplieron con las obligaciones sustantivas y procesales mínimas para poder ser consideradas acordes con la Convención Americana. Específicamente, la Comisión determinó que no se realizó una investigación inmediata de la situación desde el momento de recepción de la denuncia anónima sobre la alegada situación de abandono de los hermanos. Asimismo, tras la visita a los niños se dispuso automáticamente su institucionalización en el Hogar Asociación, sin referencia alguna a la posibilidad de adoptar medidas de apoyo a la madre o a la posibilidad de buscar al padre o a la familia ampliada para su cuidado. Además, a lo largo de todo el proceso se verificó una omisión generalizada en buscar alternativas menos lesivas a la institucionalización y posterior adopción. Desde la visita al domicilio de la señora Ramírez hasta la declaración de estado de abandono de sus dos hijos, se presentaron numerosas irregularidades y omisiones probatorias.”


domingo, 6 de marzo de 2016

Artículo "Applying the More Favourable Protection Clause in Human Rights Treaties"



Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 
 
En el último volume de la revista Human Rights Law Review (Vol.16, No. 1, 2016, pp. 77-101) se publicó un artículo de Adamantia Rachovitsa titulado “Treaty Clauses and Fragmentation of International Law: Applying the More Favourable Protection Clause in Human Rights Treaties”. Este es el resumen del artículo. 
 
“This article argues that despite the growing interest in the so-called fragmentation of international law, little, if any, attention has been paid to the role of the more favourable protection clause in addressing certain aspects of the interaction between treaties on human rights. It shows that both the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights do not employ the clause, found in their respective constitutive instruments, to fulfil its initial aim and design. The article compares the practices of the two courts and explores the underlying reasons for not using, or misapplying, the clause. Moreover, the analysis finds that even though the clauses in the European Convention on Human Rights and the American Convention on Human Rights are very similar, the two courts have adopted completely different understandings of how the clause should be applied, thereby strengthening the fragmentation narrative. The discussion proceeds to suggest a novel way in which the more favourable protection clause may be used. It contends that the clause is a provision subject to violation by the contracting parties by way of offering an alternative manner in which international courts can engage with the proliferation of human rights treaties and revisit the allocation of competence among international and national courts”.