jueves, 28 de febrero de 2019

Nuevo caso de libertad de expresión contra Chile


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 27 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 44/19, mediante el cual informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 12.955, Daniel Urrutia Laubreaux, respecto de Chile.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con una serie de violaciones de derechos humanos en el marco del proceso disciplinario que culminó con una sanción de censura, después reducida a amonestación privada, contra el Juez Daniel Urrutia Laubreaux, por remitir un trabajo académico a la Corte Suprema de Justicia, criticando sus actuaciones durante el régimen militar chileno. En su informe de fondo, la Comisión concluyó que Chile violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección judicial, en perjuicio de Daniel Urrutia Laubreaux.

“La Comisión determinó que el Estado violó los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa, porque la víctima nunca fue notificada de que se le inició un proceso disciplinario, las razones del mismo o las causales que pudo haber infringido con su conducta. Asimismo, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad disciplinaria imparcial y el derecho a la protección judicial, ya que luego que la víctima remitió el trabajo académico a la Corte Suprema, dicha Corte se lo devolvió indicándole que el informe contenía apreciaciones inadecuadas e inaceptables. Sin embargo, fue la misma Corte Suprema, que ya había emitido dicho juicio de valor, la que revisó en segunda instancia la sanción impuesta. Adicionalmente, la Comisión declaró que el Estado violó el principio de legalidad por la excesiva amplitud de la causal disciplinaria aplicada a la víctima del caso, la cual sancionaba atacar ‘en cualquier forma’ la conducta de jueces o magistrados, afectando la previsibilidad de las conductas reprochables y posibilitando que las autoridades disciplinarias contaran con un margen de discrecionalidad para la calificación de lo que constituye un ataque.

“Finalmente, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión por imponer una sanción arbitraria al ejercicio de la libertad de expresión, mediante la imposición de una responsabilidad ulterior que incumplió los requisitos establecidos en la Convención Americana. Además, la CIDH indicó que la finalidad perseguida de ‘respeto jerárquico’ no es uno de los fines consagrados en la Convención. También estimó que no existía relación de medio a fin entre la restricción aplicada a un trabajo académico y la finalidad invocada y resaltó que las opiniones vertidas en el trabajo académico son de interés público y deben protegerse con mayor rigor en la medida en que contribuyen al debate sobre la forma en la que el Poder Judicial puede responder a denuncias de graves violaciones de derechos humanos.”


martes, 26 de febrero de 2019

Nuevo juez asume funciones


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Durante el reciente período 129, culminado el 8 de febrero, se tomó juramento al nuevo juez, don Ricardo Pérez Manrique (el juramento puede verse aquí, en el minuto 4:20).  Pérez tuvo una carrera judicial en Uruguay, y llegó a ser Presidente de la Corte Suprema de Justicia de dicho país.  Él viene a reemplazar al juez Roberto F. Caldas, quien renunció a su cargo en la Corte en mayo de2018.



Nuevo caso contra Ecuador


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 13 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 32/19, mediante el cual informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 12.678, Paola del Rosario Guzmán Albarracín y familiares, respecto de Ecuador.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por la violencia sexual sufrida por Paola del Rosario Guzmán Albarracín entre los 14 y los 16 años de edad y su posterior suicidio a la edad de 16 años. La Comisión concluyó que la niña fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña, incluyendo violencia sexual, por parte del vicerrector de su colegio y por el médico del colegio, ambos funcionarios públicos, y que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida. La Comisión consideró que la responsabilidad del Estado, además de la derivada por el incumplimiento del deber de respeto, se extiende también al incumplimiento del deber de garantía en su componente de prevención, toda vez que ni el colegio ni el Estado en general contaban con herramientas preventivas y de detección temprana, ni con mecanismos de rendición de cuentas frente a situaciones como ésta, que no fue de carácter aislado en ese colegio.

“Asimismo, la Comisión concluyó que los responsables del colegio no tomaron las medidas necesarias para atender la situación de gravedad y urgencia en que se encontraba Paola Guzmán Albarracín el 12 de diciembre de 2002, después de ingerir los “diablillos” de fósforo blanco que ocasionaron su muerte. En ese sentido, las acciones y omisiones de estos funcionarios públicos que tenían un deber reforzado de cuidado de la niña en el ámbito educativo contribuyeron al desenlace fatal de la víctima, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado también por lo sucedido ese día.

“La Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, vida privada y dignidad, al derecho a la especial protección del Estado en su condición de niña, a la igualdad y no discriminación, a la educación, a la salud y a vivir libre de violencia, en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín.

“Por otra parte, la Comisión consideró que la situación de impunidad en que se encuentra el caso obedeció a la falta de debida diligencia de las autoridades. Asimismo, concluyó que los procesos seguidos por la muerte de Paola Guzmán Albarracín no fueron conducidos con una perspectiva de género y que tanto en la acción penal, como en las vías civil y la administrativa, estuvieron presentes estereotipos sobre el rol y comportamiento social de las mujeres, situación que constituyó una violación del principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia. En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como a la igualdad y no discriminación en perjuicio de los familiares de la niña. Por último, la Comisión consideró que la pérdida de su ser querido y la ausencia de justicia han ocasionado sufrimiento y angustia a los padres y hermana de Paola, en violación a su derecho a la integridad psíquica y moral.”


jueves, 14 de febrero de 2019

The interpretation of the right to mental health in the African and American systems

Posted by Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

The latest volume of the African Human Rights Yearbook (Vol. 2, 2018, pp. 223-242) includes an article of Miriam Wachira & Doug Cassell, entitled “The interpretation of the right to mental health in the Africa and American systems”. This is the abstract: 

“The right to health is now justiciable in both the African and Inter-American human rights systems. In Africa, the right to mental health however is still not given priority, leaving persons with mental disabilities marginalised and discriminated against in the allocation of resources. The Lunatics Detention Act of The Gambia has not been amended to comply with the recommendations of the Commission on Human and Peoples’ Rights and this reflects how the state views the right to mental health and the weight it attaches to the Commission’s recommendations in the Purohit case. By comparison, when the Ximenes-Lopes case to the American system was still ongoing, the state had already started reforms and has since complied with all the recommendations. The African Commission held that mental health patients had a right to decide their treatment and viewed involuntary detention under mental health legislation as a violation of the right to liberty and security of the person and the prohibition against arbitrary detention. The Inter-American system held that the right to personal liberty established in article 7 of the American Convention on Human Rights also protects people with mental disabilities from institutionalisation. Based on the analysis of the two cases, the article concludes that there is a need for policy change and resource allocation for mental health patients by African states to ensure that they enjoy their right to health”

viernes, 25 de enero de 2019

Comentarios sobre Opinión Consultiva 24 (LGTBI)


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl D.

Recientemente se publicó el libro “Anuario de Derecho Público 2018”, de la Universidad Diego Portales.  El Anuario completo se puede descargar aquí. En él hay dos capítulos que comentan, desde diversos puntos de vista, la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Ellos son los siguientes: 

Ximena Gauché:  “Comentarios a la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de identidad de género”.

Álvaro Paúl: “Cuatro extendidos desaciertos de la Corte Interamericana que se observan en su opinión consultiva n° 24” (este capítulo se puede descargar de aquí).




martes, 11 de diciembre de 2018

Caso nuevo sobre detenciones basadas en apariencia


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 26 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 252/18, mediante el cual informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.315, Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, respecto de Argentina.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con las detenciones ilegales y arbitrarias en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto en mayo de 1992 y Carlos Alejandro Tumbeiro en enero de 1998, por parte de agentes de la Policía de Buenos Aires. La Comisión Interamericana concluyó que las detenciones se realizaron sin una orden judicial y sin estado de flagrancia. Además, en ninguno de los dos casos se estableció en la documentación policial cuáles fueron los elementos objetivos que dieron lugar a un grado de sospecha razonable en la comisión de un delito.

“La Comisión indicó que en el caso Carlos Alberto Fernández Prieto, existía una falta de explicación absoluta, mientras que en el caso de Carlos Alejandro Tumbeiro la explicación estaba relacionada con un supuesto ‘estado de nerviosismo’ e ‘inconsistencia’ entre la vestimenta y los objetos que llevaba consigo con la zona en la cual se encontraba, argumentos que no son suficientes para justificar la sospecha del delito.

“Asimismo, la CIDH concluyó que la justificación de las detenciones revela contenido discriminatorio con base en prejuicios sobre la apariencia. En consecuencia, estableció que las detenciones y requisas realizadas incumplieron con el estándar de legalidad y no arbitrariedad, y que las autoridades no ofrecieron recursos efectivos frente a esta situación pues no sólo continuaron con la omisión con base en sospecha, sino que validaron como legítimas las razones dadas por los funcionarios policiales. La Comisión consideró que Argentina es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección judicial, establecidos en los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro.”


martes, 27 de noviembre de 2018

"How Human Rights Bodies Trigger the Application of Criminal Law"

En el último volumen de la Revista Utrecht Journal of International and European Law (Vol. 34, No. 2, 2018, pp. 161-184), se publicó un artículo de Mattia Pinto titulado “Awakening the Leviathan through Human Rights Law – How Human Rights Bodies Trigger the Application of Criminal Law. Este es el resumen del artículo: 

“This article analyses the role that human rights bodies play in triggering the application of criminal law. By examining the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights, the UN Human Rights Committee, as well as other human rights bodies, the article discusses how these institutions have started imposing on states positive obligations to criminalise, prosecute and punish serious human rights violations. While criminal law has traditionally been seen as a threat to fundamental rights, human rights bodies have contributed to presenting criminal law in a positive vein, as an essential instrument of human rights protection. The mainstream of the human rights movement has largely lauded the trend. This article challenges this view, by presenting the pitfalls of using human rights law to extend the reach of criminal justice in order to ensure that perpetrators are held accountable. Not only the imposition of duties to criminalise and punish ends up restricting the accused’s fundamental rights and neglecting the conceptualisation of criminal law as ultima ratio, but the invocation of criminal-law enforcement might also contribute to enhancing the coercive power of the state and, therefore, make state abuses more likely.”

viernes, 16 de noviembre de 2018

¿Dónde están los desaparecidos?


Este entrada fue elaborada por Clara Sandoval y Luke Moffett.



Clara Sandoval es Profesora de derechos humanos en la Escuela de Derecho y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex en el Reino Unido y Directora de la Red de Justicia Transicional de Essex. Luke Moffett es Director del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Queen’s en Belfast (Irlanda del Norte). Ambos han publicado extensivamente sobre justicia transicional y reparaciones.

Donde están los desaparecidos?
Desafiando el pacto de silencio y buscando soluciones

Más de 20 años han pasado desde la firma de los acuerdos de paz en Guatemala (1996) y más de 15 desde la creación del Programa Nacional de Resarcimiento (2003). Sin embargo, los cuerpos de las más de 45,000 personas desaparecidas (entre ellos 5,000 niños), que han sido recuperados, identificados y entregados a sus familiares sigue siendo mínimo. Esto a pesar del gran esfuerzo realizado por organizaciones de la sociedad civil y sus familias por recuperarlos. La falta de respuesta del Estado de Guatemala y sus diversas instituciones a esta problemática es realmente preocupante.

Después de realizar trabajo de campo en Guatemala entre el 2016 y el 2018, como parte de los proyectos de investigación financiados por el AHRC en el Reino Unido sobre ‘Reparación, responsabilidad y Victimas en Sociedades en Transición’, y el ESRC sobre ‘Implementación del Derecho de los Derechos Humanos,’ nos pareció muy importante poner el tema sobre la mesa y explorar posibles soluciones para encontrar a los desaparecidos.

Encontrar a los desaparecidos no es tarea fácil

Los perpetradores guardan silencio. En Guatemala, adicionalmente, existen otros factores que impiden encontrarlos. Por ejemplo, no existe un registro oficial de personas desaparecidas (pero sí varios creados por ONGs), no se ha creado una comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas, no existe un banco oficial genético y han pasado bastantes años desde que las desapariciones tuvieron lugar. Adicionalmente, no existe voluntad ni apoyo institucional para llevar a cabo las excavaciones e identificaciones de los cuerpos. Igualmente, la geografía de los sitios ha cambiado y los recuerdos de los posibles testigos comienzan a desvanecer.

El caso de Creompaz en Cobán, Alta Verapaz (Guatemala), nos muestra esta realidad. Las fosas de este caso se encontraron en la zona militar 21, donde operó un centro ilegal y de tortura de líderes comunitarios, campesinos e indígenas de la región y un cementerio clandestino entre 1981 y 1988. El cementerio  contiene restos mortales de varios casos y desapariciones que ocurrieron en diferentes momentos del conflicto en Guatemala. Al menos desde el 2000 existían importantes indicios de que en CREOMPAZ habían fosas, sin embargo no se pudo realizar la exhumación sino entre 2012 y 2015, es decir décadas después de ocurridos los hechos. Esto ocurrió gracias a los testimonios dados en 2012 durante el juicio penal en el caso de la masacre de Plan de Sánchez en Guatemala.
  
FAFG, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, encontró aproximadamente 558 cuerpos en 4 fosas. De estos, 90 cuerpos pertenecen a niños. Este caso finalmente se judicializó y hay varios militares involucrados en la investigación y varios prófugos de la justicia. Entre los militares investigados esta Manuel Benedicto Lucas García, quien fuese condenado recientemente en el caso Molina Theissen. Sin embargo se han enfrentado grandes desafíos. Por ejemplo, que no se acepten como piezas de evidencia los planes operativos de Victoria 82 y Firmeza 83 o el Manual de Guerra Contrasubversiva, esto apelando a la teoría del secreto militar que debe ser respetado. Esto junto a la negación de los hechos por parte de los militares no ayuda a identificar a los desaparecidos o a determinar que paso.

Sin embargo, es claro que aquellos que cometieron las desapariciones saben mejor que cualquier otra persona donde se pueden encontrar a quienes ellos desaparecieron y conocen los planes que se organizaron para tal efecto. La aparición del Diario Militar en 1999 es evidencia de esto.

Los familiares de los desaparecidos son también cruciales en la búsqueda de sus seres queridos, como lo corroboró en el caso CREOMPAZ, la ONG FAMDEGUA (Organización de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala). Sin quererlo los familiares se convierten en grandes investigadores de las desapariciones de sus seres queridos.

Por que debería romperse el pacto de silencio?

Aunque la impunidad en Guatemala ha sido rampante a pesar de las atrocidades que fueron cometidas durante el conflicto armado, en años recientes hemos visto que la justicia, entendiendo por esta la investigación, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales de dichas atrocidades, se demora pero llega. Si los perpetradores de tantas atrocidades creyeron que nunca habría justicia, ahora tienen motivos para sentir que llegó el momento de rendir cuentas pendientes. El juicio a Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado, por el genocidio Ixil, en el que fuese condenado en 2013 muestra que hasta alguien de su poder puede ser llevado ante la justicia a pesar de que la sentencia allá sido anulada unos días después. Igualmente la sentencia condenatoria contra cuatro de los acusados en el caso Molina Theissen en mayo de 2018 es también una muestra de que la justicia llega inclusive para personas como Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército. Otros casos se unen a estos como el de Zepur Zarco, Plan de Sánchez y las Dos Erres. Otros casos siguen bajo investigación o juicio.

Igualmente, aunque varias décadas han pasado desde que las desapariciones tuvieron lugar, los perpetradores están envejeciendo y muriendo al igual que los familiares de las víctimas pero hay una nueva generación tanto de familiares de desaparecidos como de familiares de los perpetradores, queriendo entender que pasó en Guatemala y donde esta la verdad de lo sucedido. Darle a la nueva generación guatemalteca una lección de verdad y de arrepentimiento sería una garantía de no repetición muy valiosa por parte de quienes cometieron dichas atrocidades. Que sean ellos quienes hablen ayudaría no solo en la búsqueda de los desaparecidos sino a sus propias familias que han tenido que dar una pelea que no fue la suya sin tener claridad de que paso. Igualmente, ayudaría a la construcción de un Estado fuerte donde se acepta la imperatividad de la ley y de la justicia y se protegen los derechos humanos de todos sin distinción alguna.  

Recuperar los cuerpos de las víctimas desaparecidas es una forma esencial de reparar a sus familiares. Esto fue específicamente contemplado como una de las medidas de reparación incluidas en el Plan Nacional de Resarcimiento en Guatemala. El PNR afronta grandes retos debido a su incapacidad para reparar a las víctimas.  Aunque todas las medidas de reparación son de suma importancia y deben ser dadas a sus beneficiarios, es claro que el PNR podría jugar un papel protagónico, junto a otras instituciones tanto del Estado como de la sociedad civil, en la coordinación de una agenda nacional de búsqueda e identificación de restos de personas desaparecidas con el fin de resarcir a sus victimas.

Qué se puede hacer para que el pacto de silencio se rompa?

Diversas herramientas han sido útiles a nivel internacional para encontrar a personas desaparecidas. En Colombia, por ejemplo, durante la implementación de la Ley de Justicia y Paz a través de la cual se desmovilizaron especialmente grupos paramilitares, se lograron encontrar muchos cuerpos de desaparecidos. Esto fue posible, entre otras razones, gracias a los beneficios que la Ley de Justicia y Paz concedió a los desmovilizados. A ellos se les privó de la libertad entre 5 y 8 años, siempre que confesaran toda la verdad en versiones libres y dieran los bienes obtenidos de manera ilegal para dar reparación a las víctimas. Esto constituyó un incentivo importante para que los perpetradores hablaran sobre los desaparecidos. De hecho, la Fiscalía en Colombia indica que de los 9,000 cuerpos localizados y exhumados gracias a la información dada en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, 4,296 han sido identificados.

La búsqueda de desaparecidos en Colombia, sin embargo, continua. El acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno alcanzado en 2016 incluyó la creación de una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con el mandato claro de buscar y encontrar a los desaparecidos, no solo de colaborar a las autoridades competentes en su búsqueda, como lo hizo por varios años la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada en el 2000. El Acuerdo también contiene incentivos importantes para que se rompa el silencio y se diga la verdad, incluida la relacionada a los desaparecidos.

La creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es de suma importancia y constituye una avance en la dirección correcta en Colombia. En cambio, en Guatemala, a pesar de los miles de desaparecidos no existe una institución con este mandato legal. Inclusive, desde el 2007 se presentó en el Congreso un proyecto de Ley (el 3590) para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición producto de importantes discusiones de la Sociedad Civil. Este proyecto de ley continua sin ser aprobado después de más de una década. El mismo contempla, entre otras cosas, la creación de un registro único de victimas a cargo de la Comisión y la creación de un banco de datos genético. La importancia de tomar medidas para la búsqueda de los desaparecidos en Guatemala, no puede verse simplemente como un gesto de buena voluntad. Por el contrario, es el resultado de obligaciones derivadas de varios tratados internacionales que obligan a Guatemala y de varias sentencias internacionales, como la de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en el caso Molina Theissen.

En el caso de Irlanda del Norte existe también una experiencia interesante para lograr que los perpetradores rompieran el silencio. Allí se optó por la creación de la Comisión Independiente de Localización de Cuerpos - The Independent Commission of the Location of Victim’s Remains - (ICLVR), la cual fue creada después del Acuerdo de Viernes Santo en 1998 para encontrar a los desaparecidos. Básicamente, tanto el público como los perpetradores pueden aportar información confidencial a la Comisión, la cual no puede ser usada en investigaciones penales. Los responsables de las desapariciones, como el IRA, tienen a un portavoz que está en comunicación con la Comisión para aportar información y mapas sobre los sitios donde están los desaparecidos. Esto minimiza el riesgo existente para los perpetradores. Gracias al trabajo de la Comisión, 13 de los 16 cuerpos de los desaparecidos han sido encontrados.

Conclusiones:

Existen otras experiencias importantes en el mundo creadas con el fin de encontrar a los desaparecidos y de promover la verdad y que los perpetradores hablen. Guatemala y los guatemaltecos tienen una deuda inmensa con los desaparecidos, con sus familiares y con la nueva generación de guatemaltecos. Solucionar este problema no da espera. Hay que cerrar el capitulo sangriento del conflicto armado y de la transición encontrando la verdad y los cuerpos de los desaparecidos. Hay que pensar en incentivos de materia penal y de otro tipo que promuevan esto. La justicia debe hacer su curso, pero la idea de dar ciertos beneficios en materia penal, como en el caso de Colombia, puede ayudar mucho a que haya la justicia. Estos incentivos deben estar condicionados a aportes reales y claros a la verdad y a la localización de cuerpos.

La aprobación de la Ley 3590 creando la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas es de crucial importancia. Igualmente lo es la creación de un Registro Único de Victimas que se construya sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad (tanto el de la Comisión REHMI como el de la CEH), y los registros hechos por diversas ONGs en Guatemala. El Banco genético o un sistema de información genético también son claves. Finalmente, no debe perderse de vista que el PNR puede y debe jugar un papel coordinador muy importante en esta temática en Guatemala, dando apoyo a las victimas y sus organizaciones (como FANDEGUA) y ayudando, en la medida de lo posible a que instituciones claves como FAFG, CAFCA, el INACIF y el CICR puedan continuar con su desafiante labor de localización e identificación de cuerpos con el fin de reparar a las víctimas.