martes, 23 de abril de 2019

“An aesthetics of the human: Peru’s Ojo que Llora memorial”


The journal Visual Communication just published an article written by Robin Adele Greeley and Michael R. Orwiz, entitled “An aesthetics of the human: Peru’s Ojo que Llora memorial”. This is the article’s abstract: 

“This article examines the role of an aesthetics of memorialization in symbolic reparations for victims of gross violations of human rights. By looking at the production, aesthetics and reception of the Ojo que Llora (Eye that Cries), a memorial cited as a symbolic reparation by the Inter-American Court of Human Rights in the case of Castro Castro v Peru (2006), the authors investigate tensions around concepts of ‘victim’, ‘perpetrator’, and the blurring of the lines between those two categories. In doing so, the article considers how the Ojo que Llora came to embody varying definitions of victim, perpetrator, and the human as these came into tension across legal, political, social, and aesthetic fields”.

lunes, 22 de abril de 2019

Dos nuevos casos contra Venezuela


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la presentación de dos casos ante la Corte Interamericana en contra de Venezuela.  Si bien Venezuela ya no es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte estima que es competente para conocer de todos los casos cuyos hechos hayan ocurrido durante la vigencia de la Convención para dicho país.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 88/19 (05.04.19), Caso 12.890, José Gregorio Mota Abarullo y Otros (Muertes en la Cárcel de San Félix), Venezuela.

Este asunto fue enviado a la Corte el 29 de marzo de 2019.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con las muertes de José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristián Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa, internos del Centro de Tratamiento y Diagnóstico ‘Monseñor Juan José Bernal’, un centro de detención de adolescentes en contacto con la ley penal, adscrito al Instituto Nacional de Atención al Menor (INAM), ocurridas tras un incendio en una celda el 30 de junio de 2005.

“En el Informe de Fondo, la Comisión determinó que el Estado violó los derechos a la vida e integridad personal de las víctimas mortales, en relación con las obligaciones en materia de niñez, en vista de su incumplimiento del deber de prevención y del sufrimiento causado por la muerte a causa de asfixia, sofocación y quemaduras. Por otra parte, la Comisión identificó una serie de elementos que ponen de manifiesto la falta de una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas en el INAM-San Félix, lo cual se ve reflejado en las condiciones de vida dentro de dicho Centro al momento de los hechos, en particular, la situación de hacinamiento y las falencias en la infraestructura. La Comisión consideró que si bien las víctimas mortales ya habían cumplido 18 años de edad al momento del incendio, las circunstancias que posibilitaron su muerte fueron el resultado de una falta de medidas especiales y suficientes de protección para garantizar la vida, integridad personal y condiciones de dignidad a favor de todos los adolescentes internos del INAM-San Félix.

“Por lo tanto, la CIDH determinó que la responsabilidad del Estado se funda en la falta de medidas de prevención ante la posibilidad de hechos de violencia dentro del Centro como consecuencia de la continuidad de situaciones también atribuibles al Estado; así como en la negligencia del personal del Centro y el Cuerpo de Bomberos en sus acciones para apagar el incendio y salvar la vida de las víctimas. Al respecto, la Comisión consideró que la falta de equipamiento y material adecuado del Cuerpo de Bomberos para poder apagar el incendio y entrar a la celda para auxiliar a las víctimas también constituyó una omisión atribuible al Estado. Adicionalmente, la Comisión declaró la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial respecto de los y las familiares de las víctimas, debido a que el Estado no les proveyó un recurso efectivo para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes. La Comisión estableció asimismo que se configuró una clara violación al plazo razonable, dado que han pasado más de 13 años desde la muerte de las víctimas y 12 años desde la imputación de los presuntos responsables en 2006 y los hechos permanecen en total impunidad.”


2.  Comunicado 92/19 (08.04.19), Caso 12.814, Orlando Edgardo Olivares Muñoz y Otros (Muertes en la Cárcel de Vista Hermosa), respecto de Venezuela. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 1 de abril de 2019.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con las ejecuciones extrajudiciales de Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Rinaldi Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, cuando eran internos en la Cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. Dichas ejecuciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Guardia Nacional en un operativo realizado en la cárcel el 10 de noviembre de 2003, en el cual resultaron heridos otros 27 internos, víctimas también en el presente caso.

“La Comisión concluyó que el Estado no ha brindado una explicación satisfactoria sobre las muertes y lesiones ocurridas bajo su custodia, de manera que pudiera desvirtuar la presunción de responsabilidad internacional que opera en tales circunstancias. Además, determinó que existen múltiples indicios que, tomados en su conjunto y ante la falta de un esclarecimiento adecuado de los hechos, permite concluir que el uso de la fuerza fue ilegítimo, innecesario y desproporcionado. En tal sentido, la Comisión declaró violados los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas ejecutadas y lesionadas.

“La Comisión concluyó además que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las víctimas heridas y de los familiares de las víctimas fallecidas. Al respecto, la Comisión determinó, entre otros, que la investigación no ha sido exhaustiva, que las autopsias llevadas a cabo no son compatibles con los estándares internacionales aplicables, que no se ha analizado el contexto de las muertes, y que la investigación de los hechos, la cual continúa pendiente, no se ha llevado a cabo en un plazo razonable. Por último, la Comisión declaró violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas ejecutadas por el sufrimiento y angustia ocasionada por la pérdida de sus seres queridos en las circunstancias descritas, así como la ausencia de verdad y justicia.”


jueves, 28 de febrero de 2019

Nuevo caso de libertad de expresión contra Chile


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 27 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 44/19, mediante el cual informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 12.955, Daniel Urrutia Laubreaux, respecto de Chile.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con una serie de violaciones de derechos humanos en el marco del proceso disciplinario que culminó con una sanción de censura, después reducida a amonestación privada, contra el Juez Daniel Urrutia Laubreaux, por remitir un trabajo académico a la Corte Suprema de Justicia, criticando sus actuaciones durante el régimen militar chileno. En su informe de fondo, la Comisión concluyó que Chile violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección judicial, en perjuicio de Daniel Urrutia Laubreaux.

“La Comisión determinó que el Estado violó los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa, porque la víctima nunca fue notificada de que se le inició un proceso disciplinario, las razones del mismo o las causales que pudo haber infringido con su conducta. Asimismo, la CIDH concluyó que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad disciplinaria imparcial y el derecho a la protección judicial, ya que luego que la víctima remitió el trabajo académico a la Corte Suprema, dicha Corte se lo devolvió indicándole que el informe contenía apreciaciones inadecuadas e inaceptables. Sin embargo, fue la misma Corte Suprema, que ya había emitido dicho juicio de valor, la que revisó en segunda instancia la sanción impuesta. Adicionalmente, la Comisión declaró que el Estado violó el principio de legalidad por la excesiva amplitud de la causal disciplinaria aplicada a la víctima del caso, la cual sancionaba atacar ‘en cualquier forma’ la conducta de jueces o magistrados, afectando la previsibilidad de las conductas reprochables y posibilitando que las autoridades disciplinarias contaran con un margen de discrecionalidad para la calificación de lo que constituye un ataque.

“Finalmente, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y expresión por imponer una sanción arbitraria al ejercicio de la libertad de expresión, mediante la imposición de una responsabilidad ulterior que incumplió los requisitos establecidos en la Convención Americana. Además, la CIDH indicó que la finalidad perseguida de ‘respeto jerárquico’ no es uno de los fines consagrados en la Convención. También estimó que no existía relación de medio a fin entre la restricción aplicada a un trabajo académico y la finalidad invocada y resaltó que las opiniones vertidas en el trabajo académico son de interés público y deben protegerse con mayor rigor en la medida en que contribuyen al debate sobre la forma en la que el Poder Judicial puede responder a denuncias de graves violaciones de derechos humanos.”


martes, 26 de febrero de 2019

Nuevo juez asume funciones


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Durante el reciente período 129, culminado el 8 de febrero, se tomó juramento al nuevo juez, don Ricardo Pérez Manrique (el juramento puede verse aquí, en el minuto 4:20).  Pérez tuvo una carrera judicial en Uruguay, y llegó a ser Presidente de la Corte Suprema de Justicia de dicho país.  Él viene a reemplazar al juez Roberto F. Caldas, quien renunció a su cargo en la Corte en mayo de2018.



Nuevo caso contra Ecuador


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 13 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 32/19, mediante el cual informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 12.678, Paola del Rosario Guzmán Albarracín y familiares, respecto de Ecuador.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por la violencia sexual sufrida por Paola del Rosario Guzmán Albarracín entre los 14 y los 16 años de edad y su posterior suicidio a la edad de 16 años. La Comisión concluyó que la niña fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña, incluyendo violencia sexual, por parte del vicerrector de su colegio y por el médico del colegio, ambos funcionarios públicos, y que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida. La Comisión consideró que la responsabilidad del Estado, además de la derivada por el incumplimiento del deber de respeto, se extiende también al incumplimiento del deber de garantía en su componente de prevención, toda vez que ni el colegio ni el Estado en general contaban con herramientas preventivas y de detección temprana, ni con mecanismos de rendición de cuentas frente a situaciones como ésta, que no fue de carácter aislado en ese colegio.

“Asimismo, la Comisión concluyó que los responsables del colegio no tomaron las medidas necesarias para atender la situación de gravedad y urgencia en que se encontraba Paola Guzmán Albarracín el 12 de diciembre de 2002, después de ingerir los “diablillos” de fósforo blanco que ocasionaron su muerte. En ese sentido, las acciones y omisiones de estos funcionarios públicos que tenían un deber reforzado de cuidado de la niña en el ámbito educativo contribuyeron al desenlace fatal de la víctima, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado también por lo sucedido ese día.

“La Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, vida privada y dignidad, al derecho a la especial protección del Estado en su condición de niña, a la igualdad y no discriminación, a la educación, a la salud y a vivir libre de violencia, en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín.

“Por otra parte, la Comisión consideró que la situación de impunidad en que se encuentra el caso obedeció a la falta de debida diligencia de las autoridades. Asimismo, concluyó que los procesos seguidos por la muerte de Paola Guzmán Albarracín no fueron conducidos con una perspectiva de género y que tanto en la acción penal, como en las vías civil y la administrativa, estuvieron presentes estereotipos sobre el rol y comportamiento social de las mujeres, situación que constituyó una violación del principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia. En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como a la igualdad y no discriminación en perjuicio de los familiares de la niña. Por último, la Comisión consideró que la pérdida de su ser querido y la ausencia de justicia han ocasionado sufrimiento y angustia a los padres y hermana de Paola, en violación a su derecho a la integridad psíquica y moral.”


jueves, 14 de febrero de 2019

The interpretation of the right to mental health in the African and American systems

Posted by Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

The latest volume of the African Human Rights Yearbook (Vol. 2, 2018, pp. 223-242) includes an article of Miriam Wachira & Doug Cassell, entitled “The interpretation of the right to mental health in the Africa and American systems”. This is the abstract: 

“The right to health is now justiciable in both the African and Inter-American human rights systems. In Africa, the right to mental health however is still not given priority, leaving persons with mental disabilities marginalised and discriminated against in the allocation of resources. The Lunatics Detention Act of The Gambia has not been amended to comply with the recommendations of the Commission on Human and Peoples’ Rights and this reflects how the state views the right to mental health and the weight it attaches to the Commission’s recommendations in the Purohit case. By comparison, when the Ximenes-Lopes case to the American system was still ongoing, the state had already started reforms and has since complied with all the recommendations. The African Commission held that mental health patients had a right to decide their treatment and viewed involuntary detention under mental health legislation as a violation of the right to liberty and security of the person and the prohibition against arbitrary detention. The Inter-American system held that the right to personal liberty established in article 7 of the American Convention on Human Rights also protects people with mental disabilities from institutionalisation. Based on the analysis of the two cases, the article concludes that there is a need for policy change and resource allocation for mental health patients by African states to ensure that they enjoy their right to health”

viernes, 25 de enero de 2019

Comentarios sobre Opinión Consultiva 24 (LGTBI)


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl D.

Recientemente se publicó el libro “Anuario de Derecho Público 2018”, de la Universidad Diego Portales.  El Anuario completo se puede descargar aquí. En él hay dos capítulos que comentan, desde diversos puntos de vista, la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Ellos son los siguientes: 

Ximena Gauché:  “Comentarios a la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de identidad de género”.

Álvaro Paúl: “Cuatro extendidos desaciertos de la Corte Interamericana que se observan en su opinión consultiva n° 24” (este capítulo se puede descargar de aquí).




martes, 11 de diciembre de 2018

Caso nuevo sobre detenciones basadas en apariencia


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 26 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 252/18, mediante el cual informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso N° 12.315, Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, respecto de Argentina.

La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con las detenciones ilegales y arbitrarias en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto en mayo de 1992 y Carlos Alejandro Tumbeiro en enero de 1998, por parte de agentes de la Policía de Buenos Aires. La Comisión Interamericana concluyó que las detenciones se realizaron sin una orden judicial y sin estado de flagrancia. Además, en ninguno de los dos casos se estableció en la documentación policial cuáles fueron los elementos objetivos que dieron lugar a un grado de sospecha razonable en la comisión de un delito.

“La Comisión indicó que en el caso Carlos Alberto Fernández Prieto, existía una falta de explicación absoluta, mientras que en el caso de Carlos Alejandro Tumbeiro la explicación estaba relacionada con un supuesto ‘estado de nerviosismo’ e ‘inconsistencia’ entre la vestimenta y los objetos que llevaba consigo con la zona en la cual se encontraba, argumentos que no son suficientes para justificar la sospecha del delito.

“Asimismo, la CIDH concluyó que la justificación de las detenciones revela contenido discriminatorio con base en prejuicios sobre la apariencia. En consecuencia, estableció que las detenciones y requisas realizadas incumplieron con el estándar de legalidad y no arbitrariedad, y que las autoridades no ofrecieron recursos efectivos frente a esta situación pues no sólo continuaron con la omisión con base en sospecha, sino que validaron como legítimas las razones dadas por los funcionarios policiales. La Comisión consideró que Argentina es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, y protección judicial, establecidos en los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro.”


martes, 27 de noviembre de 2018

"How Human Rights Bodies Trigger the Application of Criminal Law"

En el último volumen de la Revista Utrecht Journal of International and European Law (Vol. 34, No. 2, 2018, pp. 161-184), se publicó un artículo de Mattia Pinto titulado “Awakening the Leviathan through Human Rights Law – How Human Rights Bodies Trigger the Application of Criminal Law. Este es el resumen del artículo: 

“This article analyses the role that human rights bodies play in triggering the application of criminal law. By examining the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights, the UN Human Rights Committee, as well as other human rights bodies, the article discusses how these institutions have started imposing on states positive obligations to criminalise, prosecute and punish serious human rights violations. While criminal law has traditionally been seen as a threat to fundamental rights, human rights bodies have contributed to presenting criminal law in a positive vein, as an essential instrument of human rights protection. The mainstream of the human rights movement has largely lauded the trend. This article challenges this view, by presenting the pitfalls of using human rights law to extend the reach of criminal justice in order to ensure that perpetrators are held accountable. Not only the imposition of duties to criminalise and punish ends up restricting the accused’s fundamental rights and neglecting the conceptualisation of criminal law as ultima ratio, but the invocation of criminal-law enforcement might also contribute to enhancing the coercive power of the state and, therefore, make state abuses more likely.”