martes, 30 de junio de 2015

Cuadernillos de jurisprudencia



Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer en su página web ocho “cuadernillos de jurisprudencia” sobre los siguientes temas:

1) pena de muerte,
2) migrantes,
3) desplazados,
4) género
5) niños y niñas,
6) desaparición forzada,
7) control de convencionalidad, y
8) libertad personal.

Los cuadernillos fueron editados por Claudio Nash. Todos ellos se encuentran disponibles aquí.

Artículo sobre la prueba ante la Corte IDH

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga

En el último volumen de la Revista Chilena de Derecho (Vol. 42, N° 1, 2015, pp. 297-327) se publicó un artículo llamado “Análisis Sistemático de la Evaluación de la Prueba que Efectúa la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, escrito por Álvaro Paúl, colaborador de este blog.  Éste es el resumen del artículo:

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene la apremiante tarea de proteger los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al hacerlo, ella realiza una importante labor de análisis de prueba, a pesar de lo cual no ha elaborado una teoría general sobre su sistema probatorio. Este artículo analiza la jurisprudencia de la Corte IDH y la confronta con ciertos elementos clásicos de la prueba, tales como la admisibilidad, la carga de la prueba y las presunciones, para demostrar que es posible presentar una teoría general sobre los principios y reglas probatorios aplicados por el tribunal de San José. Ello, sin perjuicio de que la misma Corte IDH –movida por su compromiso con los derechos humanos– ha pasado por alto algunas de sus propias reglas probatorias, lo que podría ser objeto de críticas.”

Tres nuevos casos ante la Corte

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió tres comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 64/2015 (09.06.15), Caso N°. 12.655, I.V., con respecto de Bolivia.

Este asunto fue enviado a la Corte el 23 de abril de 2015.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la esterilización a la que fue sometida la señora I.V. en un hospital público de Bolivia el 1 de julio de 2000. Esta intervención, consistente en una salpingoclasia bilateral o ligadura de trompas, resultó en la esterilización permanente y forzada de la señora I.V. La misma fue efectuada tras la práctica de una cesárea, sin el consentimiento informado de la señora I.V. y sin que se tratara de una situación de emergencia. La Comisión concluyó que la intervención quirúrgica constituyó una violación a la integridad física y psicológica de la señora I.V., así como a su derecho a vivir libre de violencia y discriminación, de acceso a la información y a la vida privada y familiar, entendiendo la autonomía reproductiva como parte de tales derechos. Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado no proveyó a la víctima de una respuesta judicial efectiva frente a tales vulneraciones.”

2.  Comunicado 68/15 (11.06.15), Caso No. 12.270, Johan Alexis Ortiz, con respecto de Venezuela. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 13 de mayo de 2015.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la muerte del joven Johan Alexis Ortiz el 15 de febrero de 1998 en las instalaciones de los Comandos Rurales de Caño Negro. Johan Alexis Ortiz era estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC) y murió como consecuencia de disparos de arma de fuego, en el contexto de una ‘práctica de fogueo’ realizada con balas reales al interior de la instalación militar como requisito para completar su formación como funcionario de la referida institución.”

“La Comisión estableció que las propias autoridades militares crearon el riesgo al incumplir la propia regulación de la práctica, en lo relativo al plan de operación y emergencias, así como al uso de armamento y municiones.  Asimismo, la Comisión estableció que el Estado no aportó una explicación satisfactoria sobre el uso de fuego real y el incumplimiento de las medidas de seguridad. La Comisión también concluyó que el Estado no respondió de manera adecuada ni oportuna a las lesiones sufridas por Johan Alexis Ortiz, al no contar con personal médico especializado ni con una ambulancia que le permitiera recibir atención mientras era trasladado hasta un centro médico, lo cual resultó especialmente grave tomando en cuenta el lugar alejado en el que se llevó a cabo la práctica.”

“En cuanto a los procesos internos, entre 1998 y 2001 la investigación y proceso judicial en contra de los posibles responsables, fueron seguidos por la justicia penal militar, en violación a los principios de independencia e imparcialidad. Además, la Comisión encontró múltiples irregularidades que demuestran la falta de debida diligencia en la investigación, y determinó que se incumplió la garantía de plazo razonable. Finalmente, la Comisión estableció que las reiteradas denuncias de supuestos actos de tortura ocurridos antes de la muerte de Johan Alexis Ortiz no fueron investigadas.”

3.  Comunicado 69/15 (12.06.15), Caso No. 11.566, Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira y otros (Favela Nova Brasília), con respecto de Brasil.

Este asunto fue enviado a la Corte el 19 de mayo de 2015.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con las ejecuciones extrajudiciales de 26 personas –incluyendo seis niños/as– en el marco de las redadas policiales efectuadas por la Policía Civil de Rio de Janeiro el 18 de octubre de 1994 y el 8 de mayo de 1995 en la Favela Nova Brasília. Estas muertes fueron justificadas por las autoridades policiales mediante el levantamiento de ‘actas de resistencia al arresto’. Además, en el marco de una redada el 18 de octubre de 1994, C.S.S. (15 años de edad), L.R.J. (19 años de edad) y J.F.C (16 años de edad), fueron víctimas de tortura y actos de violencia sexual por parte de agentes policiales. La Comisión estableció que estos hechos ocurrieron en un contexto y patrón de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía en Brasil, especialmente en Río de Janeiro. Además, la Comisión encontró que el contexto en que ocurrieron los hechos del caso ha sido tolerado e incluso auspiciado por instituciones estatales. La Comisión también estableció que este contexto incluye la falta de mecanismos de rendición de cuentas y la situación de impunidad en que permanecen estas violaciones. En efecto, las investigaciones fueron llevadas a cabo con el objetivo de estigmatizar y revictimizar a las personas fallecidas, pues se enfocaron en su culpabilidad y no en la verificación de la legitimidad del uso de la fuerza. Tanto la muerte de las 26 personas como los actos de tortura y violencia sexual se encuentran en situación de impunidad y, a la fecha, las acciones penal respecto de la mayoría de los hechos del caso –los actos de tortura y violencia sexual en la redada de 1994 y las muertes en la redada de 1995– se encuentran prescritas a nivel interno.”


lunes, 15 de junio de 2015

Documentos sobre la elección de jueces de la Corte IDH



Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

Dada la inminente renovación parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comparto tres interesantes documentos que nos llaman a la reflexión. El primero, es una publicación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), titulada “Proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Documento de Coyuntura No. 10, 2014, disponible aquí), cuyo índice es el siguiente:
Reflexiones hacia una reforma
¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD ES IMPORTANTE?
Tracy Robinson

PRESENTACIÓN EN EL MARCO DEL CONVERSATORIO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE INTEGRANTES DE LA CIDH Y LA CORTE IDH
Renzo Pomi

LA DEUDA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS PARA MEJORAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE SUS INTEGRANTES
Alejandra Vicente

¿ES IMPORTANTE LA PRESENCIA DE JUEZAS PARA LA LEGITIMIDAD DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS?
Nienke Grossman

DE LEGE FERENDA: REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA MEJORAR LA DESIGNACIÓN Y LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Laurence Burgorgue-Larsen

El segundo documento es el “Final Report of the Independent Panel for the Election of Inter-American Commissioners and Judges” de 2 de junio de 2015 (disponible aquí). El Panel fue convocado por Open Society y estuvo integrado por Marion Bethel (Bahamas), Belisário dos Santos Jr. (Brasil), Cecilia Medina Quiroga (Chile), Juan Méndez (Argentina), Naomi Roht--Arriaza (EEUU). Las principales recomendaciones del Panel fueron:

  • That member states create at national level a formal, independent and non-political body to select the nominated candidates that would be broadly representative, and which would assess and interview candidates in a public manner.
  • That states should nominate a minimum of two candidates for election, at least one of them a woman.
  • That the OAS set up an ad hoc Advisory Committee responsible to review the suitability of candidates and to provide guidance to states in the election process – a model now embraced by both the European Court of Human Rights and the International Criminal Court.

Finalmente, les comparto un artículo de mi autoría, titulado “The Independence of the Inter-American Judge”, que fue publicado en la revista The Law and Practice of International Courts and Tribunals (disponible aquí), y cuyo resumen es el siguiente:

“This article describes and analyzes several safeguards of the independence of the Inter-American judge. It concludes that the system enshrined in the American Convention on Human Rights, the Statute of the Inter-American Court of Human Rights and the Court’s practice are not enough to guarantee the appearance of independence of the Court’s judges. The major problem is the process of nomination and election of judges. At both national and international levels the process is not clear, transparent, or accountable. Women and ethnic and cultural groups are underrepresented. Judges’ terms of office and the re-election possibilities should be revised. Lastly, some guidelines should be adopted in order to regulate judges’ outside activities, incompatibilities, and disqualifications. All these issues should by addressed by the Organization of American States, States Parties to the Convention, and the Court itself, and this article gives some recommendations in this respect.”

viernes, 22 de mayo de 2015

Nuevos casos contra Ecuador y Brasil

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió dos comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana. Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 43/15 (30.04.15), Caso No. 12.743, Homero Flor Freire con respecto a Ecuador. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 11 de diciembre 2014.  Según el comunicado, el caso se refiere a “la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador como consecuencia de las decisiones que dieron lugar a la separación de Homero Flor Freire de la base terrestre ecuatoriana, con base en el entonces vigente Reglamento de Disciplina Militar. Dicha norma sancionaba con la separación del servicio los actos sexuales entre personas del mismo sexo. La Comisión Interamericana consideró que si bien ‘el mantenimiento de la disciplina al interior de una institución armada’ constituye un fin legítimo, no existe relación de idoneidad de medio a fin entre la sanción de ‘actos de homosexualidad’ en las fuerzas armadas y los valores castrenses que se buscaba proteger como el honor, la dignidad, la disciplina y el culto al civismo. Asimismo, la CIDH señaló que afirmar lo contrario implicaría agregar un valor negativo al acto sexual entre personas del mismo sexo, además de promover la estigmatización contra personas lesbianas, gays y bisexuales o aquellas percibidas como tales. En esta decisión, la CIDH señaló además que las circunstancias en las cuales una persona puede ser ‘percibida’ con una orientación sexual distinta a la heterosexual, no implican necesariamente que esta persona se identifique con dicha orientación. Sin embargo, ello no excluye que pueda verse expuesta a la discriminación a la que históricamente han sido y son sometidas las personas por su orientación sexual.”

“Adicionalmente, la Comisión Interamericana encontró que el Reglamento entonces vigente contemplaba una sanción menos lesiva para los ‘actos sexuales ilegítimos’, en comparación con los denominados en dicha norma ‘actos de homosexualidad’. Sobre este punto, la Comisión calificó tal diferencia de trato como discriminatoria. La CIDH también encontró que en el proceso, tanto en la actividad probatoria como en la motivación judicial, estuvieron presentes sesgos y prejuicios discriminatorios respecto de la aptitud de una persona para ejercer sus funciones dentro de una institución militar en razón de su orientación sexual real o percibida. Finalmente, la Comisión encontró que en el proceso seguido en contra de Homero Flor Freire se violó la garantía de imparcialidad y que la demanda de tutela interpuesta no constituyó un recurso efectivo para proteger sus derechos.”

2.  Comunicado 45/15 (07.05.15), Caso No. 12.066 Trabajadores de la Fazenda Brasil Verde con respecto a Brasil. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 6 de marzo de 2015.  Según el comunicado, el caso se refiere “se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un contexto en el que decenas de miles de trabajadores eran sometidos anualmente a trabajo esclavo, el cual tiene sus raíces en una discriminación y exclusión histórica. En tal sentido, el grupo afectado lo constituyen en su mayoría hombres entre 15 y 40 años de edad, afrodescendientes y morenos originarios de los estados más pobres del país y con menos perspectiva de trabajo. La situación de extrema y especial vulnerabilidad de dicho grupo se debe, entre otros, a la falta de recursos adecuados y efectivos que protejan sus derechos no sólo de manera formal; la pobreza extrema en la que vive gran parte de la población de los estados de los cuales son oriundos; la insuficiente presencia de instituciones estatales; y la inequitativa distribución de la tierra.”

“Desde 1989, las autoridades estatales realizaron visitas o fiscalizaciones a la Fazenda Brasil Verde para constatar las condiciones en la que encontraban los trabajadores. En ellas, se verificó la existencia de trabajo esclavo, ‘irregularidades’ laborales y ‘algunas fallas’ en dicha hacienda. Los trabajadores que lograron huir declararon sobre la existencia de amenazas de muerte en caso de abandonar la hacienda, el impedimento que tenían de salir libremente, la falta de salario o la existencia de un salario ínfimo, el endeudamiento con el hacendado, la falta de vivienda, alimentación y salud dignas, entre otros. La Comisión consideró que la información disponible permite calificar las prácticas en la hacienda como trabajo forzado y servidumbre por deudas como forma contemporánea de esclavitud.”

“Asimismo, la Comisión Interamericana declaró que esta situación es atribuible internacionalmente al Estado de Brasil, pues tuvo conocimiento de la existencia de estas prácticas en general y específicamente en la Fazenda Brasil Verde desde al menos 1989. La CIDH consideró que a pesar de haber tomado conocimiento de la situación, el Estado no adoptó medidas razonables de prevención y respuesta, ni proveyó a las víctimas de un mecanismo judicial efectivo para la protección de sus derechos, la sanción de los responsables y la obtención de una reparación. El análisis de la Comisión Interamericana también fue realizado a la luz del principio de no discriminación.”

“La Comisión concluyó además que el Estado de Brasil es responsable internacionalmente por la desaparición de los adolescentes Iron Canuto y Luis Ferreira. Sus desapariciones fueron denunciadas ante autoridades estatales desde diciembre de 1988, y no se adoptaron medidas efectivas para dar con su paradero, a pesar del conocimiento que tenía el Estado de las prácticas en la hacienda. El Estado, al tolerar estas prácticas, las perpetuó.”