viernes, 22 de mayo de 2015

Nuevos casos contra Ecuador y Brasil

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió dos comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana. Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 43/15 (30.04.15), Caso No. 12.743, Homero Flor Freire con respecto a Ecuador. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 11 de diciembre 2014.  Según el comunicado, el caso se refiere a “la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador como consecuencia de las decisiones que dieron lugar a la separación de Homero Flor Freire de la base terrestre ecuatoriana, con base en el entonces vigente Reglamento de Disciplina Militar. Dicha norma sancionaba con la separación del servicio los actos sexuales entre personas del mismo sexo. La Comisión Interamericana consideró que si bien ‘el mantenimiento de la disciplina al interior de una institución armada’ constituye un fin legítimo, no existe relación de idoneidad de medio a fin entre la sanción de ‘actos de homosexualidad’ en las fuerzas armadas y los valores castrenses que se buscaba proteger como el honor, la dignidad, la disciplina y el culto al civismo. Asimismo, la CIDH señaló que afirmar lo contrario implicaría agregar un valor negativo al acto sexual entre personas del mismo sexo, además de promover la estigmatización contra personas lesbianas, gays y bisexuales o aquellas percibidas como tales. En esta decisión, la CIDH señaló además que las circunstancias en las cuales una persona puede ser ‘percibida’ con una orientación sexual distinta a la heterosexual, no implican necesariamente que esta persona se identifique con dicha orientación. Sin embargo, ello no excluye que pueda verse expuesta a la discriminación a la que históricamente han sido y son sometidas las personas por su orientación sexual.”

“Adicionalmente, la Comisión Interamericana encontró que el Reglamento entonces vigente contemplaba una sanción menos lesiva para los ‘actos sexuales ilegítimos’, en comparación con los denominados en dicha norma ‘actos de homosexualidad’. Sobre este punto, la Comisión calificó tal diferencia de trato como discriminatoria. La CIDH también encontró que en el proceso, tanto en la actividad probatoria como en la motivación judicial, estuvieron presentes sesgos y prejuicios discriminatorios respecto de la aptitud de una persona para ejercer sus funciones dentro de una institución militar en razón de su orientación sexual real o percibida. Finalmente, la Comisión encontró que en el proceso seguido en contra de Homero Flor Freire se violó la garantía de imparcialidad y que la demanda de tutela interpuesta no constituyó un recurso efectivo para proteger sus derechos.”

2.  Comunicado 45/15 (07.05.15), Caso No. 12.066 Trabajadores de la Fazenda Brasil Verde con respecto a Brasil. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 6 de marzo de 2015.  Según el comunicado, el caso se refiere “se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un contexto en el que decenas de miles de trabajadores eran sometidos anualmente a trabajo esclavo, el cual tiene sus raíces en una discriminación y exclusión histórica. En tal sentido, el grupo afectado lo constituyen en su mayoría hombres entre 15 y 40 años de edad, afrodescendientes y morenos originarios de los estados más pobres del país y con menos perspectiva de trabajo. La situación de extrema y especial vulnerabilidad de dicho grupo se debe, entre otros, a la falta de recursos adecuados y efectivos que protejan sus derechos no sólo de manera formal; la pobreza extrema en la que vive gran parte de la población de los estados de los cuales son oriundos; la insuficiente presencia de instituciones estatales; y la inequitativa distribución de la tierra.”

“Desde 1989, las autoridades estatales realizaron visitas o fiscalizaciones a la Fazenda Brasil Verde para constatar las condiciones en la que encontraban los trabajadores. En ellas, se verificó la existencia de trabajo esclavo, ‘irregularidades’ laborales y ‘algunas fallas’ en dicha hacienda. Los trabajadores que lograron huir declararon sobre la existencia de amenazas de muerte en caso de abandonar la hacienda, el impedimento que tenían de salir libremente, la falta de salario o la existencia de un salario ínfimo, el endeudamiento con el hacendado, la falta de vivienda, alimentación y salud dignas, entre otros. La Comisión consideró que la información disponible permite calificar las prácticas en la hacienda como trabajo forzado y servidumbre por deudas como forma contemporánea de esclavitud.”

“Asimismo, la Comisión Interamericana declaró que esta situación es atribuible internacionalmente al Estado de Brasil, pues tuvo conocimiento de la existencia de estas prácticas en general y específicamente en la Fazenda Brasil Verde desde al menos 1989. La CIDH consideró que a pesar de haber tomado conocimiento de la situación, el Estado no adoptó medidas razonables de prevención y respuesta, ni proveyó a las víctimas de un mecanismo judicial efectivo para la protección de sus derechos, la sanción de los responsables y la obtención de una reparación. El análisis de la Comisión Interamericana también fue realizado a la luz del principio de no discriminación.”

“La Comisión concluyó además que el Estado de Brasil es responsable internacionalmente por la desaparición de los adolescentes Iron Canuto y Luis Ferreira. Sus desapariciones fueron denunciadas ante autoridades estatales desde diciembre de 1988, y no se adoptaron medidas efectivas para dar con su paradero, a pesar del conocimiento que tenía el Estado de las prácticas en la hacienda. El Estado, al tolerar estas prácticas, las perpetuó.”

viernes, 15 de mayo de 2015

Bolivia cumple totalmente con la sentencia del caso Familia Pacheco Tineo



Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

Mediante comunicado de 14 de mayo de 2015, la Secretaría de la Corte IDH informó que el Tribunal emitió una resolución en la cual decidió dar por concluido y archivar el caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia, debido a que el Estado dio cumplimiento a cada una de las reparaciones ordenadas en la Sentencia emitida el 25 de noviembre de 2013.

Según el comunicado, “[l]os hechos del caso ocurrieron en el 2001 y se refieren a la expulsión de la familia Pacheco Tineo del territorio boliviano, cuando sus miembros se encontraban en condición de migrantes en situación irregular y de solicitantes del reconocimiento del estatuto de refugiados. Dicha expulsión se produjo sin que las víctimas hayan sido escuchadas y sin que los órganos estatales realizaran las valoraciones que correspondían”. En dicha Sentencia el Tribunal ordenó a Bolivia las siguientes medidas de reparación, que el Estado cumplió a cabalidad:

a) publicación y difusión de la Sentencia;

b) pago de indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial a las víctimas, para lo cual tomó las previsiones pertinentes para pagarles en Chile, país en que residen, realizando, inclusive, un “acto oficial” de entrega de las indemnizaciones en el Consulado de Bolivia en Santiago;

c) reintegro de determinado monto al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte, y

d) elaboración e implementación del “Programa de Capacitación” denominado “Actualización en Gestión Migratoria (2da versión)”, dirigido a capacitar a funcionarios de la Dirección Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Refugiados, así como funcionarios de otras entidades con atribuciones relacionadas con la atención de migrantes y solicitantes de refugio. La Corte tomó en cuenta que el contenido del programa abarca materias relativas a los estándares internacionales de los derechos humanos de los migrantes, las garantías del debido proceso y el derecho internacional de refugiados y contempla una materia específica sobre la Sentencia del presente caso, y que Bolivia garantizó la previsión presupuestaria para su consecución en el 2015. La Corte declaró el cumplimiento de esta medida de reparación en el entendido de que el Estado “deberá garantizar que el programa de capacitación referido se desarrolle de modo permanente y obligatorio”.

La Corte valoró que Bolivia dio cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia dentro de los plazos dispuestos para ello.

miércoles, 13 de mayo de 2015

Libro: “La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”



Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Universidad Externado de Colombia publicó una nueva edición del libro de Jorge Ernesto Roa Roa, titulado “La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Esta es la descripción que Juan Carlos Upegui Mejía hace de la obra:

“La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un estudio de las veintiuna opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana hasta el año 2014 que no tiene parangón en la literatura jurídica del sistema interamericano. El texto está construido sobre tres ejes: la caracterización normativa de la función consultiva; la descripción de la práctica consultiva de la Corte; y las implicaciones del divorcio entre la norma y la práctica consultiva, caracterizado en lo que el autor llama las “fisuras de la función consultiva”: la extensión de la competencia y la indeterminación de sus efectos. Jorge Roa demuestra cómo la práctica de la Corte Interamericana, concretada en estas dos fisuras, ha conducido al deterioro de la seguridad jurídica internacional y a una pérdida relativa de la autoridad de la Corte, y señala, con razón, la urgencia de un cambio de rumbo en la materia.”

Artículo: "A Dark Side of Virtue: The Inter-American Court and Reparations for Indigenous Peoples"



Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En la Revista Duke Journal of Comparative & International Law (Vol. 25, No 1, 2014, pp. 1-80) se publicó un artículo de Thomas M. Antkowiak titulado “A Dark Side of Virtue: TheInter-American Court and Reparations for Indigenous Peoples”. Este es el resumen:

“The Inter-American Court of Human Rights has now developed a significant jurisprudence on indigenous peoples, far more extensive than the case law of the other regional human rights tribunals. Also, unlike the various United Nations institutions that promote indigenous rights, the Inter-American Court issues binding and detailed judgments. As a result, the Court has become a global leader in the adjudication and redress of indigenous claims. For this reason, this first close and critical examination of the Court’s reparations for indigenous peoples is vital.

With respect to non-monetary remedies, the Court has ordered the restitution of communal lands and other powerful measures. Generally, these pioneering remedies have directly responded to victims’ preferences for restoration. In contrast, the Court’s monetary reparations frequently disappoint. Examples include token sums ordered for plundered ancestral resources and a neglect of individualized compensation.

By undercompensating indigenous petitioners in these ways, the Court fails to recognize them as full-fledged rights bearers. Fully entitled to collective and individual rights, they accordingly require appropriate remedies on both communal and individual levels. This critique is urgent because indigenous cases continue to flow to the Court, and its criteria are increasingly adopted by UN authorities, regional human rights institutions, and national courts.

Ultimately, this Article urges the Court to commit to a victim-centered approach for monetary damages, as it generally has done for non-monetary remedies. Once rights violations are proven, if the Court does not reasonably respond to the way victims want to be restored, it will not adequately redress them. As a result, the Court will betray its mandate as a human rights tribunal and undermine the individual and collective rights of indigenous peoples.”