miércoles, 25 de noviembre de 2020

Dos nuevos casos Ecuador

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la presentación de dos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 264/20 (03.11.20), Caso Víctor Henry Mina Cuero, respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 26 de octubre de 2020.  Según el comunicado, el caso “se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por una serie de violaciones en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución del policía Víctor Henry Mina Cuero.”

2.  Comunicado 277/20 (18.11.20), caso Joffre Antonio Aroca Palma y familia, respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 6 de noviembre de 2020.  Según el comunicado, el caso “se refiere a la detención ilegal y arbitraria, y ejecución extrajudicial de Joffre Antonio Aroca Palma en febrero de 2001, así como a la situación de impunidad en la que permanecen los hechos.” En este caso, la “CIDH concluyó que el Estado ecuatoriano no aportó una explicación que permitiera considerar que la muerte del Aroca constituyó el uso legítimo de la fuerza, ni tal información se desprende del expediente.”  Además, la CIDH se refiere al uso de la justicia policial penal en este caso.

 

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viernes, 9 de octubre de 2020

Nuevos casos: debuta el tema de pueblos en aislamiento voluntario

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió cuatro comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

 1.  Comunicado 232/20 (25.09.20), Caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros, respecto de Guatemala. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 3 de abril de 2020.  La CIDH describe los hechos del caso del siguiente modo:  “El caso se relaciona con los obstáculos que enfrentan cuatro emisoras de radio comunitarias operadas por pueblos indígenas en Guatemala —Kaqchikel Maya, Achí Maya de San Miguel Chicaj, Mam Maya de Cajolá y Maya de Todos Santos de Cuchumatán—para ejercer libremente sus derechos de libertad de expresión y culturales debido a la existencia de trabas legales para acceder a frecuencias radiales, al mantenimiento de normas discriminatorias que regulan la radiodifusión y a una política de criminalización de la radiodifusión comunitaria operada sin autorización en Guatemala.” 

 2.  Comunicado 239/20 (30.09.20), Caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros, respecto de Honduras.

Este asunto fue enviado a la Corte el 12 de agosto de 2020.  La CIDH describe los hechos del caso del siguiente modo:  “El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, así como las amenazas contra varios de sus líderes y lideresas.”

3.  Comunicado 241/20 (01.10.20), caso Herminio Deras García y familia, respecto de Honduras.

Este asunto fue enviado a la Corte el 20 de agosto de 2020.  Según la Corte, el caso “se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de Deras García, maestro, dirigente del Partido Comunista de Honduras y asesor de varios sindicatos de la costa norte del país, así como a las amenazas, detenciones ilegales y actos de tortura en contra de sus familiares. Estos hechos se llevaron a cabo en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante la década de 1980.”

4.  Comunicado 244/20 (02.10.20), Caso Pedro Julio Movilla Galarcio y Familiares, respecto de Colombia.

Este asunto fue enviado a la Corte el 8 de agosto de 2020.  Según la CIDH:  “El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, líder sindical, militante del partido político de izquierda PCC-ML, y activista social colombiano, ocurrida el 13 de mayo de 1993.”

5.  Comunicado 245/20 (05.10.20), Caso de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario Tagaeri y Taromenane, respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 30 de septiembre de 2020.  Según la CIDH:  “El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por una serie de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane y sus miembros, en el marco de proyectos que afectan sus territorios, recursos naturales y modo de vida. Se refiere, además a tres grupos de hechos de muertes violentas de miembros de dichos pueblos ocurridos en 2003, 2006 y 2013; y a la falta de medidas adecuadas de protección en relación con dos niñas Taromenane tras los hechos de 2013.”

  

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miércoles, 9 de septiembre de 2020

Nuevo caso contra Guatemala

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 211/20, mediante el cual informó que el 7 de agosto presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente, respecto de Guatemala.

 La CIDH sostiene en su comunicado que el caso “se relaciona con la falta de legislación interna para garantizar el derecho de la Comunidad Maya Q’eqchi’ a la propiedad colectiva, el otorgamiento y establecimiento de un proyecto minero en su territorio, y la ausencia de recursos adecuados y efectivos para demandar el amparo de sus derechos.”

También se refiere a que “el Estado guatemalteco otorgó una licencia de exploración y posteriormente de explotación para el proyecto minero ‘Fénix’, el cual abarca parte del territorio de la Comunidad Maya Q’eqchi’ Agua Caliente. Señaló asimismo que no existe información que acredite que el Estado cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, al otorgar permisos, licencias y concesiones para la realización de dicho proyecto minero en tierras de la comunidad. La Comisión consideró que las omisiones en la elaboración del estudio de impacto ambiental, así como de las licencias de exploración y explotación del proyecto minero constituyen una violación de los derechos a la propiedad colectiva, al acceso a la información, y a participar en los asuntos susceptibles de afectarles. Por último, la CIDH concluyó que se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de la comunidad.”

 

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martes, 11 de agosto de 2020

Caso contra Bolivia y cambio en comunicados de prensa de la CIDH

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 194/20, mediante el cual informó que el 17 de julio presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso Brisa Liliana de Ángulo Lozada, respecto de Bolivia.  Aprovechamos esta ocasión de hacer presente que, en los últimos comunicados de sometimiento de casos, la CIDH no ha dejado constancia del número de caso presentado, sin que se aprecie ninguna razón para haber realizado este cambio. Desafortunadamente, este cambio repercutirá en la dificultad para encontrar los casos en los cuales las personas puedan estar interesados, por lo que instamos a la CIDH a volver a indicar el número de caso en sus comunicados.

Volviendo al caso sobre Bolivia, la CIDH sostiene en su comunicado que el caso “El caso se relaciona con la falta de protección, investigación y sanción frente a la violencia sexual que sufrió la víctima durante su adolescencia.

“En su Informe de Fondo, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado no llevó a cabo una investigación seria y efectiva, por todos los medios legales disponibles, ante la denuncia de violencia sexual en contra de Brisa, adolescente de 16 años, por parte de su primo, quien tenía 26 años a la época de los hechos. Específicamente, la CIDH notó que el Ministerio Público no llevó a cabo una investigación diligente, orientada a la determinación de la verdad y con la debida diligencia reforzada sobre las alegaciones de abuso, violencia sexual y violación sexual, ni encausó debidamente el proceso penal con base en la prueba disponible. Esta cuestión fue observada por los propios tribunales que conocieron del caso, lo cual llevó a la revocación y reenvío para un nuevo enjuiciamiento, materializándose la fuga del presunto responsable, sin que se solicitara su arresto o extradición. En estas circunstancias, la Comisión determinó que la víctima no contó con un recurso adecuado frente a la denuncia de violencia sexual.

“Además, la CIDH determinó que, durante la investigación y enjuiciamientos, no se tomaron las medidas necesarias para evitar la revictimización de Brisa y los procedimientos no se condujeron con perspectiva de género y niñez. Ello, en atención al deber de debida diligencia estricta y reforzada y de protección especial que demandaban las alegaciones de violencia sexual en contra de una adolescente.”


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lunes, 3 de agosto de 2020

Nuevo número del Anuario Colombiano de Derecho Internacional


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl D.

Se publicó una nueva versión del Anuario Colombiano de Derecho Internacional de 2020 (vol. 13), que incluye dos artículos sobre el sistema interamericano.  El primero es un artículo mío, llamado “El Relato de los contextos históricos, sociales y políticos en las sentencias de la Corte Interamericana” (sepuede descargar aquí).  Éste es el resumen del artículo:

“Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos describen en detalle los hechos de los casos que se le presentan.  Al hacerlo, suelen referirse no sólo a los actos que afectaron a la víctima, sino que también al contexto de tales hechos.  Esta descripción del “contexto” es muy relevante, pues tiene efectos declarativos serios, y puede utilizarse como base de una presunción en contra del Estado. Por eso, este trabajo analiza el uso del contexto, y las dificultades que conlleva, y advierte que la Corte debe ser cuidadosa en su utilización.”

El segundo es un artículo de Shirley Vanessa Méndez Romero, Norberto Hernández Jiménez, llamado “Justicia restaurativa y Sistema Interamericano de Derechos Humanos” pp. 49-82 (se puede descargar aquí).  Éste es el resumen del artículo:

“El presente documento realiza un recorrido en torno a la noción de justicia restaurativa y las herramientas que pueden ser aplicadas a través de las soluciones amistosas, en el marco del sistema interamericano de derecho humanos. De manera primigenia se hace un recuento de los modelos punitivos existentes con el objetivo de brindar un panorama general en materia de castigo y su efectividad. Igualmente muestra el tratamiento que tiene la víctima de un delito a nivel local - que en oportunidades alcanza un acuerdo con el victimario -, situación que puede acontecer de la misma forma cuando el menoscabo de sus derechos fundamentales fue ocasionado por parte de un Estado. En este contexto, se mostrará como la práctica de la justicia restaurativa permite la devolución del conflicto a las partes y con ello, la satisfacción de sus derechos de una manera expedita, más efectiva y menos técnica que la que demanda el ambiente jurídico local e interamericano.”


jueves, 23 de julio de 2020

Dos nuevos casos contra Ecuador


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la presentación de dos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 162/20 (10.07.20), Caso Gonzalo Orlando Cortez Espinoza, respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 14 de junio de 2020.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la ilegalidad y arbitrariedad de tres detenciones llevadas a cabo en contra del militar retirado Gonzalo Orlando Cortez Espinoza en 1997 y 2000, afectaciones a su integridad física y vulneraciones al debido proceso en el marco de un proceso penal seguido por ‘infracciones contra la propiedad’.”

2.  Comunicado 163/20 (10.07.20), caso Hermanos Casierra y familia, respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 19 de junio de 2020.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la muerte de Luis Eduardo Casierra Quiñonez y las lesiones de Andrés Alejandro Casierra Quiñonez por parte de agentes de la Armada Nacional en diciembre de 1999, y la situación de impunidad de lo sucedido.”  El caso también se relaciona con el uso de la fuerza letal, y el uso de la jurisdicción penal militar para la investigación de los hechos.


domingo, 21 de junio de 2020

"Assessing the Effectiveness of Memorialization in the Inter-American System of Human Rights”

Posted by Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

Robin Adèle Greeley, Michael R Orwicz, José Luis Falconi, Ana María Reyes, Fernando J Rosenberg, and Lisa J Laplante published an article entitled “Repairing Symbolic Reparations: Assessing the Effectiveness of Memorialization in the Inter-American System of Human Rights” (International Journal of Transitional Justice, Volume 14(1), 2020, pp. 165–192). This is the abstract: 

“The power of memorialization is widely recognized as a form of symbolic reparation aimed at overcoming deep social divisions in the aftermath of mass violence. Yet memorialization as a juridical tool of repair lacks systematic conceptual elaboration, and its potential remains underutilized. This often results in ineffective, even detrimental monuments, and in programmatic failures to integrate memorial practices into multilayered strategies for justice and social reconciliation. This article explores three case studies from the Inter-American Human Rights System in order to examine the strengths and shortcomings of existing approaches to memorialization. We then offer recommendations for expanding the reparative and transformative capacities of symbolic reparations. We conclude by summarizing our observations on how the fundamentally expressive nature of symbolic reparations provides a potentially powerful tool of repair and transformation.”

sábado, 30 de mayo de 2020

Nuevos casos contra Haití y Uruguay


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la presentación de dos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 121/20 (27.05.20), Caso Baptiste Willer y familiares, respecto de Haití.

Según el comunicado, el “caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la falta de protección a los derechos del señor Baptiste Willer y su familia frente a las múltiples amenazas e intentos de homicidio de los cuales fueron objeto entre los años 2007 y 2009, la falta de debida diligencia en la investigación, y la impunidad en que se encuentran la muerte de su hermano Frédo Guirant (o Guirand), de 16 años de edad, así como las amenazas y atentados antes referidos.

“Los hechos del presente caso ocurrieron en el contexto de continuas amenazas y hostigamientos a Baptiste Willer y su familia por parte de miembros de una pandilla que actuaban con impunidad. El 4 de febrero de 2007, Frédo Guirant (o Guirand) fue asesinado por los mismos sujetos que habían atentado contra la vida de su hermano Baptiste Willer unas horas antes. El señor Willer alertó a las autoridades que su vida y la de su familia corrían peligro y solicitó ayuda judicial mediante una carta dirigida a diversas autoridades, aportando información sobre la identidad de los sospechosos y el tipo de amenazas y hostigamientos de los que era víctima. También les informó que, temiendo por su seguridad y la de su familia, se había visto forzado a abandonar su residencia habitual. Luego de haber informado a las autoridades de lo ocurrido, y sin recibir ningún tipo de protección, asistencia o respuesta por parte del Estado, Baptiste Willer, su esposa e hijos menores de edad, continuaron en una situación de desplazamiento, experimentando una permanente sensación de inseguridad y fueron víctimas de continuas amenazas telefónicas y en persona, así como de atentados.”

2.  Comunicado 122/20 (28.05.20), caso Diana Maidanik y otros, respecto de Uruguay.

Según el comunicado, el caso “se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio, las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazu, así como la falta de una adecuada investigación.

“Los hechos del caso se dieron en el marco de la dictadura cívico militar en Uruguay, en cuyo período se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales. En la madrugada del 21 de abril de 1974 Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, de entre 19 y 21 años de edad, fueron asesinadas en la casa donde se encontraban por varias ráfagas de balas en un operativo llevado a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por otra parte, en la madrugada del 13 de diciembre de 1974, dos miembros de las fuerzas conjuntas vestidos de particular, junto con un grupo de soldados armados con metralletas, irrumpieron en el domicilio de Luis Eduardo González, estudiante de medicina y militante del Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay. Luis Eduardo González y su esposa, quien se encontraba embarazada, fueron detenidos y trasladados al 6to Regimiento de Caballería dependiente de la División del Ejercito No 1. El señor González fue visto por última vez en dicho recinto militar el 24 de diciembre de 1974 con signos de tortura, momento desde el cual se encuentra desaparecido. Por último, Oscar Tassino Asteazu, dirigente sindical y militante del Partido Comunista del Uruguay fue detenido el 19 de julio de 1977 por tres personas armadas vestidas de civil que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Al día siguiente fue llevado a los golpes y con el rostro cubierto a un establecimiento clandestino de reclusión, donde fue visto con signos de tortura. Desde ese momento se desconoce su paradero.”


viernes, 15 de mayo de 2020

Diversos enfoques del control de convencionalidad


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl D.

Recientemente se publicó un artículo del colaborador de este blog, llamado “Los enfoques acotados del control de convencionalidad: las únicas versiones aceptables de esta doctrina”, en el Vol. 246 (julio-diciembre) de la Revista de Derecho (Concepción), 2019, pp. 49-82 (se puede descargar aquí).  Éste es el resumen del artículo:

“El control de convencionalidad (CCv) busca que los Estados se abstengan de aplicar normas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Dicha doctrina podría requerir que los jueces y otros órganos nacionales dejen sin aplicación la legislación nacional que sea contraria a la CADH o a la interpretación que de ella haga la Corte Interamericana.  El CCv puede interpretarse de dos modos:  1) afirmando que los órganos nacionales deben aplicarlo, aun cuando éstos no cuenten con la competencia para hacerlo, y 2) diciendo que los órganos nacionales debieran aplicar el CCv en la medida de sus competencias, de acuerdo con su Constitución nacional.  Solo esta última interpretación es compatible con los principios del Derecho internacional y podría ser aceptada por todos los Estados miembros. Este trabajo expone dicha interpretación y sus beneficios frente a la interpretación extensiva del control de convencionalidad.”


martes, 14 de abril de 2020

Tabla de montos de indemnizaciones otorgadas por la Corte IDH


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

¿Cuenta la Corte IDH con criterios para determinar el monto de las indemnizaciones que otorga?  Esta es la pregunta que se hace el autor de este post, y que motivó que postulara a un fondo nacional de Chile para investigar dicho asunto.  Dicha postulación fue exitosa, y la primera parte de esta investigación consistió en elaborar una tabla donde se detallan los distintos pagos que ha ordenado la Corte IDH a lo largo de su historia, desagregando la información según quiénes son los beneficiarios de dicha indemnización, y cuáles son los tipos de indemnizaciones concedidas. 

Ahora ponemos a disposición de los interesados la tabla de indemnizaciones otorgadas por la Corte IDH, a la que se puede acceder mediante este link. 

Hago presente que esto se publica como parte de proyecto N° 1191884, Fondecyt Regular - Conicyt (Chile), “Los Criterios Utilizados por la Corte IDH para Conceder Indemnizaciones, Costas y Gastos”, y que su realización habría sido imposible sin la ayuda de los ayudantes mencionados en dicha tabla.


domingo, 1 de marzo de 2020

CIDH Informa en febrero sobre 7 nuevos casos


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Durante febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió 7 comunicados de prensa mediante los cuales informó la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Dentro de estos casos pueden observarse algunos que fueron enviados a la Corte ya en el mes de agosto de 2019, por lo que llama la atención que la Comisión se demore tanto en informarle a la opinión pública sobre la presentación de estos informes.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 36/20 (13.02.20), Caso N° 12.827, Héctor Fidel Cordero Bernal y otros vs. Perú.

Este asunto fue enviado a la Corte el 16 de agosto de 2019.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se refiere a una serie de violaciones en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución de Héctor Fidel Cordero Bernal de su cargo de Juez del 4to Juzgado Especializado en lo Penal de la Ciudad de Huánuco, Perú en 1996, luego de emitir una decisión en la que concedió libertad incondicional a un procesado.”

2.  Comunicado 37/20 (13.02.20), Caso N° 13.039, Martina Rebeca Vera Rojas vs. Chile. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 6 de septiembre de 2019.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se encuentra relacionado con la responsabilidad del Estado por la falta de regulación, control y sistemas de regulación adecuado para la fiscalización de tratamientos médicos por parte de una aseguradora de salud en perjuicio de la víctima.”

3.  Comunicado 38/20 (14.02.20), Caso N° 12.997, Sandra Cecilia Pavez Pavez, respecto de Chile.

Este asunto fue enviado a la Corte el 11 de septiembre de 2020.  El comunicado señala: “El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la inhabilitación, con base en la orientación sexual, de la señora Pavez para el ejercicio de la docencia de la asignatura de religión en una institución de educación pública, cargo que desempeñaba desde hacía más de 22 años. El 25 de julio de 2007 la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo revocó su certificado de idoneidad, requerido por el Decreto 924 del Ministerio de Educación de 1983 para ejercer como profesora de religión, con base en su orientación sexual, motivo por el cual quedó inhabilitada para ejercer dicho puesto docente. La señora Pavez presentó un recurso de protección, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel al considerar que el acto recurrido no era ilegal o arbitrario, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.”


4.  Comunicado 39/20 (14.02.20), Caso N° 12.985, Jorge Villarroel y otros, respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 13 de septiembre de 2019.  El comunicado señala: “El caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria de los entonces oficiales de la Policía Nacional: Jorge Villarroel Merino, Mario Rommel Cevallos Moreno, Jorge Coloma Gaybor, Fernando López Ortiz, Amílcar Ascazubi Albán y Patricio Vinuesa Pánchez en mayo de 2003, así como de las vulneraciones a las garantías judiciales cometidas en el proceso seguido en su contra por el delito de peculado.”

5.  Comunicado 42/20 (18.02.20), Caso N° 12.229, Familiares de Digna Ochoa y Plácido, respecto de México.

Este asunto fue enviado a la Corte el 2 de octubre de 2019.  Según el comunicado:  “El caso se relaciona con la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de debida diligencia en la investigación seguida por la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. La Comisión estableció la existencia de un contexto de amenazas y agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos en la época de los hechos y estimó que tanto la incidencia de esta situación en el estado de Guerrero como los altos índices de impunidad de casos que involucraban a militares hacían parte de dicho contexto.”

6.  Comunicado 43/20 (18.02.20), Caso N°  12.702, Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea respecto de Paraguay.

Este asunto fue enviado a la Corte el 3 de octubre de 2019.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso está relacionado con una serie de violaciones en el marco de los juicios políticos que culminaron con las destituciones de las víctimas de sus cargos de Ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en 2003.”

7.  Comunicado 46/20 (19.02.20), Caso N° 13.392, Familia Julien-Grisonas, respecto de Argentina.

Este asunto fue enviado a la Corte el 4 de diciembre de 2019.  Según el comunicado:  “El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite iniciada en un operativo policial y militar durante la dictadura argentina. El caso también se refiere a la falta de una adecuada investigación, sanción y reparación por estos hechos, así como por tortura, desaparición forzada y otras violaciones en perjuicio de Anatole y Victoria, hijo e hija del matrimonio Julien-Grisonas, ocurridas a raíz del mismo operativo.”


jueves, 26 de diciembre de 2019

Artículo sobre el juicio por jurados y el deber de motivación

Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

En el primer número de la Revista Derecho Constitucional de la Universidad Blas Pascal (Vol. 1, 2019) se publicó un artículo de Carlos Martin Villanueva titulado “El diseño clásico o anglosajón de juicio por jurados y la violación del deber de motivar: Un análisis a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Este es el resumen del artículo: 

“Se encuentra en marcha un fuerte movimiento de reforma procesal penal en la Argentina incorporando la participación ciudadana en la administración de justicia por medio de la institución de juicios por jurados. Numerosas provincias entre las que se cuentan Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Chaco, San Juan, Rio Negro, entre otras han incorporado ya el diseño de juicio por jurado clásico o anglosajón. El presente trabajo analiza este movimiento de la reforma y los cuestionamientos a la constitucionalidad de la instauración del juicio por jurado clásico por implicar la introducción del veredicto inmotivado a través del análisis crítico de los recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analizaron este problema constitucional y poniendo de manifiesto [...] los argumentos por las cuales estas decisiones son contradictorias con la práctica interpretativa de ambos tribunales que han consagrado un derecho autónomo a la motivación y a un sistema de revisión amplio de las sentencias, como garantías del debido proceso”.

sábado, 7 de diciembre de 2019

Lluvia de casos ante la Corte

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Durante noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido nueve comunicados de prensa mediante los cuales informó la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 280/19 (01.11.19), Caso N° 12.993, Jorge Luis Cuya Lavy y otros, respecto de Perú. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 6 de agosto de 2019.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se relaciona con una serie de violaciones en el marco del proceso de evaluación y ratificación de las víctimas del caso, fiscales y jueces, por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entre 2001 y 2002”.

2.  Comunicado 282/19 (01.11.19), Caso N° 12.263 - Marcia Barbosa de Souza y familiares, respecto de Brasil. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 11 de julio de 2019.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se relaciona con la responsabilidad estatal por los hechos relacionados con la muerte de Márcia Barbosa de Souza en junio de 1998 de manos de un ex diputado estatal, el Sr. Aércio Pereira de Lima, así como por la situación de impunidad en que se encuentra el hecho. La Comisión concluyó que la inmunidad parlamentaria provocó un retraso en el proceso penal de Aércio Pereira de Lima de carácter discriminatorio y constituyó una violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de igualdad y no discriminación y protección judicial en relación con el derecho a la vida, en perjuicio de la madre y el padre de Márcia Barbosa de Souza.”  La Comisión también concluyó que se produjeron otras violaciones.

3.  Comunicado 283/19 (01.11.19), Caso N° 12.786, ‘Luis Eduardo Guachalá Chimbó y familia’ respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 11 de julio de 2019.  El comunicado señala que “El caso se relaciona con se relaciona con la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbó, persona con discapacidad mental, en enero de 2004, mientras se encontraba en un centro público de salud mental en la ciudad de Quito, Ecuador. En su Informe de Fondo la CIDH consideró que el Estado vulneró el derecho a la capacidad jurídica del señor Guachalá al institucionalizarlo en un centro de salud mental sin su consentimiento informado. Asimismo, la Comisión consideró que, por tales razones, el internamiento del señor Guachalá constituyó una privación de libertad arbitraria y una forma de discriminación por su condición de discapacidad.” La Comisión también concluyó que se produjeron otras violaciones.

4.  Comunicado 299/19 (19.11.19), Caso N° (no indica), ‘Olimpiades González y otros’ respecto de Venezuela.

Este asunto fue enviado a la Corte el 8 de agosto de 2019.  Según el comunicado: “El caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria de Olimpiades González y sus familiares María Angélica González, Belkis Mirelis González, Fernando González, Wilmer Antonio Barliza y Luis Guillermo González en noviembre de 1998 y enero de 1999, por parte de agentes estatales. Asimismo, la CIDH observó que dichas personas fueron sometidas a una detención preventiva en el marco de un proceso penal por el delito de homicidio, la cual resultó arbitraria.”

5.  Comunicado 300/19 (19.11.19), Caso N° 12.319 - Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios- FEMAPOR, respecto del Estado de Perú.

Este asunto fue enviado a la Corte el 26 de julio de 2019.  Según el comunicado:  “El caso se relaciona con la falta de cumplimiento de una sentencia de amparo de la Corte Suprema de la República del Perú, emitida el 12 de febrero de 1992, que estableció la manera correcta de calcular el Incremento Adicional de la Remuneración (IAR) a favor de 4,106 ex trabajadores marítimos, portuarios y fluviales. Dentro del proceso de ejecución de sentencia, 2,317 de los beneficiarios de la sentencia original, continuaron reclamando judicialmente, a partir del año 2010, por considerar que el cálculo de los pagos de los beneficios sociales era inexacto.”

6.  Comunicado 302/19 (20.11.19), Caso N° (no indica), ‘Vicente Aníbal Grijalva Bueno’ respecto de Ecuador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 25 de julio de 2019.  El comunicado describe los hechos del siguiente modo:  “El caso se relaciona con la destitución arbitraria de Vicente Aníbal Grijalva Bueno como Capitán de Puerto de la Fuerza Naval ecuatoriana en 1993, así como la falta de garantías judiciales en el proceso sancionatorio de destitución y el proceso penal militar por delitos contra la fe militar que se le siguió en su contra. En su Informe de Fondo la CIDH consideró que en el proceso sancionatorio de destitución del señor Grijalva se violó su derecho de contar con una autoridad imparcial. La Comisión también determinó que el señor Grijalva no tuvo la posibilidad de conocer, participar y defenderse en dicho procedimiento.”

7.  Comunicado 303/19 (21.11.19), Caso N° 12.950, Rufino Jorge Almeida, respecto de Argentina.

Este asunto fue enviado a la Corte el 7 de agosto de 2019.  Según el comunicado:  “El caso se relaciona con la falta de indemnización del señor Rufino Jorge Almeida por el tiempo que permaneció bajo un régimen similar al de libertad vigilada (“libertad vigilada de facto”) durante la dictadura cívico-militar. El señor Almeida fue secuestrado el 5 de junio de 1978 por integrantes de las Fuerzas Armadas y detenido ilegalmente por 54 días en el centro clandestino de detención “El Banco”, donde fue torturado. Luego de su liberación fue sometido a una libertad vigilada de facto hasta el 30 de abril de 1983.”

8.  Comunicado 308/19 (22.11.19), Caso N° 12.805, Jimmy Guerrero, Ramón Molina y familiares respecto de Venezuela.

Este asunto fue enviado a la Corte el 24 de mayo de 2019.  Según el comunicado, el caso está “relacionado con las ejecuciones extrajudiciales de Jimmy Guerrero y de, su tío, Ramón Molina, por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón, en Venezuela, ocurridas el 29 de marzo de 2003.”

9.  Comunicado 309/19 (22.11.19), Caso N° 12.991, Masacre de la Aldea Los Josefinos, respecto de Guatemala.

Este asunto fue enviado a la Corte el 10 de julio de 2019.  Según el comunicado:  “El caso se relaciona con los hechos ocurridos el 29 y 30 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos, Guatemala, en el contexto del conflicto armado interno en el que existía una política de Estado destinada a llevar a cabo un ataque generalizado y sistemático, con violaciones masivas a los derechos humanos de la población civil, por medio de masacres, operaciones de tierra arrasada y desapariciones forzadas, destinadas a propagar terror e infligir castigo a aquellos percibidos como cercanos a la guerrilla, inhibiendo el apoyo a la insurgencia.”



lunes, 2 de diciembre de 2019

“Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos: Comparación de Modelos y Experiencias”

Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

La editorial Tirant lo Blanch publicó el libro “Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos: Comparación de Modelos y Experiencias” (2019), editado por Roberto Romboli y Antonio Ruggeri. A continuación la presentación de la obra y su índice:

“El volumen Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos: comparación de modelos y experiencias recoge las contribuciones y ponencias de la XI Jornadas de Derecho Constitucional italo-españolas-brasileñas celebradas en Mesina el 10 y 11 de septiembre de 2018, durante las cuales se reflexionó y se debatió sobre la relevancia que tiene la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para los operadores jurídicos nacionales y, específicamente, para los jueces, y en qué medida la jurisprudencia de origen externo condiciona o ha condicionado la jurisprudencia interna. Participaron en las jornadas, a través de un debate profundo y dinámico a la vez, académicos, juristas y abogados de reconocido prestigio de los tres países, apareciendo en este volumen sus comunicaciones y ponencias en su lengua original. En las distintas contribuciones se comparan los distintos modos de acceso a las Cortes, así como la dinámica procesal, se examinan las técnicas de decisión y los efectos de las decisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito interno y finalmente, y con especial interés, se plantean tanto reflexiones teóricas como propuestas correctoras para la praxis jurídica”. 

ÍNDICE

Presentazione
Antonio Ruggeri 

CAPITOLO I: CORTE EDU: DINAMICHE PROCESSUALI E POLITICA
Diletta Tega

CAPÍTULO II: LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y FACULTADES INHERENTES AL DERECHO AL JUICIO JUSTO EN EL PROCESO ANTE EL TEDH
Ana Maria Ovejero Puente

CAPÍTULO III: MODO DE ACESSO E DINÂMICA PROCESSUAL PERANTE A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Marcelo Labanca Corrêa de Araújo 

CAPITOLO IV: LA “MANIPOLAZIONE” DELL’EFFICACIA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EDU: MISURE RIPARATORIE GENERALI E SENTENZE PILOTA PER ANDARE OLTRE LA “GIUSTIZIA DEL CASO SINGOLO
Luisa Cassetti

CAPÍTULO V: LA RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN EN ESPAÑA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH: PERFILES NORMATIVOS Y PRÁCTICOS
Rafael Bustos Gisbert

CAPÍTULO VI: O IMPACTO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E A EMERGÊNCIA DE UM NOVO PARADIGMA JURÍDICO
Flávia Piovesan

CAPITOLO VII: PROVE DI CROSS-TALK TRA GIURISPRUDENZA CONVENZIONALE, EUROUNITARIA, INTERAMERICANA ED ITALIANA IN TEMA DI DIRITTO ALLA VITA CHE COMINCIA (PRIME NOTAZIONI)
Stefano Agosta

CAPÍTULO VIII: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS DECLARACIONES Y JURISDICCIONES EUROPEAS
Pablo Pérez Tremps

CAPÍTULO IX: PROBLEMAS DA RECEPÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE IDH NO BRASIL
Antonio Moreira Maués & Breno Baía Magalhães

CAPITOLO X: CONSIDERAZIONI DI SINTESI
Paolo Caretti

CAPITOLO XI: AUTONOMIA DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI E RICHIAMI ALLA CEDU NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA. PRIME NOTE 
Antonio Ignazio Arena

CAPÍTULO XII: ANÁLISE DO DISTANCIAMENTO ENTRE JUÍZOS INTERNACIONAIS E DECISÕES NACIONAIS
Luiz Alberto David Araujo & Cintia Rejane Moller De Araujo

CAPITOLO XIII: IL DIRITTO ALLA VERITÀ, FRA AMNISTIA, PRESCRIZIONE E GIURISPRUDENZA NAZIONALE DELLA CORTE EDU E DELLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI
Roberto Giovanni Conti

CAPÍTULO XIV: O CONCEITO DE EFICIÊNCIA ECONÔMICA E O QUE DEVE SER COMPREENDIDO DELE À SUA APLICAÇÃO JURÍDICA
Alfredo Copetti Neto

CAPITOLO XV: CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ ED AMERICANIZZAZIONE DEL DIRITTO DI CIVIL LAW
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho

CAPÍTULO XVI: DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE RECURSOS INTERNOS COMO CONDIÇÃO DE ACESSO À CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: FLEXIBILIZAÇÃO E PROTEÇÃO
Maria Francisca de Miranda Coutinho

CAPÍTULO XVII: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E O CASO FAZENDA BRASIL VERDE VS. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: POR UM CONCEITO CONTEMPORÂNEO DE ESCRAVIDÃO
Aldacy Rachid Coutinho

CAPITOLO XVIII: DAL REFAH PARTISI AL CASO YATAMA: CEDU E CONVENZIONE AMERICANA A CONFRONTO SUI PARTITI POLITICI
Giuseppe Donato

CAPITOLO XIX: IL DIRITTO DI CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI COME CASO EMBLEMATICO DELL’INTERLOCUZIONE TRA CORTI SOVRANAZIONALI E CORTI NAZIONALI … CON IL LEGISLATORE STATALE COME CONVITATO DI PIETRA
Maria L. Quattrocchi

CAPITOLO XX: IN TEMA DI VINCOLATIVITÀ, PER IL GIUDICE COMUNE, DELLE SENTENZE DELLA CORTE EDU, ALLA LUCE DELLA SVOLTA RAPPRESENTATA DALLA SENT. N. 43 DEL 2018
Alberto Randazzo

CAPÍTULO XXI: INTRODUCCIÓN A LA TERCERA SESIÓN
Miguel Revenga Sánchez

CAPÍTULO XXII: A REFORMA TRABALHISTA E A INFLUÊNCIA DA CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS E DA JURISDIÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NA REGULAÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL
Francisco Sérgio Silva Rocha & Maria de Nazaré Medeiros Rocha

CAPITOLO XXIII: L’ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO XVI ALLA CEDU, L’ORDINE DI INTERVENTO DEGLI ATTORI DEL DIALOGO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE EDU
Roberto Romboli

CAPITOLO XXIV: DIALOGO TRA CORTI E DIRITTI LGBT (A MARGINE DELLA “OPINIÓN CONSULTIVA” DELLA CORTE IDU “OC-24 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2017”)
Lara Trucco

domingo, 1 de diciembre de 2019

“Please, Hear My Cry: Judicial Interpretation of Children’s Human Rights under the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights”


The latest volume of the journal Hastings International and Comparative Law Review (Vol. 43, No. 1, 2020, pp. 35-104) includes an article written by Áquila Mazzinghy entitled “Please, Hear My Cry: Judicial Interpretation of Children’s Human Rights under the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights”. This is the article’s abstract: 

“This research analyzed human rights violations against the children of the American continent over the past four decades, with a focus on the Latin American states. The research concentrated on the following crimes committed against children: extra-judicial killing, torture, sexual molestation, rape and forced disappearance. It analyzed, compared and organized over 60 judicial cases from the Inter-American Court of Human Rights. The overall research objective was to scrutinize the Court’s judicial interpretation of children’s human rights through direct consideration of the sentences’ text. To perform this objective, this research identified patterns of conduct in state violations of children’s human rights, through direct acts or tolerance. It vertically compared singular Court decisions and state conduct”.

domingo, 24 de noviembre de 2019

Human Rights and Terrorism in the Inter-American System

Posted by Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

The book "International Human Rights and Counter-Terrorism" (E. Shor & S. Hoadley, eds, Springer 2019) contains the following two chapters on the Inter-American Human Rights System: 

Christina M. Cerna 

Abstract: "The Organization of American States (OAS) comprises all 35 independent countries in the Western Hemisphere from Canada to Chile, including the independent islands of the Caribbean. The Inter-American Commission and Court of Human Rights are the two OAS organs created to deal with human rights in the region and in the discussion of international human rights law; the Commission is often overlooked in favor of an examination and analysis of the Inter-American Court’s jurisprudence. The Commission, however, has the overarching responsibility for the monitoring of human rights in the hemisphere and consequently has a wider mandate than the Court, the principal function of which is the application and interpretation of the American Convention on Human Rights.

In discussing the work of the OAS as regards counter-terrorism, it is also important to look at the work of specific bodies created to deal specifically with the issue of counter-terrorism such as the Inter-American Committee Against Terrorism, although this body has little contact with the Inter-American Commission on Human Rights. The Commission, for its part, has a long history in conducting on-site visits to countries that were engaged in internal armed conflicts, often against military dictatorships, where terrorism was employed to undermine the State and where the State engaged in acts of counter-terrorism. This chapter will consider examples of the Commission’s on-site visits and country reports to illustrate the changing nature of terrorism and counter-terrorism in the region."


Amaya Ubeda de Torres 

Abstract: "How have Inter-American human rights bodies dealt with terrorism and how has it shaped their case law? The Inter-American system of human rights has been a pioneer in this field, paving the way toward assessing and establishing the limits of States’ behavior in the fight against terrorism. The American continent is not foreign to terrorism, even before the attacks on the Twin Towers and the 11 September events gave it global resonance. This chapter will assess the approach adopted by the Inter-American bodies and the complexities in developing such a response. The reactions of both the Inter-American Commission and the Court to counterterrorist measures and human rights abuses have generated a rich and well-developed body of case law. As with many other topics, the Inter-American Court has played a leading role and, over time, has transformed the American Convention through interpretation, making it a well-adapted mechanism in the fight against human rights abuses. States are confronted with a complex dilemma, as they have to decide whether to declare a state of emergency and exception or deal with terrorism in the context of the normal working of the institutions of the democratic State. In the first case, if the State recognizes a threat that may endanger the life of the nation, the state of emergency allows it to adopt measures restricting human rights in the fight against terrorism under international supervision. In the second case, the State does not specify that there is an extraordinarily grave danger, and counterterrorist measures will therefore have to satisfy the tests of proportionality and necessity when limiting individual human rights. Dealing with “gray areas,” which are situations in between exception and normality and which call for adopting restrictive measures which affect everyday life, has triggered a wide range of case law. Most cases happen in a context in which there is not an open conflict but, rather, concern a situation of internal strife. Instances of State terrorism are also at the basis of some of the most powerful rulings issues."

viernes, 18 de octubre de 2019

Nuevos casos contra El Salvador y Nicaragua


Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la presentación de dos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 255/19 (10.10.19), Caso 13.069, Manuela y familia, respecto de El Salvador.

Este asunto fue enviado a la Corte el 29 de julio de 2019.  Según el comunicado, el caso “se refiere a una serie de violaciones en el marco del proceso penal que culminó con la condena por el delito de homicidio agravado a la víctima del caso, en el marco del contexto conocido en El Salvador sobre criminalización del aborto. La Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal por la detención ilegal de la víctima, tomando en cuenta que fue detenida el 28 de febrero de 2008 bajo la figura de flagrancia sin que se llenaran los requisitos para ello, pues en el momento de la detención se encontraba recibiendo asistencia médica en el Hospital Nacional de San Francisco de Gotera.

“Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a no ser privado de libertad arbitrariamente, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la protección judicial ya que la decisión de prisión preventiva se impuso tomando en cuenta la gravedad del delito, aplicando una disposición legal que establecía que no procedía la sustitución de la detención provisional por otra medida cautelar en el delito de homicidio agravado.”

La CIDH también declaró la violación de derechos procesales de la presunta víctima.

“Igualmente, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la vida privada y el derecho a la salud, tomando en cuenta que la regulación del secreto profesional no cumplía con el requisito de legalidad de una restricción, pues no establecía con claridad en que supuestos se configuraban excepciones y en qué casos existía la obligación de denuncia por parte del médico tratante. Además, cierta información proporcionada a las autoridades, como los antecedentes sexuales de la víctima, no guardaba relación con los fines que persigue el deber de denuncia.

“La CIDH también concluyó que el Estado violó el derecho a la vida, el derecho a la salud, las garantías judiciales y protección judicial, tomando en cuenta que la víctima no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, el cual hubiera permitido prolongar la vida de Manuela, quien falleció luego de padecer de una enfermedad cuyos indicios se manifestaron desde 2007. La muerte de la víctima, bajo custodia del Estado, no fue esclarecida mediante una investigación adecuada.

“Finalmente, la Comisión estableció la responsabilidad internacional del Estado por la violación del deber de motivación, presunción de inocencia y el principio de igualdad y no discriminación tomando en cuenta la aplicación de una serie de estereotipos a lo largo del proceso penal, que tuvieron el impacto de cerrar ciertas líneas de investigación e impedir el análisis exhaustivo de la prueba. Algunos estereotipos de género también se encuentran presentes en la sentencia condenatoria, los cuales generaron que el tribunal de conocimiento omitiera valorar con exhaustividad cierta prueba, y tuvieron un impacto en la determinación de la responsabilidad penal.”

2.  Comunicado 257/19 (11.10.19), Caso ‘Opario Lemoth Morris y Otros (Buzos Miskito)’ respecto de Honduras.

Este asunto fue enviado a la Corte el 24 de mayo de 2019.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la afectación de múltiples derechos en perjuicio de un grupo de personas pertenecientes al pueblo indígena Miskito que habitan en el departamento de Gracias a Dios, Honduras. En su Informe de Fondo la Comisión concluyó que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de 34 buzos miskito que sufrieron accidentes debido a las sumersiones profundas que realizaban y que les generaron el síndrome de descompresión.  Asimismo, la CIDH consideró que el Estado violó el derecho a la vida de los doce buzos miskito que fallecieron momentos después de dichos accidentes. Ello en tanto la omisión e indiferencia del Estado frente a la problemática de explotación laboral por parte de empresas pesqueras y la realización del buceo en condiciones peligrosas que dio lugar a dichos accidentes se vio materializada en la falta de fiscalización adecuada.

“Adicionalmente, la CIDH consideró que el Estado hondureño, a pesar de tener conocimiento de la situación de los buzos y la situación perversa de las relaciones laborales en las que se encontraban, no adoptó medidas deliberadas, concretas y orientadas a la realización del derecho al trabajo, a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del mismo, así como a la salud y a la seguridad social.  Además, tomando en cuenta los múltiples factores de vulnerabilidad de las víctimas vinculados a su pertenencia a un pueblo indígena históricamente excluido, en situación de pobreza extrema y siendo muchas víctimas personas con discapacidad, la Comisión consideró que el Estado también es responsable por la violación del principio de igualdad y no discriminación.”