Corte IDH visitó Sarayaku y Ecuador reconoce responsabilidad internacional

Diego García-Sayán, Presidente de la Corte IDH, y Pablo
Saavedra, Secretario, bebiendo chicha en Sarayaku

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

El 25 de abril de 2012, la Corte IDH emitió un comunicado de prensa (CP-07/12), mediante el cual informó que el sábado 21 de abril hizo una “histórica visita" al territorio del Pueblo Indígena Kichwa Sarayaku, ubicado en la provincia de Pastaza, en el suroriente amazónico del Ecuador, en el marco de una diligencia probatoria en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. A continuación se transcribe las secciones pertinentes del comunicado:

“La visita fue dispuesta como una medida excepcional dentro del caso, a invitación del propio Estado y con la participación de las demás partes en el proceso, con el propósito de observar in situ la situación y vivencias de las presuntas víctimas del caso, así como ciertos lugares donde ocurrieron hechos del caso.

La delegación del Tribunal que efectuó la visita estuvo integrada por el Presidente de la Corte, Juez Diego García-Sayán, la Jueza Rhadys Abreu Blondet, el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y los abogados de la Secretaría,  Olger González y Jorge Errandonea.  Durante la visita estuvieron presentes, además, dos abogadas de la Comisión Interamericana.  Asimismo, por parte del Estado del Ecuador estuvieron presentes el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, doctor Alexis Mera, la Ministra de Justicia, doctora Johana Pesántez, el Vicecanciller, doctor Marco Albuja, el Secretario Ejecutivo del ECORAE, antropólogo Carlos Viteri, entre otros funcionarios estatales. 

Esta es la primera vez que una delegación del Tribunal visita el lugar de los hechos de un caso que se encuentra bajo su estudio. Esta diligencia especial adquiere un ‘carácter histórico’, según manifestó el Presidente de la Corte Interamericana ‘por realizarse por primera vez en el terreno [y] ha sido una jornada en la que todo ha transcurrido con un respeto recíproco entre las partes, en una lógica constructiva que no hace más que poner de manifiesto el compromiso de todos los actores involucrados’.

A su llegada las delegaciones fueron recibidas y escoltadas por numerosos miembros del Pueblo Sarayaku. Luego de cruzar el Río Bobonaza en canoas, se dirigieron a la casa de la asamblea del Pueblo donde fueron recibidos por el señor José Gualinga, Presidente, los cinco kurakas, los yachaks y otras autoridades del Pueblo.  Estaban además presentes representantes de otras nacionalidades indígenas del Ecuador.  Allí la delegación de la Corte escuchó numerosas declaraciones de miembros de Sarayaku, entre ellos jóvenes, ancianas, niños y niñas de la comunidad, quienes compartieron sus experiencias, percepciones y expectativas acerca de sus modos de vida, cosmovisión y lo que han vivido en relación con los hechos del caso.  El Presidente de la Corte también otorgó la palabra a los representantes de las delegaciones, quienes dieron sus puntos de vista.  En ese momento, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, doctor Alexis Mera, realizó un reconocimiento de responsabilidad por los hechos y violaciones alegadas, expresando el compromiso e interés del Estado en buscar formas de reparar los daños ocasionados.

Por último, las delegaciones realizaron un recorrido a pie por la comunidad, la que compartió varias expresiones y rituales culturales.  Posteriormente, las delegaciones se dirigieron hacia la población de Jatun Molino, donde escucharon a algunas personas del lugar. 

Este caso fue sometido ante la Corte por la Comisión Interamericana el 26 de abril de 2010. El caso se refiere, entre otros temas, al otorgamiento por parte del Estado  en la década del noventa de un permiso a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del Pueblo Sarayaku, sin que, según la demanda, se haya consultado previamente con éste y sin su consentimiento.  Así, se habrían iniciado las fases de exploración, inclusive con la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena, creando con ello una alegada situación de riesgo para la población, ya que durante un período le habría impedido buscar medios de subsistencia y le habría limitado sus derechos de circulación y de expresar su cultura.  Además, el caso se refiere a la alegada falta de protección judicial y de observancia de las garantías judiciales.

En este momento el caso se encuentra  en la etapa de sentencia, la cual  se emitirá en el transcurso del presente año.”

El 26 de abril de 2012, el Pueblo Sarayaku emitió el siguiente pronunciamiento frente a la visita de la Corte IDH:

“El Pueblo Kichwa de Sarayaku manifiesta su satisfacción por haber recibido la histórica visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su territorio, el 21 de abril de 2012, dentro del juicio que por violación de derechos humanos sigue en contra del Estado Ecuatoriano ante ese organismo.

Sarayaku valora que en dicha diligencia el Estado, a través del delegado del Presidente de la Republica, Ab. Alexis Mera, finalmente reconoció su responsabilidad por las violaciones de los derechos materia del proceso [a]nte el Sistema Interamericano.

Estas violaciones se refieren a haber entregado una concesión petrolera en el territorio de Sarayaku a favor de la empresa petrolera CGC, sin que antes se haya informado, consultado y obtenido el consentimiento del pueblo; por la posterior militarización de su territorio para resguardar actividades sísmicas, por los actos de violencia cometidos en contra de miembros de Sarayaku durante el ingreso de los trabajadores petroleros y de personal armado a su territorio; por los graves daños ambientales que incluyen la colocación y abandono de una tonelada y media de explosivos en más de 600 puntos del territorio, entre otros impactos sufridos por la comunidad.

El reconocimiento de responsabilidades del Estado llega luego de un litigio que ha durado siete años ante la Comisión Interamericana y dos ante la Corte Interamericana e implica que, por fin, se reconoce que Sarayaku tiene la razón, lo que contrasta con la posición de negar los hechos y negar las responsabilidades que el Estado había sostenido en el proceso por todos estos años.

Sarayaku  confían en que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir, ni en Sarayaku ni en otros territorios indígenas de América.  Por ello ha depositado su confianza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que dicte una sentencia que reconozca sus derechos.

La Asamblea del Pueblo Kichwa de Sarayaku, el 21 de abril, decidió esperar la sentencia de la honorable Corte IDH, prevista para los próximos meses, para iniciar el diálogo con el Estado sobre las reparaciones de las violaciones de derechos ocasionadas.

Este triunfo de la dignidad, la verdad y la justicia se produce gracias a la lucha sostenida por el Pueblo de Sarayaku a lo largo de una década. Responde a sus propias demandas y posiciones inspiradas en su cosmovisión y en su relación espiritual con la selva viva o Kawsay Sacha.  Sarayaku reconoce y agradece el apoyo fraterno y solidario recibido de muchas personas y organizaciones que alrededor del mundo se sienten convocadas por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la Naturaleza, cuyo papel ha sido de asesoría, acompañamiento y apoyo solidario.

Consideramos que expresiones por parte de voceros del Gobierno Nacional en el sentido de que el caso Sarayaku sería “pantalla” para otro tipo de intereses, no corresponden con la actitud de reconocimiento de responsabilidades manifestado ante la Corte por los delegados del Estado, denigran a nuestro pueblo al suponer que no somos capaces de expresar nuestras propias aspiraciones e ignora nuestras capacidades y nuestras luchas.

Sarayaku hace un llamado al Gobierno Ecuatoriano para que sea consecuente con su posición expresada públicamente ante la Corte Interamericana el 21 de abril, acogiendo y cumpliendo la sentencia que se dicte en este caso.”

Anteriormente este blog reportó las resoluciones mediante las cuales: a) se ordenó la referida diligencia in situ (ver aquí), b) se autorizó a las presuntas víctimas acogerse al Fondo de Asistencia de la Corte IDH (ver aquí), y c) se convocó a las partes a una audiencia pública (ver aquí).

A continuación se encuentra un video elaborado por EFE que contiene un resumen de la visita de la Corte y la historia del caso.