El 22 de marzo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa (No. 24/11), por medio del cual informó de la presentación ante la Corte IDH de dos casos por violaciones a los derechos humanos en Guatemala y Venezuela. Se trata de los casos Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, y Joe Luís Castillo González y otros vs. Venezuela.
Según la CIDH, el caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala se relaciona con las alegadas desapariciones forzadas de 26 víctimas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, y detención y tortura de la niña Wendy Santizo Méndez. Estos hechos se encontrarían en la impunidad, en tanto el Estado de Guatemala no habría realizado una investigación seria y efectiva, ni identificado y sancionado a los responsables materiales e intelectuales. A criterio de la CIDH, este caso es “ilustrativo del contexto de la política contrainsurgente caracterizada por el terror y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el conflicto armado en Guatemala, así como de la situación de impunidad que habitualmente acompaña estas violaciones en ese país”. A lo anterior se sumaría el ocultamiento durante años de información relacionada con el uso de la inteligencia militar como forma de contrainsurgencia. El documento conocido como “Diario Militar” dado a conocer por la organización no gubernamental National Security Archive en el año 1999, contendría un registro de operativos – tales como secuestros, detenciones secretas y, en muchos casos, asesinatos – e información sobre las víctimas de dichos operativos. Este documento habría sido elaborado por la unidad de la inteligencia presidencial guatemalteca conocida como El Archivo, entre agosto de 1983 y marzo de 1985, y en el registro de acciones perpetradas contra unas 183 personas se encontrarían las víctimas de este caso.
El caso Joe Luís Castillo González y otros vs. Venezuela, se relaciona con el alegado asesinato, el 27 de agosto de 2003, del defensor de derechos humanos Joe Luís Castillo González, en un atentado en que su esposa, Yelizte Moreno de Castillo, y su hijo de un año y medio de edad, Luís César Castillo Moreno, habrían resultado gravemente heridos. El atentado contra Joe Luís Castillo González supuestamente permanece en la impunidad, pues el Estado no habría llevado a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan. La investigación iniciada tuvo serias irregularidades y fue archivada por el Ministerio Público sin que se practicaran diligencias tendientes a esclarecer los hechos de acuerdo con líneas lógicas de investigación. La Comisión dio por probado que en la investigación aparecieron indicios de presunta connivencia y/o participación de agentes estatales en el atentado de Joe Luís Castillo González, indicios que fueron desechados sin agotar las respectivas investigaciones. A criterio de la CIDH, esta falta de investigación seria y efectiva, además de constituir una violación del derecho a la vida y a la integridad personal y una denegación de justicia respecto de los familiares de Joe Luís Castillo González, habría tenido un efecto amedrentador contra defensores y defensoras de derechos humanos.
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