Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó
sobre la presentación de dos casos ante la Corte Interamericana. Tales comunicados son los siguientes:
1. Comunicado 121/20 (27.05.20), Caso Baptiste Willer y familiares, respecto de
Haití.
Según el comunicado, el “caso se relaciona con la
responsabilidad internacional del Estado por la falta de protección a los
derechos del señor Baptiste Willer y su familia frente a las múltiples amenazas
e intentos de homicidio de los cuales fueron objeto entre los años 2007 y 2009,
la falta de debida diligencia en la investigación, y la impunidad en que se
encuentran la muerte de su hermano Frédo Guirant (o Guirand), de 16 años de
edad, así como las amenazas y atentados antes referidos.
“Los hechos del presente caso ocurrieron en el
contexto de continuas amenazas y hostigamientos a Baptiste Willer y su familia
por parte de miembros de una pandilla que actuaban con impunidad. El 4 de
febrero de 2007, Frédo Guirant (o Guirand) fue asesinado por los mismos sujetos
que habían atentado contra la vida de su hermano Baptiste Willer unas horas
antes. El señor Willer alertó a las autoridades que su vida y la de su familia
corrían peligro y solicitó ayuda judicial mediante una carta dirigida a
diversas autoridades, aportando información sobre la identidad de los
sospechosos y el tipo de amenazas y hostigamientos de los que era víctima.
También les informó que, temiendo por su seguridad y la de su familia, se había
visto forzado a abandonar su residencia habitual. Luego de haber informado a las
autoridades de lo ocurrido, y sin recibir ningún tipo de protección, asistencia
o respuesta por parte del Estado, Baptiste Willer, su esposa e hijos menores de
edad, continuaron en una situación de desplazamiento, experimentando una
permanente sensación de inseguridad y fueron víctimas de continuas amenazas
telefónicas y en persona, así como de atentados.”
2. Comunicado 122/20 (28.05.20), caso Diana Maidanik y otros, respecto de Uruguay.
Según el comunicado, el caso “se relaciona con la
responsabilidad internacional del Estado por las ejecuciones extrajudiciales de
Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio Odizzio, las desapariciones
forzadas de Luis Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazu, así como la
falta de una adecuada investigación.
“Los hechos del caso se dieron en el marco de la
dictadura cívico militar en Uruguay, en cuyo período se cometieron graves
violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales. En la
madrugada del 21 de abril de 1974 Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio,
de entre 19 y 21 años de edad, fueron asesinadas en la casa donde se
encontraban por varias ráfagas de balas en un operativo llevado a cabo por
miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por otra parte, en la
madrugada del 13 de diciembre de 1974, dos miembros de las fuerzas conjuntas
vestidos de particular, junto con un grupo de soldados armados con metralletas,
irrumpieron en el domicilio de Luis Eduardo González, estudiante de medicina y
militante del Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay. Luis Eduardo
González y su esposa, quien se encontraba embarazada, fueron detenidos y
trasladados al 6to Regimiento de Caballería dependiente de la División del
Ejercito No 1. El señor González fue visto por última vez en dicho recinto
militar el 24 de diciembre de 1974 con signos de tortura, momento desde el cual
se encuentra desaparecido. Por último, Oscar Tassino Asteazu, dirigente
sindical y militante del Partido Comunista del Uruguay fue detenido el 19 de
julio de 1977 por tres personas armadas vestidas de civil que se identificaron
como integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Al día siguiente fue llevado a los
golpes y con el rostro cubierto a un establecimiento clandestino de reclusión,
donde fue visto con signos de tortura. Desde ese momento se desconoce su
paradero.”
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