Caso de ambientalista y regidor asesinado en Honduras llega a la Corte IDH

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 17 de noviembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 121/11, mediante el cual informó que el 10 de noviembre “presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso No. 12.472, Carlos Antonio Luna López, Honduras.”

Según el comunicado, el caso se relaciona “con el asesinato de Carlos Antonio Luna López, defensor ambientalista y regidor, así como con la falta de investigación, procesamiento y sanción de los responsables del mismo. Carlos Luna López, electo en 1998 como Regidor del pueblo de Catacamas, Departamento de Olancho, denunció actos de corrupción en la Corporación Municipal en relación a permisos madereros y presunta tala ilegal. En ese contexto, Luna López manifestó públicamente en varias ocasiones que había recibido amenazas de diferentes sectores, incluidos algunos funcionarios públicos, y presentó denuncia ante el Ministerio Público sobre una amenaza de muerte recibida. Fue asesinado el 18 de mayo de 1998, y las autoridades competentes no realizaron las diligencias inmediatas de protección de la escena del crimen ni realizaron una autopsia adecuada. Posteriormente se abrió un proceso contra los autores materiales y algunos de los autores intelectuales. En el transcurso se procesó a uno de los autores materiales, quien fue asesinado en una prisión de alta seguridad luego de haber manifestado que temía por su vida por haber identificado a algunos de los autores intelectuales. Asimismo, varios testigos recibieron hostigamientos y amenazas durante el proceso penal y varios jueces se excusaron durante el proceso. El Estado no abrió investigación alguna en relación con los indicios de participación de agentes estatales.”

En el informe de fondo del caso, la CIDH concluyó que Honduras era responsable de la violación de los derechos a la vida y a la participación política de Luna López, así como de la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de sus familiares. La CIDH recomendó al Estado "reparar adecuadamente las violaciones y realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, con el objeto de establecer las circunstancias del asesinato, identificar a todas las personas que participaron el mismo en los diferentes niveles de decisión y ejecución, y aplicar las sanciones que correspondan". Adicionalmente, recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso. Asimismo, la CIDH recomendó al Estado "adoptar medidas de carácter legislativo, institucional y judicial orientadas a reducir la exposición al riesgo de las defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.”