Corte IDH Blog

Delegación de la Corte IDH visitará los territorios del Pueblo Sarayaku

2012-03-08T16:16:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Corte IDH hizo pública la Resolución de su Presidente de 20 de enero de 2012, en relación con el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Los antecedentes de este caso ya fueron reportados en este blog (ver aquí).

Durante la audiencia pública celebrada en este caso los días 6 y 7 de julio de 2011, el Estado solicitó a la Corte que ordenara un peritaje sobre el retiro de explosivos en el territorio Sarayaku e invitó al Tribunal a realizar una “visita de campo” a las comunidades del Río Bobonaza, entre las cuales se encuentra el Pueblo Kichwa de Sarayaku.

El 1 de septiembre de 2011, el Estado “solicitó una vez más a la […] Corte [que] efectúe una visita de campo a las Comunidades del Río Bobonaza”, y el 28 de septiembre de 2011, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador remitió una carta de 20 de septiembre de 2011 suscrita por el Presidente Constitucional del Ecuador, señor Rafael Correa Delgado, en la cual se dirigió al Presidente de la Corte para “ratificar y formalizar la invitación hecha por los agentes del Estado [para] que la Corte Interamericana efectúe una visita oficial [a su país]”.

En cuanto a la solicitud estatal relativa a la designación de un perito internacional para que evalúe y proponga una solución técnica y metodológica alrededor del asunto de los explosivos en el territorio del Pueblo Indígena Sarayaku, los representantes de las víctimas manifestaron que no era necesario que la Corte designara a un perito en esta etapa del proceso, por cuanto “[l]a extensa información y prueba que consta en el expediente del caso y del procedimiento de medidas provisionales, así como los alegatos que las partes [han] tenido oportunidad de realizar a lo largo del proceso, son […] suficientes para permitir a la […] Corte tomar una decisión al respecto” (cons. 3).

El Presidente, en consulta con los miembros de la Corte, estimó que, “en el transcurso del procedimiento contencioso del presente caso, las partes han proporcionado información suficiente al respecto, inclusive peritajes, por lo que en el momento procesal actual no es imprescindible ordenar la realización del referido peritaje para poder fallar sobre el fondo” (cons. 6).

En cuanto a la solicitud de visita al Ecuador, los representantes solicitaron a la Corte que rechazara la invitación extendida por el Presidente de la República, alegando una “manifiesta falta de justificación de la prueba que se busca allegar de manera extemporánea”. Asimismo, señalaron que con la información que ya obra en el expediente del caso “la Corte cuenta con todos los elementos necesarios y suficientes para poder resolver sobre el fondo, reparaciones y costas”. La Comisión Interamericana manifestó que reconocía que la Corte tiene la facultad de recibir información y prueba relevante sobre los casos sometidos a su conocimiento, aunque observó que “pareciera que la invitación extendida en este caso por el Estado excede el alcance del caso, puesto que pretende abarcar a las diferentes comunidades del territorio Bobonaza” (cons. 8-9).

El Presidente de la Corte recordó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento, el Tribunal tiene la potestad de realizar, en cualquier estado de la causa, las diligencias que juzgue pertinentes para mejor resolver el caso pendente lite. Esta potestad incluye la posibilidad de ordenar, entre otras, la realización de cualquier diligencia probatoria o medida de instrucción fuera de la sede del Tribunal. Además, el Presidente citó precedentes de otros tribunales internacionales y de la propia Corte IDH en los que también se han ordenado misiones o visitas de campo (cons. 10-14).

En razón de lo anterior, el Presidente dispuso, “de manera especial y excepcional, en aplicación del artículo 58.a) y 58.b) del Reglamento y para complementar el acervo probatorio, [la realización de] diligencias encaminadas a obtener información adicional acerca de la situación de las presuntas víctimas y lugares en que habrían ocurrido algunos de los hechos alegados, mediante una visita de una delegación del Tribunal, conformada por su Presidente, su Secretario y dos miembros del personal de su Secretaría, al territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku en el Ecuador” (cons. 15). El Estado deberá realizar una serie de gestiones para facilitar la visita y las reuniones preparatorias de la misma (cons. 18). La delegación de la Corte podrá recibir, durante el procedimiento in situ documentación o declaraciones de las partes o de cualquier persona (cons. 19).

Conforme al principio del contradictorio y en aras de mantener el equilibrio procesal, la visita se realizará con la participación de representantes de las presuntas víctimas, de la Comisión Interamericana y del Estado, si lo estiman necesario (cons. 16).

La visita de la Corte se llevará a cabo el día 21 de abril de 2012.

Fuente de la fotorgrafía.

Primer caso sobre reconocimiento del estatuto de refugiados

2012-02-25T12:30:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 23 de febrero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 22/12, mediante el cual informó que el 21 de febrero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 12.474, Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia.

Según el comunicado, el caso se refiere “a la devolución de la familia Pacheco Tineo a Perú el 24 de febrero de 2001 como consecuencia del rechazo de la solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiados en Bolivia.” La CIDH afirmó: “La familia Pacheco Tineo, compuesta por Rumaldo Juan Pacheco Osco, su esposa, Fredesvinda Tineo Godos, y sus tres hijos ingresaron a Bolivia el 19 de febrero de 2001. Las autoridades de migración tomaron nota de su situación irregular y dispusieron medidas con miras a la expulsión a Perú, el país de nacionalidad de los miembros de la familia. Posteriormente, Rumaldo Juan Pacheco Osco solicitó al Estado de Bolivia el reconocimiento del estatuto de refugiados para todos los miembros de su familia debido a que de ser devueltos a Perú, estarían en una situación de riesgo. Esta solicitud fue resuelta desfavorablemente en horas, de manera sumaria y en violación de las garantías de debido proceso.”

En el informe de fondo, “la CIDH concluyó que el Estado de Bolivia es responsable internacionalmente por la violación del derecho a la integridad psíquica, del derecho a solicitar y recibir asilo, del principio de non refoulement y del derecho a las garantías judiciales y protección judicial, en perjuicio de los miembros de la familia Pacheco Tineo. Asimismo, la CIDH concluyó que el Estado de Bolivia incumplió sus obligaciones especiales de protección frente a los tres niños.”

Adicionalmente, la CIDH afirmó que “este caso involucra cuestiones de orden público interamericano, ya que se trata del primer caso sometido a la jurisdicción de la CorteIDH sobre violaciones ocurridas en el marco de un procedimiento de solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiados. Asimismo, debido a que la familia fue devuelta sin una determinación seria de la situación de riesgo en su país de origen, el presente caso le permitirá a la Corte pronunciarse por primera vez sobre el principio de no devolución en un caso contencioso. Además, estos aspectos deberán ser analizados a la luz de las obligaciones especiales de protección y del interés superior del niño.”

Fuente de la fotografía

Calendario de actividades de la Corte IDH, 94 Período Ordinario de Sesiones

2012-02-22T08:43:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos difundió el comunicado de prensa CP-01/12, mediante el cual informó sobre las actividades que desarrollará en su 94º Período Ordinario de Sesiones, que se está celebrando en San José, Costa Rica. La Corte estudiará dos sentencias y se celebrarán cinco audiencias públicas sobre casos contenciosos, tres audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de sentencias, así como dos audiencias públicas y una audiencia privada sobre medidas provisionales.

Las audiencias públicas serán transmitidas en vivo a través de la página oficial de la Corte.

1. Audiencias públicas sobre casos contenciosos

a) Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia. A partir de las 9:00 horas del 24 de febrero de 2012, la Corte escuchará las declaraciones de dos presuntas víctimas y de un perito propuesto por el Estado. Asimismo, la Corte escuchará los alegatos finales orales del representante de las presuntas víctimas y del Estado, así como las observaciones de la Comisión Interamericana.

Antecedentes

Los hechos de este caso se relacionan con el alegado ataque sufrido por el periodista Luis Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo el 29 de agosto de 1996 que habría sido realizado por parte de soldados del Ejército Nacional colombiano mientras filmaba una manifestación en la que soldados de dicha institución habrían golpeado a varios de los manifestantes. Estos hechos habrían sido seguidos de alegadas amenazas de muerte contra el periodista Richard Vélez y su familia, las cuales supuestamente se habrían intensificado cuando el señor Vélez intentaba impulsar los procesos judiciales en contra de sus agresores, llegando a sufrir un supuesto intento de secuestro. Debido a lo anterior, el 9 de octubre de 1997 el señor Vélez habría salido exiliado de Colombia.

La Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

b) Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. A partir de las 9:00 horas de los días 27 y 28 de febrero de 2012, la Corte escuchará la declaración de una presunta víctima y de tres peritos, dos de ellos propuestos por los representantes de la presunta víctima y uno de ellos propuesto por la Comisión Interamericana. Asimismo, la Corte escuchará los alegatos finales orales de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado, así como las observaciones de la Comisión Interamericana.

Antecedentes

Los hechos de este caso se relacionan con la alegada “falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades judiciales argentinas, quienes [habrían] incurr[ido] en una demora excesiva en la resolución de una acción civil contra el Estado, de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de la [presunta] víctima, en su condición de niño con discapacidad” y como consecuencia de un accidente sufrido cuando tenía catorce años. Asimismo, se analiza el presunto impacto que ello tuvo en la salud y seguridad social del señor Furlan y en sus familiares. Además, el caso se relaciona con alegadas irregularidades respecto a las garantías judiciales en el proceso judicial llevado a cabo.

El resumen de la Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

c) Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. A partir de las 15:00 horas del 28 de febrero de 2012, y de las 9:00 horas del 29 de febrero de 2012, la Corte escuchará la declaración de dos presuntas víctimas, así como de dos peritos, uno propuesto por los representantes de las presuntas víctimas y el otro propuesto por la Comisión Interamericana. Asimismo, la Corte escuchará los alegatos finales orales de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado, así como las observaciones de la Comisión Interamericana.

Antecedentes

Los hechos de este caso se relacionan con la alegada muerte de 107 personas privadas de libertad que habría ocurrido el 17 de mayo de 2004 en la bartolina o celda No. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, las cuales supuestamente habrían sido resultado directo de una serie de alegadas deficiencias estructurales presentes en dicho centro penitenciario, que habrían sido de conocimiento de las autoridades competentes, quienes tendrían la responsabilidad de atenderlas y corregirlas oportunamente.

El resumen de la Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

d) Caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador. A partir de las 9:00 horas del 1 de marzo de 2012, la Corte escuchará las declaraciones de dos presuntas víctimas, así como de un perito propuesto por el Estado. Asimismo, la Corte escuchará los alegatos finales orales de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado, así como las observaciones de la Comisión Interamericana.

Antecedentes

Los hechos de este caso se relacionan con la alegada responsabilidad del Estado por la falta de una debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la supuesta retención, desaparición y posterior asesinato de Marco Bienvenido Palma Mendoza, ocurrida el 16 de mayo de 1997, en el cantón Manta, provincia de Manabí, Ecuador. Asimismo, este caso se relaciona con la inefectividad de los dos recursos de hábeas corpus supuestamente interpuestos por los familiares del señor Palma Mendoza para dar con su paradero.

El resumen de la Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

e) Caso Castillo González y otros Vs. Venezuela. A partir de las 9:00 horas del 2 de marzo de 2012, la Corte escuchará las declaraciones de una de las presuntas víctimas, de un testigo propuesto por el Estado y de dos peritos, uno propuesto por el Estado y el otro propuesto por los representantes de las presuntas víctimas. Asimismo, la Corte escuchará los alegatos finales orales de los representantes de las presuntas víctimas y del Estado, así como las observaciones de la Comisión Interamericana.

Antecedentes

Los hechos de este caso se relacionan con el alegado atentado del cual habría sido víctima Joe Luis Castillo González, el cual habría sido cometido por dos personas desconocidas que se habrían movilizado en una moto y que habrían procedido a dispararle en repetidas oportunidades mientras él se encontraba conduciendo su automóvil en compañía de su familia. Como consecuencia de este supuesto atentado, Joe Luis Castillo González habría perdido la vida, mientras que su esposa, Yelizte Moreno de Castillo, y su hijo de un año y medio de edad, Luis César Castillo Moreno, habrían resultado gravemente heridos y a la fecha continuarían sufriendo los efectos traumáticos de estos hechos. Se alega que este hecho se encuentra en la impunidad, pues el Estado no habría llevado a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

La Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

2. Audiencias sobre medidas provisionales

a) Asunto L.M. respecto Paraguay. El 20 de febrero de 2012, la Corte celebraró una audiencia privada con el propósito de recibir información por parte de los representantes del beneficiario y del Estado, así como las observaciones de la Comisión Interamericana, sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas para proteger los derechos a la integridad personal, protección de la familia e identidad del niño L.M. (identidad reservada), permitiéndole mantener vínculos con su familia de origen.

El resumen de la Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

b) Asunto Almonte Herrera y otros respecto República Dominicana. A partir de las 15:00 horas del 23 de febrero de 2012, la Corte realizará una audiencia pública con el propósito de recibir información sobre el estado de implementación de las medidas provisionales, y los alegatos del Estado, de los representantes y de la Comisión Interamericana sobre la eventual persistencia de la situación de extrema gravedad y urgencia que motivó la adopción de dichas medidas a favor de los beneficiarios, con la finalidad de evaluar la necesidad de mantener la vigencia de las mismas.

El resumen de la Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

c) Asunto Lanza Ochoa respecto Honduras. A partir de las 17:00 horas del 23 de febrero de 2012, la Corte realizará una audiencia pública con el propósito de recibir información por parte de los representantes de la beneficiaria y del Estado sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas en el presente asunto, así como las observaciones al respecto por parte de la Comisión Interamericana.

El resumen de la Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

3. Audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de sentencia

a) Caso Castañeda Gutman vs. México. El 20 de febrero de 2012, la Corte celebró una audiencia privada con el propósito de obtener información sobre el punto pendiente de acatamiento de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas emitida en el presente caso, y de recibir las observaciones al respecto por parte de los representantes de la víctima y de la Comisión Interamericana.

El resumen de la Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

b) Atención médica y psicológica en nueve casos colombianos. A partir de las 9:00 horas del 23 de febrero de 2012, la Corte realizará una audiencia privada con el propósito de obtener información sobre el cumplimiento de la medida de reparación relativa a la atención médica y psicológica ordenada a favor de las víctimas y sus familiares en los siguientes casos: 19 Comerciantes, Masacre de Mapiripán, Gutiérrez Soler, Masacre de Pueblo Bello, Masacre de La Rochela, Masacres de Ituango, Escué Zapata, Valle Jaramillo y Cepeda Vargas. Asimismo, la Corte recibirá las observaciones al respecto por parte de los representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana.

La Resolución de convocatoria a audiencia puede encontrarse aquí.

c) Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. A partir de las 11:00 horas del 23 de febrero de 2012, la Corte realizará una audiencia privada con el propósito de obtener información por parte del Estado sobre los puntos pendientes de acatamiento de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas emitida en el presente caso, y de recibir las observaciones al respecto por parte de los representantes de las víctimas y de la Comisión Interamericana.

El resumen de la Resolución de convocatoria a audiencia en este caso puede encontrarse aquí.

4. Estudio de sentencias

La Corte estudiará la posibilidad de dictar Sentencia en los siguientes casos:

a) Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. Los hechos de este caso se relacionan con la alegada desaparición forzada del profesor universitario, columnista y líder de oposición Narciso González Medina como presunta consecuencia de las críticas al cuerpo militar y al entonces Presidente de la República Joaquín Balaguer, así como con su alegada participación en la denuncia pública de un supuesto fraude electoral en el contexto de los comicios presidenciales de 1994. Se alega que Narcizo González Medina habría sido privado de su libertad por presuntos funcionarios estatales el 26 de mayo de 1994 y hasta la fecha no se tendría conocimiento de su destino o paradero, ni se habrían adelantado investigaciones serias, diligentes y efectivas para esclarecer los hechos, así como identificar a los responsables e imponer las sanciones que correspondan.

Para mayor información sobre los antecedentes de este caso, ver aquí.

b) Caso Karen Atala e hijas vs. Chile. Los hechos de este caso se relacionan con el presunto trato discriminatorio y la alegada interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus tres hijas. Este caso se relaciona también con la presunta inobservancia del interés superior de las hijas de la señora Atala, cuya custodia y cuidado fueron determinadas en el alegado incumplimiento de sus derechos y sobre la base de presuntos prejuicios discriminatorios.

Para mayor información sobre los antecedentes de este caso, ver aquí.

Fuentede la fotografía.

Artículo sobre las limitaciones al uso de las medidas privativas de la libertad para el control de flujos migratorios

2012-02-20T19:25:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En la Revista Opus Magna Constitucional Guatemalteco (tomo IV, 2011), se publicó un artículo de Romina Sijniensky, abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, titulado “Limitaciones al uso de medidas privativas de libertad para el control de los flujos migratorios: Comentario al caso Vélez Loor vs. Panamá de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Este es el resumen:

“Este articulo presenta una sistematización de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso relativo a una persona migrante irregular, respecto a los derechos a la libertad e integridad personal, así como su interpretación, alcance y contenido en materia migratoria, con el fin de facilitar la labor de los Estados a la hora de armonizar sus legislaciones internas con los requerimientos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como ajustar las prácticas estatales de aquellos funcionarios que de una u otra forma tienen contacto con las personas migrantes. Del mismo modo, la presente sistematización pretende ser una herramienta útil para aquellos operadores de justicia nacionales encargados de ejercer un "control de convencionalidad" en el ámbito de sus competencias.”

La Revista no está disponible en línea. Para mayor información, los lectores interesados pueden visitar esta página web.

Convocatoria a audiencia privada, caso L.M. vs. Paraguay

2012-02-20T12:26:00.001+01:00

Este reporte fue elaborado por Francisco Quintana.

El día de hoy, lunes 20 de febrero de 2012, se llevará a cabo una audiencia privada en relación con las Medidas Provisionales otorgadas en el caso L.M. vs. Paraguay. Así lo determinó el Presidente de la Corte Interamericana en su Resolución de 23 de enero de 2012.

Las medidas de protección fueron concedidas mediante Resolución de la Corte de 1 de julio de 2011. En su solicitud la CIDH requirió al Tribunal “la agilización de procesos internos y las decisiones sobre el mejor interés del niño L.M. –de un año y medio de edad- incluyendo, en el plazo más inmediato posible, las determinaciones que correspondan sobre un relacionamiento con su familia biológica.” (Resolución 2011/07, párr. 1)

Tomando en cuenta las características del caso, durante el proceso fue considerada como reservada la identidad del niño a favor de quien fueron solicitadas las medidas provisionales. Por ello es identificado con las letras “L.M.”. Asimismo, se reservó la identidad de las personas involucradas en los procedimientos internos, a saber, la supuesta familia biológica del niño y de quienes han actuado como “familia guardadora” o “acogedora”. (Resolución 2011/07).

Al momento de conceder la protección interamericana, la Corte IDH requirió al Paraguay la adopción “de forma inmediata, [de] las medidas que [fueran] necesarias, adecuadas y efectivas para proteger los derechos a la integridad personal, protección de la familia e identidad del niño L.M., permitiéndole mantener vínculos con su familia de origen, con el apoyo del personal profesional adecuado que haga un monitoreo de las circunstancias emocionales de aquél[.]” (Resolución 2011/07, punto resolutivo primero)

Durante la vigencia de las medidas las partes han presentado diversos informes sobre su implementación. En su Resolución de este año el Presidente valoró “las medidas ejecutadas por autoridades internas para implementar las medidas ordenadas a favor del niño L.M., pero a la vez observ[ó] que la información brindada e[ra] incompleta”. (Resolución 2012/01, considerando séptimo)

Además, el Presidente “constat[ó] que se ha[bían] llevado a cabo acercamientos entre el niño L.M. y sus abuelos maternos desde el día 27 de septiembre de 2011. Si bien el Estado [manifestó] que está cumpliendo con la medida provisional ordenada, la Comisión y los representantes [manifestaron] que el niño L.M. aún no tendría relacionamiento con quienes serían sus padres biológicos y no se tendría claridad en cuanto a las modalidades de las medidas de relacionamiento.” (Resolución 2012/01, considerando octavo)

El Presidente consideró pertinente recordar lo establecido en la Resolución de julio de 2011, en la que el Tribunal señaló que “en vista de la importancia de los intereses en cuestión, como son en este asunto el derecho a la integridad personal, el derecho a la identidad y el derecho a la protección de la familia, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcional por parte de las autoridades” (Resolución 2012/01, considerando noveno / Resolución 2011/07, considerando décimo sexto)

Con la finalidad de avanzar en la efectiva implementación de las medidas de protección para el niño beneficiario, el Presidente del Tribunal resolvió convocar a las partes a una “audiencia privada […] en la sede de la Corte Interamericana el día 20 de febrero de 2012, a partir de las 15:00 horas y hasta las 17:00 horas, con el propósito de que la Corte reciba información y observaciones sobre la implementación de las medidas provisionales[.]” (Resolución 2012/01, punto resolutivo primero)

Fuente de la fotografía.

Artículo sobre las excepciones preliminares en la Corte IDH

2012-02-16T08:06:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En la Revista Prolegómenos. Derechos y Valores (Vol. XIV No. 28, 2011), de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, se publicó el artículo “Excepciones Preliminares. Una mirada desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, de Andrés González Serrano. Este es el resumen:

“El presente artículo demostrará los diferentes nichos citacionales y espacios convencionales que permitirán al lector, identificar los criterios que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos de forma correlacionada con las excepciones preliminares en sus dos aspectos a saber: competencia y admisibilidad.”

Fuente de la fotografía.

CIDH presenta caso sobre falta de diligencia en persecución de mala práctica médica

2012-02-12T20:17:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 8 de febrero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 14/12, mediante el cual informó que el 26 de enero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 12.683, Melba del Carmen Suárez Peralta vs. Ecuador.

Según el comunicado, el caso “se refiere a la falta de garantías y protección judicial en el proceso penal que se siguió contra los presuntos responsables de la mala práctica médica que denunció Melba del Carmen Suárez Peralta. En julio de 2000, Melba del Carmen Suárez Peralta fue sometida a una intervención quirúrgica por apendicitis en la clínica privada Minchala, que le provocó padecimientos severos y permanentes. El proceso penal iniciado en relación con estos hechos se caracterizó por la falta de impulso procesal de oficio y de mínimas garantías de debida diligencia para la víctima. La falta de respuesta y demora en impulsar y diligenciar el proceso favorecieron con impunidad a los eventuales responsables, a través de una declaración de prescripción en 2005.”

La CIDH sostuvo también que “el caso involucra cuestiones de orden público interamericano, ya que los hechos se vinculan con las obligaciones de los Estados en cuanto a la reglamentación de los servicios de salud.” Asimismo, la CIDH afirmó que el caso le permitiría a la Corte “desarrollar estándares de acceso a la justicia, protección judicial y debida diligencia en procesos penales y administrativos en casos de mala práctica médica.” Por último, afirmó que la Corte podría “profundizar su jurisprudencia en relación con la obligación de prevenir situaciones de impunidad, en relación con las responsabilidades derivadas de la actividad de los profesionales de la salud.”

En el informe de fondo, “la CIDH concluyó que el Estado de Ecuador violó los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, en perjuicio de Melba del Carmen Suárez Peralta y de su madre, Melba Peralta Mendoza.”

Fuente de la fotografía.

Llega a la Corte IDH el caso relacionado a la toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia

2012-02-12T20:05:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 10 de febrero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 16/12, mediante el cual informó que el 9 de febrero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 10.738, Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros (Palacio de Justicia) vs. Colombia.

Según el comunicado, los hechos del caso “se refieren a la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres e Irma Franco Pineda, y a la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, así como la detención y tortura de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, en el contexto de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985.”

Asimismo, el caso se relacionaría “con la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.” Según la CIDH, “[a] 26 años de los hechos, el Estado únicamente ha sancionado a dos autores mediatos, algunos procesos no han tenido avances significativos y continúan en etapa preliminar, y otros han sido objeto de dilaciones procesales.” La CIDH también afirmó que “a la fecha, el Estado no ha tomado las medidas suficientes para dar con el paradero de once de los doce desaparecidos.”

En el informe de fondo, “la CIDH concluyó que el Estado de Colombia es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, a la vida, a la personalidad jurídica en perjuicio de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres, Irma Franco Pineda y Carlos Horacio Urán Rojas; la violación de los derechos a la libertad personal y la integridad personal en perjuicio de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, Orlando Quijano, José Vicente Rubiano Galvis y Eduardo Matson Ospino; la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, Orlando Quijano, José Vicente Rubiano Galvis y Eduardo Matson Ospino; la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de Lanao, Irma Franco Pineda, Ana Rosa Castiblanco Torres y sus familiares, y de los familiares de Carlos Horacio Urán Rojas; y la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, ejecución y tortura.”

Fuente de la fotografía.

Nuevo caso contra Surinam

2012-02-12T19:55:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 9 de febrero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 15/12, mediante el cual informó que el 20 de enero presentó ante la Corte Interamericana el caso 12.608, Liakat Ali Alibux vs. Surinam.

Según el comunicado, el caso “se refiere a la investigación y proceso penal seguidos contra Liakat Ali Alibux, ex ministro de Finanzas y ex ministro de Recursos Naturales de Surinam, quien fue condenado el 5 de noviembre de 2003 por el delito de falsificación, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley sobre Acusación de Funcionarios con Responsabilidad Política.”

En el informe de fondo, “la CIDH concluyó que el Estado de Surinam es responsable por la violación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, el principio de legalidad y no retroactividad y la libertad de circulación y residencia, derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Específicamente, la Comisión consideró que Liakat Ali Alibux no contó con un recurso de apelación para impugnar su condena, que no contó con acceso a la justicia para impugnar la constitucionalidad de la Ley con base en la cual fue procesado, que dicha Ley fue aplicada de manera retroactiva y que la restricción de salir del país fue desproporcionada.”

Fuente de la fotografía.

Convocatoria a audiencia pública caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras

2012-02-12T16:44:00.001+01:00

Este reporte fue realizado por Santiago Medina

Antecedentes:

El caso Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el centro penal de San Pedro Sula) vs. Honduras fue presentado ante la Corte IDH el 11 de marzo de 2011, como fue reseñado en este Blog (ver aquí). Los hechos se relacionan con la muerte de 107 personas privadas de libertad en la bartolina o celda No. 19 del Centro Penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004. Estas muertes fueron consecuencia directa de una serie de deficiencias estructurales en dicho centro penitenciario que eran de conocimiento de las autoridades competentes. Las víctimas fueron personas acusadas de pertenecer a “maras”, a quienes se mantenía aislados del resto de la población del penal y confinados a un recinto inseguro e insalubre. El Estado no ha emprendido la investigación de los hechos denunciados y la sanción de los responsables como un deber jurídico propio y de forma diligente. El caso se enmarca en el contexto general de las políticas de seguridad pública y las políticas penitenciarias dirigidas a combatir a las “maras”. Ver nota de la CIDH de remisión del caso.

Resolución de Convocatoria:

El pasado 27 de enero de 2012, el Presidente de la Corte IDH emitió una Resolución para convocar a audiencia pública en el caso Teruel y otros vs. Honduras.

En la Resolución hay varios aspectos que resultan interesantes, entre ellos cabe destacar los siguientes:

i) La Comisión propuso dos peritos, basada en la relevancia de su declaración y su importancia para el orden público interamericano. La Comisión propuso al señor Marco A. Canteo, Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados Ciencias Penales de Guatemala, y a Mario Luis Coroliano, Vicepresidente del Subcomité Internacional para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. El Presiente de la Corte IDH (“el Presidente”) resolvió recibir dichas declaraciones, una vez analizó que cumplían con los requisitos para ser admitidas como prueba y ajustando el objeto del peritaje para que sea relevante para el orden público interamericano (cons. 3 a 9).

ii) Los representantes ofrecieron la declaración de dos víctimas para ser recaudadas en audiencia pública, las que no fueron objetadas por el Estado. El Presidente resolvió admitir las declaraciones (cons. 10 a 12). Asimismo ofrecieron la declaración de otras 10 personas, las cuales habían sido ofrecidas en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, mediante grabación audiofónica. Al respecto, el Presidente ordenó recibirlas mediante affidavit (cons. 12). Los representantes retiraron el ofrecimiento de una testigo y ofrecieron la declaración de una persona en la lista definitiva de declarantes, la cual no fue aceptada por el Presidente por ser extemporánea (cons. 13 y 14).

iii) El Presidente ordenó recibir la declaración de dos peritos, uno presentado por la Comisión y otro por los representantes, y la de un testigo presentada por el Estado y la de los 10 testigos presentados en el escrito de solicitudes y argumentos, para que lo hicieran mediante declaraciones ante fedatario público affidávit (cons. 16). Asimismo, precisó que el Estado y los representantes, de conformidad con el Reglamento de la Corte IDH en su artículo 50, podrían hacer llegar a la Secretaría del Tribunal, el cuestionario de las preguntas que los peritos deberían responder si así lo consideraran (cons. 18).

iv) El Presidente ordenó recibir en audiencia pública a dos declarantes y dos peritos (cons. 19). Asimismo, autorizó a la Comisión a que realice preguntas al perito por ella ofrecido (cons. 20 a 23).

v) Finalmente, el Presidente admitió parcialmente la solicitud de la Comisión de que algunas de las pruebas recaudadas en el caso Servellón García vs. Honduras, ordenando el traslado de los peritajes de Carlos Tiffer Sotomayor y Reina Auxiliadora Rivea Joya, para que fueran incorporadas al acervo probatorio de este caso (cons. 24 a 26).

La audiencia pública se celebrará el 28 y 29 de febrero de 2012 desde las 15:00 horas, en la sede de la Corte en San José, Costa Rica. Para ver la misma en vivo los lectores podrán visitar el portal de la página web de la Corte IDH www.corteidh.or.cr el día de dicha audiencia y seguir su transmisión.

Fuente de la fotografía.

Convocatoria a audiencia pública caso Furlán y Familiares vs. Argentina

2012-02-12T11:20:00.001+01:00

Corte de Justicia Argentina

Este reporte fue realizado por Santiago Medina

El pasado 24 de enero de 2012, el Presidente de la Corte IDH emitió una Resolución para convocar a audiencia pública en el caso Furlán y familiares vs. Argentina. Hay que recordar que en este Blog se había reportado que el caso Furlán fue el primero en el cual se admitió la solicitud para acogerse al fondo de víctimas (Ver aquí).

El caso se refiere a afectaciones a la integridad personal y a la salud de quien en su momento era menor de edad, Sebastián Claus Furlán, por el retardo injustificado de las autoridades judiciales argentinas para resolver una acción civil contra del Estado. Asimismo, se denuncian afectaciones supuestamente padecidas por la familia debido al daño causado por el accidente sufrido por el niño Furlán, que tuvo consecuencias en la salud mental y física del menor. Finalmente, se alega una supuesta falta de garantías judiciales para obtener una indemnización adecuada. El niño Sebastián Furlán sufrió un accidente en un predio que era de una base de la Fuerza Aérea (ver nota de remisión del caso a la Corte IDH). Un fallo a nivel interno decidió que el Estado tenía un 70% de responsabilidad en el accidente y que un 30% de dicha responsabilidad recaía sobre el niño Furlán.

En la Resolución que se comenta hay varias cosas que resultan interesantes, entre ellas cabe destacar las siguientes:

i) Los representantes propusieron la declaración del menor Sebastián Claus Furlán como víctima. Sin embargo, indicaron que para él iba a ser traumático volver a repetir ese tipo de declaraciones, por lo cual ofrecieron dicha declaración mediante una videograbación, la cual remitieron como anexo al escrito de solicitudes y argumentos. La Corte IDH resolvió recibir dicha declaración como prueba, pero aclaró que la misma era una prueba documental (cons. 6 a 7).

ii) Los representantes ofrecieron la declaración de una perito que fue objetada por el Estado, el que alegó que no tenía tales calidades, sino que su declaración se basaba en la experiencia personal que tenía dicha persona. La Corte resolvió admitir la declaración como un peritaje a pesar de las objeciones del Estado (cons. 9 a 12);

iii) El Presidente ordenó de oficio recibir la declaración del perito Hernán Gullco, ya que consideró que el ofrecimiento de dicho perito por parte de la Comisión no superaba el estándar requerido por el Reglamento de la Corte IDH en su artículo 52.3, en relación a que la materia objeto de preguntas a un perito para audiencia pública sea relevante para el orden público interamericano, requisito sine qua non para aceptar la solicitud de la Comisión (cons. 14 a 17), y

iv) El Presidente de la Corte ordenó que el Fondo de Víctimas sufrague ciertos gastos para la representación de las mismas y asegurar así la comparecencia a audiencia pública de los defensores interamericanos nombrados, un declarante y dos peritos (cons. 32 a 37).

Finalmente, el Presidente ordenó recibir mediante affidavitt la declaración de una presunta víctima, 2 testigos y 2 peritos. Por otro lado, ordenó recaudar la prueba de una presunta víctima y 3 peritos mediante su comparecencia a audiencia pública.

La audiencia pública se celebrará el 27 y 28 de febrero de 2012 desde las 9:00 horas, en la sede de la Corte en San José, Costa Rica. Para ver la misma en vivo los lectores podrán visitar el portal de la página web de la Corte IDH www.corteidh.or.cr el día de dicha audiencia y seguir su transmisión.

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Convocatoria a audiencia pública en el caso Palma Mendoza vs. Ecuador

2012-02-08T11:47:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Corte hizo pública la Resolución de su Presidente de 25 de enero de 2012, mediante la cual decidió convocar a audiencia pública a las partes en el caso Palma Mendoza y otros vs. Ecuador. Los antecedentes de este caso pueden encontrarse aquí.

Los representantes de las presuntas víctimas ofrecieron como prueba las declaraciones en audiencia pública de dos declarantes y las declaraciones mediante fedatario público (affidávit) de cinco declarantes. Asimismo, tanto el Estado como la Comisión propusieron un dictamen pericial para ser rendidos durante la audiencia pública. Todo ello en la debida oportunidad procesal (cons. 3).

El Estado ofreció oportunamente la declaración pericial del señor Diego Zalamea León, para ser rendida en audiencia pública, la cual no fue objetada. El Presidente de la Corte consideró conveniente recabar dicha prueba (cons. 5).

En cuanto a las declaraciones ofrecidas por los representantes, el Presidente constató que de las personas propuestas de forma definitiva por la Comisión y los representantes para rendir declaración: a) cinco fueron mencionadas como presuntas víctimas por primera vez en el informe de fondo de la Comisión, quienes también fueron indicadas en el escrito del sometimiento del caso, y b) dos fueron mencionadas por primera vez como presuntas víctimas en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes (cons. 6). Ante ello, el Presidente estimó pertinente recibir únicamente las declaraciones de las siguientes personas en calidad de presuntas víctimas: Lidia Guadalupe Bravo Bravo, Luis Miguel Palma Bravo, Pablo Antonio Palma Pico, y Nelson Palma Mendoza, todas ellas mencionadas por la Comisión en su informe de fondo (cons. 7). En lo que se refiere a la presunta víctima Víctor Laudino Palma Mendoza, también mencionado por la Comisión en su informe de fondo, el Presidente estimó innecesario recibir tal declaración, “ya que no guarda relación directa ni con los hechos alegados en el escrito de sometimiento del caso, ni en el informe de fondo de la Comisión Interamericana” (cons. 8).

Respecto a la prueba pericial ofrecida por la Comisión Interamericana, esto es, el peritaje del señor Jaime Rafael Vintimilla Saldaña, el Presidente notó que el objeto del peritaje se relacionaba con la tutela judicial efectiva y las diligencias mínimas para dar con un paradero de una persona desaparecida o secuestrada. Al respecto indicó que “el Tribunal en su jurisprudencia ya ha desarrollado esa temática”. Además, el Presidente indicó que la Comisión sólo está autorizada a presentar experticias “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano”, y el caso bajo análisis el objeto del peritaje propuesto se refería a la ausencia de respuestas eficaces por parte del poder judicial ecuatoriano, es decir se circunscribía a la situación del Ecuador y no al orden público interamericano. Por ello, el Presidente consideró que no resultaba necesario admitir la declaración pericial del señor Jaime Vintimilla Saldaña (cons. 9-12)..

En cuanto a la modalidad de las declaraciones y dictámenes periciales, el Presidente estimó conveniente recibir, por medio de declaración rendida ante fedatario público (affidávit), las declaraciones de las siguientes presuntas víctimas (resolutivo No. 1):

1) Pablo Antonio Palma Pico, primo de Marco Bienvenido Palma Mendoza, quien declarará sobre: i) cómo los familiares tuvieron conocimiento de la alegada “desaparición” del señor Marco Bienvenido Palma Mendoza, y ii) la supuesta indiferencia de las autoridades policiales, militares y judiciales mostrada hacia la familia y su falta de actuación urgente para rescatar con vida al señor Palma Mendoza, y

2) Nelson Palma Mendoza, hijo de Marco Bienvenido Palma Mendoza, quien declarará sobre: la repercusión sufrida por los familiares ante el hecho del alegado “secuestro-desaparición” y posterior “asesinato” de su padre, sin que el Estado haya realizado acciones oportunas tendientes a descubrir la verdad de lo ocurrido.

Conforme al artículo 50.5 del Reglamento, el Presidente requirió al Estado que remitiera, de considerarlo pertinente, en el plazo improrrogable que vencía el 6 de febrero de de 2012, las preguntas que estimara pertinentes formular a través de la Corte Interamericana a las presuntas víctimas que declararán ante fedatario público. Los representantes de las presuntas víctimas deberán coordinar y realizar las diligencias necesarias para que, una vez recibidas las preguntas, si las hubiere, los declarantes propuestos incluyan las respuestas respectivas en sus declaraciones. Tales declaraciones deberán ser presentadas a más tardar el 15 de febrero de 2011 (resolutivos No. 2-3). Una vez recibidas las declaraciones, la Secretaría de la Corte las deberá transmitir a las otras partes, para que si el Estado lo estima necesario, presente sus observaciones a dichas declaraciones en sus alegatos finales (resolutivo No. 4).

De otro lado, el Presidente convocó a una audiencia pública a las partes, que se realizará en su sede el día 1 de marzo de 2012, a partir de las 9:00 horas, para recibir las declaraciones de las siguientes personas (resolutivo No. 5):

1) Lidia Guadalupe Bravo Bravo, compañera del señor Marco Bienvenido Palma Mendoza, quien declarará sobre: i) las diversas acciones que realizó a fin de ubicar al señor Palma Mendoza; ii) las investigaciones que se iniciaron a nivel de la función judicial; iii) la ubicación de los restos del señor Palma Mendoza, y iv) las repercusiones a nivel emocional y económico que significó para ella y sus hijos la “desaparición” del señor Palma Mendoza.

2) Luis Miguel Palma Bravo, hijo del señor Marco Bienvenido Palma Mendoza, quien declarará sobre: i) cómo se realizó el operativo de “secuestro y posterior desaparición” de su padre, y ii) la afectación emocional y psicológica a causa del alegado “asesinato” de su padre y la alegada falta de administración de justicia, y

3) Diego Zalamea León, perito propuesto por el Estado, experto en derecho procesal penal y derecho procesal constitucional, quien en su dictamen se referirá: i) al desarrollo del contexto histórico-institucional del recurso de hábeas corpus en el Ecuador; ii) la situación de cambio en materia de derechos humanos a partir de la Constitución de 2008; iii) el recurso de hábeas corpus en el Ecuador, en el derecho procesal penal y el derecho penal constitucional, y iv) la concepción del hábeas corpus en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, Bloque de Constitucionalidad para la Corte Constitucional del Ecuador.

La Comisión solicitó “la oportunidad verbal o escrita de formular preguntas, en la medida de lo relevante, al perito Diego Zalamea León. Al respecto, el Presidente recordó que el artículo 52.3 del Reglamento prevé la posibilidad de que la Comisión interrogue a los peritos declarantes presentados por las demás partes, “si la Corte lo autoriza a solicitud fundada de la Comisión, cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos y su declaración verse sobre alguna materia contenida en un peritaje ofrecido por la Comisión”. Seguidamente, el Presidente señaló que no procedía la solicitud de la Comisión de interrogar al perito Diego Zalamea León, propuesto por el Estado, en razón de que peritaje no se vincula con el orden público interamericano (cons. 18-19).

Finalmente, el Presidente dispuso que los representantes y el Estado podrán presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales sobre la excepción preliminar, y eventuales fondo y reparaciones en este caso, respectivamente, al término de las declaraciones de las presuntas víctimas, y perito. Concluidos dichos alegatos la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales orales (cons. 20).

Los representantes y el Estado podrán, además, presentar sus alegatos finales escritos, y la Comisión sus observaciones finales escritas, a más tardar el 2 de abril de 2012.

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Convocatoria a audiencia pública en el asunto Lanza Ochoa vs. Honduras

2012-02-08T10:48:00.000+01:00

Gladys Lanza Ochoa

Este reporte fue elaborado por Claudia Josi.

El 23 de enero de 2012, el Presidente de la Corte Interamericana emitió una Resolución de Convocatoria a Audiencia sobre las medidas provisionales en el asunto Lanza Ochoa vs. Honduras.

Las mencionadas medidas fueron ordenadas por la Corte en su Resolución de 2 de septiembre de 2010, en la cual el Tribunal resolvió “requerir al Estado de Honduras que adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de la señora Gladys Lanza Ochoa” (cons. 1).

La competencia de la Corte de ordenar medidas provisionales se basa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 63.2 dispone que “en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, el Tribunal podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes (cons. 2).

En la presente resolución el Presidente de la Corte indicó que los representantes de la beneficiaria de las medidas provisionales informaron varios hechos de amenazas o de inseguridad, supuestamente ocurridos entre octubre de 2010 y agosto de 2011, que pueden implicar graves riesgos a la vida e integridad personal de la beneficiaria. Además, señaló que el Estado presentó escasa información sobre las medidas de protección adoptadas y que su último informe al respecto fue presentado en abril de 2011 (cons. 5).

El Presidente del Tribunal manifestó que la escasa información aportada sobre los supuestos hechos ocurridos y el cumplimiento de las medidas ordenadas dificultaban la determinación de la situación real en que se encontraba la beneficiaria de las medidas (cons. 6).

Con base en lo anterior, el Presidente estimó indispensable que el Tribunal reciba “información completa acerca del estado en que se encuentran las medidas ordenadas, a fin de poder supervisar efectivamente la debida implementación de las mismas y si es necesario mantenerlas vigentes”. En razón de ello, el Presidente consideró pertinente que la Corte reciba en audiencia pública información actualizada por parte del Estado, de la Comisión Interamericana y de los representantes “sobre el estado y perspectivas de implementación de las medidas provisionales ordenadas” (cons. 7). Esta audiencia se celebrará en la sede de la Corte Interamericana el día 23 de febrero de 2012, a partir de las 17:00 horas y hasta las 19:00 horas (punto resolutivo 1).

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Corte ordena la efectiva participación de las niñas en el caso Atala Riffo e Hijas vs. Chile

2012-02-08T10:35:00.000+01:00

Karen Atala Riffo

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Corte IDH hizo pública su Resolución de 29 de noviembre de 2011 en el caso Atala Riffo e Hijas Vs. Chile. Este caso versa sobre del supuesto “trato discriminatorio y la alegada interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus tres hijas.” Asimismo, se afirma en este caso que la resolución que concedió la tuición al padre no habría tenido en consideración el interés superior de las niñas, afectando varios de sus derechos.

La Comisión consideró que las “las beneficiarias de las reparaciones que [llegase a] orden[ar] el Tribunal [serían]: Karen Atala y sus hijas, M., V. y R.” El Estado negó que la decisión judicial hubiera constituido una violación de los derechos humanos de la señora Atala o de sus hijas.

El padre de las tres niñas, señor Jaime López Allendes, envió a la Corte tres comunicaciones, en las que señaló que la señora Atala Riffo “puede no estar representando efectivamente los intereses de las tres niñas”, en el proceso ante el Tribunal interamericano. Asimismo, manifestó que la representación legal de las menores las ejerce él, en razón de la decisión de la Corte Suprema de Chile que le otorgó la tuición de sus hijas.

La Resolución que ahora se reporta estuvo orientada a decidir sobre la representación legal de las tres menores. Así, la Corte hizo presente que “el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído que ostentan todas las personas, incluidos los niños y niñas, en los procesos en que se determinen sus derechos.” Asimismo, afirmó que tal “derecho debe ser interpretado a la luz del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño”, y se refirió también a puntos relevantes de la Observación General No. 12 de 2009 del Comité de los Derechos del Niño.

Tanto la señora Atala Riffo como su ex marido manifestaron actuar en representación de sus tres hijas menores de edad, a pesar de tener intereses contrapuestos. Por tanto, la Corte tomó nota “que en ninguna parte del expediente hay una manifestación precisa por parte de las niñas M., V. y R. respecto a si están de acuerdo con la representación que ejerce cualquiera de sus padres y de si deseaban ser consideradas como presuntas víctimas”.

En este sentido, la Corte consideró que “así como el señor López Allendes seña[ló] que la señora Atala Riffo puede no estar representando efectivamente los intereses de las tres niñas en el proceso ante [la] Corte, tampoco puede establecerse que él representa dichos intereses por el sólo hecho de tener su representación legal de acuerdo a la normatividad chilena. Mucho menos cuando el acto que le otorgó dicha representación legal de las niñas (la Sentencia de la Corte Suprema que decidió la tuición) es precisamente el acto del Estado que se encuentra bajo análisis en el presente caso por la presunta violación de varios derechos de la Convención Americana.”

La Corte también observó que el único documento que refleja opiniones directas de las niñas es un peritaje donde se declaró que, “[e]n distinta medida, las niñas se han percibido excluidas de participar del proceso judicial con la ambivalencia que eso les ha generado”. La Corte afirmó que “los niños y niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal”. Por tanto, atendido que las niñas tienen 12, 13 y 17 años de edad, la Corte consideró que “el derecho de las niñas de ser oídas puede ser ejercido directamente por ellas, sin necesidad de un representante legal, a menos de que ellas así lo manifiesten.” Sin embargo, afirmó también que al llevarse a cabo esta diligencia debe tenerse presente la edad de las menores.

“Teniendo en cuenta la controversia entre la madre y el padre, y el alcance del derecho de las niñas a participar y ser oídas, la Corte conside[ró] útil […] ordenar, como prueba para mejor resolver, que las niñas M., V. y R. sean informadas sobre su derecho a ser oídas ante la Corte y las consecuencias que el ejercicio de dicho derecho implica, con el objetivo de que las tres niñas manifiesten lo que deseen al respecto.” Por último, determinó que designaría “al personal de la Secretaría encargado de desarrollar dicha función, la cual será llevada a cabo en el lugar, fecha y modalidad que se determinará en su momento.”

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CIDH presenta nuevo caso en contra de Perú

2012-02-06T09:36:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 2 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 11/12, mediante el cual informó que el 4 de enero de 2012 presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 11.769, J. vs. Perú (la identidad de la víctima se mantiene en reserva a solicitud de la parte peticionaria).

Según el comunicado, el caso “se refiere a la detención ilegal y arbitraria de J. y los registros domiciliarios realizados el 13 de abril de 1992 por parte de agentes estatales, quienes incurrieron en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violación sexual de la víctima. Estos hechos fueron seguidos del traslado de J. a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) y su privación de libertad en dicho lugar sin control judicial y en condiciones inhumanas de detención durante 17 días. Asimismo, el caso se relaciona con una serie de violaciones al debido proceso y al principio de legalidad e irretroactividad, en el marco del proceso penal seguido contra la víctima por supuestos delitos de terrorismo bajo la vigencia del Decreto Ley 25475. En junio de 1993, J. fue absuelta, tras lo cual salió de Perú. El 27 de diciembre de 1993 la Corte Suprema de Justicia sin rostro y sin motivación declaró nula la absolución disponiendo un nuevo juicio. Actualmente persiste en Perú un proceso abierto contra J. con una orden de captura internacional.”

En el informe de fondo, “la CIDH concluyó que el Estado de Perú es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, legalidad y no retroactividad, protección a la honra y dignidad y a la vida privada y familiar, y protección judicial, derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de J. Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado de Perú es responsable por la violación de obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de J.”

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Rep. Dominicana ratifica otro tratado del Sistema Interamericano

2012-02-03T13:08:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa, mediante el cual saludó la ratificación, por parte de República Dominicana, del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. República Dominicana ratificó dicho Protocolo el 19 de diciembre de 2011 y depositó el instrumento de ratificación en la OEA el 27 de enero de 2012.

Según la Comisión, “con este acto, República Dominicana ha ratificado cuatro de los seis instrumentos interamericanos de derechos humanos adicionales a la Convención Americana, ratificada en 1978.” Los otros instrumentos ratificados por República Dominicana son: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, o Convención de Belém do Pará, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

La Comisión continúa señalando que “[a] través de esta ratificación, República Dominicana ha dado un paso más en el camino hacia la universalización de los instrumentos interamericanos de derechos humanos.” La CIDH alentó a República Dominicana “a avanzar en este camino y ratificar también la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador.”

Fuentede la fotografía.

Convocatoria a audiencia, caso Castañeda Gutman vs. México

2012-02-03T11:12:00.000+01:00

Jorge Castañeda

Este reporte fue elaborado por Francisco Quintana.

El 18 de enero de 2012, el Presidente de la Corte Interamericana emitió una Resolución de Convocatoria a Audiencia, en relación con el cumplimiento de la Sentencia del Caso Castañeda Gutman vs. México de 6 de agosto de 2008.

El litigio ante el Tribunal se relacionó con “la inexistencia en el ámbito interno [mexicano] de un recurso sencillo y efectivo para el reclamo de la constitucionalidad de los derechos políticos y el consecuente impedimento para que el señor Jorge Castañeda Gutman […] inscribiera su candidatura independiente a la Presidencia de México[…] para las elecciones que se celebraron en julio de 2006” (párr. 2 de la sentencia).

En su fallo, la Corte determinó, inter alia, que, México no ofrecía a sus ciudadanos/as un recurso efectivo que les permitiera cuestionar la regulación legal del derecho político a ser elegido previsto en su Constitución Política y en la Convención Americana (párr. 131 de la sentencia). En razón de ello, el Tribunal concluyó que el Estado mexicano violó el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento (punto resolutivo segundo). La Sentencia dispuso como formas de reparación, inter alia, que México debía:

· “[c]ompletar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajust[ara] la legislación secundaria y las normas que reglamenta[ba]n el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garanti[zara] a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido” (punto resolutivo sexto),

· “[p]ublicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional”, determinados párrafos de la Sentencia (punto resolutivo séptimo), y

· pagar a la víctima las costas y gastos del proceso (punto resolutivo octavo)

Mediante Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de 1 de julio de 2009, el Tribunal determinó que México cumplió con los puntos resolutivos séptimo y octavo de dicho fallo y que continuaría con la supervisión del cumplimiento del punto resolutivo sexto.

En su Resolución de 2012, el Presidente constató que “de lo manifestado por el Estado, éste [realizó] diversos cambios normativos y jurisprudenciales por los cuales se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Adicionalmente, el Estado [señaló] que la reforma o derogación de determinados preceptos de la LGSMIME y de la Ley de Amparo no se desprende de lo ordenado por el Tribunal en su Sentencia, o que la misma se ha producido de manera tácita. Por su parte, los representantes y la Comisión en sus observaciones [expresaron] que tales reformas no son suficientes para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte y que es necesaria la reforma o derogación de las disposiciones [por ellos] indicadas” (cons. 11).

Debido a la controversia existente entre las partes sobre el acatamiento de dicho punto, el Presidente estimó oportuno convocar a una “audiencia privada” para recibir información completa y actualizada de las partes (cons. 12), misma que se llevará a cabo 20 de febrero de 2012, a partir de las 15:00 horas (punto resolutivo primero).

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Artículo sobre penas corporales indígenas

2012-02-02T17:46:00.000+01:00

Aplicación de castigos corporales en
La Cocha, Ecuador

Este reporte fue redactado por Álvaro Paul Díaz.

El creador y administrador de este blog, Oswaldo Ruiz Chiriboga, publicó en el portal Social Science Research Network (SSRN) un artículo en inglés referido a las penas corporales indígenas en el Ecuador y la prohibición de la tortura y los malos tratos. El artículo lleva por título Indigenous Corporal Punishments in Ecuador and the Prohibition of Torture and Ill-Treatments. Éste es el resumen:

“Indigenous customary law (ICL) has always coexisted with national law throughout the history of Ecuador. At first it was tolerated, then it became illegal, and now it is fully recognized by the Constitution and by International Human Rights Law (IHRL). An integral part of ICL is the power to enact and apply punishments. Such punishments are in principle lawful, because of the broad wording of the constitutional recognition. A number of sanctions and the rituals that precede them have a physical component. As a result, indigenous peoples and Ecuadorian authorities are engaged in a debate over the compatibility of such punishments with human rights. Some say that corporal sanctions violate the prohibition of torture and other cruel, inhuman, and degrading punishments (CIDP). Indigenous peoples respond that their traditional practices must be respected. The aim of this research is to show that not all indigenous corporal punishments amount to forbidden acts. I will not try to undermine the prohibition of torture, instead using the elements of the notions ‘torture’ and ‘CIDP’ given by IHRL, I will show that certain indigenous corporal punishments do not fulfill all the requirements of torture or CIDP. I will also demonstrate that despite the constant denial of several international bodies, the culture of a society is always present in what it considers acceptable suffering and in the assessment of the elements of torture and CIDP.”

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Supervisión de cumplimiento de la Sentencia del caso Servellón García y otros vs. Honduras

2012-02-02T15:31:00.000+01:00

Sello postal emitido por Correos de Honduras en
memoria de las víctimas del caso Servellón

Este reporte fue redactado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En su anterior período de sesiones, específicamente el 22 de noviembre de 2011, la Corte IDH emitió una Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia dictada el 21 de septiembre de 2006 en el caso Servellón García y otros vs. Honduras.

Anteriormente (ver aquí), la Corte había declarado que Honduras dio cumplimiento total a las siguientes medidas de reparación dispuestas en la Sentencia:

a) publicar en el Diario Oficial, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de la Sentencia y la parte resolutiva de la misma (punto resolutivo noveno de la Sentencia);

b) realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado (punto resolutivo décimo de la Sentencia);

c) fijar una placa definitiva con el nombre de las víctimas en la calle que se ha designado con sus nombres (punto resolutivo undécimo de la Sentencia);

d) establecer un programa de formación y capacitación para personal policial, judicial, del Ministerio Público y penitenciario sobre la protección a niños y jóvenes; sobre el principio de igualdad ante la ley y sobre los estándares internacionales sobre derechos humanos y garantías judiciales a personas en detención (punto resolutivo duodécimo), y

e) crear una base de datos unificada, denominada por el Estado “Sistema de Expediente Digital Interinstitucional” (punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia).

Asimismo, señaló que las siguientes medidas de reparación todavía no se habían cumplido, por lo que mantendría abierto el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la Sentencia:

a) realizar las acciones necesarias para identificar, juzgar, y en su caso, sancionar a todos los autores de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas y remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad en este caso (punto resolutivo octavo de la Sentencia), y

b) realizar una campaña con la finalidad de sensibilizar a la sociedad hondureña respecto de la importancia de la protección a los niños y jóvenes, informarla sobre los deberes específicos para su protección que corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado, y mostrar a la población que los niños y jóvenes en situación de riesgo social no están identificados con la delincuencia (punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia).

En la Resolución que ahora se reporta, la Corte analizó si el Estado había dado cumplimiento a estos puntos.

a) Sobre la obligación del Estado de identificar, juzgar, y en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas

La Corte señaló que la información remitida por el Estado hasta el momento no era suficiente, por lo que reiteró que el Estado tiene el deber de “intensificar sus esfuerzos y realizar todas las acciones pertinentes, a la mayor brevedad, a fin de avanzar en las investigaciones correspondientes”; además, consideró “indispensable” que el Estado presentara información actualizada, detallada y completa sobre la implementación de la investigación, las diligencias adelantadas y sus resultados (cons. 10).

b) Sobre la campaña de sensibilización respecto de la importancia de la protección a los niños y jóvenes

El Estado manifestó que dicha campaña se realizó en 14 departamentos del país, desde el 22 de julio de 2010, hasta el 14 de junio de 2011. Participaron diversas autoridades locales y de la sociedad civil “de los municipios de mayor incidencia de violencia y exclusión social de las niñas(os) y jóvenes” (cons. 11).

Los representantes de las víctimas y la Comisión valoraron positivamente la campaña realizada por el Estado (cons. 12-13). Por lo que la Corte declaró que el Estado ha dado cumplimiento a lo ordenado (cons. 14).

El Estado deberá presentar el 5 de marzo de 2012 un nuevo informe, en el que detalle las medidas que ha realizado para cumplir con la única medida de reparación pendiente de cumplimiento, esto es, la identificación y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de las víctimas del caso.

Los Jueces García-Sayán y Vio Grossi hicieron conocer a la Corte sus Votos Concurrentes, que son los mismos a los presentados en los casos Pueblo Saramaka vs. Suriname y Blanco Romero y otros vs. Venezuela, ya reportados en este blog (ver aquí y aquí, respectivamente).

Fuente de la fotografía.

Artículo sobre derechos de las mujeres

2012-02-01T09:12:00.000+01:00

Este reporte fue realizado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En la Revista Derecho en Libertad (vol. 7, 2011) de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Héctor Alberto Pérez Rivera publicó el artículo Los Estándares Internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Análisis de los Casos Mexicanos. Este es el resumen:

“De los 7 casos que se han dictado respecto de México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 3 de ellos están relacionados con los derechos humanos de las mujeres. Ésto atiende a que ha sido muy visible para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la especial vulnerabilidad de las mujeres en un país que enfrenta una difícil situación en materia de derechos humanos y la falta de políticas públicas efectivas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a una vida libre de violencia. El objetivo de este documento: extraer, de las sentencias en las que la CoIDH se ha pronunciado sobre los derechos humanos de las mujeres en casos mexicanos, aquéllos principios e interpretaciones que puedan ser usados para enriquecer el marco legal existente en la materia. Los estándares que se identificaron […] de las sentencias analizadas son: i) justiciabilidad del artículo 7º de la Convención Belém do Pará; ii) criterios respecto de los conceptos de discriminación por motivos de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; iii) análisis jurídico del término “feminicidio”, cuyo origen es sociológico; y iv) estándares en materia de acceso a la justicia.”

Revista Derecho del Estado

2012-02-01T08:45:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En la Revista Derecho del Estado (vol. 26, 2011) de la Universidad Externado de Colombia, se publicaron dos artículos sobre la Corte IDH.

El primer artículo, escrito por Gonzalo Aguilar Cavallo, lleva por título ¿Surgimiento de un derecho constitucional común en América?, este es el resumen:

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos suele pronunciarse sobre temas propiamente constitucionales. Se podría sostener que la Corte Interamericana cumple una función constitucional. En consecuencia, el derecho emanado de la Corte Interamericana tiende a configurarse como un derecho constitucional común para los estados. El ejemplo de los pueblos indígenas puede colaborar en la dilucidación de esta hipótesis. Nosotros sostenemos que la Corte Interamericana podría ser considerada un órgano que ejerce justicia constitucional.”

El segundo, escrito por Francisco R. Barbosa Delgado, se titula Los límites a la doctrina del margen nacional de apreciación en el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Intervención judicial en torno a ciertos derechos de las minorías étnicas y culturales. Este es el resumen:

“El margen nacional de apreciación se ha constituido en un criterio hermenéutico de los tribunales regionales de derechos humanos para la interpretación y aplicación de los mismos. Por esta razón, en el presente artículo se pretenderá demostrar si la existencia de los límites al margen nacional de apreciación ha sido útil para la protección de los derechos de las minorías étnicas y culturales”.

Libro introductorio al Sistema Interamericano

2012-02-01T07:54:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México publicó un libro de Carlos María Pelayo Moller, titulado “Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. A continuación se transcribe la introducción de la obra, escrita por el propio autor:

“En la actualidad es innegable la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hasta principios de 2011 México ha sido condenado en seis casos contenciosos por violaciones a los derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha provocado que en el seno de las instituciones del Estado mexicano se esté suscitando un intenso debate con el fin de definir cómo se implementarán las medidas de reparación ordenadas que involucran a todos los poderes públicos.

A pesar de la existencia de estos importantes precedentes a nivel internacional, aun muchas personas, sean especialistas o no en derecho, se preguntan ¿cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?, ¿cuál es el camino que debe recorrer una petición hasta llegar a una sentencia de la Corte Interamericana?, ¿qué otras funciones se llevan a cabo en el Sistema Interamericano con el fin de proteger los derechos humanos en el continente?

El presente trabajo tiene como objeto responder a estas preguntas analizando el funcionamiento de las dos instituciones internacionales que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación se centra en las funciones de cada institución, sus procedimientos y los efectos de los mismos en la protección de los derechos humanos a nivel regional.

Así, en una primera sección se analizará cómo surgió la Comisión Interamericana, las bases normativas que le dan sustento, su conformación actual, su competencia, la descripción y análisis de sus funciones cuasijurisdiccionales, como es el sistema de peticiones y casos —su funcionamiento y sus problemas—, así como lo relativo al otorgamiento de medidas cautelares. Igualmente se hará referencia a las funciones de carácter político que desempeña esta institución con el fin de estimular la conciencia de los derechos humanos en el continente.

En una segunda parte, esta investigación aborda varios aspectos relevantes en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como su historia y conformación actual, su jurisdicción, y el procedimiento que se sigue en un caso contencioso ante esta instancia, esto, tomando en cuenta las últimas reformas a su reglamento. Igualmente, se hace una breve referencia a la facultad de la Corte para otorgar medidas provisionales y a su función consultiva.

El presente material se encuentra diseñado para aquellas personas que no han tenido contacto o han tenido un contacto mínimo con el funcionamiento de estos órganos. Con el fin de ser un texto introductorio, se incluye en el análisis de los temas diversas referencias a casos y bibliografía complementaria que puede servir como referencia para el lector que desee profundizar en algunos de los temas tratados.”

El libro completo puede encontrarse aquí.

Supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela

2012-02-01T07:31:00.000+01:00

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

En enero la Corte IDH hizo pública su Resolución de fecha 22 de noviembre de 2011, mediante la cual supervisó el cumplimiento de su Sentencia de fondo, reparaciones y costas de 28 de noviembre de 2005 en el caso Blanco Romero y Otros Vs. Venezuela.

La Corte ya había dictado dos resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de este caso. En la última de éstas, de fecha 7 de julio de 2009, la Corte declaró que mantendría abierto el procedimiento de supervisión hasta el cumplimiento total de las siguientes obligaciones:

a) llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales;

b) “adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández a la mayor brevedad.” En caso de que fueran encontrados sin vida, la Corte dispuso ciertas medidas especiales;

c) publicar en determinados medios, en el plazo de seis meses, “el capítulo relativo a los hechos probados de [la] Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 54 a 65 de la sección denominada Fondo del Fallo y la parte resolutiva del mismo”;

d) “adoptar, en concordancia con los artículos 7.6, 25 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada”;

e) “adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada de personas”

f) “implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Dirección

General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos […], como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso”;

g) Pagar las indemnizaciones ordenadas por la sentencia, además de las costas y gastos generados por este caso.

En la resolución de supervisión de noviembre de 2011 que aquí se reporta, el Tribunal declaró:

En relación al punto señalado en la letra (a): que “si bien ha habido algunos avances en la investigación por la desaparición forzada del señor Blanco Romero, lo cierto es que a mayo de 2010 se había ordenado la realización de un nuevo juicio, sin que se tenga conocimiento del estado actual del debate oral o si se ha llegado a proferir sentencia. Respecto a las investigaciones por las desapariciones forzadas de Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, se observa que aún no existen avances efectivos que permitan la identificación y eventual sanción de los responsables, ya que las mismas permanecerían archivadas desde el 14 de mayo de 2004. Es así que, a más de once años de las desapariciones forzadas de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández y a casi seis años de la notificación de la Sentencia objeto de supervisión, las violaciones declaradas se mantienen en impunidad.” Por tanto, consideró “imprescindible que el Estado presente información actualizada, detallada y completa sobre las acciones necesarias emprendidas para el cumplimiento de este punto, así como copia de la documentación respectiva. En especial, el Estado deberá referirse a los avances en el proceso penal vinculado a la desaparición del señor Oscar José Blanco Romero, así como a las investigaciones penales relacionadas a las desapariciones forzadas de los señores Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, a fin de esclarecer los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas.”

En relación al punto señalado en la letra (b): que habría una “falta absoluta de actividad desplegada por el Estado a fin de dar con el paradero” de las referidas víctimas. El Estado debe dar cumplimiento a este punto.

En relación al punto señalado en la letra (c): “el Tribunal not[ó] con preocupación que, a casi seis años de la notificación de la Sentencia objeto de supervisión y a dos años de remitido el último informe estatal, carece de información que dé cuenta del cumplimiento efectivo de dicha obligación.” El Estado debe dar cumplimiento a este punto.

En relación al punto señalado en la letra (d): La Corte consideró “que este punto se encuentra pendiente de cumplimiento”, y reiteró “que las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos sus poderes y órganos […].” El Estado debe dar cumplimiento a este punto.

En relación al punto señalado en la letra (e): La Corte recordó al Estado que la obligación contenida en esta medida “requiere la reforma efectiva de la legislación penal interna, en los términos señalados en la Sentencia.” La Corte consideró que este punto se encuentra pendiente, y que el Estado deberá darle cumplimiento.

En relación al punto señalado en la letra (f): La Corte valoró “la elaboración del ‘Programa de las Asignaturas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Institutos Educativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana’ del Vice-Ministerio de Educación para la Defensa, Ministerio del Poder Popular para la Defensa.” Sin embargo, notó “que los temas de la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, tomando en cuenta la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, no se encontrarían contenidos en los Programas Académicos de todas las Escuelas de las Fuerzas Armadas.” Por ello, consideró que el Estado debía “incorporar las referidas temáticas a la malla curricular”. Además, la Corte hizo presente que “esta medida de reparación se refiere también a los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de la ‘Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención’, sin que el Estado se haya referido a este extremo de la reparación.” Por ello, consideró “indispensable que el Estado presente información actualizada, detallada y completa sobre los cursos dirigidos a los funcionarios de los servicios de inteligencia.” En definitiva, consideró que el Estado habría dado cumplimiento parcial a esta obligación, “en cuanto a la implementación de un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas.”

En relación al punto señalado en la letra (g): El Estado afirmó que dichos pagos se realizarían durante el año 2011, pero no remitió información posterior que demostrara su efectivo cumplimiento. Por tanto, el Tribunal solicitó “al Estado que presente información […] respecto a las medidas adoptadas para el efectivo cumplimiento de estos aspectos de la Sentencia.”

Finalmente, después de notar que el Estado no habría dado cumplimiento a un requerimiento de información, la Corte sostuvo “que habiendo transcurrido casi seis años desde el dictado de la Sentencia que aquí se supervisa, la mayoría de las medidas de reparación dispuestas aún se encuentran pendientes de acatamiento por parte del Estado. Por ende, es imprescindible que el Estado presente un informe detallado, completo y actualizado respecto de las acciones del Estado para dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia que se encuentran pendientes de cumplimiento.”

Por último, la Corte declaró que “el Estado no está cumpliendo su obligación jurídica de informar a esta Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de los puntos resolutivos de la misma” y mantuvo abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento con relación a los mismos puntos pendientes de todos los puntos previamente señalados, a excepción del punto (f), cuyos términos fueron parcialmente modificados.

Esta sentencia fue objeto de opiniones concurrentes de los jueces García Sayán y Vío Grossi.

El juez García Sayán calificó el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias como “una de las atribuciones más relevantes para la protección de los derechos humanos”. Esta afirmación fue ejemplificada con resultados exitosos de las mismas. Por ello señaló que “[e]ste proceso de cumplimiento, […] por su carácter complejo no puede ser analizado aisladamente ni bajo una lógica académica abstracta, aritmética o de plazos convertidos en fines en sí mismos, sino dentro de las diversas variables y factores que conlleva el cabal cumplimiento de una sentencia por el Tribunal interamericano.”

Con relación al artículo 65 de la Convención Americana, sostuvo que dicho artículo “es claro al ordenar a la Corte que, al someter a la consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos un informe sobre su labor en el año anterior, señale los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.” Sin embargo, sostuvo que “[s]ólo ante una manifiesta expresión del Estado de incumplir total o parcialmente con lo ordenado, aunado al fracaso de todos los medios posibles de supervisión, es que el Tribunal ha recurrido a la aplicación del artículo 65 de la Convención Americana y ha entendido que, en tal supuesto, no corresponde continuar requiriendo al respectivo Estado que presente información relativa al cumplimiento de la sentencia de que se trate.”

El juez Vío Grossi sostuvo que, tanto el artículo 65 de la Convención Americana, como el artículo 30 del Estatuto de la Corte consagran imperativamente una obligación de la Corte de “de someter anualmente a la Asamblea General de la OEA un informe acerca de la labor llevada a cabo en el período anterior”, y de “señalar los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a los fallos de la Corte”. Afirmó que “no se cumple con dicha obligación incluyendo en el informe anual el listado de los casos sometidos a supervisión del cumplimiento de sentencias o acompañando en el mismo, como anexo, las resoluciones adoptadas al efecto, ya que las transcritas normas son categóricas al respecto al indicar que la Corte debe ‘señalar’ los casos en que no se hayan cumplido las pertinentes sentencias, lo que no se cumple con solo anexar información.”

El juez Vío Grossi también sostuvo que el Sistema Interamericano otorga competencia a la Asamblea General de la OEA para “la adopción de las medidas que estime pertinentes para hacer cumplir las sentencias de la Corte.” Por tanto, “el incumplimiento de éstas era más bien un asunto de la competencia de dicho órgano político y no del judicial, puesto que de lo que se trata es de que un Estado soberano cumpla el compromiso contraído en virtud de lo prescrito en el Artículo 68.1 de la Convención.” Vío Grossi también sostuvo que debe entenderse que el Reglamento, al establecer el sistema de supervisión de cumplimiento, busca aplicar el artículo 65 de la Convención. El mecanismo consagrado en el Reglamento de la Corte no podría “pretender sustituir a la competencia, consagrada convencionalmente, de la Asamblea General de la OEA en la materia, ni aún a pretexto de que no ejerza aquella o no lo haga en debida forma. A la Corte no le corresponde juzgar el accionar del referido órgano político, máxima instancia de la organización.” Ello sería así en virtud del principio de Derecho Público de que los organismos jurídicos sólo pueden ejercer lo que las normas respectivas les permiten, así como en virtud de la necesidad de contar con una adecuada certeza jurídica.

La opinión concurrente también sostiene que la inadecuación de las normas aplicables de la Convención no pueden ser usadas como excusa para modificar por la vía reglamentaria lo señalado en la Convención, puesto que lo que a la Corte “le compete es aplicar e interpretar la Convención y no modificarla, función de la exclusiva responsabilidad de los Estados partes de la misma.” Es por ello que el estatuto de la Corte señala que ésta puede “someter a la Asamblea General de la OEA proposiciones o recomendaciones para el mejoramiento del sistema interamericano de derechos humanos, en lo relacionado con el trabajo de la Corte.”

El referido juez sostuvo que el sistema de supervisión no puede transformarse en una prórroga sin fecha de término para el cumplimiento de una sentencia por parte del Estado. Si ello fuera así, se colocaría “a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en una situación desventajosa, al tener que continuar litigando, esta vez en contra de argumentos de orden interno que el Estado normalmente invoca para no cumplir lo fallado y que obviamente no procedían en el juicio propiamente tal”. Además, se pondría a la Corte “en una posición en la que, sin contar con las facultades indispensables para hacer cumplir sus fallos, deba acudir a la súplica o a la presión más bien de orden político para lograr que el pertinente Estado haga honor al compromiso libre o soberanamente contraído de darles cumplimiento.”

Vío Grossi sostuvo que la falta de cumplimiento de las sentencias no sería una justificación adecuada para establecer excepciones a la Convención, ya que “la mejor garantía del respeto de los derechos humanos es que la Corte ajuste estrictamente su conducta a las normas, especialmente convencionales, que la rigen. El irrestricto respeto al ‘Estado de Derecho’ que se requiere a los Estados en materia de derechos humanos, es igualmente y con mayor razón, exigible a la Corte, máxime cuando se tiene presente, por un lado, que su función es la de impartir Justicia en materia de derechos humanos a través de la aplicación del Derecho en la materia y no la de promover tales derechos, lo que le compete a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la de crear normas que perfeccionen el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, lo que corresponde, como se expresó, a los Estados, y por el otro lado, que es una entidad autónoma en el ejercicio de su función, lo que la obliga a ser extremadamente rigurosa en el respeto de las normas que la regulan, proporcionando así garantía de imparcialidad y seguridad jurídica.”

Sin perjuicio de lo anterior, el juez Vío concluyó afirmando que la notificación a la OEA acerca de los Estados que no han cumplido los fallos “no excluye la posibilidad de que la Corte continúe, en los períodos siguientes, con el procedimiento reglamentario de supervisión respectivo, evento en el que deberá indicar, en sus informes anuales siguientes, si persiste dicho incumplimiento”.

Fuente de la fotografía

Supervisión del cumplimiento de la sentencia en el caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú

2012-01-30T17:21:00.000+01:00

Este reportaje fue elaborado por Claudia Josi

La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su resolución de 30 de noviembre de 2011, sobre el cumplimiento de la sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 28 de febrero de 2003 en el caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú.

En la resolución anterior, de 24 de noviembre de 2009, la Corte había declarado que mantendría abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los siguientes puntos:

a) realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables del desacato de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales peruanos en el desarrollo de las acciones de garantía interpuestas por las víctimas (punto resolutivo sexto de la Sentencia), y

b) establecer las consecuencias patrimoniales que pudiera tener la violación al derecho a la propiedad privada, […], en los términos de la legislación interna, por los órganos nacionales competentes (punto resolutivo quinto de la Sentencia).

En la presente resolución, la Corte IDH se refirió al cumplimiento de los mencionados puntos resolutivos tomando en cuenta los informes presentados por el Perú, así como las observaciones y la información presentada por el representante de las víctimas y la Comisión Interamericana.

En relación con la obligación de realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables del desacato de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales peruanos en el desarrollo de las acciones de garantía interpuestas por las víctimas, la Corte IDH recordó, en primer lugar, que “el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, [que] debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios” (cons. 10).

Asimismo, tomando en cuenta lo alegado por el Estado en el sentido que en la Resolución de 24 de noviembre de 2009 la Corte habría aludido “por primera vez” a acciones de investigación distintas a las penales, el Tribunal señaló que esta medida de reparación “fue ordenada de manera amplia, indicando que el Estado debe realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables del desacato de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales peruanos”. En este sentido, el Tribunal aclaró que “no limitó dichas investigaciones a las de naturaleza penal” y, por ello, en la referida Resolución de 24 de noviembre de 2009 requirió al Estado “que presentara información tanto sobre la investigación penal como respecto de ‘las acciones que ha emprendido para realizar una investigación exhaustiva distinta a la que corresponde al fuero penal’.” (cons. 11).

La Corte IDH recordó que su jurisprudencia constante señala que “los Estados deben emprender con seriedad todas las acciones necesarias con el fin de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos” violatorios de la Convención, “para los efectos penales y cualesquiera otros que pudieran resultar de la investigación de los mismos”. En ese sentido recalcó que los Estados deben “investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables” (cons. 12).

En cuanto a las investigaciones penales, el Tribunal señaló que, en su última resolución había solicitado al Estado que informara sobre la adopción de todas las medidas que habría llevado a cabo para cumplir con dicha obligación (cons. 14). No obstante, la Corte constató que el Estado no había remitido la información solicitada ni realizado “las precisiones correspondientes orientadas a esclarecer si las decisiones penales que desestimaron las denuncias presentadas por las víctimas tomaron en consideración lo establecido en el Fallo”, por lo que reiteró al Estado la solicitud de información en relación con las acciones penales interpuestas por las víctimas a fin de evaluar el cumplimiento de la presente medida (cons. 15).

El Tribunal además recordó que en la supervisión de cumplimiento corresponde evaluar la implementación realizada por el Estado, a través de todos sus poderes y órganos, de lo dispuesto en la Sentencia, por lo que “las acciones promovidas por las víctimas en este extremo resultan relevantes para el análisis general del estado de la implementación de la medida de reparación, pero de ninguna manera sustituyen las acciones a las cuales el Estado se encuentra obligado para dar cumplimiento al deber de realizar las investigaciones penales correspondientes” (cons. 16).

En consecuencia, requirió al Estado que “informe a la Corte cuáles fueron las acciones que adoptó, una vez que le fue notificada la Sentencia en el presente caso o incluso con anterioridad a la misma, en aras de impulsar de oficio las acciones disciplinarias […] u otras acciones y responsabilidades que resultaran aplicables.” (cons. 18).

En cuanto con la segunda medida de reparación pendiente de cumplimiento, la obligación de establecer las consecuencias patrimoniales que pudiera tener la violación al derecho a la propiedad privada, en los términos de la legislación interna, por los órganos nacionales competentes, el Tribunal tomó nota de las diferentes sentencias emitidas por los diferentes tribunales a nivel interno e internacional en los últimos años. En este contexto, el Tribunal observó que ya había quedado establecido en su sentencia de fondo de 2003 que “una de las controversias entre las partes se refería a si la nivelación de las pensiones de los cinco pensionistas debía realizarse con base en el salario de un funcionario sujeto al régimen público, como alegaba el Estado, o al de un funcionario activo de la SBS (sujeto al de la actividad privada), como alegaban los representes y la Comisión” (cons. 24). Señaló además que en la sentencia no había emitido su propia opinión respecto a cuál interpretación era la adecuada para realizar la nivelación de las pensiones, sino que había declarado al Perú responsable por la violación del derecho a la propiedad privada en perjuicio de las cinco víctimas del presente caso “con base en que durante años el Estado no había dado cumplimiento a las referidas sentencias internas que resolvieron las acciones de garantía interpuestas por los cinco pensionistas” (cons. 24).

En este sentido, en relación a la controversia relacionada al “lucro cesante” el Tribunal indicó que su sentencia “no ordenó al Estado el pago específico de una cantidad correspondiente a indemnización por concepto de daño material”. Sin embargo reiteró que había tomado en cuenta tal pretensión para disponer en el punto resolutivo quinto de la sentencia la obligación del Estado “de establecer las consecuencias patrimoniales que pudiera tener la violación al derecho a la propiedad privada, en los términos de la legislación interna, por los órganos nacionales competentes” (cons. 26).

De este modo, la Corte IDH indicó que “el cumplimiento de la reparación dispuesta en el punto resolutivo quinto de la Sentencia implica que los órganos nacionales competentes se pronuncien sobre eventuales reclamos planteados por las víctimas relativos a las posibles consecuencias patrimoniales ocasionadas por la violación al derecho a la propiedad declarada por la Corte en su Sentencia”. Además, el Tribunal precisó que “estas consecuencias podrían comprender una indemnización por concepto de daños y perjuicios en beneficio de las víctimas u otras consecuencias, según la legislación peruana” y que en la determinación de las posibles consecuencias patrimoniales los referidos órganos nacionales “deben dar especial relevancia al alcance de la declaración de violación del derecho a la propiedad privada de las víctimas, en los términos de la Sentencia” (cons. 28).

En consecuencia, el Tribunal solicitó al representante de las víctimas que indique si las víctimas han presentado algún reclamo ante los órganos competentes según la legislación peruana y recordó al Estado que le corresponde a él “adoptar las acciones pertinentes para dar respuesta a dichas medidas impulsadas por las víctimas a la mayor brevedad posible y de forma efectiva” (cons. 29).

En relación con el alegado incumplimiento de la Sentencia por nuevas reducciones a los montos de las pensiones de las víctimas, invocado por el representante, la Corte tomó nota que según la prueba presentada por éste y no controvertida por el Estado, las pensiones de las victimas “habrían sido reducidas radicalmente llegando a un nivel incluso inferior al que tenían en 1992, cuando iniciaron el proceso de reivindicación de sus derechos” (cons. 35).

Al respecto, el Tribunal solicitó al Estado presentar información sobre la pregunta “si los procedimientos iniciados en el 2005 por la SBS para la declaración de nulidad de sus propias resoluciones que ejecutaban las sentencias de garantía cumplen con las exigencias del derecho a la propiedad y protección judicial de las víctimas”, sobre la “conformidad de dichos procedimientos con lo declarado en el Fallo respecto de los parámetros convencionales para reducir el monto de las pensiones” así como, de ser el caso, “sobre si a las víctimas se les está aplicando la referida reforma al régimen de pensiones de 2004”. Sobre este último aspecto, el Tribunal requirió además que el Estado informe la razón por la cual los montos de las pensiones de las víctimas han sido reducidos en aproximadamente un 92% (cons. 36).

Finalmente, la Corte Interamericana recordó al Estado que toda medida en relación con las pensiones de las cinco víctimas del presente caso debe respetar lo establecido en la Sentencia, “en el sentido de que las víctimas del presente caso tienen el derecho adquirido a recibir una pensión de cesantía nivelada de acuerdo al Decreto-Ley Nº 20530 y el derecho a que se cumplan las sentencias de garantía resueltas a su favor, así como que las eventuales reducciones a los montos de las pensiones deben realizarse de conformidad con los parámetros convencionales aplicables” (punto declarativo 2).

En conclusión, la Corte resolvió que el Perú adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento y solicitó la presentación de información indicada al Estado, al representante de las víctimas, así como sus observaciones al respecto a la Comisión. En este sentido resolvió mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de las obligaciones de la Sentencia pendientes de acatamiento.

Fuente de la fotografía: http://webserver.regionjunin.gob.pe:8080/siarjunin/index.php?idElementoInformacion=248&idformula=&idTipoElemento=&tipoelemento=

Convocatoria a Audiencia Privada de Supervisión de Cumplimiento en el caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia

2012-01-30T10:02:00.000+01:00

Este reporte fue realizado por Santiago Medina

El 23 de enero de 2012, el Presidente de la Corte IDH adoptó una Resolución con el fin de convocar a una audiencia privada de supervisión de cumplimiento en el caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. La Sentencia en dicho caso fue adoptada el 31 de enero de 2006 y el caso versa sobre la masacre y desaparición de 43 personas ocurridas en el Corregimiento de Pueblo Bello, Antioquia, Colombia a manos de paramilitares entre los días 13 y 14 de enero de 1990.

Mediante Resolución de 9 de julio de 2009, la Corte había declarado que quedaba pendiente de cumplimiento los siguientes puntos de la sentencia:

a) realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad de todos los partícipes en la masacre, así como la de quienes hubiesen sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados (punto resolutivo séptimo y párrafos 265 a 268 y 287 de la Sentencia);

b) adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales, con el fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello. El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos (punto resolutivo octavo y párrafos 269 y 287 de la Sentencia);

c) adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos, en un plazo razonable. Para estos efectos, deberá completar las acciones emprendidas para recuperar los restos de las personas desaparecidas, así como cualesquiera otras que resulten necesarias, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes en la materia (punto resolutivo noveno y párrafos 270 a 273 y 287 de la Sentencia);

d) garantizar que, independientemente de las acciones específicas señaladas en el punto resolutivo anterior, las entidades oficiales correspondientes hagan uso de dichas normas internacionales como parte de su instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o privadas de la vida (punto resolutivo décimo y párrafos 270 y 271 de la Sentencia);

e) proveer un tratamiento médico o psicológico, según sea el caso, a todos los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas de la vida que lo requieran, a partir de la notificación de la presente Sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario (punto resolutivo undécimo y párrafos 274 y 287 de la Sentencia);

f) realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, así como otros ex pobladores de Pueblo Bello, que se hayan visto desplazados, puedan regresar a tal localidad, en caso que así lo deseen (punto resolutivo duodécimo y párrafos 275, 276 y 287 de la Sentencia);

g) construir, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia, un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello (punto resolutivo decimocuarto y párrafos 278 y 286 de la Sentencia);

h) pagar las cantidades fijadas en el Anexo I de la Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño material (punto resolutivo decimosexto y párrafos 234 a 241, 246 a 251, 286, 288 y 290 a 294 de la Sentencia);

i) pagar las cantidades fijadas en el Anexo II de la Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño inmaterial (punto resolutivo decimoséptimo y párrafos 234 a 241, 254 a 259, 286, 288 y 290 a 294 de la Sentencia); y

j) pagar las cantidades fijadas por concepto de costas y gastos (punto resolutivo decimoctavo y párrafos 283 a 286, 289, 291 y 294 de la Sentencia).

En cuanto a la obligación de investigar los hechos (puntos resolutivos séptimo y octavo de la Sentencia), el Estado informó que han existido diversos avances. Entre ellos, ha expedido órdenes de captura, ha realizado indagatorias a implicados, reconocimientos fotográficos y ha condenado a dos personas por dichos hechos a 30 años de prisión (cons. 7). Los representantes indicaron que a pesar de los avances no se han vinculado a agentes estatales en dicha investigación y que a algunas personas condenadas aún no han sido capturadas. El Presidente de la Corte ordenó al estado presentar información detallada sobre este punto.

Respecto a la búsqueda e identificación de las víctimas (puntos resolutivos noveno y décimo de la Sentencia), el Estado indicó que había informado a los familiares que la búsqueda sería apoyada por el Centro Único Virtual de Investigación (CUVI) y que había creado la Comisión Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Los representantes indicaron que no observaban acciones diligentes del Estado para saber el paradero de sus seres queridos y que había desconfianza en las instituciones del Estado al no haber resultados efectivos (cons. 11 y 12). Por ello, el Presidente de la Corte ordenó recibir información detallada sobre este punto.

En relación a las condiciones de seguridad y regreso a Pueblo Bello y el programa de vivienda ordenado por la Corte (punto resolutivo duodécimo de la Sentencia), el Estado indicó que la “situación en la zona es de tranquilidad” y que ha realizado diversas acciones en la zona mediante la presencia militar para garantizar la seguridad (cons. 14). Respecto al regreso de la población desplazada, indicó que mediante agencias estatales había realizado acciones de coordinación y el registro de personas que desean regresar (cons. 14). Los representantes indicaron que la información presentada por el Estado era contradictoria y aquella información relativa a la atención a la población desplazada era una referencia a las actuaciones del Estado en general respecto a esa población en Colombia. El Presidente de la Corte IDH solicitó al Estado que presente información detalla sobre las condiciones de seguridad en la zona y las medidas adoptadas para un eventual regreso de la población desplazada, así como información precisa sobre el programa de vivienda que el Estado tiene el deber de adoptar.

Respecto al deber de construir un monumento (punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia), el Estado se disculpó por la tardanza en la ejecución de dicha medida e indicó que estaba intentando ponerse de acuerdo con las víctimas para superar los obstáculos que se habían presentado y así ejecutar la medida (cons. 18). Sin embargo, los representantes indicaron que la concertación con el Estado no ha sido fructífera y que por el contrario algunos agentes del Estado han cuestionado la medida de reparación simbólica y que han propuesto sustituirla por otra de carácter asistencial (cons. 19). El Presidente de la Corte solicitó que el Estado presente información actualizada sobre esta medida.

En relación a la obligación de pagar las indemnizaciones y reintegrar los costos y gastos (punto resolutivo décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo de la Sentencia) el Presidente de la Corte indicó que debido a las discrepancias sobre los montos, el tema de los intereses moratorios, y el tipo de cambio usado, requería información detallada sobre el cumplimiento de dicha medida y propuestas para solucionar los obstáculos para el efectivo cumplimiento.

Con base en todo lo anterior, el Presidente de la Corte IDH convocó a una audiencia privada al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana que se llevará a cabo el día 23 de febrero de 2012 entre las 11:00 horas y las 13:00 horas, en el marco del XCIV Periodo Ordinario de Sesiones del Tribunal.

Fuente de la fotografía: http://1.bp.blogspot.com/_qZhZaH_Fy28/TTA4PyaqUUI/AAAAAAAAAGY/BHYg_R16JCo/s1600/masacre+pueblo+bello.jpg

Sentencia en el caso Familia Barrios vs. Venezuela

2012-01-30T09:38:00.001+01:00

Miembros de la familia Barrios

Este reporte fue elaborado por Francisco Quintana.

La Corte IDH hizo pública su Sentencia de 24 de noviembre de 2011, dictada en el caso Familia Barrios vs. Venezuela. A continuación se presenta una reseña de esta sentencia.

· Introducción

El 26 de julio de 2010, la Comisión Interamericana sometió este caso ante la Corte Interamericana por la alegada persecución en contra de la Familia Barrios por parte de la Policía del estado Aragua. Dicha persecución tuvo como resultado la muerte de siete miembros de la familia Barrios, varias detenciones y allanamientos ilegales y arbitrarios, así como amenazas contra su vida e integridad personal, razón por la cual se vieron obligados a desplazarse de su lugar de residencia. (párr. 2) Las últimas dos muertes fueron hechos supervinientes durante el proceso ante el Tribunal (Wilmer José Flores Barrios, el 1 de septiembre de 2010; y Juan José Barrios, el 28 de mayo de 2011); así como el atentado contra Néstor Caudi Barrios, ocurrido el 2 de enero de 2011). Las víctimas de dichos sucesos a su vez eran beneficiarias de medidas provisionales. (párr. 6)

Con base en lo anterior, la Comisión solicitó al Tribunal que declarara a Venezuela responsable por la violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección a la vida privada y familiar), 19 (derechos del niño), 21 (derecho a la propiedad privada), 22 (derecho de circulación y de residencia) y 25 (protección judicial), en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los miembros de la familia Barrios. Adicionalmente, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara determinadas medidas de reparación (párr. 3).

El 25 de diciembre de 2010, la Comisión de Justicia y Paz, CEJIL y el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), remitieron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la Comisión y añadieron la supuesta violación de los siguientes artículos de la Convención: a) 17 (derecho a la familia); b) 8, 13 y 25 (en su alegada dimensión de derecho a la verdad), c) 63.2 en relación con el incumplimiento de las medidas de protección en situaciones de extrema gravedad y urgencia, y d) 44 (debido a la supuesta vulneración al derecho de petición en perjuicio de las cuatro presuntas víctimas ejecutadas que eran beneficiarias de medidas de protección al momento de su muerte). Asimismo, alegaron la violación de los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de dos integrantes de la familia Barrios. Finalmente, solicitaron diversas medidas de reparación y el pago de costas y gastos procesales, y manifestaron que las presuntas víctimas deseaban acogerse al Fondode Asistencia Legal de Víctimas de la Corte (párr. 4)

El 24 de marzo de 2011, el Estado presentó su escrito de contestación a la demanda y al escrito de los representantes. Venezuela “rechazó su responsabilidad internacional por la violación de los derechos alegados […] y requirió a la Corte que: a) ‘declar[are] sin lugar el Informe [de Fondo] No. 11/10’, así como las solicitudes de reparaciones y costas en él contenidas; b) desestim[are] las solicitudes, argumentos y pruebas [de las víctimas] y, en consecuencia, no [condenare] al Estado a las reparaciones y costas solicitadas por los representantes, y c) inst[ara] a la Comisión a "dejar sin efecto los planteamientos, conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe [de Fondo] No. 11/10” (párr. 5).

· Medidas Provisionales

Debido a la gravedad de la situación que vivía la Familia Barrios, el 24 de septiembre de 2004, a petición del a CIDH, “el entonces Presidente de la Corte dictó una Resolución de medidas urgentes, en la cual ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de [varios miembros de la familia Barrios]”. Dichas medidas fueron ratificadas por el Tribunal el 23 de noviembre de 2004, y fueron posteriormente ampliadas y supervisado su cumplimiento en: 29 de junio y 22 de septiembre de 2005; 4 de febrero y el 25 de noviembre de 2010; 21 de febrero y el 5 de julio de 2011. Al momento de que la Corte dictó su sentencia las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal se encontraban vigentes (párr. 11).

· Hechos – Marco Fáctico

La Corte indicó que al ser este el primer caso sometido bajo su nuevo Reglamento (art. 35), la Comisión no presentó una demanda, sino que sometió al Tribunal el informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención. Por ello, señaló que dicho informe “constituye el marco fáctico del proceso ante la Corte, por lo que no resulta admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en dicho informe, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en el mismo.” (párr. 33) Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal reiteró que las víctimas (o sus representantes) pueden “invocar la violación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en [el informe de fondo de la CIDH], mientras no aleguen hechos nuevos a los ya contenidos en [él]”. (párr. 32)

Los hechos del caso referían una alegada persecución contra de integrantes de la familia Barrios, quienes en su mayoría residían en la población de Guanayén, estado Aragua, Venezuela. Desde 1998, siete miembros de la Familia Barrios fueron “privados de la vida por disparos de arma de fuego en eventos ocurridos en 1998 [Benito Antonio], 2003 [Narciso], 2004 [Luis Alberto], 2005 [Rigoberto], 2009 [Oscar], 2010 [Wilmer José] y 2011 [Juan José]. Asimismo, las residencias de algunos de ellos fueron allanadas y sus bienes sustraídos y destruidos en 2003, y otros miembros de la familia, incluidos niños, [fueron] detenidos, agredidos y amenazados en diversas oportunidades en los años 2004 y 2005. Varios integrantes de la familia dejaron Guanayén y fueron a vivir a otras localidades” (párr. 36).

· Contexto

A pesar de que la Comisión y los representantes alegaron que en el caso existían dos contextos: a) uno de ejecuciones extrajudiciales por grupos policiales en Venezuela y en el estado Aragua, y b) otro de persecución contra la familia Barrios (párr. 41); el Tribunal no se pronunció sobre el primero de ellos por considerar que “la prueba aportada no cont[enía] elementos suficientes que permit[ieran] al Tribunal pronunciarse sobre la existencia del alegado contexto” (párr. 44). El segundo de ellos fue analizado en el cuerpo de la sentencia.

· Obligación de respetar, prevenir y garantizar derechos

Al analizar la violación de los derechos a la vida e integridad de los miembros de la familia Barrios asesinados, y de Néstor agredido por arma de fuego, la Corte hizo una diferenciación en su análisis. En un primer grupo, en el cual encontró participación directa de agentes estatales, hizo referencia a “la obligación de respetar los derechos” (párrs. 57 a 97). En el segundo grupo, el Tribunal consideró que la participación de agentes estatales no era clara, sin embargo resaltó que todas las víctimas eran beneficiaras de las medidas de protección ordenadas por el mismo organismo, en consecuencia hizo referencia a la “obligación de prevenir y garantizar los derechos” (párrs. 98 a 133).

· Violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de Benito Antonio y Narciso Barrios

La Corte consideró que no había “controversia sobre que los señores Benito Antonio Barrios y Narciso Barrios fueron privados de su vida por agentes estatales, y que el primero fue detenido por funcionarios policiales del estado Aragua con anterioridad a su muerte”. (párr. 64). El 28 de agosto de 1998, Benito Antonio fue sacado de su casa por cuatro funcionarios policiales, golpeado y recibió varios disparos por arma de fuego (párr. 62). El 11 de diciembre de 2003, Narciso Barrios recibió una decena de disparos cuando intentó detener la detención ilegal de su sobrino por parte de la policía de Aragua (párr. 63). Los funcionarios estatales involucrados presentaron ambos hechos como supuestos enfrentamientos. “Además de haber sido agredido por los funcionarios policiales, es presumible que el señor Benito Antonio Barrios sintió miedo y angustia por su vida mientras estuvo bajo custodia estatal hasta su fallecimiento” (párr. 66).

En el caso de Narciso, el Tribunal señaló que “aun cuando se considerara que la víctima portaba un arma, hipótesis descartada por el propio Ministerio Público, el Tribunal no c[ontó] con elementos probatorios que configur[ara]n, en este caso, una situación de amenaza inminente de muerte o lesión que justifi[cara] el uso de la fuerza. Tampoco [fue] presentada […] evidencia o alegatos de que los agentes que participaron en los hechos hayan cumplido con el requisito de ‘absoluta necesidad’ en el uso de la fuerza o intentado otro mecanismo menos letal de intervención” (párr. 67).

· Violación de los derechos a la integridad personal y a la libertad personal de Jesús Ravelo, Gustavo Ravelo, Luisa del Carmen Barrios, Elbira Barrios, Jorge Antonio Barrios Ortuño, Rigoberto Barrios y Oscar José Barrios, y derechos del niño de Jorge Antonio Barrios Ortuño, Rigoberto Barrios y Oscar José Barrios

El 3 de marzo de 2004, los entonces niños Jorge Antonio y Rigoberto Barrios, de 16 y 15 años respectivamente, fueron detenidos, llevados a un río, amenazados y golpeados por policías encapuchados. Posteriormente fueron trasladados al Comando de la Policía de Barbacoas, en donde quedaron detenidos hasta el día siguiente. “Rigoberto identificó a uno de los policías y Jorge Antonio indicó que reconocería a los autores, ya que en el río se quitaron las capuchas” (párr. 73).

El 19 de junio de 2004, los señores Gustavo y Jesús Ravelo, en compañía de varios miembros de la familia Barrios, fueron detenidos en su automóvil cuando se trasladaban al pueblo de Guanayén. En dicha ocasión el señor Jesús Ravelo y la señora Luisa del Carmen Barrios fueron detenidos, amenazados de muerte y agredidos por la policía (párr. 72).

Venezuela no negó las detenciones ni presentó información sobre la legalidad de las mismas. Por su parte, el Tribunal señaló que no existió una orden judicial o de flagrancia. Tampoco las detenciones o la posterior liberación de las víctimas fueron registradas oficialmente. Por ello, la Corte concluyó que dichas actuaciones incumplían “con los requisitos dispuestos en el artículo 44 de la Constitución venezolana sobre libertad personal […], y por tanto, […] las privaciones de libertad [eran] ilegales y contrarias a la Convención Americana” (párr. 78). En relación con su integridad personal, la Corte consideró que “la amenaza con arma de fuego y las agresiones mientras estaban detenidos, necesariamente provocaron sentimientos de angustia y vulnerabilidad" a las víctimas (párr. 83). Debido a que Rigoberto, Oscar José y Jorge Antonio Barrios eran niños al momento de los hechos, “las detenciones, agresiones y amenazas de las cuales fueron víctimas revistieron de mayor gravedad y se manifestaron incluso en su forma más extrema, al ser éstas amenazas de muerte” (párr. 85). Por ello, Venezuela fue declarada culpable de violar también el artículo 19 (derechos de la niñez) de la Convención Americana.

· Violación a los derechos a la vida y a la integridad personal, y derechos del niño de Rigoberto Barrios

El 9 de enero de 2005 Rigoberto Barrios, de 16 años de edad, fue sorprendido por presuntos funcionarios policiales en la calle cuando se encontraba en compañía de una joven. Después de recibir ocho impactos de bala, fue trasladado con vida a un hospital donde falleció 10 días más tarde (párrs. 91 y 92).

El Tribunal subrayó que Rigoberto había sido objeto de detenciones y amenazas antes de su muerte y que era beneficiario de las medidas provisionales otorgadas a la familia Barrios (párrs. 93 y 94). La Corte concluyó que, a pesar de que todavía no existía una “versión oficial de los hechos, los elementos del acervo probatorio [le] permit[ían] concluir que funcionarios policiales participaron en el atentado que resultó en la muerte de Rigoberto Barrios, y que la víctima padeció sufrimientos desde el atentado contra su vida hasta su fallecimiento como resultado de los disparos recibidos y del consecuente temor de morir o resultar lesionado de manera permanente” (párr. 95).

El Tribunal no se pronunció sobre la responsabilidad de Venezuela por la mala práxis médica argumentada por los representantes, toda vez que consideró que no contaba con “elementos suficientes” para hacerlo (párr. 97).

· Violación del derecho a la vida de Luis Alberto Barrios, Oscar José Barrios, Wilmer José Flores Barrios y Juan José Barrios, y del derecho a la integridad personal Néstor Caudi Barrios

El 20 de septiembre de 2004, Luis Alberto Barrios fue ejecutado en su domicilio (párr. 111). Luis Alberto había sido testigo de la muerte de su hermano Benito Antonio, fue amenazado por funcionarios policiales en reiteradas ocasiones y su domicilio había sido allanado de manera ilegal un año antes de su muerte. El 29 de noviembre de 2009, Oscar José Barrios fue ejecutado a través de siete disparos de arma de fuego (párr. 112). El 1 de septiembre de 2010, Wilmer José Flores Barrios “recibió varios disparos de arma de fuego por sujetos no identificados” (párr. 113). El 2 de enero de 2011, Néstor Caudi Barrios fue víctima de un atentado contra su vida. Como consecuencia de dicho atentado “padeció de una discapacidad motora [y requirió] de varias intervenciones quirúrgicas” (párr. 114). El 28 de mayo de 2011, Juan José Barrios “fue privado de su vida. Su cuerpo fue encontrado en una laguna ubicada en la parte posterior de una urbanización en Guanayén, presentando dos impactos de bala, uno en el hombro y otro en la pierna derecha” (párr. 115).

La Corte resaltó que las víctimas eran beneficiarias de las medidas provisionales ordenadas por la Corte (párr. 117). Por ello, Venezuela tenía pleno conocimiento del riesgo que ellas corrían “tanto por efecto de las denuncias y medidas de protección solicitadas y ordenadas a nivel interno, como en virtud de las medidas cautelares y provisionales ordenadas por los órganos del Sistema Interamericano” (párr. 124). En consecuencia, el deber de diligencia estatal para prevenir la vulneración de sus derechos adquirió un carácter especial y más estricto. “Esta obligación de medio, al ser más estricta, exigía la actuación pronta e inmediata de los órganos estatales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación de los responsables de las amenazas y de los crímenes acontecidos en el mismo contexto” (párr. 124). El Tribunal consideró que Venezuela “incumplió su obligación de prevención que deriva de los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención” (parr. 131).

· Respecto del alegato de los representantes de la violación de los artículos 44 y 63.2 de la Convención

Los representantes argumentaron que se violaron los artículos de la Convención: 63.2 en relación con el incumplimiento de las medidas de protección en situaciones de extrema gravedad y urgencia, y 44 debido a la supuesta vulneración al derecho de petición en perjuicio de las cuatro presuntas víctimas ejecutadas que eran beneficiarias de medidas de protección al momento de su muerte (párr. 4).

Sobre estos dos argumentos, la Corte estimó que “el incumplimiento del deber estatal de adoptar las medidas de protección apropiadas para proteger la vida de los beneficiarios de las medidas cautelares y provisionales redundó en uno de los factores que conllevaron a la violación de esos derechos, lo cual fue […] analizado […] bajo el artículo 4.1, en conexión con el artículo 1.1, de la Convención” (párr. 133).

· Violación de los derechos a la vida privada y a la propiedad privada

El 29 de noviembre de 2003, después de un incidente con un miembro de la policía y un miembro de la familia Barrios (párr. 137), fueron allanados los domicilios de Brígida Oneyda y Luis Alberto Barrios. En dichos allanamientos algunos de sus bienes “fueron destruidos y otros sustraídos de sus residencias”. Asimismo, la residencia de Luis Alberto fue incendiada (párr. 138).

La Corte consideró que “el ingreso de funcionarios policiales en [sus] residencias sin orden judicial o autorización legal o con el consentimiento de sus habitantes, constituyó una injerencia arbitraria y abusiva en su domicilio familiar”, violando así su derecho a la vida privada, consagrado en el artículo 11.2 de la Convención (párr. 147).

Asimismo, el Tribunal concluyó que el derecho a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención) fue violentado “por el hecho de que agentes policiales, durante el allanamiento de sus viviendas, retiraron [algunos bienes] sin autorización, los cuales no fueron devueltos; destruyeron documentos, ropas y electrodomésticos, e incendiaron parcialmente [su] residencia” (párr. 149).

· Violación de los derechos de circulación y de residencia, protección a la familia y derechos del niño

La mayoría de los integrantes de la familia Barrios residían en la localidad de Guanayén, estado Aragua, Venezuela. A partir del año 1998, cuando ocurrió la primera muerte de un familiar, “varios de ellos se fueron a vivir a otras localidades, mientras que algunos de los familiares que residían en otros lugares dejaron de ir a Guanayén” (párr. 156).

La Corte consideró que Venezuela no restringió “de manera formal” la libertad de circulación y de residencia de las víctimas; sin embargo, dicha libertad fue limitada “por graves restricciones de facto” que se originaron en las amenazas, hostigamientos y otros actos violentos que provocaron la partida, o impidieron el retorno, de varios de sus miembros de la población de Guanayén “debido al temor fundado de que la vida o la integridad personal propia o de sus familiares podrían estar en peligro por los hechos violentos ocurridos y la inseguridad, aunado a la falta de investigación y enjuiciamiento de los responsables de los hechos”. Venezuela fue declarada responsable por la conducta de sus agentes que causaron los desplazamientos y “por no haber establecido las condiciones ni haber provisto los medios que permitieran a los miembros de la familia Barrios regresar de forma segura. [L]a falta de una investigación efectiva de hechos violentos puede propiciar o perpetuar un exilio o desplazamiento forzado” (párr. 165).

· Sobre la protección a la familia

Los representantes alegaron que existió una “afectación directa al conjunto de la familia por las constantes amenazas y persecuciones que sufrieron” (párr. 170). Sin embargo, la Corte consideró que dichos alegatos sobre violación específica de la protección a la familia (artículo 17 de la Convención) fueron examinados “en distintos Capítulos de la […] Sentencia, por lo que no estim[ó] necesario hacer un pronunciamiento adicional al respecto” (párr. 180).

· Violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos

Después de realizar un análisis particularizado de cada proceso interno en relación con la muerte, afectación a la integridad y allanamientos en perjuicio de la familia Barrios (párr. 172 a 289), el Tribunal llegó a las siguientes “conclusiones generales respecto de las garantías y protección judiciales”. Si bien reconoció que se iniciaron investigaciones a nivel interno, quedó “evidenciado que no se llevaron a cabo diligencias necesarias para proceder a la comprobación material de los hechos”. Además, “en ninguna de ellas se llegó a identificar y sancionar a los responsables, y se constataron retardos en la práctica de diligencias clave para el desarrollo de las investigaciones, sin que ello haya sido justificado suficientemente por el Estado”. Por ello, el Tribunal encontró “que en este caso el conjunto de las investigaciones no constituyó un medio efectivo para garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada y a la propiedad privada de las víctimas” (párr. 292).

La Corte subrayó que, “en el presente caso, estas fallas y omisiones comunes en las investigaciones dem[ostraron] que las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia ni con arreglo a las obligaciones derivadas de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención concernientes al deber de investigar” (párr. 293).

En relación con las torturas sufridas por los niños Rigoberto y Jorge Antonio, al no haber actuado las autoridades con la debida diligencia sobre este tema, Venezuela violó los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, e incumplió los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, respecto de la obligación de investigar los alegados actos de tortura en su perjuicio (párr. 260).

· Sobre el derecho a la verdad

En respuesta al argumento de los representantes sobre este derecho, la Corte recordó que el mismo “se encuentra subsumido fundamentalmente en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención, lo cual constituye además una forma de reparación” (párr. 290). En consecuencia, el Tribunal no se pronunció sobre el argumento formulado por los representantes.

· Violación del derecho a la integridad personal de los familiares en relación con la obligación de respetar los derechos

La Corte, tomando en consideración las circunstancias del caso, presumió la violación de la integridad personal de “los familiares directos” de las víctimas ejecutadas (párr. 303). En contraste, en relación con los hermanos y otros familiares de las víctimas, el Tribunal analizó dicha afectación en relación con la “prueba aportada por las partes” (párr. 305). Al respectó, quedó demostrado que respecto a algunos de los familiares no directos: a) mediaba un estrecho vínculo familiar; b) participaron en la búsqueda de justicia; c) tuvieron secuelas físicas y emocionales; d) se vieron afectadas sus relaciones familiares; e) la impunidad agravó las afectaciones que han experimentado, f) existió desplazamiento a otras localidades (párr. 306).

· Reparaciones

En vista de las violaciones declaradas, el Tribunal ordenó al Estado la adopción de las siguientes medidas de reparación:

1. Conducir eficazmente la investigación penal de los hechos a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea (párrafos 322 a 324).

2. Examinar, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, las eventuales irregularidades procesales e investigativas, y en su caso, sancionar la conducta de los servidores públicos correspondientes (párrafo 325).

3. Brindar atención médica y psicológica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten (párrafos 329 y 330).

4. Realizar las siguientes publicaciones (párrafo 332): a) resumen oficial de la sentencia, por una sola vez, en el Diario Oficial; b) el resumen oficial de la sentencia, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, y c) la sentencia en su integridad, disponible por un período de un año, en un sitio web oficial.

5. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso (párrafo 334).

6. Otorgar becas de estudio en instituciones públicas venezolanas a determinados miembros de la familia Barrios (párrafo 336).

7. Continuar con las acciones desarrolladas en materia de capacitación, e implementar, en un plazo razonable, un programa o curso obligatorio sobre los puntos señalados como parte de la formación general y continua de los policías del estado Aragua de todos los niveles jerárquicos (párrafo 341).

8. El Estado debe pagar indemnización por daño material, por daño inmaterial, por reintegro de costas y gastos y por reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas (párrafos 362, 364, 366, 370, 373, 378, 383 y 386).

· Voto concurrente del Juez Eduardo Vio Grossi

En su voto el Juez Vio Grossi consideró que, en virtud de que el proceso terminó en un “fallo definitivo e inapelable”, las medidas provisionales ordenadas por la Corte han “precluido, correspondiéndole, en lo sucesivo, tan solo ‘supervisar’ el cumplimiento de dicho fallo”. En su opinión las medidas de protección deben considerarse como parte integrante del fallo, “por lo que no solo compartirían su fuerza obligatoria, sino que, además, su cumplimiento podría haber sido supervisado como parte del mismo y no, consecuentemente, como si éste no hubiese puesto término definitivo al caso o como si se tratare de un proceso diferente y aún autónomo”.

El fundamento detallado de la posición del Juez Vio Grossi se encuentra en los votos disidentes por él emitidos el 15 de julio de 2011, respecto de la Resoluciones de la Corte relativas a Medidas Provisionales respecto de la República de Colombia, Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia de 30 de junio de 2011, Medidas Provisionales respecto de los Estados Unidos Mexicanos, Caso Rosendo Cantú y Otra Vs. México de 1 de julio de 2011 y Medidas Provisionales respecto de la República de Honduras, Caso Kawas Fernández Vs. Honduras de 5 de julio de 2011, como en el escrito que, relacionado con las mismas Resoluciones, presentó ante la Corte el 17 de agosto de 2011,

Nota relacionada: CEJIL, Sentencia de la Corte IDH: Venezuela es responsable por ejecuciones de miembros de la familia Barrios

Fuente de la fotografía http://www.el-nacional.com/noticia/18159/16/Los-Barrios:-victimas-del-sistema-judicial.html

Convocatoria a audiencia pública en las medidas provisionales dictadas en el asunto Juan Almonte Herrera y otros vs. República Dominicana

2012-01-29T11:16:00.000+01:00

Juan Almonte Herrera

Este reportaje fue elaborado por Francisco J. Rivera Juaristi.

El 20 de enero de 2012, la Corte IDH emitió una resolución, mediante la cual convocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los beneficiarios y a la República Dominicana, a una audiencia pública que se celebrará en la sede de la Corte el día 23 de febrero de 2012, a partir de las 15:00 horas y hasta las 16:30 horas, con el propósito de que el Tribunal reciba información sobre las medidas provisionales ordenadas en el asunto Juan Almonte Herrera y otros.

Tales medidas fueron ordenadas mediante resolución de medidas urgentes emitida por el Presidente de la Corte el 24 de marzo de 2010 y luego fueron ratificadas mediante resolución de medidas provisionales dictada por la Corte el 25 de mayo de 2010.

El asunto versa sobre la desaparición del señor Juan Almonte Herrera desde el 28 de septiembre de 2009, fecha en que habría sido detenido por la Policía Nacional y desde la cual no ha tenido contacto con sus familiares y representantes. Asimismo, los señores Yuverky Almonte Herrera, Joel Almonte y Ana Josefa Montilla, familiares del señor Juan Almonte Herrera, así como los señores Genaro Rincón y Francisco de León Herrera, abogados, han sido objeto de amenazas y hostigamientos como consecuencia de las gestiones llevadas a cabo para determinar el paradero del señor Almonte Herrera.

En la resolución de 20 de enero de 2012, el Presidente de la Corte consideró que el Estado no ha presentado información detallada y completa sobre las medidas efectivamente adoptadas para proteger la vida e integridad de todos los beneficiarios. En particular, resaltó que el Estado no ha hecho referencia a la manera en que estaría funcionando el servicio de seguridad que alega estar prestando a los beneficiarios ni ha presentado documentación alguna que permita al Tribunal verificar esa información. Además, señaló que existe discrepancia entre las partes en cuanto a la implementación de las medidas de protección.

En razón de lo anterior y del tiempo transcurrido desde que se dictaron las presentes medidas provisionales, el Presidente estimó oportuno convocar a una audiencia pública durante el próximo Período Ordinario de Sesiones del Tribunal a fin de recibir información actualizada y detallada sobre el estado de implementación de las presentes medidas provisionales y los alegatos del Estado, de los representantes y de la Comisión Interamericana sobre la eventual persistencia de la situación de extrema gravedad y urgencia que motivó la adopción de dichas medidas a favor de los beneficiarios, con la finalidad de evaluar la necesidad de mantener la vigencia de las mismas.

Fuente de imagen: http://www.es.amnesty.org/es/grupos-locales/galicia/grupos/lugo/paginas/noticia/articulo/amnistia-internacional-de-lugo-asume-o-caso-de-juan-almonte-herrera-desaparecido-na-republica-dom/

Boyce et al. v. Barbados and DaCosta Cadogan v. Barbados – Monitoring Compliance with Judgments

2012-01-29T11:06:00.000+01:00

This report was elaborated by Francisco J. Rivera Juaristi.

(Nota: A la fecha del presente reportaje, las resoluciones sólo se encontraban disponibles en inglés).

On November 21, 2011, the Inter-American Court of Human Rights issued a joint order supervising Barbados’s compliance with the judgments issued in the following two separate cases: 1) the November 20, 2007 judgment on preliminary objections, merits, reparations, and costs in the Boyce et al. v. Barbados case, and 2) the September 24, 2009 judgment on preliminary objections, merits, reparations, and costs in the DaCosta Cadogan v. Barbados case.

Both cases involve the implementation of mandatory death sentences in Barbados. In both cases, the Court ordered the adoption of legislative or other measures necessary to bring the Barbadian Constitution and domestic laws on the death penalty into compliance with the American Convention. Given these common orders against the same State, as well as the fact that the same parties represent the victims in both cases, the Court found it appropriate to issue a single order analyzing the State's compliance with both of the Judgments mentioned. (Considering para. 8)

A. ORDERS COMMON TO THE BOYCE AND DACOSTA CADOGAN CASES

A.1) The obligation to adopt legislative or other measures necessary to ensure that the imposition of the death penalty does not contravene the American Convention, and in particular, that is not imposed through mandatory sentencing; and to ensure that the laws of Barbados, particularly Section 2 of the Offences Against the Person Act, are brought into compliance with the Convention

The Court recognized that Barbados had taken steps to adopt legislative measures necessary to repeal the mandatory death penalty, and that this process was still pending. Accordingly, the Court requested that the State submit an updated report on the status of the draft bills. (Considering paras. 9-13)

A.2) The obligation to adopt legislative or other measures necessary to ensure that the Constitution and laws of Barbados are brought into compliance with the American Convention, and, specifically, remove the immunizing effect of section 26 of the Constitution in respect of “existing laws”

The Court valued the decision of the State to repeal section 26 of the Constitution. However, as it had not yet received evidence of this repeal, the Court requested that the State submit an updated report on the status of the process initiated for the purpose of repealing section 26 of the Constitution. (Considering paras. 14-17)

B. ORDERS PECULIAR TO THE BOYCE JUDGMENT

B.1) Obligation to formally commute the death sentence of Michael McDonald Huggins within six months of the date notice of the Boyce Judgment was served

The State reported that by virtue of the “Warrant of Commutation” of June 13, 2008, issued by the Governor General of Barbados, the death sentence of Mr. Michael McDonald Huggins was commuted to life imprisonment on June 17, 2008. Mr. Huggins was granted a pardon for the offence for which he was convicted “on the condition that [he] be imprisoned for the remainder of his natural life […].” The representatives indicated that “if Michael Huggins'[s] sentence of life imprisonment means that he is to remain in prison for the rest of his life without the possibility of parole, such a sentence, mandatorily imposed, is subject to almost all the vices held to be inherent [to] the mandatory death sentence itself.” Thus, the representatives asked that the State “confirm whether the condition attached to the pardon is to be read literally, or whether the warrant should be interpreted as intending to do no more than substitute a sentence of life imprisonment subject to a system of periodic review.” In spite of the representatives’ concerns, the Court found that the State had commuted Mr. Michael McDonald Huggins's death sentence and, therefore, had complied with the present order. (Considering paras. 18-21)

B.2) The obligation to adopt and implement measures necessary to ensure that the conditions of detention of the victims in the Boyce case comply with the requirements of the American Convention

The Court noted that the victims in the Boyce case had been transferred to a new, purpose-built prison where they will have a measure of personal privacy, proper lavatory facilities, access to natural light, a daily exercise regime, and visitation with family and friends at regular intervals, and that none are currently being held on “death row.” In that regard, the Court noted that the State had complied with a fundamental part of this measure of reparation. However, given that the State provided conflicting information with respect to some points, the Court requested complementary information on such matters as the amount of time provided to prisoners for exercise on a daily basis and for visitation with family and friends. (Considering paras. 22-25)

B.3) Obligation to pay the amounts established in the Boyce Judgment for reimbursement of costs and expenses (Operative Paragraph eleven of the Boyce Judgment)

The Court found that this order had been complied with. (Considering paras. 26-29)

C. ORDERS PECULIAR TO THE Dacosta CADOGAN JUDGMENT

C.1) Obligation to inform all persons accused of a crime subject to mandatory capital punishment of the right to obtain a psychiatric evaluation by a State-employed psychiatrist.

The State averred that a committee charged with considering this issue decided that “the best procedural moment for the provision of such information would be at the initiation of the criminal proceeding - at the arraignment hearing (the moment when the individual is formally charged with the capital offence in a court of law).” The Court found this decision to be a positive step. However, it requested further information from the parties on whether the measure decided upon had already been applied and on how it is functioning, if applicable. (Considering paras. 30-33)

C.2) Obligation to set aside the death penalty imposed on Tyrone DaCosta Cadogan and to provide him a hearing for the judicial determination of the appropriate sentence in his case under the new legislative framework applicable in Barbados as a result of the legislative measures ordered by the Inter-American Court; and the Obligation to refrain from imposing a sentence of death on Mr. DaCosta Cadogan under the new legislative measures ordered in the Judgment.

The Court noted that the State's compliance with the obligation to set aside the death penalty imposed on Mr. DaCosta Cadogan and to provide him a hearing for the judicial determination of the appropriate sentence in his case, which may not result in the imposition of the death penalty, necessarily depends on its enactment of the legislative measures ordered in the DaCosta Cadogan Judgment. Therefore, the Court requested that the State submit information specifying when Mr. Cadogan’s resentencing hearing is likely to occur. (Considering paras. 34-37)

C.3) Payment of costs and expenses to Mr. DaCosta Cadogan's representatives.

The Court found that this order had been complied with. (Considering paras. 38-41)

The State’s next periodic report in each of these two cases is due on February 27, 2012.

Fuente de la fotografía http://hrbrief.org/2010/01/iacthr-condemns-use-of-mandatory-death-penalty-in-barbados-2/

Saramaka People v. Suriname – Monitoring Compliance with Judgment

2012-01-29T10:52:00.000+01:00

Saramakas

This report was elaborated by Francisco J. Rivera Juaristi.

(Nota: A la fecha del presente reportaje, la resolución sólo se encontraba disponible en inglés.)

On November 23, 2011, the Inter-American Court of Human Rights issued an order supervising Suriname’s compliance with its November 28, 2007 judgment on preliminary objections, merits, reparations, and costs, and its August 12, 2008 interpretation judgment in the Saramaka People v. Suriname case.

The case involves indigenous land rights, including issues such as free, prior, and informed consent, environmental and social impact assessments, and the right to the collective recognition of their juridical capacity.

The Court held a private hearing on September 2, 2010 and, in its November 23, 2011 order, the Court analyzed the parties’ submissions regarding Suriname’s compliance of the judgments and decided as follows:

1) The duty to delimit, demarcate, and grant collective title

The State of Suriname and the representatives of the Saramaka People disagree as to whether there are any disputes regarding overlap of lands between the Saramaka People and neighboring tribal communities or other alleged landowners. In any case, the Court noted that the Judgment ordered the State to begin the process of delimitation, demarcation, and titling of traditional Saramaka territory within three months as of the date that the decision was served, and that the process was to be completed within three years of that date. Therefore, this measure of reparation should have been implemented by December 2010, at the latest. Consequently, the Court found that the State had not complied with this obligation. (Considering paras. 7-12)

2) The duty to abstain, until the first obligation has been fulfilled, from acts which might affect the existence, value, use, or enjoyment of Saramaka territory without consent; and the duty to review concessions already granted within traditional Saramaka territory.

The Court noted that despite its repeated requests, the State has not adequately reported on the measures taken to review concessions existing in Saramaka territory prior to the issuance of the Judgment, nor on the alleged upgrades to the Afobaka road in Saramaka territory or the logging and mining concessions allegedly granted in Saramaka territory after the Judgment was served. The Court did note, however, that according to the representatives, the adverse impacts of such concessions include the destruction of farming areas, extensive pollution of air and water sources by mining waste, the usurpation and denial of Saramaka ownership rights over those lands and resources, and the denial of their right to effectively control their traditional territory. Moreover, the concession was allegedly issued without the completion of a prior and independent environmental and social impact assessment and without the institution of effective mitigating measures. Additionally, the State had apparently issued a land title within Saramaka territory on 16 July 2010 in the name of a private company for the purpose of maintaining a tourism resort, without effectively consulting with the Saramaka people.

In light of the above, given that the titling of Saramaka lands has not yet been carried out, the Court considered that the granting of any new concessions in those territories after December 19, 2007, the date on which the Judgment was served, without the consent of the Saramaka people and without prior environmental and social impact assessments, would constitute a direct contravention of the Court's decision and, accordingly, of the State's international treaty obligations. Consequently, the Court requested information from the State regarding these issues. (Considering paras. 12-20)

On an important note, the Court refused to entertain the representatives’ request to order the immediate revocation of the land title and concessions issued after the Judgment was served and to order the State to compensate the Saramaka for any damages sustained to date due to upgrades on a road in Saramaka territory. The Court noted that this was not ordered in the judgment and, therefore, the issue exceeded the object of the proceedings for monitoring compliance. The Court’s refusal to entertain this issue on such grounds is curious in light of the request the Court made in the preceding paragraph for more information on precisely the issues of land title and concessions issued after the Judgment and the upgrades to the road in Saramaka territory. (Considering para. 21)

3) The duty to ensure that environmental and social impact assessments are conducted prior to awarding a concession for any development or investment project within traditional Saramaka territory, and to implement adequate safeguards in order to minimize the damaging effects such projects may have upon the social, economic, and cultural survival of the Saramaka people.

The State did not provide specific information on this issue. The representatives indicated that the Afobaka Road project was being carried out and a stone mining concession had been granted in Saramaka territory despite that no prior environmental and social impact assessments had been conducted. According to the representatives, the Saramaka have therefore been unable to evaluate possible risks and impacts, singular or cumulative, of such projects. The Court reminded the State that the granting of any new concessions without prior environmental and social impact assessments would constitute a direct contravention of the Court's decision, and, accordingly, of the State's international treaty obligations. Consequently, the Court requested more specific information about this issue. (Considering paras. 21-26)

4) The duty to legally recognize the collective juridical capacity of the members of the Saramaka people; to amend or remove legal provisions that impede the protection of the victims' right to property and to implement legal and other measures necessary to ensure their right to hold collective title; to adopt legislative, administrative, and other measures necessary to guarantee the right of the Saramaka people to be consulted, or when necessary, the right to give or withhold their consent, with regard to development or investment projects that may affect their territory, and to reasonably share in the benefits of those projects; and to adopt legislative, administrative, and other measures necessary to provide the victims with adequate and effective recourses against acts that violate their right to the use and enjoyment of property.

The State initially reported that it was “provid[ing] the building blocks for […] the legal framework [and] collective rights” of indigenous and tribal peoples in Suriname. However, the State subsequently informed the Court that it had “officially put a stop” to the project on December 15, 2010. The representatives stated that there had been little progress on the development of the legislative and other measures required to give effect to the judgment. The Court noted that there had been no progress toward the implementation of these orders and, consequently, requested the State to comply with the judgment and to submit more specific information. (Considering paras. 27-30)

5) Duty to translate into Dutch and publish Chapter VII and Operative Paragraphs one through fifteen of the Judgment in the State’s Official Gazette and in another national daily newspaper.

The Court found that the State had complied with this obligation. (Considering paras. 31-34)

6) Duty to finance two radio broadcasts, in the Saramaka language, of parts of the Judgment, including Operative Paragraphs one through fifteen, in a radio station accessible to the Saramaka people.

The Court found that the State had complied with this obligation. (Considering paras. 35-38)

7) Duty to allocate the amounts set in the Judgment as compensation for pecuniary and non-pecuniary damages in a community development fund created and established for the benefit of the members of the Saramaka people in their traditional territory.

The Court had ordered the payment of $75,000.00 in pecuniary damages and of $600,000.00 in non-pecuniary damages into a community development fund. The State paid $600,000.00 into the fund, but the Court requested further information regarding whether the $75,000.00 in pecuniary damages was also deposited into the community development fund. In that regard, the Court reminded the State that the three-year deadline established in the Judgment for the payment of pecuniary and non-pecuniary damages expired on December 19, 2010. Interests would accrue starting from that date. (Considering paras. 39-42)

8) Reimburse costs and expenses

The Court found that the State had complied with this obligation. (Considering paras. 43-46)

9) Request for a public hearing and for communication with the Inter-American Development Bank

The representatives requested that the Court “communicat[e] with the Inter-American Development Bank to request that it ensur[e] respect for the […] judgment in projects that it may finance in Suriname and that may affect the Saramaka people and their territory.” The Tribunal noted that it does not have jurisdiction under the American Convention to request that the Inter-American Development Bank ensure the State’s compliance in this case. (Considering paras. 47-51)

The Court decided to convene a private hearing during the year 2012, on a date to be decided. The State’s next periodic report is due on March 30, 2012.

Separate Opinions on the duties of the Court under Article 65 of the American Convention

It is worth noting that, following a very recent trend, Judge Diego García-Sayán and Judge Eduardo Vio Grossi added separate opinions to this order. The first time a Judge added a concurring opinion to an order monitoring compliance with a judgment was as recently as November 18, 2010 in the Bámaca Velásquez v. Guatemala case (Judge Vio Grossi). The second time it happened, it was also Judge Vio Grossi in a July 5, 2011 order in the Bueno Alves v. Argentina case. In the November 2011 sessions, both Judges García-Sayán and Vio Grossi issued one separate opinion each and proceeded to attach the same opinion to the three separate orders monitoring compliance in the following cases: Saramaka People v. Suriname (this one); Servellón García et al. v. Honduras and Blanco Romero et al. v. Venezuela. In these separate opinions, Judges García-Sayán and Vio Grossi analyze what they believe to be the Court’s duties under Article 65 of the American Convention to inform the General Assembly of the OAS about cases in which a state has not complied with the Court’s judgments.

(The Spanish language versions of these separate opinions can be found in the Servellón and Blanco Romero orders mentioned above.)

1) Judge Diego García-Sayán

In his separate opinion, Judge García-Sayán evaluated the effectiveness of the procedure by which the Court currently monitors compliance with its judgments. He highlighted that hearings have been held for that purpose since 2007, and that this tool – the hearings – has become a vital and successful mechanism to guarantee compliance with its judgments. Additionally, Judge García-Sayán explained that Article 65 of the Convention orders the Court to specifically point out to the General Assembly – without much commentary or analysis – the cases in which a state has not complied with its judgments, so that the latter may act in its capacity as collective guarantor of the Inter-American system. According to Judge García-Sayán, this duty is limited to those exceptional cases in which a State’s effective reluctance or refusal to comply with a judgment is proven. In this Saramaka People case, as in most other cases, this threshold has not been met, and the current mechanisms have proved to be effective.

2) Judge Eduardo Vio Grossi

Judge Vio Grossi concurred with the order, particularly in light of the extended amount of time elapsed since the issuance of the judgments in this case without the State having complied with its fundamental orders. His analysis of the Court’s duties under Article 65 of the Convention (and Article 30 of the Court’s Statute) differs somewhat from those of Judge García-Sayán. According to Judge Vio Grossi, these norms establish an imperative “strict obligation, and not a power, for the Court” to indicate to the General Assembly the cases in which a state has not complied with the decisions of the Court in the corresponding year. As such, the Court’s annual report should include an indication of “those cases, such as the one at hand, in which not only has the established deadline [for compliance] expired, but too much time has passed, more than what could be considered prudent or reasonable, without the State having complied with the Judgment’s fundamental aspects.” For Vio Grossi, an inclusion, in the annual report, of a list of the cases in proceedings for monitoring of compliance or the attachment, as annexes, of the orders issued, does not meet the Court’s obligations under Article 65.

Judge Vio Grossi further notes that the power to adopt measures in order to achieve compliance with the judgments of the Court lies with the General Assembly of the OAS – a political organ – and not with the Court – a judicial organ. According to Vio Grossi, the current proceeding and mechanisms established by the Court in its Rules of Procedure “cannot, then, hope to substitute the jurisdiction, established in the Convention, of the General Assembly of the OAS on the matter, even under the pretext that this latter organ does not exercise its jurisdiction or does not exercise it in due form. It is not for the Court to judge the actions of this political body, the highest body of the Organization.”

In part, Vio Grossi bases his opinion on a belief that the issue of compliance with judgments is not a matter that is the exclusive responsibility of the Court, but of the States. Vio Grossi argues that States, through the OAS General Assembly, and by virtue of Article 68(1) of the American Convention, have the duty to assume the problem of non-compliance, in some cases, with the judgments of the Court, and adopt, if they deem pertinent, the corresponding measures. For Vio Grossi, “the problem is [the States’] responsibility and it corresponds to them to resolve it.”

Judge Vio Grossi concludes his separate opinion by stating that “all the foregoing is not meant to affirm that the mechanism of monitoring compliance with judgment embodied in the Rules of Procedure is not useful or even, in certain cases, effective. Nor does it affirm that the mechanism is inappropriate or that it contradicts the provisions of the Convention or the Statute. On the contrary, what is being affirmed is that its application does not exempt the Court from complying with the obligation established in Articles 65 of the Convention and 30 of the Statute.” For Vio Grossi, this “does not exclude the possibility that [once the Court informs the OAS General Assembly of the cases in which states have not complied with the Court’s judgments], the Court continue, in the following sessions, to implement the respective regulatory monitoring procedure, in which case, it must indicate, in its subsequent annual reports, whether the non-compliance persists and, thus, contribute to the above-mentioned purpose, which is that the OAS General Assembly proceed to act, if it deems pertinent and in keeping with its powers, in the matter.”

Fuente de la fotografía: http://www.tooka-move.net/english/e-1aktuell.html.

Supervisión de cumplimiento en el Caso Cepeda Vargas vs. Colombia

2012-01-28T09:25:00.000+01:00

Manuel Cepeda Vargas

Este reporte fue realizado por Santiago Medina

El 30 de noviembre de 2011, la Corte IDH adoptó una resolución de supervisión de cumplimiento en el caso Cepeda Vargas vs. Colombia.

En cuanto al deber de investigar los hechos conforme lo había ordenado en el punto resolutivo noveno de su Sentencia de 26 de mayo de 2010, la Corte observó que en mayo de 2011 se había ordenado en contra de un ex sub director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) detención preventiva en calidad de determinador del homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas (cons. 7). Asimismo, resaltó otras diligencias realizadas. No obstante, los representantes y la Comisión Interamericana observaron que a pesar de haber algunos avances en las investigaciones, éstas no se adecuaban a los estándares estrictos que se habían ordenado en la Sentencia (cons. 8 a 10).

Entre los obstáculos para encontrar la verdad de lo sucedido y orientar las líneas de investigación, los representantes resaltaron la dificultad para establecer acuerdos de cooperación internacional con las autoridades extranjeras para realizar indagaciones a ex dirigentes paramilitares extraditados a los Estados Unidos. La Corte IDH indicó al Estado que debe ajustarse a los parámetros establecidos en la Sentencia para desarrollar la investigación y así dar cumplimiento con el punto ordenado.

Por otra parte, en cuanto a la publicación de la Sentencia en un diario oficial, uno nacional y en un sitio web del Estado por al menos un año (punto resolutivo décimo de la Sentencia), la Corte al observar lo informado por el Estado, la Comisión y los representantes, consideró cumplido a cabalidad este punto (cons. 14-17).

En referencia a la obligación de garantizar la seguridad de los familiares del ex senador Cepeda Vargas, con el fin de prevenir su desplazamiento a otros países como consecuencia de actos de hostigamiento, amenazas y presión en su contra (punto resolutivo noveno de la Sentencia), el Estado informó que estaba realizando las gestiones para brindar la protección ordenada por el Tribunal (cons. 18). Los representantes, a su turno, observaron que la información del Estado era deficiente y que el señor Iván Cepeda había continuado recibiendo amenazas (cons. 19). Debido a lo anterior la Corte reiteró la orden de que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas del caso.

Respecto al deber de realizar un reconocimiento público de responsabilidad internacional sobre los hechos del caso (punto resolutivo undécimo de la Sentencia), el Estado informó que el 9 de agosto de 2011 había realizado el reconocimiento de responsabilidad internacional como lo había ordenado la Corte, en un acto en el recinto del Congreso con la presencia altas personalidades estatales y las dos cámaras del senado (cons. 22). A su vez, dicho reconocimiento fue transmitido en directo por el canal estatal y otros canales regionales. La Comisión y los representantes indicaron que, en efecto, dicho acto había sido realizado. La Corte valoró positivamente la manera en que el acto de reconocimiento fue desarrollado y resaltó la precisión de lo ordenado en la Sentencia (cons. 24). La Corte también resaltó el valor que tiene el reconocimiento de responsabilidad internacional en casos como el presente, puesto que “favorecen la preservación de la memoria histórica de las víctimas” (cons. 27). Así, la Corte consideró cumplida esta medida de reparación.

En relación al deber de realizar una publicación y un audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del senador Manuel Cepeda Vargas (punto resolutivo duodécimo de la Sentencia), el Estado y los representantes indicaron que habían acordado algunos puntos para el cumplimiento de esta medida (cons. 28 y 29). En razón de ello, la Corte quedó a la espera de la materialización de lo acordado (cons. 30).

En cuanto al deber de otorgar una beca denominada “Manuel Cepeda Vargas” (punto resolutivo decimotercero de la Sentencia), el Estado informó que había dispuesto que la misma se otorgara mediante el Ministerio de Educación y el ICETEX, a ser ejecutada una vez los representantes informaran sobre el diseño de la convocatoria para la misma (cons. 31). Los representantes indicaron estar determinando los parámetros de la convocatoria a la beca (cons. 32). La Corte valoró los avances dados en esta medida de reparación y seguirá supervisando su cumplimiento (cons. 34).

Por último, en cuanto al pago de las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y las costas y gastos ordenadas en el punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia, el Estado indicó que había dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte (cons. 35). Los representantes y la Comisión Interamericana así lo confirmaron (cons. 36 y 37). Por tal motivo, la Corte determinó que el Estado había cumplido totalmente con este punto de reparación.

De este modo la Corte dio por cumplidos algunos puntos ordenados en la Sentencia e indicó que quedará pendiente de supervisión los siguientes puntos:

a) Conducir eficazmente las investigaciones internas en curso y, de ser el caso, las que llegasen a abrirse para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del Senador Manuel Cepeda Vargas (punto resolutivo octavo de la Sentencia);

b) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los familiares del Senador Manuel Cepeda Vargas, y prevenir que se desplacen o salgan del país nuevamente como consecuencia de actos de amenazas, hostigamiento o de persecución en su contra (punto resolutivo noveno de la Sentencia);

c) Realizar y difundir una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del Senador Manuel Cepeda Vargas en coordinación con los familiares (punto resolutivo duodécimo de la Sentencia);

d) Otorgar una beca con el nombre de “Manuel Cepeda Vargas” (punto resolutivo decimotercero de la Sentencia), y

e) Brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas (punto resolutivo decimocuarto de la Sentencia).

Audiencia en el Parlamento Europeo sobre el Sistema Interamericano

2012-01-27T09:55:00.000+01:00

El pasado miércoles 25 de enero de 2012, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo llevó a cabo una audiencia sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A continuación transcribo la descripción oficial del evento y las ponencias que se presentaron:

“The Inter-American human rights mechanism is a well established regional system of human rights protection that coexists with the UN-level universal mechanisms. However, it does face real challenges in terms of resources and sometimes also with regard to real political backing from its Member States. The concerns of the Inter-American Court of Human Rights have increased in recent years due to the increase in the number of cases that the Inter-American Commission has been able to submit to the Tribunal. Consequently, there has been a marked increase in the number of cases on stage of monitoring compliance with the Court's judgements – thus requiring appropriate follow-up. The European Parliament’s Subcommittee on Human Rights has from time to time raised cases that have been adjudicated by the Inter-American System. Most recently this was the case in the joint hearing with FEMM Committee on feminicide. With a view to the proposed new EIDHR regulation due to be presented in this same meeting 25/1, the question of further EU support to and cooperation with the Inter-American Court and the Commission is also very timely to consider.

1. Introductory remarks by Ms Barbara Lochbihler, Chair

2. Mr Santiago Canton, Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights on current challenges of the Inter-American Commission Human Rights

3. Mr Oswaldo Ruiz-Chiriboga, Former Senior Staff Attorney of the of the Inter-American Court of Human Rights, currently Ghent University,

on current challenges of the Inter-American Court of Human Rights, and in particular the challenges of the implementation of sentences.

4. Ms Marta Ibero Dolla, Iniciativa de Copenhague para Centroamerica y México (CIFCA), and Ms Jimena Reyes, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH),

on human rights NGO perspectives to the Inter-American Human Rights Mechanism, with specific focus on Mexico and Central America

5. Mr Enrique Sanchez Falcon, Lawyer to Mr Leopoldo López, whose case was judged by the Court in September 2011,

on the case of López Mendoza v. Venezuela

6. Mr Charles-Michel Geurts, Deputy Head of Unit, European External Action Service, Human Rights Policy Instruments

7. Discussion

8. Concluding remarks by Ms Barbara Lochbihler, Chair

El video del evento puede encontrarse aquí.

Consejo Permanente de la OEA aprobó el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento del Sistema Interamericano

2012-01-27T09:46:00.000+01:00

El pasado miércoles 25 de enero de 2012, El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó en sesión ordinaria, el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El comunicado oficial de la OEA sobre este evento indica lo siguiente:

“El documento, que será puesto a consideración de los Cancilleres de los Países Miembros, es el producto de las deliberaciones realizadas en los últimos seis meses por el Grupo de Trabajo creado para este fin en el seno del Consejo. El reporte contiene una evaluación sobre la operatividad del Sistema Interamericano y formula recomendaciones relativas a: los desafíos y objetivos del sistema; las medidas cautelares; asuntos de procedimiento; criterios para la elaboración del Informe Anual de la CIDH; soluciones amistosas; promoción de los derechos humanos; y fortalecimiento financiero del Sistema.

En términos de desafíos, el informe señala entre otros, la necesidad de alcanzar la universalidad del SIDH; asegurar el pleno cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de sus órganos; lograr mayor equilibrio entre la promoción y la protección de todos los derechos; conseguir una mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de peticiones y casos.

En tal sentido, el Grupo de Trabajo recomendó elaborar un informe sobre la incidencia de la no universalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los instrumentos relacionados, y animó a los países que aún no son parte de ellos a considerar su firma y ratificación, así como a reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana.

En el tema del sistema de medidas cautelares, el informe sugiere entre otros, perfeccionar los aspectos procedimentales y garantizar la observancia estricta de los marcos normativos de la CIDH. Además, recomienda a la Comisión “definir criterios o parámetros objetivos para determinar qué situaciones reúnen la gravedad y urgencia requeridas, así como para determinar la inminencia del daño, tomando en consideración los distintos grados de riesgo”; fundar y motivar el otorgamiento, revisión y prórroga o levantamiento de medidas cautelares; y mejorar los mecanismos para determinar e individualizar a los beneficiarios de medidas cautelares.

En lo relativo a las soluciones amistosas, el Grupo de Trabajo considera que “podrían explorarse otras propuestas para que la CIDH tenga una participación más activa en los procesos de solución amistosa, tanto en ejercicio de su función conciliatoria como supervisora, con objeto de promoverlos y facilitarlos”. Sobre el fortalecimiento financiero del sistema, los países sugirieron medidas para “incrementar progresivamente los recursos asignados a los órganos del SIDH provenientes de fondo regular de la OEA, de manera adecuada a las necesidades y prioridades identificadas”, asignar recursos apropiados, suficientes y balanceados a todas sus relatorías, grupos de trabajo y unidades, así como realizar un manejo eficiente y transparente de esos recursos."

En la sesión tomaron la palabra las delegaciones de Uruguay, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Nicaragua, Canadá, Bolivia, Chile, Brasil, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Perú, Paraguay, Estados Unidos, Dominica, y el Presidente del Grupo de trabajo que realizó el informe, el Representante Permanente de México ante la OEA, Joel Antonio Hernández.

En sus alocuciones, los delegados coincidieron en la importancia de la autonomía e independencia de la CIDH para mantener su credibilidad, legitimidad y funcionalidad. Resaltaron aspectos específicos contenidos en el informe, principalmente aquellos referidos al fortalecimiento de las medidas cautelares, la independencia y autonomía de la CIDH, los procesos de tramitación de los casos y peticiones individuales, el rol de la Comisión de promover y proteger los derechos humanos, y la necesidad de lograr una mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de peticiones y casos, entre otros.

Los representantes de los Países Miembros consideraron el informe aprobado como una muestra de un proceso de diálogo, abierto, transparente y multilateral y abogaron porque las recomendaciones contenidas en el mismo sean implementadas y sirvan para fortalecer la vigencia de los derechos humanos en el continente. Defendieron, además, el establecimiento de un diálogo más abierto y frecuente entre la CIDH y los Países Miembros y que se haga efectivo el principio de universalidad de sistema.

Los embajadores también destacaron que el fortalecimiento financiero del SIDH es un asunto de necesaria y urgente atención, e hicieron un contundente llamado a tomar medidas para asegurar su viabilidad presupuestaria a largo plazo mediante una asignación adecuada de recursos que permitan asegurar la independencia, sustentabilidad y planeación de sus actividades.

Al término del debate, la Presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, agradeció a los delegados de los países y especialmente al Grupo de Trabajo, el informe presentado, que calificó como “muy valioso”. “Damos la bienvenida a las recomendaciones, especialmente a aquellas que apoyan la independencia y autonomía de la Comisión”, afirmó la comisionada Shelton, que aclaró que la CIDH se considera un órgano de jurisdicción universal. “Nuestra legitimidad depende de la transparencia, la equidad, la justicia y del cumplimiento de la ley”, aseguró, y concluyó anunciando que la Comisión dará “alta prioridad” a estudiar todas las recomendaciones hoy aprobadas.”

El texto completo del informe aprobado, así como una descripción del Grupo de Trabajo, puede encontrarse aquí.

La Comisión Interamericana en su página de Facebook hizo un recuento de todas y cada una de las intervenciones de los delegados de los países miembros.

Sesenta organizaciones de la sociedad civil presentaron este documento, que contiene su posición sobre las conclusiones del Grupo de Trabajo.