Este reporte
fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.
La Corte hizo
pública su Resolución de 23 de octubre de 2012, en relación con el caso Gutiérrez
Soler vs. Colombia.
Los antecedentes de este caso se
refieren, por un lado, a las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal a
favor del señor Wilson Gutiérrez Soler y once de sus familiares, a efectos de
proteger su vida e integridad personal, y por el otro, a la Sentencia de 11 de marzo de 2005 dictada por la
Corte en contra de Colombia, por la privación de la libertad personal y vulneración de la
integridad personal de Wilson Gutiérrez Soler, perpetradas por un agente del
Estado y un particular (ex agente del Estado) que, con la aquiescencia de
servidores públicos, emplearon los medios a disposición de la Fuerza Pública
para detener a la víctima e intentar extraerle una confesión mediante torturas
por la alegada comisión de un ilícito – del cual eventualmente la justicia
nacional lo declaró inocente.
Como fue reportado anteriormente en
este blog (ver aquí), mediante Resolución de 30 de junio de 2011, la Corte
decidió levantar las medidas provisionales dictadas a favor de nueve familiares
del señor Gutiérrez Soler, y mantener las presentes medidas a favor del
beneficiario y dos de sus familiares más cercanos: Kevin Daniel Gutiérrez Niño
y María Elena Soler de Gutiérrez.
En la Resolución que ahora se
reporta, la Corte observó que “a través de los mecanismos internos existentes
en Colombia se han implementado medidas físicas y arquitectónicas de protección
a favor del señor Wilson Gutiérrez Soler y su familia, y que se han logrado acuerdos
como la creación de un enlace con el Programa de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República para que la señora María Elena Soler de
Gutiérrez reportara cualquier eventualidad, o el acuerdo logrado con el Estado
para que Kevin Daniel Gutiérrez Niño pueda hacer uso del esquema de seguridad
asignado para su padre, el señor Wilson Gutiérrez Soler, cuando aquél se
encuentre en Colombia” (cons. 17).
De otro lado, la Corte constató que los
últimos hechos que presuntamente ponían en riesgo la vida e integridad del
señor Gutiérrez Soler supuestamente sucedieron en noviembre de 2010, es decir,
hace casi dos años. El Tribunal indicó que tampoco fue informado de posibles
hechos relacionados con la señora María Elena Soler de Gutiérrez o con Kevin
Daniel Gutiérrez Niño. Los representantes y la Comisión Interamericana únicamente
justificaron el mantenimiento de las medidas provisionales alegando que “la
actividad procesal penal y disciplinaria, adelantada en el marco de las
investigaciones judiciales a nivel interno contra los presuntos perpetradores
de las violaciones de los derechos humanos cometidas en perjuicio del señor
Wilson Gutiérrez y su familia, per se,
constituía una situación de extrema gravedad y urgencia”. Al respecto, la Corte
señaló que “si bien el deber de investigar en ciertas ocasiones puede
prolongarse por un período considerable de tiempo, la amenaza o riesgo no
necesariamente se mantiene extrema y urgente” (cons. 18). Al no haberse presentado situaciones
particulares de riesgo en contra de los beneficiarios, la Corte consideró que
el alegado e hipotético “riesgo extremo” en perjuicio de Wilson Gutiérrez Soler
y su familia, por su participación en el procedimiento penal interno y la falta
de esclarecimiento de los hechos que originaron la adopción de las medidas
provisionales en el presente caso, no era suficiente para concluir que persistía
una situación de extrema gravedad y urgencia que pudiera generar daños
irreparables en su contra que justificara la existencia de medidas
provisionales (cons. 20).
Por lo tanto, la Corte estimó que
correspondía levantar las medidas dictadas en este caso (resolutivo 1), así como
archivar el expediente (resolutivo 4).
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