Venezuela denuncia la Convención Americana

Este reporte fue elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

Mediante comunicado de prensa C-307/12 de 10 de septiembre de 2012, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, informó que en esa fecha la República Bolivariana de Venezuela comunicó al Secretario General, mediante nota oficial, que denunciaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El comunicado indica que, de acuerdo al artículo 78 de dicha Convención: "1. Los Estados parte podrán denunciar esta Convención (...) mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto".

El Secretario General “lament[ó] la decisión adoptada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de denunciar este instrumento jurídico, uno de los pilares de la normativa legal que ampara la defensa de los derechos humanos en el continente.  Asimismo, manifestó “su esperanza de que en el año que debe transcurrir para que dicha decisión se haga efectiva, como lo establece el Art. 78, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pueda reconsiderar su decisión”.

Venezuela es el segundo Estado Parte en la Convención Americana que procede a denunciar la misma.  En mayo de 1998, Trinidad y Tobago denunció este tratado, puesto que no estaba “en condiciones de conceder que la incapacidad de la Comisión [Interamericana] para tratar en forma expedita las peticiones relacionadas con casos de imposición de la pena capital, frustre la ejecución de esta pena legal con que se castiga en Trinidad y Tobago el delito de homicidio”.  Si bien Perú retiró en julio de 1999 su reconocimiento a la competencia contenciosa de la Corte IDH, en enero de 2001 volvió a reconocer dicha competencia.

El hecho de que Venezuela haya denunciado la Convención implica, inter alia, que una vez hecha efectiva la denuncia al transcurrir el año de preaviso indicado en el artículo 78, la Corte IDH y la Comisión pierden sus competencias contenciosas para conocer peticiones individuales en contra de Venezuela por hechos ocurridos con posterioridad a esa fecha. Sin embargo, la denuncia de Venezuela no libera a este país de su obligación de cumplir las sentencias de la Corte IDH y los informes de la Comisión dictados con anterioridad.  Tampoco impide que nuevos casos en contra de Venezuela se presenten ante la Comisión o la Corte, si es que los hechos que sustentan estos casos acaecieron con anterioridad a la fecha en que la denuncia se haga efectiva. Finalmente, una vez que la denuncia entre en efecto, todavía es posible que se presenten peticiones individuales ante Comisión por violación a la Declaración Americana, aunque estos casos no podrán ser referidos a la Corte IDH.