Levantamiento parcial de medidas provisionales en el asunto Haitianos y Dominicanos de origen Haitiano vs. República Dominicana

Sonia Pierre

Este reportaje fue elaborado por Francisco J. Rivera Juaristi

El 1 de diciembre de 2011, la Corte IDH emitió una resolución de medidas provisionales en el Asunto Haitianos y Dominicanos de Origen Haitiano en la República Dominicana. Tales medidas han estado vigentes desde el año 2000 a favor de personas haitianas y dominicanas de origen haitiano que corren el riesgo de ser expulsadas o deportadas colectivamente de República Dominicana. En razón de las medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH, el Estado dominicano ha concedido salvoconductos a favor de los beneficiarios con la finalidad de permitirles el libre tránsito en República Dominicana, sin riesgo a ser deportados, en lo que se regulariza su situación migratoria.

Periódicamente, a efectos de decidir si se mantiene la vigencia de las medidas provisionales, el Tribunal debe analizar si persiste la situación de extrema gravedad y urgencia que determinó su adopción, o bien, si nuevas circunstancias igualmente graves y urgentes ameritan su mantenimiento. Al respecto, en su última resolución de 2009 en este asunto la Corte ordenó el levantamiento de las medidas ordenadas a favor de algunos de los beneficiarios y dispuso que el Estado debía hacer lo siguiente: 

a) mantener las medidas que hubiese adoptado y disponer de forma inmediata las que fueran necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de los señores Benito Tide Méndez, Antonio Sension, Janty Fils-Aime, William Medina Ferreras, Berson Gelin, y Sonia Pierre, así como los hijos de esta última;

b) designar a una autoridad estatal en República Dominicana ante la cual los beneficiarios y/o sus representantes puedan acudir para lo relativo a la implementación de lo dispuesto en las presentes medidas;

c) renovar o emitir, a la mayor brevedad, los salvoconductos a los beneficiarios de las medidas provisionales;

d) conformar un grupo o equipo de trabajo integrado por funcionarios estatales, con participación de los beneficiarios y/o sus representantes, para colaborar efectivamente con la implementación de las medidas ordenadas por la Corte, y

e) designar, en coordinación con la beneficiaria, una persona idónea para brindar protección a la señora Sonia Pierre.

En la resolución de 1 de diciembre de 2011, la Corte IDH analizó la implementación de las medidas ordenadas. La Corte tomó nota de que el Estado designó a dos analistas de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores como los encargados de la verificación de la implementación de estas medidas. Sin embargo, los representantes de los beneficiarios no han podido comunicarse con las autoridades encargadas del cumplimiento de las medidas provisionales desde que se llevó a cabo una reunión el 17 de enero de 2011. En razón de lo anterior, la Corte solicitó al Estado que presentara la información de contacto de la(s) persona(s) a cargo del cumplimiento de las medidas e informara sobre las funciones y acciones a cargo de esa autoridad. Además, la Corte solicitó que las partes remitieran la calendarización de las próximas reuniones y las medidas a implementar.

Por otro lado, la Corte observó que el Estado efectuó la entrega de los salvoconductos a los beneficiarios de las medidas provisionales. Además, la Corte tomó nota de lo acordado entre los representantes y el Estado, en el sentido de que tales salvoconductos también fueran entregados a 27 familiares de los beneficiarios. No obstante, según los representantes, cuatro familiares de beneficiarios no obtuvieron la renovación de sus salvoconductos, de los cuales tres viven en Haití y uno vive en República Dominicana. Asimismo, los representantes solicitaron que el Estado hiciera entrega de salvoconductos a seis familiares más. Con relación a estos familiares que no son beneficiarios directos de las medidas provisionales, la Corte IDH se limitó a reconocer la disposición del Estado para otorgarles salvoconductos.

Con relación a unos presuntos atentados ocurridos en contra del beneficiario Berson Gelin en Haití, la Corte no se pronunció al respecto, ya que estimó que éstos sucedieron fuera de la jurisdicción de República Dominicana y no se desprende que guarden relación con el objeto de las medidas provisionales.

La Corte también observó que los representantes habían perdido comunicación con el beneficiario Benito Tide Méndez desde el año 2009, razón por la cual no se ha remitido información actualizada sobre la situación de dicho beneficiario. Ante esta situación, la Corte consideró que no subsistía la situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo inminente que motivó la adopción de las medidas provisionales a su favor, por lo que estimó pertinente levantarlas.

La Corte también tomó nota del fallecimiento del beneficiario Fils-Aime, por lo cual determinó que las medidas provisionales ordenadas a su favor han quedado sin efecto.

Por otro lado, la Corte ordenó que se mantuvieran, por un período adicional de al menos ocho meses, las medidas provisionales ordenadas a favor de los señores Berson Gelin, Antonio Sensión y William Medina Ferreras. Para la valoración del mantenimiento de las medias provisionales luego de dicho período de ocho meses, la Corte requirió a la Comisión Interamerican y a los representantes que informaran sobre la situación actual de extrema gravedad y urgencia para tutelar daños irreparables respecto de cada uno de estos beneficiarios.

Por su parte, el Estado deberá presentar el 16 de enero de 2012 su próximo informe sobre las medidas adoptadas.

Por último, la Corte reiteró al Estado su deber de garantizar la integridad personal de la beneficiaria Sonia Pierre y de disponer un mecanismo indóneo para brindar protección efectiva a ella y a sus hijos.

Trágicamente, el 4 de diciembre de 2011, 3 días luego de que la Corte IDH adoptara esta resolución, la beneficiaria y reconocida activista de derechos humanos Sonia Pierre falleció de un infarto cardíaco en la República Dominicana. Sonia Pierre fue Presidenta del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) y ganó el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en el año 2006, en reconocimiento por su labor.