Sometimiento de un caso de desplazamiento forzado en contra de Colombia

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

El 29 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 80/11, mediante el cual informó que el 25 de julio “presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso No. 12.573, Marino López y otros (Operación Génesis).”

Según el comunicado, el caso se relaciona con "la operación militar de contrainsurgencia denominada Génesis y las incursiones paramilitares llevadas a cabo entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, en las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, en el departamento del Chocó. Los bombardeos de la Operación Génesis y las violaciones de derechos humanos cometidas en las incursiones paramilitares, como las torturas y la ejecución extrajudicial de Marino López, amenazas de muerte, saqueos, hurto y destrucción de bienes, entre otros, ocasionaron el desplazamiento forzado de cientos de miembros de dichas comunidades, mayoritariamente mujeres y niñas y niños."

“Las víctimas estuvieron desplazadas por más de cuatro años, viviendo en situación de hacinamiento y precarias condiciones de vida. Durante dicho desplazamiento fueron objeto de actos de hostigamiento y amenazas, y la CIDH dictó medidas cautelares para su protección. La Comisión concluyó que estos hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, ya que hacen parte de un patrón de violencia masiva, sistemática y generalizada y se ejecutaron en el contexto del conflicto armado. Las autoridades abrieron investigaciones y existe un proceso pendiente contra un General y cinco miembros paramilitares, pero la Comisión concluyó que las investigaciones no se llevaron a cabo de manera rápida y eficaz ni se examinó la multiplicidad de violaciones ocurridas durante la Operación Génesis, las incursiones paramilitares, las violaciones ocurridas como producto de éstas y el desplazamiento forzado que ocasionaron. Asimismo, la Comisión concluyó que los tribunales de justicia actuaron con falta de diligencia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer los hechos de violencia y sancionar a sus responsables, por lo que los hechos permanecen en la impunidad.”